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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02117-01

Fecha
13 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02117-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE 19 Todo lo dicho respecto a ese defecto es nuevo. 20 Argumento que también esgrimió en el defecto material o sustantivo. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2024-02117-01 Accionante: Dorance Cure Janna Accionado:Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de junio de 2024 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02117-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02117-01
Accionante: Dorance Cure Janna
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia / SUBSIDIARIEDAD / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Carga
argumentativa – Tercera instancia.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 13 de junio de 2024, por la Sección Segunda – Subsección B
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 30 de abril de 2024, el señor Dorance Cure Janna, a través de apoderado judicial
interpuso acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Consejo
de Estado - Sección Tercera - Subsección B, con el fin de que se dejaran sin efectos
las sentencias de 27 de agosto de 2021 y 4 de marzo de 20242, dictadas al interior
del proceso de reparación directa3 que promovió contra la Nación – Rama Judicial,
con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable por los
perjuicios que le fueron causados con ocasión del error judicial en el que incurrió el
Juzgado Noveno Civil Municipal de Cartagena, al ordenar el embargo de un bien
inmueble de su propiedad.
2.
Dicho proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Bolívar, el cual encontró acreditado el daño asociado al embargo del inmueble que
se dejó por fuera del comercio por 8 años, 7 meses y 10 días, a pesar de que el
demandante no era el destinatario de la medida cautelar. Descartó, sin embargo, que
ese daño fuera imputable a título de error judicial, pues el auto que decretó la cautela
había sido revocado. En virtud del principio iura Novit Curia valoró el retardo en el

1 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2 Notificado el 10 de abril de 2024.
3 Radicado 13-001-23-33-000-2016-01174-00/02.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02117-01
Accionante: Dorance Cure Janna
Accionado:Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

levantamiento de la medida cautelar, desde la perspectiva del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. Así, a pesar de que encontró que
esa demora fue injustificada, descartó el reconocimiento de indemnizaciones, en la
medida en que el Juez no era el encargado de realizar la inscripción de esa cautela.
La responsabilidad recaía sobre la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y
en todo caso, la parte demandante no demostró los pagos que supuestamente tuvo
que realizar como consecuencia de la pérdida del negocio jurídico referido en la
demanda. Conforme a ello, negó las pretensiones.

En segunda instancia, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
3.

confirmó la decisión del A quo. Adujo que la medida cautelar no debió ser registrada
porque sobre el demandante ya pesaba una restricción legítima del derecho de
dominio, como consecuencia de un embargo decretado en un proceso anterior. No
obstante, estimó que el hecho de que con posterioridad a la primera medida cautelar
se hubiera inscrito otra, pero de manera equivocada, era una vicisitud que en la
situación jurídica en la que ya se encontraba el extremo actor no configuraba un daño
autónomo o distinto, ni agravaba el que ya padecía.
4.
Por otra parte, indicó que, para poder plantear un daño por frustración de un
negocio jurídico sobre el bien inmueble, el demandante tenía la carga de probar que
cuando sobrevino la equivocada inscripción de la segunda medida cautelar se
encontraba en condiciones aptas para celebrar la venta prometida. Sin embargo, no
demostró que el embargo del primer proceso fuera a ser levantado en momentos
previos a la fecha prevista para la firma del negocio prometido, por lo que era
imposible concluir que el segundo embargo fuera el motivo determinante y exclusivo
de que el contrato prometido no se hubiera podido materializar.
5.
En el escrito de tutela, se entiende que la parte accionante adujo 4 que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:
6.
Defecto procedimental absoluto, debido a que el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido, por haber variado el título de imputación.

7.
Defecto fáctico, en la medida en que las accionadas a pesar de contar con
facultades oficiosas, pasaron por alto situaciones relevantes acaecidas durante los
procesos, como la obligación de denunciar “al conocer de una actividad ilícita como
la suscripción de documentos propios de otra entidad y para uso probatorio”, sumado
a que desconocieron que la materialización del levantamiento de medida cautelar
sólo se dio hasta 2022. Agregó que se desecharon las pruebas relacionadas en el
recurso de apelación, tales como los certificados de tradición y libertad del inmueble
propiedad del señor Cure Janna, desde el 2015 hasta 2022. Y, no valoraron el
proceso ejecutivo mixto en cuanto a la solicitud de autorización para vender el
inmueble, la cual no se encuentra en el proceso.

4 El escrito de tutela es confuso. A pesar de que el a quo inadmitió la demanda, para que fuese aclarada, el relato

y los reproches siguen siendo poco claros.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

8.
Defecto sustantivo, por no reconocer la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, buena fe y lealtad procesal, acceso a la
justicia como función pública y por ende los principios igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como por interpretar de manera
errada los artículos 1521 del Código Civil y 90 de la Constitución Política.
9.
Decisión sin motivación, porque no tuvieron en cuenta el tiempo en que
efectivamente se levantó la medida cautelar.

B. Sentencia de primera instancia
10.
En fallo de 13 de junio de 2024, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo. Aclaró que ante la carencia de claridad
y sentido lógico de la demanda, iba a realizar el estudio de los defectos que cumplían
una mínima carga argumentativa: el procedimental y el fáctico.
11.
En relación con el primero, sostuvo que la inconformidad del actor radicaba
esencialmente en que en la providencia censurada se varió el título de imputación.
Adujo que, las autoridades judiciales accionadas lo que hicieron fue proteger los
derechos fundamentales del demandante al adecuar el título de imputación a uno
que se ajustara a las pruebas allegadas. Además, no quedó acreditada ninguna de
las hipótesis que ha delimitado la jurisprudencia, para dar por configurado un exceso
ritual manifiesto.
12.
Por otra parte, respecto del defecto fáctico, manifestó que el accionante no
mencionó una prueba específica que haya sido valorada de manera inadecuada. Sin
embargo, para analizar el yerro, relacionó las pruebas consideradas por los jueces
de instancia y estimó que coincidían íntegramente con las aportadas al proceso.
Aunado a lo cual concluyó que lo resuelto era el resultado de un ejercicio juicio,
ajustado a la sana crítica, y que lo pretendido con la tutela era reabrir ese debate.

C. La impugnación
13.
La parte accionante sostuvo que las accionadas incurrieron en:
14.
Defecto procedimental absoluto, debido a que el Tribunal varió el título de
imputación. Indicó que los motivos subjetivos escogidos por el demandante se
encuentran debidamente sustentados en las pruebas allegadas, tales como el oficio
de embargo emitido por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cartagena inscrito el
27 de julio de 2007 y, los certificados de tradición y libertad del inmueble propiedad
del señor Cure del 2015 a 2021, adjuntos al recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, los cuales fueron desechados por el Consejo de Estado, al
estimar que el embargo y secuestro sobre el bien inmueble fue hasta 17 de febrero
de 2016, no siendo ello así, debido a que la medida se extendió realmente hasta
noviembre de 2021. Agregó que existió falsedad documental debido a que la tarjeta

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de calificación de la O.R.I.P.5 de Cartagena estaba suscrita por quien en su momento
fungió como secretaria del Juzgado Noveno Civil Municipal de Cartagena, sin nunca
haberse realizado dicho registro. Por todo lo anterior, indicó que se desconocieron
los artículos 29 y 228 de la Constitución Política.
15.
Defecto fáctico, pues se pasaron por alto todos los documentos mencionados en
los hechos y allegados, tales como el escrito con el cual el señor Cure Janna pidió
permiso al Juez Quinto Civil del Circuito de Cartagena para la aceptación de una
oferta de compra, dada el 17 de noviembre de 2011 (folios 222 y 237), la recepción
de otra oferta anteriormente recibida de la señora Glenys Abisaad Janna y, las
pruebas allegadas en el recurso de apelación, específicamente, los certificados
históricos de la tradición y libertad del inmueble del 2015 a 2021, los cuales tenían
como fin demostrar que la medida cautelar de embargo y secuestro sobre el bien
inmueble duró hasta noviembre de 2021.
16.
Adujo que el Consejo de Estado desechó lo señalado y probado en el medio de
control, concretamente que el demandante recibió varias ofertas y que pidió permiso
al Juzgado para aceptar la venta del inmueble. Así mismo, que obvió lo establecido
en el artículo 1521 del Código Civil, debido a que en ningún momento el bien
embargado se encontraba por fuera del comercio. De igual manera, pasó por alto
otras situaciones relevantes acaecidas durante los procesos. Además, que existió
falta de denuncia oficiosa por la falsedad en la tarjeta de calificación del inmueble.
Aunado a ello, se desecharon las pruebas relacionadas con la situación jurídica del
inmueble adjuntadas con el recurso de apelación, sumado a que existió una falta de
valoración probatoria sobre el proceso ejecutivo hipotecario del Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Cartagena.
17.
Defecto sustantivo, debido a que se cambió el título de imputación al aplicarse
el principio iura novit curia. Del mismo modo, porque el oficio 504 de 2015 solo fue
registrado hasta noviembre de 2021, momento en el que efectivamente se
desembargó el bien. Reiteró que se desecharon los certificados históricos de la
tradición y libertad del inmueble expedidos en los años 2015 a 2021, los cuales
demostraban la vigencia de la medida cautelar de embargo y secuestro. Agregó que
se contrarió lo reglado en la ley 1437 de 2011 (artículo 212, inciso tercero),
relacionado con las oportunidades probatorias. También, que no se aplicó el artículo
1521 del Código Civil Colombiano, utilizado como base para afirmar que el
demandante estaba en la obligación de soportar la limitación a la propiedad, por
cuanto nunca levantó la medida de embargo que ya tenía el inmueble. Insistió que
se desconoció que el demandante recibió varias ofertas para la compra del inmueble.
18.
Error inducido, que se presentó desde el inicio del trámite del proceso ejecutivo
singular, al tenerse como fecha de la presunta cancelación del embargo el 17 de
febrero de 2016, que fue tomada de la decisión que resolvió el tema de la caducidad
en un primer momento, término que se ha perpetuado pero es equivocado, debido a

5 Oficina de registro e instrumentos públicos.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que eso sólo se dio en noviembre de 2021. Repitió que se desconoció que el
demandante recibió varias ofertas para vender el inmueble, y que pidió permiso al
Juez Quinto Civil del Circuito de Cartagena para proceder a aquello.
19.
Desconocimiento del precedente judicial, que se concretó por la falta de
aplicación del artículo 1521 del Código Civil Colombiano. Además, que la propiedad
está definida en las sentencias T-427 de 1998, T-554 de 1998, C-204 de 2001, T-
746 de 2001, C-491 de 2002, C-1172 de 2004 y SC041-2022, las cuales
reconocieron el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada. Insistió que se
desconoció lo reglado en la ley 1437 de 2011 (artículo 212, inciso tercero).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Análisis del caso concreto
20.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

E. Análisis del caso concreto

21.
La revisión de los planteamientos aducidos en el escrito de impugnación, así como
de las pruebas allegadas al plenario y de la decisión cuestionada7, permite a la Sala
anticipar que confirmará la decisión de primera instancia, por los motivos que se
exponen a continuación.

22.
En atención a que el accionante esgrime muchos argumentos y los repite a lo
largo de los distintos defectos invocados, por cuestiones metodológicas se
agruparan los mismos, a efectos de evidenciar que algunos de ellos no superan el
presupuesto de subsidiariedad y otros el de relevancia constitucional, tal como se
pasa a explicar.
23.
En el presente caso, el actor trae a colación varios reparos que no puso en
conocimiento del juez ordinario a través del recurso de apelación. De ello deviene la
improcedencia del amparo respecto a los mismos, por no acreditarse el requisito de
subsidiariedad. Concretamente, los reproches relativos a: (i) que en aplicación del
principio de iura novit curia se varió el título de imputación escogido por el
demandante 8 ; (ii) existió falsedad documental en la tarjeta de calificación de la
O.R.I.P. de Cartagena9 y; (iii) se pasó por alto que el señor Dorance Cure Janna
pidió permiso al Juez Quinto Civil del Circuito de Cartagena para la aceptación de
una oferta para vender el inmueble embargado10.

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7 Únicamente se analizará el fallo de 4 de marzo de 2024 dictado por el Consejo de Estado – Sección Tercera –

Subsección B, debido a que fue el que definió de forma definitiva la litis del asunto.
8 Reproche aludido en el defecto procedimental absoluto y defecto material o sustantivo.
9 Reproche aludido en el defecto procedimental absoluto y defecto fáctico.
10 Reproche aludido en el defecto fáctico y error inducido.

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24.
Lo anterior se puede verificar de la simple lectura del recurso de apelación
interpuesto contra la decisión de 27 de agosto de 2021. A través del mismo se
cuestionó (i) que la providencia de embargo fue revocada en el 2021 y no el 2016,
lo que denotaba un retardo injustificado en el levantamiento de la medida cautelar;
(ii) que nunca se realizó el llamamiento en garantía a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos y Privados de Cartagena; (iii) la conclusión relativa a que no
existía prueba fehaciente de los pagos realizados en virtud del contrato de promesa
de venta; y (iv) el desconocimiento de la pérdida de oportunidad que derivó de la
imposibilidad de aceptar las distintas ofertas de compra que recibió.

25.
No es de recibo que la parte accionante pretenda utilizar este mecanismo
constitucional como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias, por dejar de
presentar todos sus reparos contra la decisión de primera instancia mediante el
recurso que tenía a disposición. La solicitud de amparo no puede convertirse en un
mecanismo de adicional para subsanar las falencias u omisiones en que se incurrió
en el marco del proceso ordinario.

26.
Por otra parte, existen otros argumentos que carecen del requisito general de
relevancia constitucional, en la medida en que ya fueron presentados ante el juez
natural y resueltos en forma razonable.

27.
En cuanto al reproche relacionado con que no se tuvieron en cuenta los
certificados de tradición y libertad del inmueble11, se observa en la sentencia
censurada se indicó lo siguiente:

<<La parte actora aportó unos certificados de libertad y tradición del inmueble al que se
refieren los hechos de la demanda. Sin embargo, no expresó a la luz de qué supuesto
específico del artículo 212 del CPACA, procedía el decreto de esas pruebas esta instancia,
carga en la cual es insustituible. La Sala agrega que no consta que, con la demanda, se
hubiera solicitado expresamente la práctica de esas pruebas, ni en ninguna otra de las
oportunidades probatorias con las que contaba la parte actora en el trámite de la primera
instancia. Por lo demás, la parte actora no recurrió el auto que ordenó correr traslado para
alegar de conclusión y así, cualquier irregularidad o vacío en relación con la falta de
incorporación elementos de juicio quedó subsanada>>.
28.
Respecto al argumento relativo a que no se analizó que el demandante tuvo varias
ofertas para la venta de su inmueble12, se advierte que dicha afirmación se aleja de
la realidad procesal. De la lectura completa y minuciosa del proveído acusado, se
puede establecer que, si bien la autoridad judicial accionado no analizó dicho reparo
en las mismas palabras del demandante, lo cierto es que explicó que la parte actora
estaba en el deber jurídico de soportar el daño cuya indemnización demandó, debido
a que sobre su inmueble pesaba desde 1998 una limitación del poder de disposición,
sin que se hubiera probado el levantamiento de la misma, por lo que era imposible
concluir que el embargo que de manera equivocada se inscribió fuera el motivo
determinante y exclusivo de que el contrato prometido o contratos futuros no se
hubieran podido materializar.

11 Reproche aludido en el defecto procedimental absoluto, defecto fáctico y defecto material y sustantivo.
12 Reproche aludido en el defecto fáctico y defecto material, sustantivo y error inducido.

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En razón a ello, se entiende que la autoridad se refirió a los “negocios frustrados”
29.

del actor y las ofertas recibidas, pero consideró que no se probó que el bien inmueble
objeto de debate estuviera en las condiciones aptas para su venta.
30.
En consonancia con lo anterior, para esta Sala de Subsección es claro que el
actor con los reproches antes relacionados, lo que pretende en convertir esta acción
constitucional en una tercera instancia del proceso ordinario, al haber obtenido una
decisión adversa a sus intereses, para así seguir el mismo debate de forma
indefinida, con el fin de que su postura sea acogida sobre la del operador judicial.
Situación que, claramente no se relaciona con la vulneración de algún derecho
fundamental, que habilite al juez constitucional a intervenir así sea de forma
transitoria en asuntos que no son de su competencia. Razón por la cual dichos
reproches carecen de relevancia constitucional.
31.
Del mismo modo, también se advierte una falta de relevancia constitucional ante
la carencia de carga argumentativa de otros argumentos esbozados por el
accionante. Concretamente, los relativos a que: (i) no se tuvo en cuenta el oficio de
embargo emitido por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cartagena inscrito el 27
de julio de 200713; (ii) se pasó por alto otras situaciones relevantes acaecidas durante
los procesos puestos en conocimiento de los Jueces Administrativos 14 ; (iii) se
desecharon las pruebas relacionadas con la situación jurídica del inmueble15; (iv)
existió falta de valoración probatoria del proceso ejecutivo hipotecario del Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Cartagena16; (v) se obvió lo establecido en el artículo
1521 del Código Civil17 y; (vi) no se tuvo en cuenta que hasta el 2021 se extendió
realmente la medida de embargo18.
32.
Frente a esos reparos, se tiene que son simples apreciaciones subjetivas del
actor, las cuales esgrime de manera general y lacónica a lo largo de su escrito de
impugnación, sin entrar a indicar de manera concreta y explicativa el motivo por cual
configuraban algún yerro dentro del proveído cuestionado.

33.
Es decir, no expuso; (i) cuáles son las situaciones que se dejaron de analizar por
la autoridad judicial accionada; (ii) cuáles son las pruebas desechadas y su
incidencia; (iii) si el material probatorio dejado de analizar tiene la potencialidad y las
características requeridas para cambiar la decisión objeto de debate; (iv) el motivo
por cual debe aplicarse el artículo 1521 del Código civil y, con ello, si las normas
utilizadas en el casos inconstitucionales, inexistentes, están derogadas, resultan
impertinentes, o presentan una grosera contradicción con la decisión y; (v) la razón
por la cual tener fecha del levantamiento del embargo el 2021 y no el 2016 tiene la
potencialidad de cambiar la decisión objeto de reproche, máxime, cuando el fallo

13 Aludido en el defecto procedimental absoluto.
14 Aludido en el defecto material o sustantivo.
15 Aludido en el defecto material o sustantivo.
16 Aludido en el defecto material o sustantivo.
17 Aludido en el defecto fáctico y defecto material o sustantivo.
18 Reparo aludido en el defecto procedimental absoluto, defecto material o sustantivo y error inducido.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02117-01
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acusado se basó principalmente en el hecho que el inmueble del señor Cure Janna
no tenía desde 1998 las condiciones óptimas para ser negociable, en tanto pesaba
otro embargo sobre el mismo.
34.
Además, frente a las dos pruebas aludidas como desconocidas, se puede ver que
las mismas fueron tenidas en cuenta por la autoridad judicial accionada. Para ello,
simplemente se debe remitir al folio 11 del fallo acusado, así como al pie de página
16 del mismo, en los cuales se hace una referencia directa a las mismas. Por lo que
el reparo relativo a la falta de valoración de dichos documentos no solo carece de
carga argumentativa, sino que también es contrario de la realidad procesal.

35.
Por último, se observa que en el escrito de impugnación el accionante trajo a
colación unos argumentos nuevos, que no expuso en la demanda de tutela. En
específico, los agrupados en el desconocimiento del precedente judicial19, a saber:
(i) la referencia a unas sentencias que supuestamente definieron el núcleo esencial
del derecho a la propiedad privada; y (ii) el alegado desconocimiento a lo reglado en
la ley 1437 de 2011 (artículo 212, inciso tercero)20.

36.
En relación con estos cargos nuevos, la Sala no hará pronunciamiento alguno. De
hacerlo, vulneraría las garantías de defensa y contradicción de las accionadas y de
los demás sujetos procesales vinculados al presente trámite, quienes fundamentaron
sus intervenciones en los hechos alegados en la solicitud de amparo. Cabe agregar
que la impugnación es el mecanismo por medio del cual se expresan las
inconformidades con el fallo de tutela de primera instancia, más no una oportunidad
para presentar nuevos hechos y pretensiones que no fueron expuestos en el escrito
de tutela.

37.
Finalmente, se recalca que para esta Sala de Subsección ninguno de los
reproches esbozados por la parte actora supera el requisito general de relevancia
constitucional, pues no se sustentan en una argumentación clara y suficiente que
evidencie el quebranto de garantías ius fundamentales. El actor no sólo presentó
memoriales confusos y poco comprensibles (escrito de tutela e impugnación) sino
que en los mismos planteó una serie de apreciaciones subjetivas, que simplemente
denotan la natural discrepancia ante un fallo adverso, sin evidenciar una tensión
constitucional que haga imperativa la intervención del juez de tutela.
38.
En los términos precedentes, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 13 de junio
de 2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B.
39.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

19 Todo lo dicho respecto a ese defecto es nuevo.
20 Argumento que también esgrimió en el defecto material o sustantivo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02117-01
Accionante: Dorance Cure Janna
Accionado:Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de junio de 2024 por el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección B, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE21
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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