Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-02123-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-02123-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-02123-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02123-01
Accionante: Amelida Peña Rangel
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Tema: Tutela para la protección del derecho fundamental de petición
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró el hecho
superado. Se niegan las pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 6 de
junio de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
II. ANTECEDENTES
La señora Amelida Peña Rangel, instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por la presunta vulneración a su derecho
fundamental de petición, por la falta de respuesta a la petición del 8 de abril de
2024, por medio de la cual solicitó el pago de la indemnización reconocida a su
favor en el marco del proceso de reparación directa con radicado 54001-23-31-
000-2010-00037-01.
2.1. Hechos1
El 8 de abril de 2024 la accionante solicitó ante el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander el pago de la indemnización reconocida a su favor en la sentencia
proferida por la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado el 9 de
junio de 2017, dentro del trámite del proceso de reparación directa con radicado
54001-23-31-000-2010-00037-01.
2.2. Fundamento jurídico
La parte accionante señaló que hay lugar a tutelar su derecho fundamental de
petición, y su derecho a la información, porque presentó una petición el 8 de abril
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Accionante: Amelida Peña Rangel
de 2024 dentro del proceso judicial y al momento de radicar la acción de tutela
no había recibido una respuesta de fondo.
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«SE ME APRUEBE Y SE ME REALICE EL PAGO que se efectuó al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, CODIGO 5101, código
interno: 54001233100020100037001, demandante MAIDE PEÑA
RANGEL, identificada con cedula de ciudadanía No 1.091.667.983,
demandado: NACIONMINISTERIO DE DEFENSA –EJERCITO
NACIONAL la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS M/CTE ($462.664.830), en el depósito judicial No 540011001001
del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A (todo esto de acuerdo a la
Resolución 5933 del 12 de octubre de 2022 que se anexa al presente),
teniendo en cuenta que soy la única heredera a título universal de mi
hermana fallecida MAIDE PEÑA RANGEL y para efectos de probar mi
calidad anexo a la presente solicitud la escritura pública No 742 del 04 de
abril de 2024 de la NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO NOTARIAL DE
CUCUTA NORTE DE SANTANDER.
También les solicito respetuosamente SE ME HAGA LA CONSIGNACION
A LA CUENTA DE AHORROS No 4-511-60- 09602-2 del BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA, a mi nombre AMELIDA PEÑA RANGEL, mayor
de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.007.272.990
del Tarra, Norte de Santander». (sic en toda la cita).
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante auto del 3 de mayo de 20242, en el que ordenó notificar como accionado
al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, y como terceros interesados al
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional como terceros interesados en el resultado
del proceso.
2.4.1. La magistrada titular del despacho encargado del proceso en el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander rindió informe sobre las actuaciones
adelantadas por esa Corporación y solicitó que se declare la improcedencia de
la acción, porque la petición realizada es propia de una actuación judicial.
2.5. Sentencia Impugnada 3
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 6 de junio de
2024, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado porque a través
del auto del 10 de mayo de 2024, notificado por estado el 14 del mismo mes y
año, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió lo siguiente:
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Accionante: Amelida Peña Rangel
«En el presente caso se tiene que la señora Amelida Peña Rangel solicitó
directamente la entrega del título judicial constituido a favor del presente
proceso, sin embargo, advierte el Despacho que la demandante no acreditó
actuar a través de abogado debidamente inscrito, por lo que no resulta viable
dar trámite a la solicitud y en su lugar, se le requerirá para que realice la
misma a través de apoderado.
En consecuencia, se dispone:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de entrega del título judicial No.
451010000964204 por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($455
945.443,33) presentada por la señora Amelida Peña Rangel, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: REQUERIR a la demandante Amelida Peña Rangel, para que
concurra al proceso debidamente representada a través de apoderado, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 63 del Código de
Procedimiento Civil y las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia».
Así las cosas, señaló que la acción de tutela carece de objeto porque la situación
que originó la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso de
la accionante cesó, por lo que caería en el vacío cualquier orden que
eventualmente se podría adoptar.
2.6. Impugnación4
La parte accionante impugnó la decisión y señaló que no hay lugar a declarar que
existió un hecho superado por cuanto no se le ha entregado el título judicial, por
lo que considera que no se ha respondido de fondo su petición.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección deberá determinar si hay
lugar a proteger el derecho fundamental se la señora Amelida Peña Rangel.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
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Accionante: Amelida Peña Rangel
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, «cuando se
trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no
tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente a la acción
de tutela»5. En ese orden de ideas, cuando se genere una presunta afectación al
derecho fundamental de petición no existe otro mecanismo que permita
efectivizar el mismo y se puede acudir directamente a la acción constitucional.
3.4. Del derecho fundamental de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia permite el establecimiento de una
comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, y en relación
con este, la jurisprudencia ha determinado los siguientes requisitos que debe
reunir la respuesta proporcionada a la solicitud del ciudadano: la misma debe
resolver el fondo del asunto, sin que ello implique la concesión o la negación de
lo pedido; debe ser coherente, entendiendo por ello la armonía entre lo
solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la peticionada. En ese
sentido, la Corte Constitucional ha precisado:
«Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la
autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de
argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir
en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque
la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además
(iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la
respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada
dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el
interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta
como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta
relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones
por las cuales la petición resulta o no procedente” 6 (se resalta fuera del
original).
La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo
5
Sentencia T-410 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Véase también, entre otras, la
sentencia T- T-149 de 2013.
6
Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias
T-430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
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Accionante: Amelida Peña Rangel
solicitado por el interesado7, salvo cuando esté involucrado el derecho de
acceso a la información pública (art. 74 C.P.8), (…)
4.5.5. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el componente de
respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el solicitante
conozca el contenido de la contestación realizada. Para ello, la autoridad
deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA9. El deber de notificación de
mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar
sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión
a la entidad encargada.”»10
Ahora bien, En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades
judiciales, la Corte Constitucional ha señalado 11 que, si bien es cierto, este
derecho puede ejercerse ante los jueces y, en consecuencia, estos se hallan
obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten en los
términos que la ley señale, pues de no hacerlo desconocen esta garantía
fundamental, también lo es que el juez y las partes están sometidos a las reglas
propias del proceso judicial:
«El juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como
también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la
ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las
actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe
observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos
que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las
normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.)»12.
Por lo tanto, la misma Corte advirtió que:
«Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter
estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el
juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen la
actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis,
7
Desde sus inicios, esta Corporación diferenció el derecho de petición del derecho de lo pedido.
Puntualmente, se ha dicho que: «no se debe confundir el derecho de petición (…) con el contenido
de lo que se pide, es decir[,] con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución
tardía son formas de violación de aquél y son susceptibles de la actuación protectora del juez
mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional
fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso
o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente
del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del
acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración,
es decir que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos para
cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo
y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio
irremediable (artículo 86 C.N)». Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Véanse también, entre otras, las Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012 y T-
155 de 2018.
8
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)”
9
Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre publicaciones, citaciones, comunicaciones y
notificaciones.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
11
Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
12
Ibídem
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las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984)»13.
Asimismo, señaló:
«Las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la
normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las
partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la
litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso»14.
En consecuencia, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de denuncia
del pleito, entre otros, se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por los
respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, el máximo tribunal constitucional estableció que la
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las
partes o sus apoderados, propias de la actividad jurisdiccional, no configura una
violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso15 y al
acceso de la administración de justicia,16 en la medida en que dicha conducta, al
desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una
dilación injustificada17 al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el
ordenamiento constitucional (CP, arts. 29 y 229).
3.5. Caso concreto
En el caso concreto, se observa que la señora Amelida Peña Rangel, en ejercicio
de la acción de tutela, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso e información, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, al no otorgar respuesta a la solicitud
presentada el 8 de abril de 2024, por medio de la cual pidió la aprobación y pago
del depósito judicial constituido a su favor en el medio de control de reparación
directa con radicado 54001-2331-000-2010-00370-01.
Al respecto, se considera que la petición es parte de una actuación propia de un
proceso judicial, por lo que no tiene la naturaleza de aquellas que se derivan del
derecho fundamental de petición.
Adicionalmente, se observa que a través del auto del 10 de mayo de 2024 el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la solicitud de entrega del
título judicial por no acudir al proceso a través de un apoderado debidamente
inscrito.
13
Ibídem
14
Sentencia T-344 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
15
Ver las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-007 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995, M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
16
El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido desarrollado por la Corte
Constitucional en varias sentencias; entre ellas, pueden citarse las siguientes: Sentencia T-006 de
1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-
416 de 1994 y T-268 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell, entre muchas otras.
17
Corte Constitucional T-368/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Accionante: Amelida Peña Rangel
En ese orden de ideas, dado que la solicitud es propia de una actuación judicial,
se advierte que no hay lugar a tutelar su derecho fundamental de petición.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia y se negarán las
pretensiones de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 6 de junio de 2024 por medio de la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela por las razones
expuestas en la presente providencia.
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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