RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02127-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02127-01

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02127-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE la sentencia de 17 de junio de 2024, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. En su lugar, 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01 Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por los señores Getulio Cuesta Mosquera, Kelly Vanesa Cuesta Moreno, César Francisco Cuesta Moreno, Walner Hamleth Aguilar Moreno, Luis Ángel Moreno Lemos, Hercilia Moreno Lemos, Emiro Moreno Mena, Buenaventura Moreno Lemus, Ana Isabel Moreno Lemos, Jorge Eliécer Moreno Lemos, Ketty de la Cruz Moreno Lemos, Loy Doria Moreno Lemos, Nirdia Rosa Moreno Lemos, Margarita Moreno Lemos, Mariela Moreno Lemos, María Bernys Moreno Mena, Sofonias Ríos Salazar, Dolores Inés Rios Salazar, Brayan Ruiz Moreno, Liset Patricia Ruiz Moreno en representación de su madre fallecida (Juana Severa Moreno Lemos), Wimar Diomedes Mosquera Córdoba en representación de su madre fallecida (Ilda María Córdoba Salazar) y Milton Eleazar Moreno Lemos, en representación de su padre (Ventura Moreno Vivas), quienes actúan por intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Chocó. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02127-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

30 de agosto de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandantes: GETULIO CUESTA MOSQUERA, KELLY VANESA CUESTA
MORENO, CÉSAR FRANCISCO CUESTA MORENO,
WALNER HAMLETH AGUILAR MORENO, LUIS ÁNGEL
MORENO LEMOS, HERCILIA MORENO LEMOS, EMIRO
MORENO MENA, BUENAVENTURA MORENO LEMUS, ANA
ISABEL MORENO LEMOS, JORGE ELIÉCER MORENO
LEMOS, KETTY DE LA CRUZ MORENO LEMOS, LOY
DORIA MORENO LEMOS, NIRDIA ROSA MORENO LEMOS,
MARGARITA MORENO LEMOS, MARIELA MORENO
LEMOS, MARÍA BERNYS MORENO MENA, SOFONÍAS
RÍOS SALAZAR, DOLORES INÉS RÍOS SALAZAR, BRAYAN
RUIZ MORENO Y LISET PATRICIA RUIZ MORENO, EN
REPRESENTACIÓN DE SU MADRE FALLECIDA -JUANA
SEVERA MORENO LEMOS-, WIMAR DIOMEDES
MOSQUERA CÓRDOBA, EN REPRESENTACIÓN DE SU
MADRE FALLECIDA -ILDA MARÍA CÓRDOBA SALAZAR- Y
MILTON ELEAZAR MORENO LEMOS, EN
REPRESENTACIÓN DE SU PADRE -VENTURA MORENO
VIVAS)-
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia. Defectos sustantivo, decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por los accionantes, por intermedio de apoderado judicial, contra la
sentencia de 17 de junio de 2024, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela por
falta del requisito general de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes manifestaron que, en su condición de familiares de la señora
Mireya del Carmen Moreno Salazar, quien falleció atropellada por un vehículo
recolector de basura de la ciudad de Quibdó, se constituyeron en parte civil dentro
del proceso penal adelantado contra el conductor por el delito de homicidio
culposo, en el que se condenó al procesado en ambas instancias al pago de
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

perjuicios materiales y morales, y “solidariamente a la EMPRESA DE ENERGÍA
TELECOMUNICACIONES, ASEO ACUEDUCTO ETA SERVICIOS S.A.”, empresa
privada dedicada al alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo, a la que le
había sido entregado el manejo del acueducto de Quibdó para la fecha de los
hechos.

Sostuvieron que la parte condenada interpuso recurso extraordinario de casación
contra la sentencia penal de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Quibdó, y que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia declaró la cesación del procedimiento por haber operado la
prescripción de la acción, en consideración a que transcurrieron más de cinco
años desde la formulación de la acusación, sin que hubiese cobrado ejecutoria la
sentencia condenatoria.

Afirmaron que, como consecuencia de lo anterior, ante la imposibilidad de obtener
la indemnización pretendida en el proceso penal, interpusieron demanda de
reparación directa en contra de la Rama Judicial con el fin de obtener el pago de
los perjuicios soportados por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia que desencadenó la declaratoria de prescripción de la acción penal.

Refirieron que el proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Quibdó, que mediante sentencia de 5 de noviembre
de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, luego de
considerar que en el caso “se fulminó por completo cualquier tipo de reparación a
las víctimas, habida cuenta que luego de adoptada la decisión de prescripción del
proceso, al juez penal le resultaba inviable conocer de las pretensiones civiles de
reparación patrimonial de carácter subsidiario o accesorio que se elevaron con
ocasión del siniestro, al interior de un procedimiento judicial principalmente
encaminado a determinar la responsabilidad de carácter penal del sindicado
referenciado”.

Por último, indicaron que luego de que la demandada apelara esa decisión, el
Tribunal Administrativo del Chocó, a través de sentencia de 15 de marzo de 2024,
la revocó y negó las pretensiones del precitado medio de control, “tras declarar
probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, al considerar que la
prescripción de la acción penal no les impedía a los demandantes iniciar un
proceso ordinario de responsabilidad civil contra los terceros civilmente
responsables”.

2. Fundamentos de la acción

Los accionantes, quienes actúan por intermedio de apoderado judicial,
presentaron acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y de acceso a la administración de justicia como víctimas
del proceso penal, dignidad humana, así como de los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, los cuales consideran vulnerados por la sentencia de
15 de marzo de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó
revocó la decisión parcialmente favorable de primera instancia, en el marco del
medio de control de reparación directa que interpusieron contra la Rama Judicial,
con el fin de obtener el pago de los perjuicios soportados por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, con ocasión de la declaratoria de
prescripción de la acción en el marco del proceso penal adelantado por la muerte
de su familiar, en el que se constituyeron en parte civil.

Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, sostuvieron que el fallo
objetado incurre en i) defecto sustantivo y fáctico, por la interpretación errónea
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

y equívoca de las disposiciones normativas en materia de acción civil y las
definiciones legales, “al señalar en la ratio decidendi de la sentencia (…) que la
prescripción de la acción penal no les impedía a los demandantes iniciar un
proceso ordinario de responsabilidad civil contra los terceros civilmente
responsables, declarando probada la excepción de “culpa exclusiva de la víctima”.

Sobre el particular, explicaron que el tribunal accionado interpretó de manera
errónea de los artículos 45 a 48 de la Ley 600 de 2000, al señalar que las víctimas
tenían la opción de iniciar un proceso ordinario de responsabilidad civil contra
terceros civilmente responsables, “cuando la norma vigente al momento de los
hechos dispone que se podrá ejercer o la una o la otra, argumentos antijurídicos,
que conllevan, a la violación de derechos fundamentales”.

Agregaron que debe tenerse en cuenta también la pérdida de oportunidad que
soportaron, dado que, señalaron, “los perjuicios se encontraban ya reconocidos
en sentencia condenatoria en segunda instancia lo que da a entender que existía
una ALTA PROBABILIDAD DE OBTENER EL PAGO DE LOS PERJUICIOS EN
MATERIA PENAL por el punible de homicidio culposo lo cual, quiere decir que
también se cumple en esta acción de tutela con los criterios jurisprudenciales de
la pérdida de la oportunidad referidos a la imposibilidad definitiva de obtener un
provecho”.

Así mismo, se refirieron a la sentencia C-163 de 2000 dictada por la Corte
Constitucional, en la que se hizo el estudio de constitucionalidad de los artículos
46-7, 50 parcial y 55 parcial del Decreto Ley 2700 de 1991, en el que se declaró
ajustado al texto constitucional la posibilidad de constituirse en parte civil como
una posibilidad que el legislador previó para que las víctimas del hecho punible
logren resarcir los perjuicios sufridos por el daño.

Señalaron que, de otra parte, la sentencia objetada incurrió en ii) decisión sin
motivación, por cuanto no hizo ningún pronunciamiento frente a los hechos de la
demanda que demostraban la mora judicial, “lo cual conllevo a la EXISTENCIA
DEL DAÑO, como lo corrobora el Consejo Superior de la Judicatura Sala
disciplinaria en su providencia de fecha 26 de febrero de 2020 M.P. Dra. MAGDA
VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 110010102000201900852-00,
como prueba aportada por el suscrito en el escrito de alegaciones para un mejor
proveer, aprobada según acta No. 19 de la misma fecha; ante la queja presentada
por uno de las víctimas contra la Magistrada Ponente LUZ EDITH DIAZ URRUTIA
por la morosidad en el proceso penal”.

Finalmente, afirmaron que el caso adolece de iii) desconocimiento del
precedente judicial, relativo al daño consistente en la pérdida de oportunidad,
contenido en la sentencia de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de
Estado de 28 de agosto de 2019, radicación No. 2009-00121-01, en la que señaló
que “la naturaleza de la pérdida de oportunidad se ha estudiado desde dos
ópticas: una, que considera que la pérdida de oportunidad se consolida como un
"daño autónomo", y otra, que afirma que el estudio de esta figura debe realizarse
en sede del análisis del nexo causal. Recientemente, esta Subsección se
pronunció sobre el tema, y entendió esta figura como un daño, con identidad y
características propias, cuyo colofón es la vulneración de una expectativa o
interés legítimo tutelados, que deben repararse”. Agregaron que los perjuicios ya
estaban reconocidos en las sentencias condenatorias, “lo que da a entender que
existía una alta probabilidad de obtener el pago de los perjuicios en materia penal
por el punible de homicidio culposo lo cual quiere decir que también se cumple en
esta acción de tutela con los criterios jurisprudenciales de la pérdida de
oportunidad referidos a la imposibilidad definitiva de obtener un provecho”.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

De igual modo, destacó de la sentencia presuntamente desconocida los
elementos que deben acreditarse para la existencia del daño por pérdida de
oportunidad, esto es, aleatoriedad del resultado, certeza respecto de la
oportunidad propiamente dicha y que la oportunidad de evitar esa aminoración o
de obtener un provecho, se extinguió de manera irreversible para la víctima, a
partir de lo cual concluyó que “es palpable la violación de los derechos
fundamentales de mis clientes, cuando en realidad un proceso penal que duró, un
tiempo de más de ocho años, en donde se reconoció unos perjuicios, a favor de
todos los familiares de la fallecida; a un más, escogiendo la acción legal que
ofrece el mismo ordenamiento jurídico en materia penal por ser de mejor
conveniencia a los propios intereses de las víctimas, y que por morosidad de la
justicia, en donde para fallar a través de la justicia contenciosa administrativa, se
tuvo que esperar un tiempo de siete (7) años, venga ahora a decir el tribunal que
se tiene que ejercer de nuevo ya no la constitución de parte civil dentro de lo
penal sino, la de ejercer otra acción civil de manera independiente contra los
mismos condenados penalmente (…), cuando en realidad la culpa y desidia fue
de la administración de justicia por encontrarse efectivamente una mora probada
(…)”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales invocados.

SEGUNDO: Ordenar a la parte accionada que dentro de un término de cuarenta y ocho
horas siguiente a la notificación del fallo, proceda DEJAR SIN EFECTO, la sentencia de
segunda instancia proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL CHOCO, M.P. Dra. MIRTHA ABADIA SERNA de fecha quince (15) de marzo de
2024, mediante la cual resolvió REVOCAR, la sentencia de primera instancia emanada
por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el
cual accedió a las pretensiones de la demanda de REPARACIÓN DIRECTA por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por actuación tardía”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en el medio de control de
reparación directa radicado con el Nº 2017-00131-01, actor: Getulio Cuesta
Mosquera y otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de mayo de 2024, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar del proveído a los
accionantes y a la autoridad judicial demandada. Igualmente, al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Quibdó y a la Rama Judicial, como terceros con
interés en las resultas del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Chocó

La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se
denegaran las pretensiones de la acción, en tanto, afirmó, la inconformidad de los
accionantes no tiene vocación de prosperidad y, por el contrario, se evidencia que
se trata de una discusión frente a la decisión en sí misma, lo cual desdibuja la
naturaleza subsidiaria y residual del mecanismo constitucional.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

Sostuvo que la providencia objetada no incurrió en una falta de motivación o en un
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que en esta se hizo un estudio
juicioso de las pruebas y se arribó a la conclusión de que las pretensiones no
estaban llamadas a prosperar, “situación distinta es que la parte accionante no
comparta dicha decisión”.

Indicó que, en el caso, de acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada en el proceso de reparación directa,
esa Sala se ocupó de establecer si la pérdida de la oportunidad de la parte civil de
obtener la indemnización de perjuicios por la prescripción de la acción penal se
debió a la culpa exclusiva de la víctima, y si en virtud de ello debía liberarse a la
entidad demandada del deber jurídico de reparar.

Refirió que para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se apoyó en la
línea jurisprudencial relacionada con la pérdida de oportunidad para obtener el
pago de la indemnización por prescripción de la acción penal, de donde se
estableció que en los casos donde se alega un daño antijurídico por pérdida de la
oportunidad o chance por la declaratoria de la prescripción de la acción penal,
para que aquel tenga el carácter de cierto, debe estar acreditada (i) la certeza de
la oportunidad que se reputa perdida, (ii) la imposibilidad definitiva de obtener el
provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento, y (iii) encontrarse en una
situación potencialmente apta para la consecución de la indemnización.

Adujo que, efectuada la valoración probatoria y el análisis del caso concreto, se
avizoró que no hubo pérdida de oportunidad de obtener indemnización de
perjuicios, pues se estableció que la expectativa de los demandantes de obtener
una reparación en el proceso penal se vio truncada por causa de la declaratoria de
la prescripción de la acción, “sin que luego de ello, los actores tuvieran la
posibilidad real de acudir a la jurisdicción civil para que, a través de un proceso
ordinario de responsabilidad extracontractual, se ordenara el pago de los
perjuicios derivados del accidente de tránsito en virtud del cual falleció la señora
Mireya del Carmen Moreno Salazar (QEPD)”, pero únicamente respecto del
penalmente responsable.

Para terminar, refirió que, no obstante, esa Sala consideró que la prescripción de
la acción penal no le impedía a los demandantes iniciar un proceso ordinario de
responsabilidad civil contra los terceros civilmente responsables, conforme con lo
dispuesto en el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, que establece que la acción civil
prescribe pasados 10 años de la ocurrencia del hecho.

6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Quibdó

La apoderada de la dirección rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez, en tanto,
señaló, en el caso se observa que la génesis de la presunta vulneración de los
derechos alegados no se origina en las decisiones emanadas de la jurisdicción de
contencioso administrativa, sino mucho tiempo antes, “cuando ha transcurrido más
de 10 años desde que se generaron los hechos objeto de la puesta en marcha de
la actividad judicial en sus distintas corporaciones, el paso del tiempo y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no permiten realizar un control
constitucional que reviva los términos a los afectados. Una vez emitido el fallo de
casación, y en virtud de la inmediata visualización de la vulneración de los
derechos fundamentales alegados por el actor en la presente acción, han pasado
muchos años, por lo que la amenaza o violación de los derechos no se vislumbra
tan perentoria”.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

Agregó que la jurisprudencia constitucional ha considerado que, tratándose de la
verificación de la inmediatez en tutela contra providencias judiciales, su examen
debe ser más exigente respecto a la actualidad en la vulneración de los derechos
fundamentales, pues como consecuencia de la acción de tutela podría dejar sin
efecto una decisión judicial, por lo que “la carga de la argumentación en cabeza
del demandante aumenta de manera proporcional a la distancia temporal que
existe entre la presentación de la acción de tutela y el momento en que se
consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del
tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos
de la misma”.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado mediante sentencia de
17 de junio de 2024, declaró improcedente la solicitud por falta del requisito de
relevancia constitucional, por cuanto, señaló, “lo pretendido por los accionantes es
el análisis de la controversia en una instancia adicional, con el fin de que se
acceda a las pretensiones formuladas en el marco de un proceso ordinario, (…)
ahora con fundamento en la pérdida de oportunidad (…) lo cual no resulta viable
desde la óptica de la naturaleza y la finalidad de la acción de tutela”.

En primer lugar, señaló que la solicitud no cumple el requisito de la carga
argumentativa en relación con los derechos fundamentales supuestamente
vulnerados, dado que, “a pesar de que se enunciaron someramente en la
demanda, lo cierto es que no se explicó la manera en que se concretó la
transgresión, sino que únicamente se cuestionó el razonamiento esbozado por el
juez natural de la controversia, con el fin de reabrir la discusión respecto de la
responsabilidad patrimonial alegada en el proceso de reparación directa”.

Agregó que en la solicitud de tutela se invocó la pérdida de oportunidad como un
asunto a tener en cuenta para resolver la controversia, a pesar de que en la
demanda de reparación directa se formuló la imputación a título de falla del
servicio, lo cual denota el interés de la parte demandante en que se examine el
asunto en forma diversa a la propuesta a lo largo del proceso ordinario.

Sostuvo que los cargos por defecto sustantivo y decisión sin motivación no
contienen argumentos relacionados con las falencias normativas y argumentativas
de la sentencia censurada, sino que únicamente dan cuenta del análisis que la
parte accionante pretende que se haga respecto de las circunstancias en que se
desarrolló el proceso penal, lo cual, señaló, “no resulta suficiente para examinar
estos aspectos; sin embargo, se advierte que el fundamento normativo y
jurisprudencial expuesto por el Tribunal Administrativo del Chocó no fue irracional
ni caprichoso y tampoco se cuenta con elementos para arribar a una conclusión
diferente, en tanto los accionantes no acreditaron nada al respecto”.

Por último, frente al desconocimiento del precedente judicial alegado, indicó que
tampoco se configura, en la medida en que no basta con enunciar una providencia
de ese tribunal para sustentar la configuración de una pérdida de oportunidad, “no
solamente porque el pronunciamiento referido no constituye una sentencia de
unificación, sino porque el asunto planteado no es el mismo que el propuesto por
los demandantes en sede de reparación directa, por cuanto, se insiste, la
imputación se edificó en la supuesta falla del servicio, de ahí que los nuevos
cargos planteados desnaturalizan el ejercicio de la acción de tutela”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los
accionantes impugnaron el fallo de primera instancia y solicitaron que se revocara,
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

en escrito en el que sostuvieron que el requisito general de la relevancia
constitucional sí se cumple, en tanto la decisión objetada “sí viola derechos
fundamentales, al decir el tribunal Contencioso del Choco, sin ningún sustento
argumentativo en su providencia que existía otro camino para ejercer de nuevo la
acción civil dentro del proceso penal, cuando en realidad la misma facultad me la
dio el mismo ordenamiento jurídico, ley 600 de 2000 en su artículo 45, para poder
demandar y ejercer la acción correspondiente dentro del proceso penal”.

Reiteraron que la manifestación en el fallo de segunda instancia de que la
prescripción de la acción penal no les impedía a los demandantes iniciar otro
proceso ordinario de responsabilidad civil contra los mismos terceros civilmente
responsables, “viola derechos fundamentales, dado a que se debe iniciar
demanda nuevamente por los mismo hechos y con la incertidumbre de las
existencias de dichas empresas a la vida jurídica, y espera otro ocho (8) años más
para poder espera de nuevo un fallo, que no sabemos a ciencia cierta si será
favorable a mis accionantes, cuando en realidad, ya era un fallo cien por cierto
favorables a los intereses de los accionantes, y que por la morosidad de la justicia
en fallar, tenga los usuarios de la mal llamada administración de justicia pagar la
desidia de la administración judicial lo cual, viola derechos fundamentales”.

Agregaron que en la solicitud sí se explica de manera concreta la transgresión de
los derechos fundamentales violados, como lo son los derechos al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia de las víctimas en el proceso penal.

Señalaron que la sentencia alegada como desconocida “se toma como referente,
no como precedente, sino con la posibilidad que existían suficientes pruebas que
demostraban que los accionantes tenían una amplia posibilidad de obtener un
resultado acorde a sus intereses y que al declarase la prescripción por morosidad
de la justicia se frustraron sus expectativas, y en las cuales la responsabilidad era
de la administración de justicia. Consistente en la vulneración de una expectativa o
interés legítimo tutelados que debe repararse”.

Finalmente, hicieron referencia al desarrollo jurisprudencial sobre la culpa
exclusiva de la víctima como eximente de la responsabilidad estatal, de donde
concluyeron que “en el caso concreto de esta acción de tutela, la decisión del
tribunal de declarar la excepción de culpa exclusiva de la víctima es arbitraria, y
caprichosa cuando en realidad la morosidad fue de la misma administración de
justicia y no de la víctima, lo cual conllevo a una decisión del tribunal sin
motivación”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
revoca la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, y de encontrar cumplido
este y los restantes requisitos generales de procedencia, establecer si la sentencia
de 15 de marzo de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

revocó la decisión parcialmente favorable de primera instancia, en el marco del
medio de control de reparación directa que interpusieron contra la Rama Judicial,
incurre en i) defecto sustantivo y fáctico, por la interpretación errónea y
equivoca de las disposiciones normativas en materia de acción civil, ii) decisión
sin motivación, por cuanto no hizo ningún pronunciamiento frente a los hechos
de la demanda que demostraban el daño como consecuencia de la pérdida de
oportunidad por mora judicial, y iii) desconocimiento del precedente judicial,
relativo al daño consistente en la pérdida de oportunidad, contenido en la
sentencia de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2019, radicación No. 2009-00121-01.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20144, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los

1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución13.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El asunto bajo examen sí cumple el requisito de relevancia
constitucional y los restantes generales de procedencia

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado mediante sentencia de
17 de junio de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional
por falta del requisito de relevancia constitucional, por cuanto, señaló, en el caso
es claro el interés de la parte demandante de revivir las discusiones que ya fueron
analizadas y resueltas en la providencia objetada, aunado a que, declaró, la
demanda carece de una carga argumentativa suficiente que sustentara las
afirmaciones de los demandantes.

Contrario a lo considerado por el a quo, para la Sala en el asunto objeto de
estudio, (i) la acción de tutela cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional, porque debe definirse si se vulneraron a los accionantes los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la
administración de justicia como víctimas del proceso penal, dignidad humana, y

6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

se sustenta la decisión.
9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
13 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de

2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),

Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella

Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, con la sentencia de 15 de
marzo de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó revocó la
decisión parcialmente favorable de primera instancia, en el marco del medio de
control de reparación directa que interpusieron contra la Rama Judicial, con el fin
de obtener el pago de los perjuicios soportados por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, por la declaratoria de prescripción de la acción
penal en el marco del proceso adelantado por la muerte de una familiar, en el que
se constituyeron en parte civil.

Del expediente ordinario allegado como prueba se observa que los alegatos que
fundamentan los defectos alegados no fueron planteados al interior del proceso
ordinario, dada la particularidad del caso, en el que el fallo de primera instancia fue
parcialmente favorable a los demandantes, por lo que no tuvieron oportunidad de
promover en sede ordinaria la discusión por la que reclaman la vulneración de sus
derechos fundamentales en la presente acción, derivada de los fundamentos de la
sentencia de segunda instancia.

De igual forma, se observa que en el caso no se propone un debate de estricta
legalidad, sino que la discusión se orienta a determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en los mencionados defectos por la falta de motivación de la
decisión y la inaplicación de la jurisprudencia relativa a la pérdida de oportunidad
por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, lo que
conllevaría, de encontrarse acreditados, la vulneración de garantías
iusfundamentales.

(ii) Los accionantes no cuentan con otro medio de defensa judicial, pues en el
caso se agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 5 de noviembre de
2020, en la que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, (iii) se cumple el requisito de la
inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada mediante correo
electrónico enviado el 1º de abril de 2024 y la acción de tutela se presentó el 30 de
abril de 2024, esto es, 26 días después, dentro del término prudencial precisado
esta Corporación y la Corte Constitucional16; (iv) se identificaron de manera
razonable los hechos que generaron la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.

4.2. La providencia objeto de tutela no incurrió en los defectos alegados por
la parte demandante

4.2.1. Los accionantes, a través de apoderado judicial, presentaron acción de
tutela en defensa de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y
de acceso a la administración de justicia como víctimas del proceso penal,
dignidad humana, así como de los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima, los cuales consideran vulnerados por la sentencia de 15 de marzo de
2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó revocó la decisión
parcialmente favorable de primera instancia, en el marco del medio de control de
reparación directa que interpusieron contra la Rama Judicial, con el fin de obtener
el pago de los perjuicios soportados por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, con ocasión de la declaratoria de prescripción de la

16Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

acción en el marco del proceso adelantado por la muerte de una familiar, en el que
se constituyeron en parte civil.

A su juicio, el fallo objetado incurre en i) defecto sustantivo y fáctico por la
interpretación errónea y equívoca de las disposiciones normativas en materia de
acción civil, ii) decisión sin motivación, por cuanto no hizo ningún
pronunciamiento frente a los hechos de la demanda que demostraban el daño
como consecuencia de la pérdida de la oportunidad por mora judicial, y iii)
desconocimiento del precedente judicial, relativo al daño consistente en la
pérdida de oportunidad, conforme con la sentencia de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2019, radicación No.
2009-00121-01.

Del estudio del expediente ordinario, la Sala observa que, en primera instancia, el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó por sentencia de 5 de
noviembre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
condenó a la Rama Judicial al pago de los perjuicios ocasionados por la pérdida
de oportunidad ocasionada a los demandantes por la prescripción de la acción en
el caso, tras considerar que “el juzgado señalado incurrió en sendas
irregularidades procesales que se tradujeron en un defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia por parte de la entidad demandada, las cuales fueron
causalmente determinantes para que se frustrara la ocasión de los accionantes,
habida cuenta de que en incumplimiento de sus cargas obligacionales, no le
imprimió un trámite adecuado al proceso para su correcta y célere conclusión, y a
pesar de que le era completamente previsible que la demora en el trámite
procesal, es determinante para que se configure la prescripción, circunstancia que
sin duda se hubiese podido evitar de haberse respetado el debido proceso y
adelantado las actuaciones procesales conforme lo ordenaba la ley, pero como las
accionadas no obraron de esa forma, se produjo una dilación que abarcó más de
los cinco años que se tenían para que se profiriera una sentencia definitiva”.

Contra esa decisión la entidad demandada interpuso recurso de apelación que fue
desatado por el Tribunal Administrativo del Chocó en sentencia de 15 de marzo de
2024, en la que revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, tras considerar que la prescripción de la acción penal
no había dejado desprovisto a los demandantes de mecanismos judiciales idóneos
para obtener la indemnización de los perjuicios pretendidos.

4.2.2. Como primera medida, la Sala aclara que, contrario a lo sostenido en el fallo
impugnado, el problema jurídico abordado en el proceso de reparación directa que
originó la controversia, en sus dos instancias, se dirigió a establecer si en el caso
se generó la pérdida de oportunidad para los accionantes de obtener el pago de
los perjuicios reconocidos en la sentencia penal de segunda instancia, con ocasión
de la dilación en el trámite del recurso extraordinario de casación de dicha
sentencia, que determinó la prescripción de la acción penal, por lo que los
argumentos aquí expuestos se encuentran en relación con los que fundamentaron
la decisión que se ataca.

Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia SU-574 de 2019, reiteró que el
defecto sustantivo “parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las
autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el
principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta”
(SU-210 de 2017). De igual modo, reiteró los supuestos en los que se configura
este defecto, en los siguientes términos:

(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se
sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no
ser pertinente.

(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación
no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando
se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.

(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la
ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento
jurídico.

(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente
contraria a la Constitución.

(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.

(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso.

(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación
que afecta derechos fundamentales.

(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación.

(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas
abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha
sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso
concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada.

(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con
las motivaciones expuestas en la providencia.

4.2.3. Del estudio de los argumentos que soportan los defectos sustantivo y por
falta de motivación alegados, la Sala observa que en el caso no se desconocieron
las normas relativas a la procedibilidad de la acción civil contra los terceros
civilmente responsables en los procesos penales, en tanto la decisión del tribunal
accionado se soportó en el hecho de que, conforme con la jurisprudencia vigente
sobre la materia, emanada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuando
se demanda el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la
declaratoria de prescripción de la acción penal, para que el daño obtenga el
carácter de cierto, la parte civil debidamente reconocida como tal dentro del
proceso penal debe acreditar que, como consecuencia de esa declaratoria, perdió
la oportunidad de ser reparada o indemnizada por los perjuicios ocasionados
como consecuencia de la comisión de un delito, lo que, indicó, no ocurrió en el
caso, en el que los accionantes contaron al menos durante un año y medio con la
posibilidad de interponer la acción civil contra los terceros responsables, luego de
la declaratoria de prescripción de la acción penal, sin que hicieran uso de esta.

En el fallo objetado se indicó lo siguiente sobre ese particular:

“Atendiendo la anterior definición, la Sección Tercera del Consejo de Estado de
forma reiterada ha sostenido que cuando se demanda el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia porque se declaró la
prescripción de la acción penal, para que el daño obtenga el carácter de
cierto, la parte civil debidamente reconocida como tal dentro del proceso
penal debe acreditar que, como consecuencia de esa declaratoria, perdió
la oportunidad de ser reparada o indemnizada por los perjuicios
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

ocasionados como consecuencia de la comisión de un delito, evento en el
que según esa misma jurisprudencia, deben configurarse los siguientes
requisitos:

“(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque
la misma envuelva un componente aleatorio (…), ii) Imposibilidad definitiva
de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la
probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en
inexistente, (…) (iii) La víctima debe encontrarse en una situación
potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado (…).

De lo anterior se desprende que, en los casos donde se alega un daño
antijurídico por pérdida de la oportunidad por la declaratoria de la prescripción
de la acción penal, para que aquel tenga el carácter de cierto, debe estar
acreditada entonces (i) la certeza de la oportunidad que se reputa perdida, (ii)
la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o
evitar el detrimento, y (iii) encontrarse en una situación potencialmente apta
para la consecución de la indemnización”.

A partir de lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que en el caso no
se había configurado la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, en razón a
que:

“(…) la prescripción de la acción penal conlleva la prescripción de la acción
civil respecto del penalmente responsable, más no de los terceros civilmente
responsables.

En ese orden de ideas, se tiene que, la conducta punible de homicidio culposo, por
la cual, el señor Agustín Rengifo Caicedo fue acusado y condenado en primera y
segunda instancia, está consagrada en el artículo 109 de la Ley 599 de 2000, con
pena de prisión de dos (2) a seis (6) años.

Conforme las reglas de prescripción previstas en los artículos 83 y 86 de esa
normatividad, la acción penal para el mencionado ilícito prescribió el 22 de junio de
2015, pues la Resolución de Acusación cobró ejecutoria el 22 de junio de 2010.

Es decir que, transcurrieron más de 5 años sin que el fallo condenatorio cobrara
ejecutoria. Ello, pues aun cuando se interrumpió el término prescriptivo producto de
la Resolución de Acusación debidamente ejecutoriada, el mismo vuelve a
contabilizarse por la mitad del señalado en el artículo 83, sin que sea inferior a 5
años ni superior a 10. En este caso, ese mínimo es de 5 años, habida cuenta que
la pena máxima para la conducta punible imputada es de seis (6) años de prisión.

El término prescriptivo aludido se cumplió un día antes de que fuera recibido el
expediente en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, esto es,
el 23 de junio de 2015.

De ese modo, la expectativa de los demandantes de obtener una reparación
en el proceso penal, se vio truncada por causa de la declaratoria de la
prescripción de la acción penal, sin que luego de ello, los actores tuvieran la
posibilidad real de acudir a la jurisdicción civil para que, a través de un proceso
ordinario de responsabilidad extracontractual, se ordenara el pago de los perjuicios
derivados del accidente de tránsito en virtud del cual, falleció la señora Mireya del
Carmen Moreno Salazar (QEPD), pero únicamente respecto del penalmente
responsable.

Ahora bien, la Sala considera que la prescripción de la acción penal no le
impedía a los demandantes iniciar un proceso ordinario de responsabilidad
civil contra los terceros civilmente responsables, conforme con lo dispuesto
en el artículo 98 del Código Penal transcrito en líneas superiores.

En casos de accidentes de tránsito, la responsabilidad civil extracontractual
del propietario del vehículo, como de quien detente su guarda material, es
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

directa, por lo que la acción para reclamar la indemnización de los daños
causados por estos terceros civilmente responsables ante la jurisdicción
ordinaria civil se sujeta al término ordinario de prescripción previsto en el
artículo 2536 del Código Civil, el cual señala: (…)

Con fundamento en la norma en cita, la prescripción de la acción civil en
cabeza de los afectados contra los terceros civil y, valga precisarlo,
solidariamente responsables, es de 10 años, lo que quiere decir que, luego de
que la Corte Suprema de Justicia declarara la prescripción de la acción penal
el 01 de julio de 2015, los actores tenían la posibilidad de acudir ante la
justicia ordinaria civil para obtener el resarcimiento de los perjuicios cuya
reparación buscó de manera infructuosa dentro del proceso penal, por lo
menos, hasta el mes de enero del año 2017, pues, ya se indicó, la
prescripción de la acción penal solo cobijaba al penalmente responsable.

Con ello, queda en evidencia que, la declaratoria de prescripción de la acción
penal, acto que tuvo lugar en julio del 2015, no le clausuró de manera
definitiva a los demandantes la oportunidad de buscar ese resarcimiento de
manos de los terceros civilmente responsables.

Habiéndose establecido que la prescripción de la acción penal no dejó desprovisto
a los demandantes de mecanismos judiciales idóneos para obtener la
indemnización de los perjuicios pretendidos, no lo queda otro camino a la Sala que
revocar la sentencia N° 148 del 05 de noviembre del 2020 proferida por el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, para en su lugar, declarar
probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima planteada por la entidad
demandada dado que dejaron de fenecer la oportunidad de acudir a la jurisdicción
civil, y en consecuencia, negar las súplicas de la demanda”.

Es decir, en el caso el tribunal accionado determinó que, conforme con las normas
aplicables, la expectativa de los demandantes de obtener una reparación en el
proceso penal se vio afectada por causa de la declaratoria de la prescripción de la
acción penal únicamente respecto del penalmente responsable, y que la
prescripción de la acción civil contra la Empresa de Energía, Telecomunicaciones,
Aseo Acueducto ETA Servicios S.A., empresa privada propietaria del vehículo y
condenada como tercero civil y solidariamente responsable, de 10 años, operó
solo hasta el mes de enero de 2017, esto es, con posterioridad a la declaratoria de
prescripción de la acción penal.

En este sentido, señaló que los actores contaron con al menos 18 meses para
interponer la acción civil contra la empresa privada declarada tercero civilmente
responsable luego de la declaratoria de prescripción de la acción penal, lo cual no
hicieron, por lo que en el caso no se configuró la pérdida de oportunidad
reclamada por las actuaciones de la Rama Judicial, sino que el daño reclamado se
había configurado por hechos endilgables únicamente a los demandantes.

Con base en lo anterior, para la Sala los defectos sustantivo y por falta de
motivación alegados no se estructuró, en tanto el Tribunal Administrativo del
Chocó, con base en las normas y jurisprudencia aplicables, consideró que la
pérdida de oportunidad alegada no se había configurado porque la declaratoria de
prescripción de la acción penal no generó en los demandantes la imposibilidad
definitiva de obtener el provecho que alegaban perdido, por cuanto contaron con la
alternativa de ejercer la acción civil contra los terceros civilmente responsables, la
cual no utilizaron, razonamiento que se encuentra soportado en las normas
aplicables y que se vislumbra suficientemente motivado de cara a la decisión
adoptada.

4.2.4. Ahora bien, en relación con el desconocimiento del precedente judicial
aplicable, emanado de la sentencia de la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado de 28 de agosto de 2019 (radicación No. 2009-00121-01),
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

relativo a la pérdida de oportunidad en los casos de defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, la Sala observa que dicha sentencia no es aplicable
al caso, en tanto se trata de un caso con supuestos fácticos que difieren de los
que originaron la controversia bajo estudio, por lo que la regla jurisprudencial allí
desarrollada no era obligatoria para el caso bajo análisis.

En efecto, de la sentencia alegada como desconocida, la Sala observa que en la
misma la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en un
caso que versó sobre la pérdida de oportunidad derivada de la declaratoria de
prescripción de la acción penal en vigencia del Decreto 100 de 1980, ocasionada
por las maniobras dilatorias emprendidas por el apoderado de la parte demandada
en el trámite de primera instancia, encontró que se había configurado la pérdida
de oportunidad reclamada, en tanto, “la acción civil a la que hace referencia el
artículo 108 del Código Penal [Decreto 100 de 1980], ya se encontraba prescrita
en relación con el responsable directo del daño. Lo anterior constituye un daño
cierto para la parte actora en reparación, pues se vio impedida de acceder a los
perjuicios civiles causados como consecuencia de la comisión de la conducta
punible”.

Dicho caso tuvo como génesis un proceso penal adelantado en contra de un
particular por el delito de lesiones personales, en el que no existían terceros civil y
solidariamente responsables, como en el caso que originó la controversia bajo
análisis, por lo que la declaratoria de prescripción de la acción penal, conforme
con la ley penal vigente para ese momento, implicó la prescripción de la acción
civil en relación con el responsable directo del daño, lo que constituyó un daño
cierto para la demandante en reparación directa, pues se vio impedida de acceder
a los perjuicios civiles causados como consecuencia de la comisión de la conducta
punible.

Conforme con lo anterior, la jurisprudencia supuestamente desconocida no
constituía precedente judicial obligatorio para el caso que originó la controversia,
en tanto la misma versó sobre un caso resuelto en vigencia de una norma penal
distinta, el Decreto 100 de 1980, en el que la prescripción de las acciones penal y
civil generó un daño cierto, esto es, la imposibilidad de los demandantes de
acceder a los perjuicios reclamados contra un único responsable penal, por lo que
su inobservancia no configura el defecto alegado, toda vez que las reglas
jurisprudenciales allí desarrolladas no resultan aplicables al caso bajo análisis.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de 17 de junio de 2024,
dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que
declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito general de
relevancia constitucional y, en su lugar, denegará las pretensiones de la acción de
tutela interpuesta por el señor Getulio Cuesta Mosquera y otros, quienes actúan
por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Chocó.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 17 de junio de 2024, dictada por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
En su lugar,
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02127-01
Demandante: Getulio Cuesta Mosquera y otros

Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por los
señores Getulio Cuesta Mosquera, Kelly Vanesa Cuesta Moreno, César Francisco
Cuesta Moreno, Walner Hamleth Aguilar Moreno, Luis Ángel Moreno Lemos,
Hercilia Moreno Lemos, Emiro Moreno Mena, Buenaventura Moreno Lemus, Ana
Isabel Moreno Lemos, Jorge Eliécer Moreno Lemos, Ketty de la Cruz Moreno
Lemos, Loy Doria Moreno Lemos, Nirdia Rosa Moreno Lemos, Margarita Moreno
Lemos, Mariela Moreno Lemos, María Bernys Moreno Mena, Sofonias Ríos
Salazar, Dolores Inés Rios Salazar, Brayan Ruiz Moreno, Liset Patricia Ruiz
Moreno en representación de su madre fallecida (Juana Severa Moreno Lemos),
Wimar Diomedes Mosquera Córdoba en representación de su madre fallecida (Ilda
María Córdoba Salazar) y Milton Eleazar Moreno Lemos, en representación de su
padre (Ventura Moreno Vivas), quienes actúan por intermedio de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Chocó.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.