Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02144-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02144-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02144-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
29 de agosto de 2024
Demandante: José Gilberto Martínez Guzmán
Demandado: Consejo De Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02144-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02144-01
Demandante: JOSÉ GILBERTO MARTÍNEZ GUZMÁN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE
CONJUECES
Tema: Mora judicial Confirma decisión niega
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 26 de junio de 2024, por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, que negó la solicitud de amparo
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor José Gilberto Martínez Guzmán, quien actúa mediante apoderado judicial1,
instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de
Conjueces. Con la solicitud de amparo, pretende la protección del derecho
fundamental del debido proceso y defensa, toda vez que ha incurrido en la mora
judicial por no proferir la sentencia de segunda instancia, desconociendo los
términos establecidos en el artículo 121 del código general de proceso
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:
(…)
La presente acción pretende que se ordene a la sala presidida por la conjuez CLARA
ELISA CIFUENTES ORTIZ decidir la controversia dentro de los términos de ley citados
1 Samai 00002 Radicación: 11001031500020240214400
1
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Demandante: José Gilberto Martínez Guzmán
Demandado: Consejo De Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces
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en esta acción de tutela; es decir dentro del término de seis meses, atendiendo que
después del cambio de ponente, el expediente entró a su despacho para fallo el día 14
de septiembre de 2023, debiéndose decir que ha permanecido en segunda instancia
un tiempo considerable, como se indicó de manera precedente (…)”
1.3. Hechos
La Sala procede a resumir los supuestos fácticos2 relevantes de la acción de tutela
para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El día 22 de noviembre de 2013, fue presentada la demanda del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, demandante José Gilberto Martínez
Guzmán y otros, demandado Fiscalía General de la Nación, bajo número de
radicado 25000234200020130649300
Correspondió el conocimiento de este proceso en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, instancia
judicial que profirió sentencia el día 15 de julio de 2019 acogiendo las pretensiones
de la demanda.
Decisión que fue apelada y el Consejo de Estado, Sección Segunda nombró al
conjuez Grefieth de Jesús Sierra Cadena, quien fue sustituido, desde el día 14 de
septiembre de 2023, por la conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortiz para dirimir la
controversia y pasó a despacho para fallo desde el día 22 de noviembre de 2023.
Afirmó que, el señor José Gilberto Martínez Guzmán, mediante apoderado judicial
ha presentado al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo número de
radicado 25000234200020130649300, memoriales de impulso procesal y a la fecha
no se ha proferido sentencia de segunda instancia.
Señaló que el proceso se encuentra a despacho para sentencia de segunda
instancia hace ocho (8) meses, teniendo en cuenta, además, que han pasado casi
doce (12) años sin decisión de fondo ejecutoriada, y más de cuatro meses desde
que llegó a segunda instancia.
Adujo que conforme a la sentencia C-590 de 2005, la actuación de la conjuez denota
el incumplimiento de los términos consagrados en el artículo 121 del código general
del proceso, que indica que: “el plazo para resolver la sentencia instancia, no podrá
ser superior a seis (6) meses contados a partir de la recepción del expediente en la
secretaria del juzgado o tribunal” .
Arguyó que el tiempo trascurrido para decidir la instancia, desborda los límites de la
mesura y de la razón en aplicación al debido proceso, pues a la fecha se han
2 Samai 00002 Radicación: 11001031500020240214400
2
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desconocido los términos del artículo 121 del código general de proceso, sin
justificación de la inactividad procesal.
1.4. Fundamentos de la acción de tutela
Consideró que la accionada ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido
proceso y defensa, toda vez que ha incurrido en la mora judicial por no proferir la
sentencia de segunda instancia, desconociendo los términos establecidos en el
artículo 121 del código general de proceso.
Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Admisión
El magistrado ponente de primera instancia mediante providencia del 6 de mayo de
20243, admitió la acción de tutela presentada por el señor José Gilberto Martínez
Guzmán, mediante apoderado judicial, contra la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado – Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
Así mismo, decidió vincular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces y a la Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, como terceros con interés en el asunto, por haber
integrado la primera instancia y segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Igualmente, se vinculó, a los señores Carlos Alberto Camargo Hernández, Doris
Raquel Agudelo Herrera, Hilda Janeth Niño Farfán, Juan Carlos López Goyeneche,
Leonardo Augusto Cabana Fonseca, Liliana Patricia Donado Sierra y a la Fiscalía
General de la Nación en calidad de demandantes y demandado dentro del proceso
ordinario respectivamente.
1.4.2. Aviso a la comunidad4
En cumplimiento del numeral quinto del auto admisorio de la acción de tutela, se
ordenó publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
3 Samai 00005 Radicación: 11001031500020240214400
4Samai 00008 Radicación: 11001031500020240214400
3
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1.5.1. Clara Elisa Cifuentes Ortiz – Conjuez Sección Segunda Consejo de
Estado5
Manifestó que el expediente 25000-23-42-000-2013-06493-02 NI 6415-2019, que
da lugar a la tutela, es un proceso que acumula pretensiones de varios
demandantes, en efecto, revisada la plataforma SAMAI son sujetos demandantes:
Carlos Alberto Camargo Hernández; Doris Raquel Agudelo Herrera; Hilda Janeth
Niño Farfán; José Gilberto Martínez Guzmán; Juan Carlos López Goyeneche;
Leonardo Augusto Cabana Fonseca y Liliana Patricia Donado Sierra; y por ello, el
apoderado que actúa, debe acreditar poder otorgado por cada uno de los
demandantes.
Respecto al fondo del asunto, manifestó que el proceso ha tenido las siguientes
actuaciones:
• Abonado por reparto el 18 de noviembre de 2019 a la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
• Manifestados los impedimentos, se designaron como conjueces el 2 de
noviembre de 2021: Miguel Arcángel Villalobos, Jorge Iván Rincón Córdoba
y Gilberto Rondón González (Índice 26 Samai)
• El Conjuez Gilberto Rondón González admitió el recurso de apelación el 19
de enero de 2022 (índice 29)
• El 29 de abril de 2022 el Conjuez Gilberto Rondón admitió los impedimentos
manifestados (índice 36)
• El 23 de agosto de 2022 el Conjuez Gilberto Rondón corrió traslado para
alegar (Índice 43)
• El proceso ingresó para sentencia el 31 de octubre de 2022 (Índice 49)
• Ocurrió cambio de conjuez el 18 de enero de 2023 (Índice 50)
• El proceso me fue asignado por cambio de conjuez el 14 de septiembre de
2023 (Índice 54)
Indicó que, es evidente que los plazos que presenta el proceso superan los términos
legales, en efecto:
• Del ingreso del expediente a la Corporación, al momento en que se remite
por impedimento a los conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado transcurren, prácticamente, dos años.
• Del sorteo de conjueces a la admisión del recurso trascurren cerca de tres
meses.
• De la admisión del recurso al traslado para alegar corren siete meses
5Samai 00010 Radicación: 11001031500020240214400
4
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• Del ingreso para fallo al momento en que el expediente me es asignado
como conjuez aproximadamente un año.
Argumentó que, los tiempos reseñados tienen como finalidad exponer que no se
trata de una dilación injustificada de su parte, por lo contrario, corresponde a los
términos procesales en que se promedian los casi 2000 expedientes a cargo de los
conjueces adscritos a la Sección Segunda del Consejo de Estado, situación
estructural que impide la configuración de la mora judicial injustificada.
Manifestó que encontró pendientes desde el año 2019 y no ha sido posible su
evacuación total por este año, ni de los años subsiguientes (2021 y 2022), y el
proceso del accionante ingresó a Despacho para sentencia, en el mes de octubre
de 2022 por lo que no puede desconocer el derecho de todas las personas cuyos
procesos ingresaron con anterioridad¸ sin que se haya invocado una situación
excepcional que amerite romper o desconocer el orden de ingreso para sentencia
en cada uno de los procesos a su cargo en calidad de conjuez.
Detalló que el conjuez proyecta, estudia los proyectos de los conjueces de otras
Salas de las que hace parte, asiste a las Salas, todo ello sin apoyo logístico alguno
para el desarrollo de la función judicial a su cargo, sin perjuicio del que corresponde
al trámite secretarial.
1.5.2. Fiscalía General de la Nación6
Solicitó su desvinculación del trámite constitucional, declarando la falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues no existe una relación de causalidad de
acción u omisión por parte de la entidad, por cuanto no es de su competencia
resolver la solicitud hecha por el accionante.
1.5.3.Es importante señalar, que a pesar de haberse efectuado la notificación
electrónica a los señores Carlos Alberto Camargo Hernández; Doris Raquel Agudelo
Herrera; Hilda Janeth Niño Farfán; José Gilberto Martínez Guzmán; Juan Carlos
López Goyeneche; Leonardo Augusto Cabana Fonseca y Liliana Patricia Donado
Sierra, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Consejo de Estado ,Sección
Segunda, Sala de Conjueces y a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, no contestaron la acción de tutela.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B mediante sentencia del 26
de junio de 20247, negó el amparo solicitado en razón a no se configuró la mora
judicial injustificada, pues si bien, han trascurrido más de 4 años en el trámite de la
6 Samai 00011 Radicación: 11001031500020240214400
7 Samai 00019 Radicación: 11001031500020240214400
5
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segunda instancia, lo cierto es que se han presentado impedimentos por parte de
quienes han sido llamados a ostentar la calidad de jueces naturales del asunto y se
han presentado cambios de conjueces a causa de renuncias de quienes han sido
designados para ello.
Puso de presente la existencia de diferentes aspectos que deben analizarse de
manera particular, pues temas como el de la congestión actual y sistemática del
aparato judicial o la complejidad del asunto a resolver, sugieren motivos razonables
que impiden que se le dé el alcance de mora judicial injustificada a casos como el
que aquí se analiza.
Agregó que, dadas las particularidades del caso, no sobra anotar que el sistema de
turnos, garantiza el derecho a la igualdad y contribuye a racionalizar el servicio de
administración de justicia y debe mantenerse por parte del operador jurídico, salvo
las excepciones legales que existan sobre la prelación
1.7. Impugnación8
En el memorial de impugnación contra la decisión de tutela de primera instancia,
solicitando que la misma sea revocada porque no tuvo en cuenta los antecedentes
particulares del proceso, tales como que fue presentado hace doce años, y que en
esa instancia lleva por cumplir cuatro años, y que el cambio intempestivo de
conjueces ha incidido en su celeridad lo cual se ha hecho notar en los impulsos
procesales presentados.
Agregó que, si bien la conjuez accionada presenta un número de procesos a su
cargo de manera general, no aparece en detalle que, hubiere proferido sentencias
en procesos anteriores, por lo que la situación de dilación injustificada no ha sido
desvirtuada, sin que mi poderdante y las personas que integran la relación jurídico
procesal por activa, tengan que sufrir las consecuencias de una mala administración
de justicia.
1.8. Manifestación de impedimento
Mediante escrito enviado el día 27 de agosto de 2024, el magistrado Omar Joaquín
Barreto manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente mecanismo
constitucional, con fundamento en la causal contemplada en el numeral 1.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. El consejero expuso que. su
cónyuge se encuentra adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la
Nación, como fiscal, entidad vinculada dentro del presente asunto.
En auto del 29 de agosto de 2024, la sala conformada por los consejeros Luis
Alberto Álvarez Parra, Pedro Pablo Vanegas Gil y la ponente de esta decisión,
8Samai 00023 Radicación: 11001031500020240214400
6
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declaró infundado el impedimento al concluir que no se configuraba la causal
alegada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el señor José
Gilberto Martínez Guzmán, mediante apoderado judicial, contra la sentencia
proferida el 26 de junio de 2024 por la Sección Tercera – Subsección B del Consejo
de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión Previa
La Fiscalía General de la Nación solicitó desvinculación del trámite de la presente
acción.
Revisada su solicitud, se advierte que no se accederá a la desvinculación puesto
que su vinculación al proceso se dio en calidad de tercero con interés
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, deberá la Sala determinar si hay
lugar a confirmarse, modificarse, o revocarse la decisión de primera instancia,
planteándose como problema jurídico:
El Consejo de Estado, sección Segunda, Sala Conjueces, Conjuez Clara Elisa
Cifuentes Ortiz, ha vulnerado los derechos fundamentales del señor José Gilberto
Martínez Guzmán al incurrir en mora judicial injustificada, ¿al no haber dictado
sentencia de segunda instancia al interior del trámite del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho bajo radicado 25000 23 42 000 2013 06493 02?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia (ii)
la mora judicial justificada, y (iii) el análisis del caso concreto.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución5, del derecho fundamental al debido
proceso6 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia 7.
7
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El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»8.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar
ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender
las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de
que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden
jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real
y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión
[…]»9.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías”10, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales
de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el
acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se
deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende
por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los
jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un
avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]» 11.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia12 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de
los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política
ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02144-01
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen
el ideal de la justicia material […]»13.
2.5. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes.14
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»15.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de
un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para
su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad
existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza
no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que
explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la
Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los
términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del
asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador
judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el
plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma
providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita
que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el
resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial16, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso.
9
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2.6. Caso en concreto
De acuerdo con lo expuesto por la parte actora, se pretende en esta acción de tutela,
la protección de los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa, por
supuesta mora judicial del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortiz dentro del proceso medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2013-06493-02
La conjuez, Clara Elisa Cifuentes Ortiz que tiene a su cargo proferir sentencia de
segunda instancia del proceso del nulidad y restablecimiento de derecho del señor
José Gilberto Martínez Guzmán y otros evidenció el alto volumen de procesos que
actualmente tiene al despacho para fallo, toda vez que encontró pendientes desde
el año 2019 y no ha sido posible su evacuación total, ni de los años subsiguientes
(2021 y 2022). Además, precisó que el asunto del accionante ingresó a despacho
para fallo en el mes de octubre de 2022; y por ello, no puede desconocer los
procesos que ingresaron con anterioridad, ni ha invocado una situación excepcional
que amerite romper el orden de ingreso, conforme con lo preceptuado en el artículo
16 de la Ley 1285 de 2009, que modifica el artículo 63ª de la ley 270 de 1996 y el
artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
Como punto de partida, al revisar el histórico de las actuaciones surtidas en el
proceso 25000-23-42-000-2013-06493-02, se tiene lo siguiente:
Actuación Fecha
Radicación y reparto del proceso 18 de noviembre de 2019
Auto que manifiesta impedimento de la Sección 12 de diciembre de 2019
Segunda
Envío a otra sección por competencia 27 de enero de 2020
Reparto y Cambio de Sección 11 de febrero de 2020
Auto se abstiene de resolver impedimento 16 de septiembre de 2020
Envío a otra sección por competencia 18 de noviembre de 2020
Cambio de Ponente 20 de enero de 2021
Manifestación de impedimento de la Sección A de la 4 de marzo 2021
Sección Segunda
Acepta impedimento de los integrantes de la 5 de agosto de 2021
Subsección A de la Sección Segunda
Sorteo de conjueces 2 de noviembre de 2021
Cambio de Ponente Conjuez GILBERTO RONDON 2 de noviembre de 2021
GONZLEZ (La Conjuez designada no aceptó el cargo)
Admite Recurso de Apelación 19 de enero de 2022
Acepta impedimento de los integrantes de la 29 de abril de 2022
Subsección B de la Sección Segunda
Auto que corre traslado para alegar 23 de agosto de 2022
10
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Demandante: José Gilberto Martínez Guzmán
Demandado: Consejo De Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02144-01
Al despacho para sentencia 31 de agosto de 2022
Cambio de Ponente Conjuez GRENFIETH DE JESÚS 18 de enero de 2023
SIERRA CADENA (Por renuncia al cargo del anterior)
Cambio de Ponente Conjuez CLARA ELIZA CIFUENTES 14 de septiembre de 2023
ORTIZ (Por renuncia al cargo del anterior)
Sentencia 9 6 de agosto de 2024
Consta que el accionante presentó memoriales ante la conjuez Clara Eliza Cifuentes
Ortiz, solicitando impulso procesal los días 17 de noviembre de 202310 y 1 de abril
de 2024.11
Lo anterior demuestra que la accionada ha procurado imprimir el trámite de rigor al
asunto, de la siguiente manera: primero frente a los impedimentos presentados por
los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se ha nombrado un
conjuez, segundo con relación a las renuncias de los conjueces, nombrando su
reemplazo, tercero se ha adelantado las actuaciones respectivas de segunda
instancia conforme a lo dispuesto en la ley 1437 de 2011, acciones que resultan
necesarias y pertinentes para evitar la parálisis injustificada del proceso.
La mora judicial como causal de procedencia de la acción de tutela no tiene sustento
de un mero análisis objetivo de los términos procesales, sino que es necesario que
el juez constitucional verifique las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
rodean la posible mora en la adopción de acciones o decisiones por parte de la
autoridad convocada.
El mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo una violación al
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. Para la Corte
Constitucional, la dilación de los plazos puede estar justificada por razones
probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar
oportunamente la decisión12.
En el presente asunto, el retardo al cual se refiere el accionante para proferirse la
sentencia de segunda instancia en el interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se encuentra justificado por la conjuez designada
para la Sección Segunda del Consejo de Estado, dejando en evidencia que no se
trata de negligencia, descuido o desidia del accionado. Todo lo contrario, consta
dentro del plenario que, durante el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
9 Sentencia que a la fecha de proferida esta providencia no se ha notificado
10Samai 56 Radicación:25000234200020130649302
11Samai 58 Radicación:25000234200020130649302
12 Sentencia T-099 de 2021. Magistrado sustanciador JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Gilberto Martínez Guzmán
Demandado: Consejo De Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02144-01
del derecho, se ha tenido que atender diferentes situaciones en la medida que se
iban presentando.
De una parte, los impedimentos de los magistrados que integraban las
Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado para conocer del
asunto, se realizó nombramientos de conjueces, y ante las renuncias de los
conjueces designados, se tomó la decisión de nombrar sus reemplazos. Además,
no se puede desconocer que la conjuez advirtió que no contaba con apoyo logístico
para el desarrollo de la función a su carga, adicionado a la congestión laboral,
debido al alto número de procesos a su cargo, y que, si bien es cierto, el proceso
del demandante ingresó a despacho para sentencia durante el año 2022, ella está
evacuando los procesos asignados a su cargo en el orden que han ingresado a
despacho.
Para la Sala resulta pertinente acotar que no toda mora judicial conlleva
intrínsecamente una vulneración de los derechos fundamentales de las personas,
pues es un hecho notorio que actualmente las distintas autoridades encargadas de
la función pública de administrar justicia se encuentran sumidas en una congestión
del aparato, la cual obedece a causas totalmente externas de los funcionarios y, por
ende, no resulta imputables a ellos tales situaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, se confirmará la decisión del a quo en negar el
amparo deprecado, ya que no evidencia una situación de dilación injustificada o
indebida, pues no se observa que la Conjuez accionada haya actuado de manera
negligente o que su comportamiento sea el resultado de una omisión en el
cumplimento de sus funciones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía
General de la Nación
SEGUNDO CONFIRMAR el fallo del 26 de junio de 2024 proferido por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Demandante: José Gilberto Martínez Guzmán
Demandado: Consejo De Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02144-01
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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