Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02146-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02146-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02146-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de junio de 2024
Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-02146-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02146-00
Demandante: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial - Improcedencia por tratarse
de fallo de la misma naturaleza.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo, a nombre propio, radicó acción de tutela1
contra la Sección Primera del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección
Tercera de la misma Corporación, con el fin de obtener el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso.
La mencionada garantía constitucional la estimó vulnerada con ocasión a: (i) la
sentencia dictada el 23 de noviembre de 2023 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela identificada
bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-04363-00, y (ii) la sentencia proferida el
8 de abril de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera de la misma
1 El 2 de mayo de 2024, según aplicativo samai.
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Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-02146-00
Corporación, que confirmó el precitado fallo de 23 de noviembre de 2023 y
sancionó al accionante por temeridad2.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
[…]
DECLARAR que las Setencias Proferidas por las secciones Primera y Tercera
A, son constitutivas de cosa juzgada Fraudulenta en cuanto sus actuaciones
aviesas al derecho materializaron en las Setencias Proferidas” vulnerando
de tal manera mi Derecho Fundamental al Debido Proceso
[…]
Dejar sin efecto las Sentencias Proferidas en proceso de Tutela 11001-03-15-
000-2023-04353-00/01 por las Secciones Primera y Tercera A del Consejo de
Estafo y en concordancia Ordenar a la Seccion Primera del Consejo de Estado
– Proferir una Sentencia en la que le Ordene tanto al Ministerio de Defensa
como a la Caja de Retiro de Fuerzas Militares el pago de las prestaciones
sociales Demandas en Tutela con Radicado 2023-04633 y debidamente
Actualizadas, a la Fecha efectiva de pago de las cuales y como se expresó en
el Juramento, estan Sustendadas en la Ley.3
1.3. Sustento fáctico
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que
se adoptará en esta sentencia:
El señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo ingresó a la Fuerza Aérea Colombiana
como soldado alumno el 27 de enero de 1971 y laboró en dicha institución 15
años, 10 meses y 11 días.
2 La autoridad judicial en la parte considerativa manifestó que «Por lo expuesto anteriormente,
una vez constatada la triple identidad, así como el actuar temerario del señor Jorge Eliécer
Cuervo Cuervo, se dispondrá: (i) la improcedencia de la solicitud de amparo frente a las
acusaciones formuladas contra las decisiones proferidas en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 2007-00723-00/01 y 2012-00094-00/01 ante
la existencia de cosa juzgada constitucional y; (ii) la imposición de una multa equivalente a un
(1) salario mínimo mensual legal vigente – a título de sanción -, por el ejercicio abusivo de la
acción de tutela».
3 Transcripción original del texto, por lo que puede contener errores.
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Mediante la Resolución 085 de 5 de junio de 1985, el accionante fue retirado del
servicio activo como suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana en el grado de
Técnico Primero.
La parte actora presentó multiplicidad de medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, con el fin de que se le reconociera el tiempo doble laborado por la
Fuerza Aérea, en época del Estado de Sitio.
En el proceso bajo radicado 11001-33-31-023-2007-00723-00/01 se solicitó el
reconocimiento del tiempo doble para efecto de sus prestaciones sociales y el
reajuste de su asignación de retiro, por haber laborado entre el 26 de junio de
1975 y el 22 de junio de 1976, demanda que fue conocida por el Juzgado Noveno
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia
de 26 de marzo de 2010, negó las pretensiones, fallo que fue confirmado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D.
De igual manera, el accionante promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad del acto administrativo por
medio del cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le negó el reajuste con
la prima de actualización. Por lo que, en sentencia de 3 de septiembre de 2004,
dentro del proceso identificado con el número 02-7905 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, se accedió
al «Reajuste y Reliquidación de mi Asignación de Retiro, con la Inclusión de la
Prima de Actualización para los años 1993, 1994 y 1995».
Por lo que mediante Resolución No. 4310 del 27 de diciembre de 2004, la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares dio cumplimiento al fallo de 3 de septiembre
de 2004, cancelando al demandante lo allí ordenado.
A su vez, con relación al proceso identificado con el número de radicado 25000-
23-42-000-2012-00094-00/01, el accionante solicitó el reconocimiento del tiempo
doble para efecto de sus prestaciones sociales y el reajuste de su asignación de
retiro, por el periodo laborado entre el 15 de marzo de 1977 a 20 de junio de
1982, dentro del cual tuvo conocimiento en segunda instancia el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección B, el cual confirmó la decisión del a
quo en negar las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
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Asimismo, el accionante ha presentado varias acciones de tutela en contra del
Ministerio de Defensa4, CREMIL5, Presidencia de la República y la Rama
Judicial6, en las cuales pretende el cumplimiento de la sentencia del 3 de abril
de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante manifestó que se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso con las decisiones proferidas dentro del trámite constitucional 2023-
04363-00/01, esto, en virtud de que las sentencias que se han resuelto en
ocasión a sus solicitudes de amparo no pueden hacer tránsito a cosa juzgada
por haberse proferido bajo la figura de «prevaricato judicial» al ser «Producto de
una Sentencia, Torcida, mal Intencionada y Perversa Cuyo Objetivo es Propiciar
la Impunidad y la Injusticia – Mediante la violación del Debido Proceso», por lo
que «el suscrito Tiene Pleno derecho a seguir Demandando mis Irrenunciables
e Imprescriptibles derechos en materia Prestacional y pensional»
Señaló que los hechos que generan la vulneración de sus derechos son:
1) El odio producto se su delirante ante Ideología de la izquierda Judicial
– que en Procesos Ordinario y algunos de Tutela. Utilizaron sus Cargos en
la rama Judicial para ejercer ilegitima venganza contra toda la fuerza publica
por las Acciones de Ejercito y Policía contra las Bandas Criminales Naco
Farc-uP y M-19
2) La solidaridad de Cuerpo Judicial sus Subalternos-Compañeros –
Caso conreto del Magistrado GIRALDO LOPEZ con su Camarada NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZÓN
3) El Vergonzoso Acuerdo del Gobierno del No de las Narco Far-up
(juan Manuel santos ) y los sindicatos Judiciales
4) el Odio sin Motivo, como el del Magistrado JOSE ROBERTO
SACHICA MENDEZ y la Protectora del Narco ciego Santrich .MARIA
ADRIUANA MARIN, que no Pierden Oportunidad de Declarar temeridades
4 Identificados bajo los radicados: 25000-23-42-000-2016-03367-00/01, 11001-33-35-011-2018-
00242-00/01, 11001-33-35-014-2018-00390-00/01, 11001-33-36-033-2019-00149-00/01,
11001-33-34-001-2019-00110-00/01, 15238-33-33-001-2020-00041-00/01, 15001-33-33-003-
2020-00046-00/01 y 15238-33-33-001-2021-00073-00/01.
5 Identificados bajo los radicados: 11001-03-15-000-2022-02057-00 y 11001-03-15-000-2022-
05082-00.
6 Identificados bajo los radicados: 11001-03-15-000-2017-02963-00/01 y 25000-23-42-000-2017-
01845-00/01.
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que no Cumplen los requisitos señalados en la ley y sentencias S168 de
2017 para Imponerme Condenas.7
Por último, citó la sentencia T-218 de 2012 para señalar cuando la acción de
tutela procede excepcionalmente contra una sentencia de la misma
naturaleza. Sin embargo, no realizó un análisis de fondo respecto de las
providencias accionadas.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 7 de mayo de 2024, el magistrado ponente admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar la parte actora, así como a la Sección Tercera,
Subsección A y a la Sección Primera del Consejo de Estado. De igual manera,
dispuso vincular a los terceros vinculados en la acción de tutela identificada con
el radicado 11001-03-15-000-2023-04363-00/01 para que, si lo consideraban del
caso, intervinieran en el presente tramite constitucional.
1.6. Intervenciones
Surtidas las notificaciones correspondientes se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado – Sección Primera
El 9 de mayo de 2024, por conducto del magistrado ponente de la decisión
acusada se allegó informe a través del cual solicitó que se declare improcedente
la acción.
Al respecto, indicó que uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial que la Corte Constitucional ha
establecido es el relacionado con interponer acción de tutela contra un fallo de
la misma acción constitucional debido a que «los errores que incurren los jueces
de instancia y que afectan el derecho al debido proceso, pueden ser conocidos
y corregidos por la Corte Constitucional en sede de revisión».
Sin embargo, precisó que a pesar de que la jurisprudencia constitucional
contempla que la tutela contra un fallo de la misma naturaleza procede de
manera excepcional únicamente en los escenarios que se presenta la cosa
juzgada fraudulenta, la parte actora está controvirtiendo fallos de tutela y no
sustenta ni acredita que las decisiones adoptadas hayan sido producto de una
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situación de fraude, por el contrario, se limita a manifestar que en el caso se
presentó «la cosa juzgada fraudulenta […] producto de una sentencia torcida,
mal intencionada y perversa cuyo objetivo es propiciar la impunidad y la injusticia
– Mediante la violación del Debido Proceso […]», y a efectuar manifestaciones
irrespetuosas en contra de las autoridades judiciales que conocieron la tutela con
radicado 11001-03-15-000-2023-04363-00/01.
1.6.2. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Mediante contestación registrada el 9 de mayo de 2024 en el Sistema samai, el
magistrado ponente de la decisión acusada solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, en razón a que se está presentando una
acción de tutela contra una providencia proferida en el marco de otra acción de
la misma naturaleza, y el accionante no acreditó que sea el resultado de una
actuación fraudulenta.
Asimismo, el magistrado del alto tribunal comentó que los argumentos que
pretende censurar el fallo de tutela redundan sobre el asunto abordado en
aquella acción y «se pretende que el juez de tutela funja como una suerte de
superior funcional y se pronuncia sobre las discrepancias que el accionante
expone respecto a la sentencia de segunda instancia».
1.6.3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
El magistrado Israel Soler Pedroza rindió informe el 14 de mayo de 2024, en el
que expuso que el accionante ha impetrado otras acciones de tutela contra las
mismas providencias judiciales, por similares cargos y pretensiones de los cuales
se tiene en cuenta, los siguientes radicado de los tramites constitucionales:
• 11001-03-15-000-2019-03412-00/01
• 11001-03-15-000-2020-01611-00/01
• 11001-03-15-000-2022-01817-00/01
• 11001-03-15-000-2023-04363-00/01
Lo cual, del último trámite constitucional en mención, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado le impuso al señor Jorge Eliecer Cuervo
Cuervo a título de sanción por temeridad declarada, el pago de una multa
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, esto, en virtud del
ejercicio abusivo del aparato jurisdiccional, «lo cual está prohibido por el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991, conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional,
que en varios pronunciamiento ha reprochado la presentación de varias acciones
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constitucionales sobre la misma materia, al considerar que constituye una actitud
deshonesta que vulnera los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia
de la capacidad jurídica del Estado» por lo que se solicita que la misma se
declare improcedente.
1.6.4 Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
La magistrada Alba Lucía Becerra Avella, mediante informe de 10 de mayo de
2024, explicó que su despacho resolvió en segunda instancia la acción de tutela
con radicado No. 11001-33-35-021-2023-0220-01, cuyo demandante era el
señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo y la demandada Caja de Retiros de las
Fuerzas Militares – CREMIL.
Señaló que dentro del tramite constitucional que tuvo conocimiento «se
identificaron múltiples acciones constitucionales presentadas por el accionante
con el mismo propósito, que consistía en el cumplimiento de la sentencia del 03
de septiembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” a través del cual se ordenó el
reconocimiento y pago de la prima de actualización».
Por último, mencionó que en la parte resolutiva del fallo de segunda instancia
dentro del trámite constitucional 2023-0220-00/01 conminó al señor Jorge Eliecer
Cuervo Cuervo para que se abstuviera de interponer acciones constitucionales
con fundamento en similares objetos y causas, so pena de imponer sanción
judicial.
1.6.5. Caja de Retiro de la Fuerzas Militares – CREMIL
El 14 de mayo de 2024, a través de su apoderada judicial, la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares rindió informe en el que manifestó que se le reconoció al
señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo la asignación de retiro mediante Resolución
No. 1192 del 20 de septiembre de 1985, con fundamento en lo establecido en su
hoja de servicios, por lo que señaló que la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares
reconoció y liquidó la asignación de retiro conforme a lo dispuesto en el Decreto
Ley 089 de 1984 [norma vigente para la época de los hechos].
Argumentó que, con relación a la prima actualización, se encontró dentro del
expediente administrativo que, el actor promovió proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual solicitó la nulidad del acto administrativo,
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por medio del cual CREMIL le negó el reajuste de la asignación de retiro con la
prima de actualización.
Expuso que el mencionado proceso finalizó con sentencia dictada el 3 de
septiembre de 2004, donde se le ordenó a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares reconocer y pagarle al actor, la prima de actualización, la cual, mediante
Resolución No. 4310 del 27 de diciembre de 2004 dio cumplimiento a la orden
judicial cancelando al demandante lo allí ordenado.
Remarcó la pluralidad de acciones de tutela que el señor Cuervo Cuervo ha
interpuesto, de los cuales «no concurren los elementos necesarios para que se
configure un perjuicio irremediable que haga viable la presente acción de tutela,
por cuanto no indica que sus argumentos logren demostrar la probabilidad de
sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada».
De igual manera, recalcó que «en lo que va del 2024, se han notificado 4
acciones de tutela vale la pena precisa que, el mecanismo utilizado por el señor
CUERVO CUERVO para hacer las solicitudes antes esta Entidad, están
revestidas de improperios e insultos que transgreden la integridad de los
funcionarios que adelantan los trámites correspondientes» por los cual trajo a
colación los fallos de 2024 con los cuales se condena al accionante al pago de
multa por su actuar:
• 11001-33-34-002-2024-00141-00 – Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá.
• 11001-03-15-000-2023-04363-01 – Consejo de Estado – Sección
Primera.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo contra la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y la Sección Primera de la misma Corporación, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto procede el amparo del
derecho fundamental invocado por el tutelante, el cual consideró vulnerado con
ocasión de i) la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2023 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
identificada bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-04363-00, y ii) la sentencia
proferida el 8 de abril de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera de la
misma Corporación, que confirmó el precitado fallo de 23 de noviembre de 2023
y sancionó al accionante por temeridad.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio
de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial;
(ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia
y de encontrarse superados, y (iii) el análisis del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20128
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema9.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales10.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia”.
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 11, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que en
el presente caso la solicitud de amparo no cumple con uno de los requisitos de
procedibilidad adjetiva, esto es, el consistente en que «no se trate de una acción
de tutela contra tutela».
Lo anterior, en atención a que el señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo busca a
través de la presente acción constitucional que se examine el contenido y las
decisiones adoptadas en fallos de tutela dictados por la Sección Primera del
Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección Tercera de la misma
Corporación, como jueces de tutela, del 23 noviembre de 2023 y 8 de abril de
2024, respectivamente.
La inconformidad del accionante en las tutelas contra providencia judicial radica
en que las distintas autoridades judiciales no le han reconocido los reajustes y
emolumentos a los que considera tener derecho, por lo cual solicita que se
ordene a la Nación – Ministerio de Defensa y a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares el pago de las prestaciones sociales pedidas.
Los procesos ordianarios son los siguientes:
i) Rad. 11001-33-31-023-2007-00723-00/01 proferidas el 26 de marzo
de 2010 y el 17 de marzo de 2011, por el Juzgado Noveno
Administrativo de Descongestión de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
respectivamente.
ii) Rad. 25000-23-42-000-2012-00094-00/01 proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-02146-00
iii) Rad. 11001-33-31-027-2008-00109-00/01 proferidas por el Juzgado
Veintisiete Administrativo de Bogotá y la Subsección A, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
iv) Rad. 11001-33-31-013-2008-00188-00/01 proferidas el 30 de junio de
2010 y el 28 de enero de 2011, por el Juzgado Trece Administrativo de
Bogotá y la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
v) Rad. 11001-33-31-009-2011-00665-00/01 proferidas el 27 de febrero
de 2014 y el 22 de septiembre de 2015 por el Juzgado Dieciocho
Administrativo de Descongestión de Bogotá y la Subsección C en
Descongestión, Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Ahora, según la información suministrada dentro del presente trámite
constitucional, se puede establecer que el accionante ha acudido al juez de tutela
solicitando el amparo de su derecho fundamental al debido proceso con ocasión
de las decisiones proferidas en los procesos dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho mencionados anteriormente.
Dentro de las solicitudes de amparo en las cuales ha solicitado la protección del
derecho fundamental al debido proceso se tienen los siguientes radicados
11001-03-15-000-2011-00499-00, 11001-03-15-000-2015-00172-00, 11001-03-
15-03412-00/01, 11001-03-15-000-2020-01611-00/01, 11001-03-15-000-2022-
01817-00/01 y 11001-03-15-000-2023-04363-00/01, las cuales tienen los
mismos extremos procesales, se fundamentan bajo los mismos sustentos
fácticos y guardan similar pretensión.
Sobre el punto, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para
controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela, «por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del
cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas»12.
En este orden de ideas, recuerda la Sala que es inaceptable que las decisiones
del juez de tutela puedan discutirse a través de otra acción de la misma
naturaleza, pues con ello se afectarían los principios de seguridad y coherencia
del ordenamiento jurídico.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-02146-00
Lo anterior, teniendo en cuenta que los argumentos planteados por el actor en
su libelo no coinciden con alguno de los supuestos previstos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-627 de 201513, según la cual, la solicitud de
amparo constitucional es procedente de manera excepcionalísima cuando se
ataca una sentencia de tutela solo en los siguientes casos:
Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República
[diferente a la Corte Constitucional] la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la
cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
Sin embargo, la Sala concluye que no se cumplen los supuestos que permiten
avalar la procedencia de la acción de tutela contra un fallo de la misma
naturaleza, toda vez que no se evidencia una situación fraudulenta en la
adopción de las decisiones cuestionadas.
Igualmente, es claro que lo pretendido por el actor a través de la presente acción
de tutela guarda identidad con lo perseguido en las anteriores acciones de tutela
impetradas, ya que, si bien es cierto, solicita que se deje sin efectos las
decisiones adoptadas en la tutela 2023-04363-00/01, también lo es, que ello es
con el propósito que se le reconozcan los emolumentos a los que afirma tiene
derecho.
Al respecto, se observa que en los fallos atacados se concluyó que la acción de
tutela no superaba el requisito de inmediatez respecto a los reproches
formulados contra las decisiones adoptadas en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2008-00109-00/01, 2008-00188-
00/01 y 2011-00665-00/01 y a su vez, declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo por la existencia de cosa juzgada y temeridad14.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo.
14 La Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso que «Por lo expuesto
anteriormente, una vez constatada la triple identidad, así como el actuar temerario del señor
Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, se dispondrá: (i) la improcedencia de la solicitud de amparo frente
a las acusaciones formuladas contra las decisiones proferidas en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 2007-00723-00/01 y 2012-00094-00/01 ante
la existencia de cosa juzgada constitucional y; (ii) la imposición de una multa equivalente a un
(1) salario mínimo mensual legal vigente – a título de sanción -, por el ejercicio abusivo de la
acción de tutela.»
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Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-02146-00
Las anteriores conclusiones, lejos de constituir fraude, se fundamentan en el
análisis realizado por los jueces constitucionales, por lo que la simple
inconformidad con lo decidido en los fallos de 23 de noviembre de 2023 y 8 de
abril de 2024 no es suficiente para que la Sala realice un estudio de fondo sobre
las pretensiones del accionante.
Sin embargo, sea esta la oportunidad para nuevamente prevenir al accionante
respecto de su comportamiento reiterativo al acudir al juez de tutela, esto en
virtud de que no se puede interponer idénticas solicitudes de amparo hasta
conseguir la decisión judicial que se ajuste a sus intereses, so pena de las
sanciones pecuniarias a que haya lugar, en virtud de los establecido en la
sentencia T-001 de 2016.
Por lo tanto, en atención a que no se reúnen los requisitos establecidos por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, que permitan el estudio de
fondo del amparo deprecado, la Sala considera que se debe declarar la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
Jorge Eliecer Cuervo Cuervo, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-02146-00
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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