Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02146-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02146-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02146-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
18 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02146-01
Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02146-01
Demandante: JORGE ELIÉCER CUERVO CUERVO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – contra fallo de tutela.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia del 6 de junio de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta
que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Jorge Eliecer Cuervo Cuervo, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia. (…).»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de mayo de 2024, el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo en nombre propio
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Secciones Primera y Tercera
Subsección A, por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«(…) DECLARAR que las sentencias proferidas por las secciones Primera y
Tercera A, son constitutivas de cosa juzgada Fraudulenta en cuanto sus
actuaciones aviesas al derecho materializaron en las sentencias proferidas”
vulnerando de tal manera mi Derecho Fundamental al Debido Proceso.
(...)
Dejar sin efecto las Sentencias Proferidas en proceso de Tutela 11001-03-15-
000-2023-04353-00/01 por las Secciones Primera y Tercera A del Consejo de
Estafo y en concordancia Ordenar a la Sección Primera del Consejo de Estado
– Proferir una Sentencia en la que le Ordene tanto al Ministerio de Defensa
como a la Caja de Retiro de Fuerzas Militares el pago de las prestaciones
sociales Demandas en Tutela con Radicado 2023-04633 y debidamente
Actualizadas, a la Fecha efectiva de pago de las cuales y como se expresó en
el Juramento, están sustentadas en la Ley. (…).»
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Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
2. Hechos:
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo prestó sus servicios en las Fuerzas Militares,
sin embargo, consideró que la liquidación de sus prestaciones desconoció: (i) tiempos
dobles para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones sociales; (ii) las
partidas computables que debían tenerse en cuenta para el reconocimiento de
cesantías, (iii) así como la correcta asignación porcentual de la prima de actividad
como partida computable.
El señor Cuervo Cuervo una vez solicitó el reconocimiento y reliquidación de las
distintas prestaciones y estas fueron negadas por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares – CREMIL, procedió a presentar varias demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho y acción de tutela entre las que se destacan:
• 11001 33 31 023 2007 00723 00/01 de conocimiento del Juzgado Noveno
Administrativo en Descongestión de Bogotá y del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, proceso en el que
se profirieron las sentencias del 26 de marzo de 2010 y del 17 de marzo
de 2011, respectivamente.
• 25000 23 42 000 2012 00094 00/01 de conocimiento del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B proceso en el que
se profirieron las sentencias del 25 de julio de 2013 y el 9 de octubre de
2014, respectivamente.
• 11001 33 31 027 2008 00109 00/01 de conocimiento del Juzgado
Veintisiete Administrativo de Bogotá y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el que se profirieron
las sentencias del 5 de febrero de 2010 y el 23 de septiembre de 2010,
respectivamente.
• 11001 33 31 013 2008 00188 00/01 de conocimiento del Juzgado Trece
Administrativo de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, en el que se profirieron las sentencias
del 30 de junio de 2010 y el 28 de enero de 2011, respectivamente.
• 11001 33 31 009 2011 00665 00/01 de conocimiento del Juzgado
Dieciocho Administrativo en Descongestión de Bogotá y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en
Descongestión, en el que se profirieron las sentencias del 27 de febrero
de 2014 y el 22 de septiembre de 2015, respectivamente.
Contra las referidas decisiones, el actor presentó acción de tutela con el fin de obtener
la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados ante “las vías de hecho
judiciales” por las que fue “despojado de sus derechos en materia prestacional y
pensional”, pues a su juicio en ellas se incurrió en defecto sustantivo y procedimental
al darle aplicación a normas incorrectas.
El conocimiento de la solicitud de amparo en primera instancia correspondió al
Consejo de Estado, Sección Primera bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-
04363-00, que, en sentencia del 23 de noviembre de 2023 declaró improcedente la
solicitud de amparo por no acreditar el cumplimiento del requisito general de
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Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
inmediatez, dado que la acción de tutela fue radicada el 15 de agosto de 2023, es
decir, transcurridos más de seis meses desde que se profirieron las providencias
cuestionadas.
El señor Cuervo Cuervo impugnó la referida decisión y el Consejo de Estado,
Sección Tercera Subsección A, en sentencia del 8 de abril de 2024, confirmó la
decisión por no cumplir el requisito de inmediatez, pero únicamente respecto a los
reproches formulados contra las decisiones adoptadas en los procesos con radicado
número 2008-00109-00/01, 2008-00188-00/01 y 2011-00665-00/01. En lo demás,
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, pero, por la existencia de la cosa
juzgada y la temeridad.
Además, en las mencionadas providencias se impuso al señor Jorge Eliécer cuervo
Cuervo a título de sanción por la temeridad, el pago de multa equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, por el uso desmedido e injustificado de la acción
de tutela al evidenciar que el tutelante ya había acudido más de cinco (5) veces al juez
de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, con ocasión de las decisiones adoptadas en los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-
31-023- 2007-00723-00/01 y 25000-23-42-000-2012-00094-00/01.
3. Argumentos de la tutela
El demandante cuestionó las sentencias del 23 de noviembre de 2023 y del 8 de abril
de 2024, emitidas por el Consejo de Estado, Sección Primera y el Consejo de Estado,
Sección Tercera Subsección A, respectivamente, dentro del proceso de tutela con
radicación núm. 11001-03-15-000-2023-04363-00 /01.
Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en cosa juzgada
fraudulenta porque los fallos proferidos en las distintas solicitudes de amparo que ha
presentado no pueden hacer tránsito a cosa juzgada por haberse proferido bajo la
figura de “prevaricato judicial” (sic) al ser “producto de una sentencia, torcida, mal
intencionada y perversa cuyo objetivo es propiciar la impunidad y la injusticia – mediante la
violación del debido proceso”, por lo que “el suscrito tiene pleno derecho a seguir
demandando mis irrenunciables e imprescriptibles derechos en materia prestacional y
pensional” (sic).
A su juicio, los hechos que generan la vulneración de los derechos invocados son:
«1) El Odio producto de su delirante ideología de la izquierda Judicial que en
Procesos Ordinarios y algunos de Tutela. utilizaron sus Cargos en la rama Judicial
para ejercer ilegitima venganza contra toda la fuerza pública por las Acciones de
Ejecito y Policía contra las Banda Criminales Narco Farc-uP y M-19.
2) La solidaridad de Cuerpo Judicial sus Subalternos-Compañeros – Caso
Concreto el Del Magistrado GIRALDO LOPEZ con su Camarada NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZON 3) El Vergonzoso Acuerdo del Gobierno del No de
las Narco Far-up (juan Manuel santos) y los sindicatos Judiciales.
4) el Odio sin Motivo, como el del Magistrado JOSE ROBERTO SACHICA
MENDEZ y la Protectora del Narco ciego Santrich MARIA ADRIANA MARIN, que
no Pierden Oportunidad de Declarar temeridades que no Cumplen los requisitos
señalados en la ley y sentencia S-168 de 2017 para Imponerme Condenas».
(sic a toda la cita)
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Afirmó que, de conformidad con la sentencia T-218 de 2012 la tutela procede
excepcionalmente contra una sentencia de tutela, cuando se satisfacen los siguientes
requisitos: a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno
de cosa juzgada. b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que
atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit). c) No
existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un carácter
residual.
4. Trámite previo
La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Quinta en
providencia del 7 de mayo de 2024, ordenó notificar a las partes, a los Juzgados Trece,
Veintitrés, Veintisiete y Cuarenta y Ocho Administrativos de Bogotá, a las
Subsecciones A, C y D, a la Presidencia de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, como terceros con interés en la presente acción de tutela.
5. Oposición
La Sección Primera del Consejo de Estado, por intermedio del magistrado ponente
de la decisión objeto de debate, solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela de la referencia por incumplimiento de los requisitos de procedencia de tutela
contra tutela en la medida en que la jurisprudencia constitucional contempla que la
tutela contra un fallo de la misma naturaleza procede únicamente y de manera
excepcional en los escenarios que se presenta la cosa juzgada fraudulenta y, en el
caso objeto de estudio, el demandante está controvirtiendo fallos de tutela y no
sustenta ni acredita que las decisiones adoptadas hayan sido producto de una
situación de fraude, por el contrario, se limita a manifestar que en el caso se presentó
“la cosa juzgada fraudulenta (…) producto de una sentencia torcida, mal intencionada y perversa
cuyo objetivo es propiciar la impunidad y la injusticia – Mediante la violación del Debido Proceso
(…)”, y a efectuar manifestaciones irrespetuosas en contra de las autoridades judiciales
que conocieron la tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-04363-00/01.
La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que se presentó contra una
providencia proferida en el marco de otra acción de la misma naturaleza y el accionante
no acreditó que sea el resultado de una actuación fraudulenta.
De igual forma, indicó que los argumentos con los que se pretende censurar el fallo de
tutela, redundan sobre el asunto abordado en aquella acción, además, señaló que no
argumentó ni acreditó la configuración de una causal específica de procedibilidad
contra la providencia razón por la que se evidencia que lo pretendido por el actor es
que «el juez de tutela funja como una suerte de superior funcional y se pronuncie sobre las
discrepancias que el accionante expone respecto a la sentencia de segunda instancia».
6. Intervención de los terceros con interés
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
por intermedio de la magistrada Alba Lucía Becerra, informó que resolvió en segunda
instancia la acción de tutela con radicado núm. 11001-33-35-021-2023-0220-01, cuyo
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demandante era el señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo y la demandada Caja de Retiros
de las Fuerzas Militares – CREMIL.
Explicó que dentro del mencionado trámite constitucional se identificaron múltiples
acciones constitucionales presentadas por el actor con el mismo propósito, que,
consistía en el cumplimiento de la sentencia del 3 de septiembre de 2004, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
la que se ordenó el reconocimiento y pago de la prima de actualización.
Por último, mencionó que en la parte resolutiva del referido fallo se conminó al señor
Jorge Eliecer Cuervo Cuervo para que se abstuviera de interponer acciones
constitucionales con fundamento en similares objetos y causas, so pena de imponer
sanción judicial.
Por su parte, el magistrado Israel Soler Pedroza del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D expuso que el actor ha impetrado
otras acciones de tutela contra las mismas providencias judiciales con argumentos y
pretensiones similares, al efecto, relacionó los siguientes expedientes:
• 11001-03-15-000-2019-03412-00/01
• 11001-03-15-000-2020-01611-00/01
• 11001-03-15-000-2022-01817-00/01
• 11001-03-15-000-2023-04363-00/01
Incluso destacó que, en el último trámite constitucional la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado le impuso sanción por temeridad y ejercicio abusivo del
aparato jurisdiccional al señor Cuervo Cuervo con multa equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.
Por lo expuesto solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia
porque es claro que el actor nuevamente acude a la acción de tutela con la misma
finalidad que las anteriores.
Los Juzgados Trece, Veintitrés, Veintisiete y Cuarenta y Ocho Administrativos de
Bogotá, la Presidencia de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y las Subsecciones A y C y no se pronunciaron sobre los hechos
objeto de la presente solicitud de amparo.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 6 de junio de 2024, declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplen los supuestos que
permiten avalar la procedencia de la acción de tutela contra un fallo de la misma
naturaleza, toda vez que no se evidenció una situación fraudulenta en la adopción de
las decisiones cuestionadas.
De igual forma, señaló que lo pretendido por el actor guarda identidad con lo
perseguido en las anteriores solicitudes de amparo impetradas, ya que, si bien es
cierto, solicitó que se deje sin efectos las decisiones adoptadas en la tutela 2023-
04363-00/01, también lo es, que su finalidad es el reconocimiento de los emolumentos
a los que afirma tiene derecho.
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8. Impugnación
El demandante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual, reiteró los
argumentos del escrito inicial y señaló que el juez de tutela de primera instancia no
tuvo en cuenta que en las providencias objeto de debate constituyen cosa juzgada
fraudulenta.
Afirmó que el juez de tutela de primera instancia desconoció totalmente lo señalado en
las sentencias SU-627 de 2015, T -286 de 2018 y T -322 de 2019, en relación con la
procedencia de tutela contra sentencias de la misma naturaleza.
Explicó que lo procedente era haberse pronunciado sobre las providencias dictadas
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en
ellas se incurrió en defecto sustantivo por desconocer sus derechos prestacionales y
pensionales al aplicar el Decreto 609 de 1977 –cuyos destinatarios eran los hoy
extintos agentes de policía y no el personal de las Fuerzas Militares- y en razón a que
no se declaró el defecto sustantivo, alegado por él, por aplicación de la norma errónea,
considera que se incurre en prevaricato.
Finalmente, indicó que: “en proceso11001-03-15 -000 -2023- 04336-00 - Se demando la
totalidad de las partidas Computables y sueldos Básicos de ACUERDO A LO DISPUESTO EN
ARTICULO 13 DE LA LEY 4a DE 1992 – PERO NO LOS INTERESES MORATORIOS
Ordenados en sentencia 02-70905 que es la que produce el documento Contentivo de
Prevaricato y Falsedad Resolución 4310 de 2004 la Incursa en FRAUDE PROCESAL -
PATRICIA SOREY ORTIZ NIEVESS” (sic a toda la cita.)
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela y actuaciones del
proceso de tutela.
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional1, la acción de
tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran dentro
de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe superarse.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcionalísima, casos
en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
1 La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se
reiteró, entre otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-
502 y T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-
237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701
de 2011; T-208 de 2013.
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encaminadas a la protección al debido proceso2.
En sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional unificó la jurisprudencial
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra
actuaciones de los jueces de tutela anterior o posterior a la sentencia.
Esto es, fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
dictadas en el trámite de la acción de tutela, según tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una decisión anterior al fallo y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión
posterior3.
Asimismo, estableció que, por regla general, la acción de tutela no procede contra
sentencias de tutela. No obstante, cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal
diferente a esta Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude [Fraus omnia corrumpit] y, (v) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación. Tal como se lee de
la motivación de la referida providencia:
«4.5.3. Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse actuaciones. Una
de las hipótesis posibles, como ya se vio es la de que el juez niegue la impugnación del fallo de
tutela, que acaece después del fallo de primera instancia, pero antes de que pueda darse el de
segunda.
(…)
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de
tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de
él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En
este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse
ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto,
se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a
la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
2 Sentencia T – 162 de 1997.
3 Reiterada en sentencia T-322 de 2019.
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4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez
de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la
demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela,
la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero
si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el
trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.»
(Negrita y subraya fuera del texto)
Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia T-286 de 2018, reiteró la
sentencia de unificación 627 de 2015, en particular, se refirió un caso en que la
vulneración alegada se predicó en un trámite posterior al fallo de tutela4, en el que
recordó que «4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero
si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el
trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional».
Por su parte, en sentencia T-322 de 20195, desplegó el estudio de la procedencia de
la acción de tutela contra otra acción de tutela frente a una decisión anterior al fallo, en
la que se precisó que para que se estructure la cosa juzgada fraudulenta también es
necesario, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, que: (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre
de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude [Fraus omnia corrumpit] y, (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
En esa decisión, la Corte resaltó que «la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar
una línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la revocatoria de una sentencia de
tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela
incumplió un deber básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se
anudan a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente
negligente y (ii) que la sentencia cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una afectación grave del patrimonio
público.».
Por lo anterior, señaló que no serían de recibo «razones o interpretaciones que obedezcan
al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene
fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional».
Por otro lado, en sentencia T-023 de 2023, la Corte Constitucional preciso que para
estudiar las acciones de tutela en contra de sentencias de tutela en las que se alega
la existencia de cosa juzgada fraudulenta, para que el amparo proceda en estos casos,
debe acreditarse el cumplimiento de dos tipos de requisitos: (i) los requisitos
4 En ese caso, el allí accionante censuró el auto por medio del cual la autoridad accionada negó la impugnación,
esto es, la actuación posterior al fallo de tutela, análisis el cual, la sala procedió a verificar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
5 M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales6 y, (ii)
los requisitos específicos de procedencia excepcional en los casos de fraude.
En punto a los requisitos generales, estableció que se deben satisfacer los requisitos
de:
a) relevancia constitucional, cuyo propósito de es preservar la competencia y “la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional”;
b) inmediatez, que, exige que la acción de tutela sea presentada en un “término razonable” respecto
de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales;
c) identificación razonable de los hechos, que, tiene como propósito que el actor evidencie con
suficiencia y claridad los fundamentos de la transgresión de los derechos fundamentales;
d) tener efecto decisivo de la irregularidad procesal, porque, los yerros alegados deben tener una
“magnitud” significativa, afectar los derechos fundamentales del accionante y haber incidido
efectivamente en la providencia que se cuestiona;
e) subsidiariedad, implica que la tutela solo procede si los recursos y mecanismos “propios existentes
en sede del proceso de tutela” fueron agotados y, sin embargo, no permitieron corregir los yerros, en
estos eventos, existen principalmente dos mecanismos para controlar las sentencias de tutela: los
recursos e incidentes propios del proceso de tutela y el trámite de selección y eventual revisión a cargo
de la Corte Constitucional.
(Se destaca).
Específicamente, sobre el requisito general de subsidiariedad la Corporación explicó
que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en principio son improcedentes
las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de que el trámite de
selección y eventual revisión se haya surtido. Esta regla de improcedencia, sin
embargo, no es absoluta. En casos excepcionales, la acción de tutela contra
decisiones de tutela puede ser procedente si, a pesar de que la parte accionante no
participó en el trámite de selección o este no se ha surtido, las pruebas practicadas en
sede de revisión evidencian prima facie la existencia de una situación de fraude que
se habría materializado en los fallos de tutela de instancia.
(Se destaca).
Los requisitos específicos de procedencia excepcional en los casos de fraude
fueron enlistados, en los siguientes términos:
«La acción de tutela procede excepcionalmente contra decisiones de tutela cuando exista fraude,
siempre que se cumplan tres requisitos:
(i) La acción de tutela presentada no debe compartir identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada.
(ii) Deben existir pruebas o indicios que demuestran de manera “clara y suficiente” que la decisión
de tutela fue producto de una situación de fraude.
(iii) El accionante no cuenta con otro mecanismo legal para revertir la situación de fraude.
La acreditación de estos requisitos es una condición necesaria para emitir una orden de amparo
y declarar la existencia de cosa juzgada fraudulenta. Por esta razón, si estos requisitos no se
constatan, el amparo debe ser negado».
La cosa juzgada fraudulenta como causal especial de procedencia de la tutela
contra sentencias de tutela, fue desarrollada por la Corporación, a partir de los
siguientes parámetros:
«(…)77. La cosa juzgada constitucional es una institución jurídico procesal mediante la cual se
otorga a las decisiones judiciales el carácter de “inmutables, vinculantes y definitivas”. El principal
efecto de la cosa juzgada constitucional es la imposibilidad de que un juez de tutela pueda reabrir
6 Al respecto, precisó “La acreditación de estos requisitos es una condición para adelantar el estudio de
fondo. Por lo tanto, su incumplimiento conduce a la improcedencia de la acción de tutela.”.
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y volver a conocer de fondo sobre una controversia que ya fue resuelta en un fallo de tutela anterior.
Los fallos de tutela hacen tránsito a cosa juzgada una vez la Corte Constitucional decide no
seleccionarlos, o en caso de que sean seleccionados, después de proferido el fallo de revisión. De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el respeto de los efectos de cosa juzgada de los fallos
de tutela tiene como finalidad proteger el principio de seguridad jurídica, la coherencia del sistema
jurídico, así como garantizar la protección célere, urgente y definitiva de los derechos
fundamentales.
78. El respeto de la cosa juzgada constitucional implica que, por regla general, la acción de tutela
no procede contra sentencias de tutela. Esta regla, sin embargo, no es absoluta. De acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, la tutela contra sentencias de tutela de instancia que no fueron
seleccionadas y cobraron ejecutoria es procedente cuando “se configura el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta” lo que ocurre cuando se constata que las decisiones cuestionadas son
producto de una situación de fraude. Lo anterior, debido a que la salvaguarda de los principios de
seguridad jurídica, celeridad del trámite de tutela y cosa juzgada, no justifican la consolidación de
una “situación injusta contraria al derecho”. En virtud del principio fraus omnia corrumpit -el fraude
lo corrompe todo-, estos principios deben ceder en aquellos eventos en los que sea necesario
revertir o detener situaciones ilícitas.
(…)
80. El fraude en las actuaciones procesales se presenta en aquellos eventos en los que las partes
o el juez usan el “proceso con fines ilegales o dolosos” y con ello afectan los derechos de terceros
y atentan “contra el bien social de la administración de justicia”. La Corte Constitucional ha
precisado que “el fraude puede ser cometido, por una parte, por ambas o por el juez que conoce el
asunto”. Así mismo, ha indicado, que el fraude puede presentarse durante el proceso de tutela o
puede materializarse directamente en las sentencias de instancia. Existe fraude en los fallos de
tutela cuando (i) estos se profieren “con fines ilegales ligados a una intención dolosa”; (ii) la
providencia es resultado “de un negocio fraudulento [efectuado] a través de medios procesales,
que implican un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad” o (iii) el juez de tutela adopta una
decisión “derivada de una interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados
constitucionales y a la buena fe judicial”. En estos casos, el fallo de tutela debe ser revertido en el
entendido de que la Constitución no permite la consolidación de situaciones “espurias” o “dolosas”,
bajo el argumento de “la obediencia ciega a las situaciones juzgadas”.
81. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el estándar de prueba requerido para demostrar
una situación de fraude es particularmente exigente. El interesado en revertir fallos de tutela tiene
el deber de aportar medios de pruebas que demuestren con un alto grado de certeza, es decir, de
manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y “coherente ” que las decisiones cuestionadas son fraudulentas.
El fraude puede probarse por medio de prueba directa o prueba indiciaria. La prueba directa es
aquella en la cual “el hecho que se quiere probar surge directa y espontáneamente, sin mediación
alguna ni necesidad de raciocinio, del medio o fuente de prueba”. Así, es prueba directa del fraude
en los fallos de tutela la existencia de sentencia penal o sanción disciplinaria ejecutoriada contra el
funcionario judicial que profirió la decisión objeto de controversia o en contra de las personas
involucradas en el fraude.
(…)».
Cuestión previa
La Sala destaca que, si bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D expuso que el actor incurrió en actuación temeraria porque
ha impetrado otras acciones de tutela con argumentos y pretensiones similares. Entre
ellas mencionó las identificadas con radicado: 11001-03-15-000-2019-03412-00/01;
11001-03-15-000-2020-01611-00/01;11001-03-15-000-2022-01817-00/01;11001-03-
15-000-2023-04363-00/01.
Pese a lo anterior, la Sala advierte que la finalidad del actor en el presente caso es
dejar sin efecto las providencias proferidas en el último de los procesos relacionados
por el mencionado tribunal, esto es, la solicitud de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2023-04363-00/01, en la que cuestionó esas otras actuaciones judiciales, es decir
que, si bien, el actor ha acudido a tutela en reiteradas oportunidades, en el presente
caso no se observa que se tenga identidad en los hechos y pretensiones.
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De manera que, no es posible declarar la actuación temeraria, por lo que, procederá a
formular el problema jurídico del caso objeto de estudio.
Problema jurídico
Lo primero que conviene decir es que, en el presente caso, la acción de tutela de la
referencia se ejerce contra un fallo de igual naturaleza, respecto del que se invoca una
situación de fraude [fraus omnia corrumpit].
De la lectura de los fundamentos de la acción de tutela, es posible evidenciar que la
actuación frente a la cual el señor Cuervo Cuervo alega la vulneración de sus derechos
fundamentales es la sentencia de tutela que puso fin a la solicitud de amparo con
radicado número 11001-03-15-000-2023-04363-00/01. Al efecto, alega que existió
fraude, derivado del error de las providencias dictadas en el marco del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual hace consistir en la existencia del
defecto sustantivo por desconocer sus derechos prestacionales y pensionales al
aplicar el Decreto 609 de 1977 y con ello, a su juicio, las Secciones Primera y Tercera
del Consejo de Estado incurrieron en “prevaricato”.
En ese sentido, de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial expuesto en líneas
anteriores para la procedencia del mecanismo contra acciones de la misma naturaleza,
a la Sala le corresponde establecer si la solicitud de amparo satisface los requisitos
generales, en este caso, en particular el de subsidiariedad. En caso afirmativo, se
entrará a analizar si en la sentencia de tutela, proferida el 8 de abril de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A se configuraron los requisitos
específicos de procedencia excepcional en los casos de fraude.
Caso concreto
Como se anticipó, en sentencia T-023 de 2023, la Corte Constitucional precisó que, en
principio, son improcedentes las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela
antes de que el trámite de selección y eventual revisión se haya surtido. Sin embargo,
esta regla de improcedencia no es absoluta, porque en casos excepcionales, la acción
de tutela contra decisiones de tutela puede ser procedente si, a pesar de que la parte
accionante no participó en el trámite de selección o este no se ha surtido, las pruebas
practicadas en sede de revisión evidencian prima facie la existencia de una situación
de fraude que se habría materializado en los fallos de tutela de instancia.
De la falta de cumplimiento de los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales
En el presente caso, la Sala encuentra que en el asunto objeto de estudio no se cumple
el requisito general de subsidiariedad, porque, a la fecha, no se ha surtido el trámite
de selección y eventual revisión ante la Corte Constitucional de la acción de tutela con
radicado núm. 2023- 2023-04363-00/01, interpuesta por el señor Jorge Cuervo Cuervo
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros. Tal como se
evidencia en la siguiente captura de pantalla, tomada de la página web de la Corte
Constitucional:
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De manera que, la sentencia de tutela cuestionada no ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional, debido a que actualmente se está surtiendo el referido trámite.
La jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la acción
de tutela en los casos que no han hecho tránsito a cosa juzgada, porque no se ha
surtido la eventual revisión, solo en aquellos eventos en que las pruebas practicadas
en sede de revisión evidencian prima facie la existencia de una situación de fraude que
se habría materializado en los fallos de tutela de instancia.
Circunstancia que en el presente caso no se acreditó de modo alguno, pues el actor,
únicamente, se limitó a decir que las autoridades judiciales demandadas incurrieron
en prevaricato, porque, a su juicio, son “producto de una sentencia, torcida, mal intencionada
y perversa cuyo objetivo es propiciar la impunidad y la injusticia – mediante la violación del debido
proceso (…) el suscrito tiene pleno derecho a seguir demandando mis irrenunciables e
imprescriptibles derechos en materia prestacional y pensional”, sin demostrar su dicho ni
desarrollar las razones en que basa dichas afirmaciones.
Máxime si se tiene en cuenta que, la decisión dictada en el marco de la acción de tutela
cuestionada no abordó el estudio de fondo de lo expuesto por el demandante porque
declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general
de inmediatez. Luego, no es posible evidenciar prima facie de qué manera exista una
situación de fraude.
Lo anterior, porque el actor más allá de expresar que existe un fraude reitera su
inconformidad frente a lo expuesto por el juez constitucional, en el sentido de reiterar
que había lugar a estudiar el caso y no declarar la inmediatez, porque en el proceso
ordinario, que en principio cuestionó, se incurrió en defecto sustantivo por dar
aplicación a normas que no había lugar a aplicar y, por ello, a su juicio, se incurrió en
un “prevaricato” al no entrar a estudiar que existió un error que desconoce sus
derechos prestacionales y pensionales, sin que ese alegato pueda ser enmarcado en
una situación de fraude.
Finalmente, resultan reprochables los términos a que se refiere el actor contra las
autoridades demandadas y, por lo tanto, en los términos del numeral 4º del artículo 78
de la Ley 1564 de 2012, se prevendrá al señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, para que,
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en lo sucesivo, guarde el debido respeto a los jueces que conducen los procesos en
que le asiste interés.
Por lo expuesto, se concluye que en el caso analizado no se reúnen las condiciones
de procedibilidad de la tutela contra el fallo dictado en otro trámite de solicitud de
amparo, porque la situación debatida no cumple con el requisito de subsidiariedad,
regla de procedencia dispuesta por la Corte Constitucional y, en esa medida, se
confirmará la sentencia de primera instancia, del 6 de junio de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, objeto de impugnación de conformidad a lo
expuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia del 6 de junio de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta de conformidad a lo expuesto.
2. Prevenir al señor Eliécer Cuervo Cuervo, para que, en lo sucesivo, guarde el debido
respeto a los jueces que conducen los procesos en que le asiste interés pues resultan
reprochables los términos a que se refiere contra las autoridades demandadas.
3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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