Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02149-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02149-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02149-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02149-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
25 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: DUBERNEY RAYO RAMOS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: Tutela contra sentencia dictada en un proceso de reparación directa
relacionado con privación injusta de la libertad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Duberney Rayo Ramos y otros contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 2 de mayo de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Duberney
Rayo Ramos, Katerine y Jheimin Cano Guerra, Rober Antonio Muñetón Gaviria, Sebastián
Padilla Solera, Saira María Marimón Madera, Diomedes Antonio Vélez Vergara, Juan Manuel
Cossio Velásquez, Diana Mercedes Manco Borja, Gloria del Carmen López, Elba Isabel
Fuentes Argumedo, Gilberto García Rincón y Carlos Alberto Metaute Noreña pidieron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y reparación integral.
A juicio de la parte actora, la vulneración de los derechos fundamentales se presenta con
ocasión de la sentencia de 2 de noviembre de 2023, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, revocó la de 2 de septiembre de
2022, con la que el Juzgado Primero Administrativo de Turbo accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de reparación directa 05837-33-33-001-2019-00117-00/01
para, en su lugar, denegar las pretensiones.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
3.1. DECLÁRESE que, la decisión judicial de segunda instancia de fecha 2 de noviembre de 2023
emitida por la sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia integrada por los
Magistrados Rafael Darío Restrepo Quijano, Martha Nury Velásquez Bedoya y Gonzalo Zambrano
Velandia en el proceso con radicado No. 05837 33 33 001 2019 00117 01 y los adheridos a este, que
revocó la sentencia de primera instancia, dentro del medio de control de reparación directa, incurre en
vía de hecho por defectos a los que haremos alusión, vulnerando con ello, los derechos fundamentales
de los acá tutelantes, al acceso efectivo a la administración de justicia y la reparación integral.
3.2. DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por la Sala Sexta de
Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación directa radicado 05
837 33 33 001 2019 00117 01 y los que se adhirieron a este promovido por los acá Accionantes en
contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial -Consejo Superior de la Judicatura-; y
ORDENAR, a la Sala, que dentro del término estipulado por el Despacho, contados a partir de la
1 Índice 1 de Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta los criterios
establecidos en la parte motiva de la providencia que ampare los derechos acá deprecados.
3. Hechos
La Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 6 de abril de 2017 los demandantes fueron capturados por efectivos del Gaula de la
Policía Nacional en el municipio de Chigorodó (Antioquia), en el marco de la investigación
adelantada por la Fiscalía General de la Nación «05001-60-000-00-2017-00895», por
presuntamente integrar la banda criminal denominada Clan del Golfo, por lo que ese
mismo día se legalizaron sus capturas, el ente investigador les imputó los delitos de
concierto para delinquir agravado y el «Juzgado de Control de Garantías» les impuso
medidas de aseguramiento de detención preventiva, al estimar que había elementos
materiales probatorios que daban cuenta de que los actores podían pertenecer la
mencionada organización delictiva.
Dentro de los elementos materiales probatorios se encontraban los testimonios de Carl
Enrique Medrano Zea, Libardo de Jesús Vargas Taborda, José Méndez y una señora
denominada «B» y el reconocimiento fotográfico que ellos hicieron, quienes coincidieron
en afirmar que los actores integraban la aludida organización criminal.
Agotado el proceso penal, el 19 de septiembre de 2018 el Juzgado Segundo Penal
Especializado de Antioquia absolvió a las aprehendidos, a petición del fiscal del caso, de
la defensa y de la Procuraduría General de la Nación, en virtud del principio in dubio pro
reo, dado que las pruebas practicadas no acreditaban que pertenecieran a bandas
criminales, lo que impedía atribuirles el delito de concierto para delinquir. Además, el
aludido despacho judicial ordenó investigar penal y disciplinariamente a los fiscales que
adelantaron las pesquisas que terminaron con la captura de los accionantes.
El 26 de febrero de 2019 los tutelantes, junto con sus familiares, promovieron demanda
de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación (a la que se le asignó el número
de radicación 05837-33-33-001-2019-00117-00/01), con el propósito de que se les
declarara responsables por los perjuicios que les produjo su privación injusta de la
libertad y se ordenara indemnizarlos.
El asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Juzgado Primero
Administrativo de Turbo, que el 6 de marzo de 2019 lo admitió y 17 de julio de ese año
acumuló a ese expediente las demandas presentadas por Katherine Caro Guerra y otros
(expediente 05837-33-33-001-2019-000142-00), Rober Antonio Muñeton Gaviria y otros
(expediente 05837-33-33-001-2019-00232-00), Sebastián Padilla Solera y otros
(expediente 05837-33-33-002-2018-00551-00), Saira María Marimón Madera y otros
(expediente 05837-33-33-002-2018-00552-00), Jheimin Caro Guerra y otros (expediente
05837-33-33-002-2019-00094-00), Diomedes Antonio Vélez Vergara y otros (expediente
05837-33-33-002-2019-00099-00), Diana Mercedes Manco Borja y otros (expediente
05837-33-33-002-2019-00168-00), Gloria del Carmen López (expediente 05837-33-33-
002-2019-00212-00) y Juan Manuel Cossio Velásquez (expediente 05837-33-33-002-
2019-00100-00), comoquiera que se cumplían las exigencias del artículo 148 del Código
General del Proceso (CGP).
El 23 de octubre de 2019 el Juzgado de conocimiento acumuló al proceso 05837-33-33-
001-2019-00117-00/01 los promovidos por Elba Isabel Fuentes Argumento y otros
(expediente 05837-33-33-001-2019-00369-00), Gilberto García Rincón y otros
(expediente 05837-33-33-001-2019-00373-00) y Carlos Alberto Metaute Noreña y otros
(expediente 05837-33-33-002-2019-00470-00). Asimismo, el 10 de febrero de 2021
declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la Policía Nacional, ya que los
uniformados que capturaron a los accionantes los dejaron a disposición de la Fiscalía
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
General de la Nación, y fue esta, junto con la Rama Judicial, los que los privó de la
libertad.
El 8 de junio de 2021 el Juzgado Primero Administrativo de Turbo celebró la audiencia
inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, en la que decretó como pruebas el
expediente de los procesos penales adelantados en contra de los demandantes y los
testimonios que daban cuenta de los padecimientos que sufrieron como consecuencia
del apresamiento.
Mediante sentencia de 2 de septiembre de 2022 el Juzgado de conocimiento (i) declaró
responsables a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por la
privación de la libertad de los accionantes y las condenó a pagar los correspondientes
perjuicios en partes iguales, al considerar que las pruebas practicadas dilucidaban que
fueron absueltos el 19 de septiembre de 2018 por el Juzgado Segundo Penal
Especializado de Antioquia y «resultaba indiferente si el obrar de [las allí demandadas] estuvo
o no ajustado a derecho […] pues los demandantes no se encontraban en el deber jurídico de
soportar el daño irrogado», máxime cuando las medidas de aseguramiento «carec[ían] de
sustento probatorio».
Que las autoridades judiciales que influyeron en la aprehensión de los accionantes no
surtieron un trabajo de campo orientado a corroborar las afirmaciones de los informantes,
lo que denotaba que las privaciones de la libertad fueron injustas, de ahí que
comprometieran la responsabilidad extracontractual del Estado. No obstante, el a quo
negó el reconocimiento de los perjuicios morales a los familiares de las víctimas directas
sobre los cuales no operaba su presunción2, conforme a la jurisprudencia del Consejo
de Estado3, porque no se demostraron. Por último, desestimó el otorgamiento de los
daños a la vida de relación o salud, por cuanto no se acreditaron.
Contra la anterior decisión las partes interpusieron recursos de apelación: (i) la Rama
Judicial, al estimar que las medidas de aseguramiento impuestas a los tutelantes
cumplieron las exigencias legales, pues existían pruebas de las cuales era dable inferir
que integraban la banda delincuencial el Clan del Golfo, motivo por el que sus
aprehensiones no fueron desproporcionadas o arbitrarias, presupuesto indispensable
para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado; (ii) la Fiscalía General de
la Nación, puesto que el a quo no tuvo en cuenta que el ordenamiento jurídico no
condiciona la imposición de una medida de aseguramiento a la acreditación inequívoca
de la comisión de delitos, ya que ello debe dilucidarse en el juicio oral, sino a la prueba
de la posible comisión de delitos, exigencia que a su juicio, había sido satisfecha al
momento de imponer la medida preventiva a los accionantes, por lo que ellas no
comprometieron su responsabilidad patrimonial; y (iii) los demandantes, dado que debían
otorgárseles los daños morales a todos los demandantes en ese proceso.
Por sentencia de 2 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión, revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, denegar
las pretensiones de la demanda. Explicó que el régimen de responsabilidad aplicable era
el subjetivo y no el objetivo (como lo indicó el juez de primera instancia), por ende, la
absolución de los demandantes no compromete de manera automática la
responsabilidad extracontractual del Estado, la cual no se configuró porque las medidas
de aseguramiento se ajustaron a las exigencias legales.
Que la Corte Constitucional en sentencia SU-072 de 2018 señaló que en procesos de
reparación directa relacionados con privaciones de la libertad no existe un único régimen
de responsabilidad aplicable, ya que es el juez el que debe determinar cuál opera en el
caso concreto, para lo que debe determinar si la aprehensión fue legal, razonable y
2 Víctima directa, cónyuge o compañero permanente y parientes en primer grado de consanguinidad.
3 Sección tercera, sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021, M. P. Martín Bermúdez Muñoz, expediente
18001-23-31-000-2005-00178-01.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
proporcionada como, dijo, aconteció con los tutelantes, pues al momento en que se
dictaron las medidas de aseguramiento había elementos de los que era posible inferir
que integraban la banda delincuencial denominada el Clan del Golfo, como los
reconocimientos fotográficos y los testimonios de los señores Carl Enrique Medrano Zea
y Libardo de Jesús Vargas Taborda y José Méndez, y podían interferir en el normal
desarrollo de las diligencias en razón a su «poder económico».
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, los actores expusieron las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.
En cuanto al fondo del asunto, los accionantes alegaron que la sentencia cuestionada
incurrió en:
Defecto fáctico, dado que concluyó que no se comprometió la responsabilidad
extracontractual del Estado en los hechos debatidos en el proceso de reparación directa
05837-33-33-001-2019-00117-00/01, pese a que las pruebas que allí reposan acreditan
que las medidas de aseguramiento impuestas en su contra se dictaron sin el
cumplimiento de los requisitos legales, como el consistente en que de los elementos se
infiriera razonablemente la participación de los procesados en la comisión de delitos.
Los actores señalan que las autoridades accionadas tampoco advirtieron que tanto el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Apartadó (al revocar la medida de
aseguramiento impuesta a Rober Antonio Muñetón Gaviria) como el Juzgado Segundo
Penal Especializado de Antioquia (al absolverlos) indicaron que los medios de prueba
recaudados no demostraban su participación en el ilícito que se les atribuyó, por ende,
sus privaciones de la libertad fueron injustas y comprometen la responsabilidad
extracontractual del Estado.
Desconocimiento del precedente porque desatendió la postura del Consejo de Estado4
según la cual los informes de policía no constituyen por si solos pruebas idóneas para
imponer medidas de aseguramiento, «por tanto, no pueden tenerse como única prueba para
cimentar un indicio grave de responsabilidad en contra del sindicado».
Concluyeron que la sentencia atacada adolece de violación directa de la Constitución
Política, habida cuenta de que desconoce el artículo 90 superior, del cual se colige que
el Estado debe resarcir los daños que provoquen las privaciones de la libertad cuando
son injustas, tal como las de ellos.
5. Trámite procesal
Por auto del 10 de mayo de 2024, el Despacho a cargo de la consejera de Estado Myriam
Stella Gutiérrez Argüello admitió la acción de amparo. Entre otras cosas, ordenó notificar a
los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, y como
terceros con interés al Juzgado Primero Administrativo de Turbo, a la Fiscalía General de la
Nación, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y a los demás accionantes del proceso de reparación directa
05837-33-33-001-2019-00117-00/01.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General de esta Corporación
practicó la notificación correspondiente por correos electrónicos enviados el 14 de mayo
de 2024.
4 Sección tercera, subsección A, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 73001-23-31-000-2011-00352-01.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
6. Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, pidió que se
declararan improcedentes o, en su defecto, se denegaran las pretensiones de la parte
accionante.
Que los actores emplean el amparo constitucional como una instancia adicional al
proceso ordinario con la finalidad de obtener un nuevo análisis del material probatorio, lo
que, a su juicio, contraría el carácter excepcional de la tutela e impone declararla
improcedente por no colmar el requisito de relevancia constitucional.
Afirmó que la sentencia cuestionada fue dictada en atención a una interpretación
razonable del ordenamiento jurídico y de las pruebas que obran en el proceso de
reparación directa 05837-33-33-001-2019-00117-00/01, lo que impide atribuirle
vulneración de garantías superiores.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se declarara
improcedente la tutela porque los accionantes pretenden reabrir una controversia
decidida de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en particular, con las sentencias C-
037 de 1996 y SU-072 de 2018 emitidas por la Corte Constitucional.
Que la providencia cuestionada, luego de efectuar un análisis integral de las pruebas que
reposan en el proceso de reparación directa 05837-33-33-001-2019-00117-00/01,
concluyó que las medidas de aseguramiento impuestas a los tutelantes se fundaron en
elementos de convicción que, en su momento, permitían colegir su posible participación
en la comisión del delito de concierto para delinquir.
Que la autoridad judicial demandada aplicó la regla jurisprudencial del Consejo de
Estado, según la cual la absolución penal de una persona a la que se le impuso medida
de aseguramiento no configura per se una falla del servicio, pues para ello debe probarse
que la aprehensión carecía de respaldo probatorio, presupuesto que no aconteció en el
expediente 05837-33-33-001-2019-00117-00/01, ya que había pruebas de las que era
dable inferir la participación de los demandantes en el ilícito que se les atribuyó.
La Fiscalía General de la Nación pidió que se declarara improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad. Dijo que los
accionantes cuentan con otros instrumentos judiciales5 para cuestionar la sentencia que
decidió en segunda instancia el proceso de reparación directa 05837-33-33-001-2019-
00117-00/01. Además, no expusieron una carga argumentativa suficiente que permitiera
dilucidar la configuración de alguna de las causales específicas de procedibilidad del
amparo contra decisiones judiciales.
El Ministerio de Defensa Nacional afirmó que de los argumentos expuestos por la parte
actora no era posible inferir la configuración de un defecto fáctico, el cual, dijo, no se
configuró pues las medidas de aseguramiento que se les impusieron contaban con
respaldo probatorio (como los testimonios de Carl Enrique Medrano Zea, Libardo de
Jesús Vargas Taborda y José Méndez), en consecuencia, no fueron desproporcionadas
o arbitrarias.
Los familiares de los tutelantes que integraron la parte activa en el proceso de
reparación directa 05837-33-33-001-2019-00117-00/01 y el Juzgado Primero
Administrativo de Turbo 6 , vinculados a este trámite constitucional como terceros
interesados, guardaron silencio, pese a que se les notificó el auto admisorio de la tutela
en debida forma.
5 No identifica cuáles.
6 Si bien ese despacho judicial allegó memorial en el que informó los correo electrónicos de quienes actuaron como
demandantes en el referido expediente, no se pronunció sobre las pretensiones de los tutelantes.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión preliminar
En razón a que el proyecto de fallo presentado a la Sala por la consejera de Estado
Myriam Stella Gutiérrez Argüello no alcanzó el número de votos requerido para ser
aprobado, el expediente de la referencia fue remitido al despacho a cargo del ponente de
esta providencia por auto de 26 de junio de 2024, con el propósito de que elaborara una
nueva ponencia.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Duberney
Rayo Ramos y otros para dejar sin efectos la sentencia del 2 de noviembre de 2023,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, revocó
la de 2 de septiembre de 2022, con la que el Juzgado Primero Administrativo de Turbo
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa 05837-33-
33-001-2019-00117-00/01 para, en su lugar, denegar las súplicas allí formuladas.
La Sala anticipa que denegará las pretensiones porque la providencia cuestionada no
incurrió en (i) defecto fáctico, pues el análisis probatorio realizado es razonable; (ii)
desconocimiento del precedente por cuanto está acorde con los pronunciamientos
emitidos por la Corte Constitucional sobre responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad; y (iii) violación directa de la Constitución Política, porque no se
desatendió el artículo 90 superior.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, (iii)
defecto fáctico y, finalmente, (iv) analizará el caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por Duberney Rayo
Ramos y otros cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
encontrarse demostrados los defectos alegados por la parte actora se estaría afectando
el derecho fundamental a la reparación integral, que constituye una «obligación del
Estado, cuya finalidad es devolver a la víctima al estado en el que se encontraba con anterioridad
al hecho que originó tal condición»7, el cual se materializa, entre otras formas, mediante el
reconocimiento de una indemnización acorde con los daños sufridos.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente de reparación directa, el correo electrónico con el que
7 Corte Constitucional, sentencia T-083 de 2017, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
se comunicó la sentencia cuestionada fue enviado el 8 de noviembre de 2023, por lo
que se entiende notificada el 10 de los mismos mes y año, de conformidad con el
numeral 2 del artículo 2058 del CPACA, y la tutela fue presentada el 2 de mayo de 2024
(5 meses y 22 días), es decir, cuando no había transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos para formular la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Asimismo, los demandantes agotaron los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, dado que promovieron el medio de control de reparación directa y el
fallo cuestionado se emitió en segunda instancia, por ende, contra este no procedía
recurso ordinario alguno.
Ahora bien, aunque la Fiscalía General de la Nación señaló en la contestación de la
tutela que esta no se cumple el requisito general de subsidiaridad, porque los actores
contaban con otro instrumento judicial para controvertir la sentencia censurada, lo cierto
es que no indicó cuál mecanismo procedía, lo que impide dar por cierta esa aseveración,
máxime cuando los cargos formulados no configuran alguna de las causales del recurso
extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la existencia de supuestos defecto fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución Política.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, los actores atacan una
providencia dictada en un proceso de reparación directa.
5. El defecto fáctico por indebida valoración probatoria
En materia probatoria, el sistema procesal colombiano no se rige por una tarifa legal,
sino por el principio de la libre valoración de la prueba. Así lo establece el artículo 176
del Código General del Proceso cuando señala que « las pruebas deberán ser apreciadas
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos».
En virtud del principio de libre valoración de la prueba y de los principios de autonomía
e independencia judicial (artículos 228 y 230 de la Constitución Política), la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que los jueces gozan de amplias
facultades para valorar las pruebas del proceso. Es al juez a quien le corresponde
determinar el valor de cada medio de prueba, mediante una valoración libre y
discrecional, y bajo las reglas de la sana crítica.
De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por la valoración
probatoria tenga ciertas restricciones, pues la prevalencia de dichos principios solo
puede ceder cuando la decisión tenga errores sustanciales y estos provengan
directamente de deficiencias en la valoración, a tal punto que no corresponda con la
sana crítica, que no atienda a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y
motivación, y que no respete la Constitución ni la ley. En ese caso, la decisión se tornaría
en arbitraria y habilitaría la intervención del juez de tutela.
Resulta ilustrativo citar algunos supuestos previstos por la Corte Constitucional, en
sentencia SU-257 de 2021, para determinar cuándo una providencia judicial incurre en
defecto fáctico, por indebida valoración probatoria. Esos supuestos son:
8«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
i. Si la conclusión que extrae de las pruebas que obran en el expediente es “por completo equivocada”.
Podría decirse que, en este evento, la decisión puede ser calificada de irracional, toda vez que la
conclusión es diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del
contenido de los materiales probatorios. Esta desproporción podría ser identificada por cualquier
persona de juicio medio.
ii. Si la valoración que adelantó no cuenta con un fundamento objetivo. Es el caso del juez que resuelve
una controversia acudiendo a su propio capricho o voluntad.
iii. Si las pruebas no han sido valoradas de manera integral. Caso en el que se asigna un mayor o menor
valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
iv. Si la conclusión se basa en pruebas que no tienen relación alguna con el objeto del proceso
(impertinentes); que no permiten demostrar el supuesto de hecho (inconducentes); o que fueron
decretadas y practicadas, por ejemplo, desconociendo el derecho al debido proceso de una de las
Partes.
6. Análisis del caso concreto
6.1. Defecto fáctico
En cuanto al fondo del asunto, los accionantes alegaron que la sentencia cuestionada
incurrió en defecto fáctico, dado que no advirtieron que las pruebas que reposan en el
proceso de reparación directa 05837-33-33-001-2019-00117-00/01 dan cuenta de que
las medidas de aseguramiento que se les impusieron no cumplieron las exigencias
legales, pues en las diligencias penales no había elementos de convicción de los que se
infiriera razonablemente que pudieron incurrir en el delito que se les atribuyó, tal como
lo señalaron el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Apartadó (al revocar la medida
de aseguramiento Rober Antonio Muñetón Gaviria) y el Juzgado Segundo Penal
Especializado de Antioquia (en el fallo absolutorio).
Para resolver este cargo, la Sala verificará el análisis realizado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en la providencia cuestionada que,
en lo que interesa, dijo:
[…] la imposición de las medidas de aseguramiento, que soportaron [los tutelantes] fueron sensatas y
reflexivas, dado que, la justicia poseía elementos probatorios que lo comprometían en el delito ya
referido, toda vez que, de un lado, se tuvieron los reconocimientos fotográficos, interrogatorios y las
declaraciones de los señores Carl Enrique Medrano Zea, Liberado de Jesús Vargas Taborda y José
Méndez, quienes señalaban a los demandantes como presuntos integrantes del Clan del Golfo, no
evidenciándose, para ese momento procesal, ningún interés ajeno al de colaborar con la administración
de justicia, inclusive, poniendo en riesgo su vida e integridad física.
Es así que, a partir de un análisis concienzudo del régimen subjetivo de responsabilidad, se encuentra
que, sobre los demandantes pesó la obligación de soportar la privación de la libertad de la que fueron
objeto, en virtud de las circunstancia de tiempo, modo y lugar que dieron pie a su captura y, que,
comprometieron su responsabilidad penal, las cuales, si bien es cierto que, no tuvieron la potencialidad
requerida para sustentar la responsabilidad penal, más allá de toda duda razonable, tal como lo exige
la ley procesal penal, también es cierto que, la información producto de la actividad investigativa y el
sentido de las declaraciones de los señores Carl Enrique Medrano Zea, Liberado de Jesús Vargas
Taborda y José Méndez, eran indicadores de la probabilidad de la ocurrencia y la autoría del hecho,
por el cual, se les investigó, habiendo sido suficientes para sustentar la imposición de las medidas de
aseguramiento en esa fase preliminar.
Debe quedar bastante claro que, en la fase de investigación se contaba con elementos materiales –
Reconocimientos fotográficos, declaraciones e interrogatorios- que fundamentaron la captura de los
demandantes y posibilitaron la imposición de las medidas restrictivas de su libertad, sin que fuera
forzoso o ineludible tener certeza de su responsabilidad en el ilícito por el que se le incriminaba, esto
es, en su participación en el Concierto para Delinquir agravado, pues, para iniciar esa etapa del proceso
penal, solo se requiere de la PROBABILIDAD de la comisión del ilícito por parte de quien es cobijado
con esa medida.
Luego, al analizar las pruebas que reposan en el proceso de reparación directa, la Sala
evidencia que en la audiencia concentrada adelantada el 7 de abril de 2017 por el
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
«Juzgado de Control de Garantías», se indicó:
Los elementos materiales probatorios que ha aportado la Fiscalía, le permite al Despacho inferir
razonablemente la autoría o participación de todos y cada uno de estos indiciados en la conducta
delictiva por la cual se le ha iniciado la investigación, debe dejarse claro y en ese sentido, el Despacho
considera que los defensores se extendieron y estuvieron trayendo prácticamente unos alegatos de
conclusión a esta diligencia, donde estamos en una etapa de control de garantías, donde se atiende a
inferencia razonable, con elementos materiales probatorios, no son pruebas y, además de que no son
pruebas, son simplemente elementos que permiten inferir, que llevan al juez al indicio, que permite al
juez que tenga indicios o pueda determinar que preliminarmente pueden ser o no autores o participes
de la conducta, en este caso, el despacho considera que si existe esa inferencia razonable, se ha
atacado mucho las declaraciones de CARL ENRIQUE MEDRANO ZEA y de LIBARDO DE JESÚS
VARGAS TABORDA, que son básicamente las dos personas que atacan y señalan a cada uno de
estos indiciados dentro de esta investigación […].
Pese a que el Despacho considera que pudieron encontrarse o pudieron presentarse más elementos
para reforzar esta teoría, no se puede desconocer que los que se presentaron ya están dando indicios,
a los defensores les llama mucho la atención la declaración de CARL MEDRANO por las condiciones
en las que se encuentra, por lo que se encuentra privado de su libertad y que tiene mucho conocimiento
sobre todos los movimientos de la organización, pero es que también dentro de su misma declaración,
ese muchacho CARL, está señalando que, viene desde hace mucho tiempo dentro de esa organización
y así ha venido conociendo poco a poco a esas personas, a unas por sus alias, a unas completamente
y así, las ha venido identificando. Y no solamente el señor CARL quien está haciendo las acusaciones,
sino que también está el señor LIBARDO DE JESÚS VARGAS TABORDA y los señores JOSÉ
MÉNDEZ y una señora que el nombre le comienza por “B”, estás personas están haciendo
señalamientos que no son exactos entre ellos, pero son coincidentes, pues también atendiendo a que
si se determinara que fuese unas declaraciones exactas estaríamos hablando de una probable
manipulación, pero en este caso el Despacho considera que las declaraciones han sido objetivas y
además de ello, que son declaraciones muy recientes, son declaraciones del mes de febrero, son
declaraciones del mes de abril, en la que están reforzando lo que ya anteriormente ya han declarado
y que coinciden con otro tipo de situaciones […]
Atendiendo entonces a la inferencia razonable de la autoría o participación, el Despacho deberá dar
aplicación a los señalamientos del artículo 308 que se decantan en los artículos 310, 312 y 313 del
Código de Procedimiento Penal y el artículo 309, pues, frente a la obstrucción a la justicia a la que hizo
alusión la fiscalía, quizás el poder económico que ostenta la organización da cuenta de una probable
manipulación de elementos probatorios de la modificación o destrucción de los mismos y de las
declaraciones juradas se desprende que inclusive el señor CARL MEDRANO, es un objetivo militar, él
está, como dicen ellos mismos en la organización, ellos tienen luz verde y él mismo reconoce que es
precisamente por haber declarado, por haber delatado a las personas con las que trabajaba, su vida
está en riesgo, su familia está en riesgo y es así como hasta la misma madre de este testigo deja ver
o deja mostrar esa situación de miedo en la que ahora mismo se está viendo envuelta por este situación
y todo ordenado por lo que ellos le llaman “La empresa”.
El peligro para la comunidad, está marcado objetivamente en el artículo 310 y se parte de que además
de la gravedad y la modalidad de la conducta, está conducta es eminentemente dolosa, es grave, está
atentando contra la seguridad pública y contra otra serie de bienes jurídicos tutelados que caen en
efecto domino con ocasión al concierto para delinquir, de hecho, aquí a los imputados se les enrostró
el concierto agravado con la comisión de otras conductas, tales como extorsión, el porte de
estupefacientes y homicidio. De aquí, desprende el Despacho que existe un peligro para la comunidad,
atendiendo a esa gravedad y a la modalidad de la conducta, pues frente a la continuación de la
actividad delictiva su probable vinculación […].
La detención preventiva es completamente procedente para estos imputados, teniendo en cuenta que
esto es un delito que corresponde a la justicia especializada, que es investigada de oficio y esta supera
los cuatro años de prisión, es decir que, objetivamente amerita una restricción de la libertad, respecto
de los requisitos objetivos, el Despacho considera que la medida es adecuada, razonable y
proporcional, teniendo en cuenta el interés colectivo, o el interés general que debe primar siempre ante
el interés particular, que en este caso, el interés particular viene siendo el derecho a la libertad de estos
imputados y que debe flaquear ente una sociedad, ante una comunidad que está pidiendo un ambiente
tranquilo, un ambiente de paz.
Realizado el anterior recuento, la Sala evidencia que, al imponer las medidas de
aseguramiento a los actores, el «Juzgado de Control de Garantías» explicó que existían
elementos materiales probatorios que daban cuenta de que podían integrar la banda
delincuencial El Clan del Golfo, como los testimonios de Carl Enrique Medrano Zea,
Libardo de Jesús Vargas Taborda, José Méndez y una señora denominada «B» y el
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
reconocimiento fotográfico que ellos hicieron.
Además, el mencionado despacho judicial aseguró que las retenciones eran necesarias,
adecuadas y proporcionales, porque «el poder económico que ostentaba la organización»
podría facilitar la manipulación de las diligencias o el ocultamiento de pruebas y los
procesados representaban un peligro para la comunidad, ya que se informó que
extorsionaban, vendían estupefacientes y cometían homicidios, y podían continuar con
esas actividades si no eran recluidos.
Así las cosas, la Sala observa que el análisis hecho por el tribunal demandado tuvo en
cuenta que las medidas de aseguramiento impuestas a los accionantes (i) se fundaron
en los elementos materiales probatorios existentes al momento de decreto de la medida
preventiva que permitían inferir de manera razonable la autoría y participación de los hoy
demandantes en el punible por el que eran investigados; y (ii) tuvieron como finalidad
evitar que el poder económico de esa organización interfiriera en las diligencias penales
y garantizar la seguridad de la comunidad, de ahí que se satisficieran las exigencias
previstas en el artículo 3089 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), lo que
impone colegir que las aprehensiones fueron razonables y justificadas y, por tanto, no
comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado, tal como lo concluyeron las
autoridades accionadas.
Y a partir de lo anterior, concluyó que la privación de la libertad de los accionantes no
fue injusta, pues se satisficieron los presupuestos para su imposición, en consecuencia,
no comprometieron la responsabilidad extracontractual del Estado, de ahí que fuera
menester denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa 05837-33-33-
001-2019-00117-00/01, tal como lo hicieron las autoridades accionadas por conducto de
la sentencia cuestionada.
Cabe advertir que si bien los demandantes fueron absueltos el 19 de septiembre de 2018
por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia, al estimar que no obraban
pruebas que demostraran que incurrieron en el delito que se les endilgó, ello no genera
per se responsabilidad patrimonial del Estado, pues para ello debe acreditarse que las
medidas de aseguramiento resultaron desproporcionadas y arbitrarias, supuesto que, se
reitera, no aconteció en el expediente 05837-33-33-001-2019-00117-00/01, pues los
elementos de convicción existentes en el proceso al momento del decreto de la medida
preventiva de privación de la libertad, se reitera, daban cuenta de la posible comisión del
ilícito por parte de los accionantes, de ahí que las detenciones no fueran
desproporcionales y arbitrarias.
En este punto, es pertinente anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-072 de
2018 10 , señaló que los asuntos de responsabilidad extracontractual del Estado por
privaciones injustas de la libertad no están sujetos a un régimen de responsabilidad
determinado, ya que es el juez contencioso-administrativo el encargado de establecer si
se aplica el objetivo (daño especial y riesgo excepcional) o el subjetivo (falla del servicio),
sin embargo, en cualquier caso, debe analizarse si la detención fue desproporcionada y
arbitraria, pues si no cumple esas exigencias, no compromete la responsabilidad
patrimonial de la administración. Así lo dijo el alto tribunal:
[…] se anota que la Corte y el Consejo de Estado comparten dos premisas: la primera, que la
responsabilidad del Estado se deduce a partir de la constatación de tres elementos: (i) el daño, (ii) la
9 «El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida
de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la
información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido
ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia […]».
10 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
antijuridicidad de este y (iii) su producción a partir de una actuación u omisión estatal (nexo de
causalidad). La segunda, que el artículo 90 de la Constitución no define un único título de imputación,
lo cual sugiere que tanto el régimen subjetivo de la falla del servicio, coexiste con títulos de imputación
de carácter objetivo como el daño especial y el riesgo excepcional.
[…] el juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección
jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto
una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la
responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de
atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los
presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.
Así las cosas, la Sala evidencia que la valoración probatoria hecha por la autoridad
judicial accionada, consistente en que las aprehensiones de los tutelantes no
comprometen la responsabilidad del Estado porque cumplieron los presupuestos legales,
resulta razonable y atiende a la postura de la Corte Constitucional citada, en
consecuencia, la providencia cuestionada no incurre en defecto fáctico.
Cabe advertir que el hecho de que los accionados no hayan valorado las pruebas en el
sentido en que pretendían los tutelantes, no se traduce en la configuración del defecto
fáctico, dado que el juez natural tiene la autonomía de brindarles el grado de certeza que
considere adecuado, siempre que atienda los criterios de la sana crítica.
Además, las conclusiones probatorias del juez natural acerca de la responsabilidad
extracontractual del Estado en los hechos debatidos en el proceso de reparación 05837-
33-33-001-2019-00117-00/01, se fundamentaron en una valoración integral de las
pruebas allegadas a ese proceso (dentro de las que se encontraban las diligencias
penales), lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, conforme a la jurisprudencia
de la Corte Constitucional11, que sobre el particular indica:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a
los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se
ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están
amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por
aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].
En atención a lo expuesto, las deducciones probatorias en virtud de las cuales las
autoridades accionadas denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa
05837-33-33-001-2019-00117-00/01, no comportan inferencias caprichosas o arbitrarias
de las pruebas, sino que obedecen a una interpretación razonable de los elementos de
convicción que allí reposan, de ahí que se concluya que la providencia cuestionada no
adolece de defecto fáctico.
6.2. Desconocimiento del precedente
Los demandantes aseveraron que la sentencia censurada incurre en desconocimiento
del precedente, porque desatendió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado 12,
según el cual los informes de policía no constituyen por si solos pruebas idóneas para
imponer medidas de aseguramiento, premisa de la que se concluye que las impuestas a
11 Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Varas Silva.
12 Sección tercera, subsección A, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 73001-23-31-000-2011-00352-01.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
ellos comprometían la responsabilidad extracontractual del Estado.
Al analizar el pronunciamiento invocado por los accionantes, se constata que desató una
demanda de reparación directa derivada de una medida de aseguramiento impuesta con
fundamento únicamente en un informe de policía, supuesto fáctico diferente al debatido
en el proceso 05837-33-33-001-2019-00117-00/01, pues la privación de la libertad de los
demandantes se fundó en los testimonios de Carl Enrique Medrano Zea, Libardo de
Jesús Vargas Taborda, José Méndez y una señora denominada «B» y el reconocimiento
fotográfico que ellos hicieron, elementos de convicción que, se reitera, daban cuenta de
que las aprehensiones de ellos no fueron desproporcionadas y arbitrarias.
En ese orden de ideas, la Sala constata que las autoridades accionadas no
desconocieron el fallo del Consejo de Estado invocado por los demandantes, sino que,
dicho sea de paso, atendieron la postura de esta Corporación sobre la responsabilidad
patrimonial del Estado por privaciones de la libertad, según la cual a la administración no
le asiste el deber de indemnizar los perjuicios causados por medidas de aseguramiento,
cuando estas colman las exigencias legales. Sobre el particular, el alto tribunal13 precisó:
[…] en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de
responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y
las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y
constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo,
así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional14, de donde, si la detención se realizó
de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por
lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento
[…].
Así las cosas, se evidencia que la providencia cuestionada no incurre en
desconocimiento del precedente, por el contrario, se insiste, atendió el criterio del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre responsabilidad de la
administración por privaciones de la libertad derivadas de imposiciones de medidas de
aseguramiento.
6.3. Violación directa de la Constitución Política
Los demandantes afirmaron que el fallo atacado desconoce el artículo 90 de la
Constitución Política, del cual se infiere que el Estado debe resarcir los daños que
provoquen las privaciones injustas de la libertad, como las que ellos sufrieron, no
obstante, para la Sala esa aseveración carece de asidero jurídico, dado que las
detenciones ordenadas por el «Juzgado de Control de Garantías» se fundaron en
elementos de prueba que daban cuenta de la posible participación de ellos en comisión
del delito que se les atribuyó (concierto para delinquir), por tanto, fueron razonables y
proporcionales, de ahí que no comprometan la responsabilidad del Estado.
En ese orden de ideas, como las privaciones de la libertad de los demandantes no fueron
injustas, las autoridades accionadas no desconocieron el artículo 90 de la Constitución
Política al denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa 05837-33-33-
001-2019-00117-00/01, sino que atendieron los preceptos legales y jurisprudenciales
que rigen la materia, tal como se indicó en líneas anteriores.
Así las cosas, la Sala encuentra que la sentencia acusada no incurrió en defecto fáctico,
desconocimiento del precedente ni en violación directa de la Constitución Política, por lo
que se denegará el amparo deprecado.
13 Sección tercera, Subsección C, sentencia de 22 de noviembre de 2021, M. P. Nicolás Yepes Corrales, expediente
50001-23-31-000-2008-00447-01.
14 Ibídem.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02149-00
Demandantes: Duberney Rayo Ramos y otros
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones formuladas por Duberney Rayo Ramos y otros, en atención
a la parte motiva de esta determinación judicial.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salvamento de voto
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.