RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02149-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02149-01

Fecha
25 de octubre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02149-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 18 Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01 Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros Acción de tutela – Impugnación de fallo 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02149-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

25 de octubre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: DUBERNEY RAYO RAMOS Y OTROS1
Demandado: SALA SEXTA DE DECISIÓN ORAL DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD.
ANÁLISIS DEL DEFECTO FÁCTICO Y EL
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.
SE NIEGAN LAS PRETENSIONES.

Síntesis del caso: la sala confirmará la sentencia que negó las pretensiones de la acción de
tutela en contra de una providencia judicial proferida en un proceso de reparación directa
por privación injusta de la libertad porque no se demostró la vulneración invocada.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 25 de julio de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en la que se decidió2:

“1. Denegar las pretensiones formuladas por Duberney Rayo Ramos y
otros, en atención a la parte motiva de esta determinación judicial (...)”.
(negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI)

I. ANTECEDENTES

1 Katerine Cano Guerra, Rober Antonio Muñetón, Sebastián Padilla Solera, Saira María Marimón

Madera, Jheimin Cano Guerra, Diomedes Antonio Vélez, Juan Manuel Cossio Velásquez, Diana
Mercedes Manco Borja, Gloria del Carmen López, Elba Isabel Fuentes Argumedo, Gilberto García
Rincón y Carlos Alberto Metaute Noreña.

2 El proyecto inicial presentado por el despacho del doctor Martín Bermúdez fue derrotado por la

posición mayoritaria en Sala del 3 de octubre de 2024 y el expediente ingresó para fallo al despacho
del suscrito magistrado ponente el 17 de octubre de 2024.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Mediante escrito presentado el 2 de mayo de 2024, la parte actora promovió proceso
de acción de tutela en contra de la Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo de Antioquia para la protección de sus derechos fundamentales del
debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral,
consagrados en los artículos 29, 90 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados por ocasión de la sentencia de 2 de noviembre de 2023 proferida por la
autoridad judicial demandada en el proceso de reparación directa con radicación no.
05837-33-33-001-2019-00117-013.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 6 de abril de 2017, los demandantes fueron capturados en Chigorodó
(Antioquia) en una operación coordinada por el GAULA de la Policía Nacional como
parte de una investigación iniciada por la Fiscalía General de la Nación, como
presuntos integrantes de la organización criminal Clan del Golfo.

2) En la misma fecha se realizó la audiencia de legalización de captura, imputación
e imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos
de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y tráfico de
estupefacientes4 que la fiscalía imputó con base en diversas pruebas, las cuales
incluían: testimonios, reconocimientos fotográficos, informes de inteligencia y
escuchas telefónicas.

3) Posteriormente los acusados fueron presentados ante un juez de control de
garantías, quien en audiencia consideró que existían indicios suficientes para
imponer la medida de detención preventiva intramural, con base en los elementos

3 El proyecto inicial presentado por el despacho del consejero Martín Bermúdez fue derrotado por la

posición mayoritaria en Sala del 3 de octubre de 2024.
4 Los actores estuvieron privados de la libertad de la siguiente manera: i) Rober Antonio Muñetón

Graciano hasta el 28 de febrero de 2018; ii) Duberney Rayo Ramos, Diomedes Antonio Vélez
Vergara y Elba Isabel Fuentes Argumedo hasta el 26 de junio de 2018; iii) Katerine Cano Guerra,
Sebastián Padilla Solera, Jheimin Cano Guerra, Diana Mercedes Manco Borja, Juan Manuel Cossio
Velásquez, Carlos Alberto Metaute Noreña y Gilberto García Rincón hasta el 27 de agosto de 2018.

La Sala evidenció que en las sentencias de reparación directa no obran los tiempos de detención de
las señoras Saira María Marimón Madera y Gloria del Carmen López.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

probatorios recaudados por la fiscalía, según los cuales representaban un peligro
para la sociedad debido a la estructura criminal a la que presuntamente pertenecían
y al poder económico que esta ostentaba, lo cual les otorgaba la capacidad de
fugarse del país u obstruir la justicia.

4) El 19 de septiembre de 2018, el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Antioquia absolvió a los acusados en aplicación del principio in
dubio pro reo, previa petición del fiscal del caso, la defensa y la Procuraduría
General de la Nación ante la falta de pruebas concluyentes que permitieran
demostrar su responsabilidad en los delitos imputados5.

5) Tras la absolución, los demandantes y sus grupos familiares presentaron una
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, la Nación – Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación, para que se les declarara administrativamente
responsables por la privación injusta de su libertad.

6) El 2 de septiembre de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Turbo profirió sentencia en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura de la privación injusta
de la libertad que padeció y le reconoció perjuicios morales y materiales6.

5 La autoridad judicial denotó que varios testigos se retractaron de sus declaraciones iniciales y

estimó que las pruebas testimoniales resultaron insuficientes para corroborar la participación directa
de los capturados en las actividades delictivas imputadas. Además, criticó la actuación de la fiscalía
por la insuficiente corroboración de los testimonios y la falta de pruebas individualizadas que
vincularan a los acusados con los hechos.

6 El juzgado consideró que, aunque la medida de aseguramiento fue legal en el momento de su

imposición, la ausencia de pruebas concluyentes que derivó en la absolución de los procesados
generó un daño antijurídico ya que los demandantes no estaban en la obligación de soportar la
privación de su libertad.

Esa autoridad señaló que la absolución, motivada por la falta de pruebas para atribuir la conducta
imputada, evidenciaba la existencia del daño antijurídico.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

7) La Nación – Rama Judicial7, la Fiscalía General de la Nación8 y los demandantes9
apelaron esa decisión y, mediante sentencia de 2 de noviembre de 2023, la Sala
Sexta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

8) El tribunal consideró que no se demostró la existencia de una falla en el servicio
que justificara la condena al Estado porque la actuación de las autoridades
demandadas estuvo enmarcada en la legalidad; también analizó si había lugar a
aplicar un régimen objetivo de responsabilidad (daño especial), sin embargo, estimó
que no procedía ya que la medida de aseguramiento impuesta a los demandantes
se ajustó a los requisitos legales y fue debidamente justificada en su momento.

9) En particular, valoró que en la audiencia de imposición de la medida de
aseguramiento, el juez de control de garantías tuvo en cuenta las declaraciones de
los testigos Carl Enrique Mediano Zea y Libardo de Jesús Vargas Taborda, así como
el testimonio de la señora “B”, quienes vincularon a los demandantes con
actividades delictivas del Clan del Golfo y que, aunque existían discrepancias entre
las versiones de los testigos, las coincidencias entre sus relatos y otros elementos
probatorios eran suficientes para imponer la medida.

9) El tribunal destacó que el juez de control de garantías valoró adecuadamente los
riesgos asociados con la presunta vinculación de los demandantes con el Clan del
Golfo, como el peligro de fuga o la obstrucción de la justicia debido al poder
económico de dicha organización y concluyó que la medida no fue arbitraria, sino
que respondió a una inferencia razonable de participación en actividades criminales.

7 Sostuvo que la imposición de la medida de aseguramiento fue conforme a derecho y se adoptó con

base en los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, según los cuales para ese momento
existía una inferencia razonable de su presunta autoría y participación en los hechos materia de
investigación, mientras que los demandantes no acreditaron la configuración de los presupuestos de
responsabilidad extracontractual del Estado.

8 La fiscalía argumentó que actuó dentro del marco de la ley y con base en los indicios presentados

durante la investigación, que la medida de aseguramiento fue solicitada debido a la inferencia
razonable de la participación de los demandantes en actividades delictivas y que la posterior
absolución no implicaba que la privación de la libertad hubiera sido injusta desde un inicio.

9 Los demandantes solicitaron la ampliación de los beneficiarios de la indemnización y solicitaron

que se incluyeran en la compensación por daño moral a otros familiares como hermanos, tíos y
sobrinos, quienes también sufrieron afectaciones emocionales y sociales debido a la privación injusta
de la libertad.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

2. Los fundamentos de la vulneración

Los demandantes argumentaron que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente judicial.

Sobre el defecto fáctico afirmaron que la autoridad demandada no evaluó de manera
adecuada los elementos probatorios relacionados con la medida de aseguramiento,
en particular la falta de pruebas contundentes que justificaran la detención
preventiva y no tuvo en cuenta que los testigos clave que señalaron a los indiciados
durante la investigación penal posteriormente se retractaron de sus declaraciones
o presentaron inconsistencias.

Frente al desconocimiento del precedente judicial alegaron que el tribunal
desconoció la sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018 proferida por la Corte
Constitucional, según la cual, en casos de privación de la libertad, el juez debe
evaluar no solo la falla en el servicio, sino también títulos de imputación residuales
como el daño especial, cuando el análisis de la falla no es suficiente para resolver
el caso.

Los actores también afirmaron que la providencia cuestionada desconoció una
sentencia proferida el 19 de marzo de 2020 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado10 que estableció que los informes de Policía Judicial
no constituyen, por sí solos, pruebas idóneas para la imposición de medidas de
aseguramiento y solo pueden ser considerados como indicios que deben ser
corroborados con otras pruebas que permitan el derecho de contradicción y
defensa.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior los demandantes solicitaron el amparo de las
siguientes súplicas:

“3.1. DECLÁRESE que, la decisión judicial de segunda instancia de fecha
2 de noviembre de 2023 emitida por la sala Sexta de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo de Antioquia integrada por los Magistrados Rafael
Darío Restrepo Quijano, Martha Nury Velásquez Bedoya y Gonzalo

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, MP

Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 73001-23-31-000-2011-00352-01.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Zambrano Velandia en el proceso con radicado No. 05837 33 33 001
2019 00117 01 y los adheridos a este, que revocó la sentencia de primera
instancia, dentro del medio de control de reparación directa, incurre en
vía de hecho por defectos a los que haremos alusión, vulnerando con
ello, los derechos fundamentales de los acá tutelantes, al acceso efectivo
a la administración de justicia y la reparación integral.

3.2. DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia proferida el 2 de noviembre de
2023 por la Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de
Antioquia en el proceso de reparación directa radicado 05 837 33 33 001
2019 00117 01 y los que se adhirieron a este promovido por los acá
Accionantes en contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial
-Consejo Superior de la Judicatura-; y ORDENAR, a la Sala, que dentro
del término estipulado por el Despacho, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que
tenga en cuenta los criterios establecidos en la parte motiva de la
providencia que ampare los derechos acá deprecados. (...)”. (negrillas y
mayúsculas del original – archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI)

4. Actuación en primer grado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado por auto de 10 de mayo de 2024 admitió
la acción de tutela, notificó a los magistrados integrantes de la Sala Sexta de
Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que presentaran
un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción y vinculó a la
Fiscalía General De la Nación, a la Dirección Ejecutiva De Administración De
Justicia, al Ministerio De Defensa Nacional, a la Policía Nacional y a quienes
actuaron como demandantes en el proceso de reparación directa no. 05837-33-33-
001-2019-00117-00/01, como terceros interesados en el resultado del proceso.

5. Sentencia de primera instancia

El 25 de julio de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia
en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.

El a quo consideró que los argumentos sobre la presunta configuración de un
defecto fáctico no eran válidos ya que el Tribunal Administrativo de Antioquia sí
valoró las pruebas presentadas y concluyó que, en el momento de la imposición de
la medida de aseguramiento, existían suficientes elementos materiales que
justificaban su adopción y permitían establecer una inferencia razonable sobre la
participación de los demandantes en actividades delictivas.

7
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Si bien algunas pruebas presentaron problemas de consistencia (como la
retractación posterior de algunos testigos), la actuación del tribunal no fue arbitraria
ni contraria a la ley, ya que la valoración probatoria se realizó dentro de los
márgenes de discrecionalidad que tienen los jueces.

Sobre el cargo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial, afirmó
que la medida de aseguramiento se sustentó no únicamente en informes de policía,
sino en el análisis combinado de todos los elementos probatorios del proceso penal,
entre ellos los testimonios de Carl Enrique Medrano Zea, Libardo de Jesús Vargas
Taborda, José Méndez y una señora denominada “B”, así como en el
reconocimiento fotográfico de los actores que tales testigos hicieron, de ahí que no
se presentó una situación fáctica equivalente entre el caso analizado y el precedente
invocado.

6. Impugnación

Los demandantes presentaron impugnación contra la sentencia de primera
instancia y le fue concedido con auto de 22 de agoto de 2024.

En ese documento replicaron los argumentos planteados en la acción de tutela
según los cuales las pruebas presentadas en su contra no fueron suficientes ni
adecuadas para justificar la medida de aseguramiento impuesta.

El fallo de primera instancia no consideró la falta de pruebas materiales
contundentes, especialmente las declaraciones y testimonios que presentaron
inconsistencias en el proceso penal, por lo cual no debieron tenerse en cuenta para
su privación de libertad.

Como argumento nuevo indicó que las autoridades no consideraron que se vulneró
su derecho fundamental del debido proceso, porque no hubo un análisis
individualizado del caso y que el juez de control de garantías actuó de forma
genérica, sin valorar de manera específica las pruebas respecto de cada uno de los
demandantes.

Se ignoró el hecho de que el fiscal que finalizó el proceso penal reconoció que las
pruebas eran insuficientes y, por lo tanto, solicitó la absolución de los demandantes,

8
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

elemento importante para valorar la vulneración cometida con la medida de
aseguramiento.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sala Sexta
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a
la administración de justicia y reparación integral, presuntamente vulnerados con la
sentencia de 2 de noviembre de 2023 en el proceso de reparación directa no. 05837-
33-33-001-2019-00117-01.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela por las
siguientes razones:

2.1. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

1) Lo primero es señalar que el presente caso cumplió con los requisitos genéricos
de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles para la persona afectada
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito
de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6
meses siguientes a la notificación de la providencia atacada11; (iii) el presente caso
no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y que afecte los derechos
fundamentales de la parte actora; (iv) la parte actora identificó de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron; (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente; (vi) la cuestión
que se discute resulta de relevancia constitucional porque en la acción de tutela se
expusieron las razones por las cuales se consideró que el amparo deprecado debe
ser valorado por el juez constitucional en tanto se endilga la configuración del
defecto fáctico y un desconocimiento del precedente judicial, por ocasión de una
providencia que resolvió la apelación contra aquella que accedió a las pretensiones
de los demandantes para, en su lugar, negarlas.

2.2 Caracterización del defecto fáctico

1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito
específico de acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte
Constitucional ha reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa
y una positiva.

11 La sentencia cuestionada se notificó el 8 de noviembre de 2023 y la acción de tutela se presentó

ante esta Corporación el 2 de mayo de 2024.

10
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de
oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado
a hacerlo.

3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una
valoración por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no
apta para ello, ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas,
si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con
medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en
que se basa la providencia.

2.2 El análisis del defecto fáctico en el caso concreto

1) En el presente asunto los demandantes reclamaron la configuración de un
defecto fáctico porque, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Antioquia no valoró
adecuadamente las pruebas que sustentaron la imposición de la medida de
aseguramiento.

2) Para resolver tal planteamiento basta con señalar que en la sentencia
cuestionada sí se hizo un análisis de todas aquellas pruebas que fueron aportadas
por las partes en el proceso ordinario y, en particular, de aquellas relacionadas con
la referida medida de aseguramiento, cuando se anotó lo siguiente:

“En la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, realizada el
7 de abril de 2017, la Fiscalía General de la Nación, solicitó (A partir del
minuto 00:09:13 del documento nombrado 170407_002 contentivo del
registro de audios de las Audiencias Preliminares Concentradas,
contenido en el folio 981 del expediente judicial) les fuera impuesta la
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario, con el objeto de cumplir con el fin de evitar la obstrucción a la
justicia y el peligro que representan para la sociedad o la víctima,
conforme lo previsto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal
(...).

En este orden de ideas, es evidente que, la imposición de las medidas de
aseguramiento (...) fueron sensatas y reflexivas, dado que, la justicia
poseía elementos probatorios que lo comprometían en el delito ya
referido, toda vez que, de un lado, se tuvieron los reconocimientos
fotográficos, interrogatorios y las declaraciones de los señores Carl

11
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Enrique Medrano Zea, Liberado de Jesús Vargas Taborda y José Méndez,
quienes señalaban a los demandantes como presuntos integrantes del
Clan del Golfo, no evidenciándose, para ese momento procesal, ningún
interés ajeno al de colaborar con la administración de justicia, inclusive,
poniendo en riesgo su vida e integridad física.

Es así que, a partir de un análisis concienzudo del régimen subjetivo de
responsabilidad, se encuentra que, sobre los demandantes pesó la
obligación de soportar la privación de la libertad de la que fueron objeto,
en virtud de las circunstancia de tiempo, modo y lugar que dieron pie a su
captura y, que, comprometieron su responsabilidad penal, las cuales, si
bien es cierto que, no tuvieron la potencialidad requerida para sustentar
la responsabilidad penal, más allá de toda duda razonable, tal como lo
exige la ley procesal penal, también es cierto que, la información producto
de la actividad investigativa y el sentido de las declaraciones de los
señores Carl Enrique Medrano Zea, Liberado de Jesús Vargas Taborda y
José Méndez, eran indicadores de la probabilidad de la ocurrencia y la
autoría del hecho, por el cual, se les investigó, habiendo sido suficientes
para sustentar la imposición de las medidas de aseguramiento en esa fase
preliminar..”. (negrillas de la Sala – archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI)

3) Así entonces, la autoridad judicial demandada ejerció sus prerrogativas para
valorar las pruebas presentadas en el proceso de manera autónoma, de
conformidad con los principios de la sana crítica, sin que se evidencie que tal
ejercicio haya sido arbitrario ni caprichoso, sino que respondió a un ejercicio legítimo
de valoración, basado en las pruebas disponibles en el momento de la imposición
de la medida de aseguramiento.

4) La providencia se basó en declaraciones de testigos, informes de inteligencia y
otros elementos que, en conjunto, permitieron al tribunal estimar que existían
razones válidas que sustentaban la privación de la libertad; y aunque los
demandantes cuestionaron la confiabilidad de algunas de esas pruebas que
quedaron en entredicho luego de surtido el debate probatorio, lo cierto es que la
autoridad demandada evaluó su validez y concluyó que, en el momento de su
imposición, existían elementos suficientes para generar una inferencia razonable de
la participación de los demandantes en los hechos investigados y para justificar la
medida de aseguramiento, conforme con el artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal.

5) Es relevante señalar que la medida de aseguramiento constituye una herramienta
que busca garantizar el cumplimiento de los fines del proceso penal y, en tal sentido,
el estándar probatorio y el criterio de suficiencia exigido para imponerla no es el
mismo que el requerido para una condena penal, en tanto basta con que exista una

12
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

inferencia razonable que genere una probabilidad de participación de los imputados
en la participación de un determinado delito.

6) En el caso de los demandantes, el tribunal tuvo en cuenta que los testimonios y
declaraciones con los que contaba el juez penal hasta ese momento sirvieron para
fundamentar la solicitud inicial de la medida por el presunto vínculo de los actores
con el Clan del Golfo -organización criminal de gran poder económico y logístico-,
sumado a la posibilidad de que fugaran del país para evitar enfrentar el proceso
penal u obstruir la justicia mediante la alteración de pruebas, intimidación de testigos
o entorpecimiento del desarrollo del proceso penal.

7) Así entonces, para la Sala es claro que el tribunal evaluó de manera razonable
las pruebas aportadas en el proceso ordinario, según las cuales, para el momento
de la imposición de la medida de aseguramiento, tal decisión estaba plenamente
justificada por las particularidades del caso, esto es, evaluó su pertinencia y vigencia
en un contexto temporal.

8) Tampoco advierte esta instancia que la autoridad accionada omitiera analizar
alguna de las pruebas aportadas por los actores en el proceso ordinario que tuvieran
la entidad suficiente para cambiar el sentido de la decisión o que diera un peso
desproporcionado a alguna de ellas.

9) No es posible que por la vía de tutela los actores pretendan que se imponga un
criterio diferente al del juez natural de la causa por el simple hecho de estar
inconforme, puesto que la acción de tutela no fue instituida como una herramienta
para perseguir que se modifique la apreciación probatoria realizada por aquel
simplemente por encontrarse en desacuerdo, como si se tratara de una instancia
adicional al proceso ordinario.

10) De acuerdo con lo expuesto, esta Sala concluye que no hay lugar a declarar la
presencia de un defecto fáctico en la providencia atacada, razón por la cual se
negarán ese cargo concreto de la demanda.

3. Caracterización del desconocimiento del precedente judicial

13
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia12”.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio
pacífico y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los
casos que, en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante
casos con supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior en orden a garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad
jurídica en las decisiones judiciales.

No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional13 es necesario precisar
que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”,
pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad
sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es
posible identificar tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren
las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución al
problema jurídico examinado; ii) la ratio decidendi, compuesta por las
consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada,
y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de
argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes
ni necesarios para la resolución del asunto.

Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza
de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a
resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema
jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el
caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia
anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe
resolverse posteriormente14”.

12
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
14
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

14
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por
el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero
antecedente judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para
establecer una regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para
la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los
términos que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes
desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene
algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que
no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora
de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para
apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad. (…)

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos
en los cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que
los jueces se aparten de este con las siguientes condiciones: i) deben hacer
explícitas las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se
apartan del mismo, lo cual se ha denominado cumplimiento de la “carga de

15
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

transparencia”; ii) están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen,
desarrollan y amplían de mejor manera el contenido de los derechos, principios y
valores constitucionales objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye
una razón válida para justificar el apartamiento del precedente, exigencia que se
reconoce como la “carga de argumentación”.

3.1 Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto

1) En este caso, la parte actora afirmó que la providencia cuestionada desconoció
los precedentes judiciales contenidos en i) la sentencia proferida el 19 de marzo de
2020 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (expediente
73001-23-31-000-2011-00352-01), en la cual se estableció que los informes de
policía no constituyen pruebas suficientes para justificar la imposición de medidas
de aseguramiento y ii) la sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018 proferida por la
Corte Constitucional, según la cual, en casos de privación de la libertad, el juez debe
evaluar no solo la falla en el servicio, sino también títulos de imputación residuales
como el daño especial, cuando el análisis de la falla no es suficiente para resolver
el caso.

2) Para resolver este aspecto de la controversia basta con afirmar que, en la
providencia cuestionada, el tribunal no valoró los informes de policía como prueba
plena ni como única base para la imposición de la medida de aseguramiento, sino
que fueron considerados un indicio complementario que hizo parte de un conjunto
más amplio de pruebas que vinculaban a los demandantes con las actividades del
Clan del Golfo, entre ellas los ya mencionados testimonios y unos reconocimientos
fotográficos que los vinculaban con dicha banda delincuencial, en los siguientes
términos:

“Debe quedar bastante claro que, en la fase de investigación se contaba
con elementos materiales –Reconocimientos fotográficos, declaraciones
e interrogatorios- que fundamentaron la captura de los demandantes y
posibilitaron la imposición de las medidas restrictivas de su libertad, sin
que fuera forzoso o ineludible tener certeza de su responsabilidad en el
ilícito por el que se le incriminaba, esto es, en su participación en el
Concierto para Delinquir agravado, pues, para iniciar esa etapa del
proceso penal, solo se requiere de la PROBABILIDAD de la comisión del
ilícito por parte de quien es cobijado con esa medida.

Dicha situación, inclusive, fue advertida en la sentencia absolutoria, al
indicarse que “(…) bajo este contexto, debe decirse que al policía judicial
HAROLD SMITH GALINDO ORTIZ, logró edificar una presunta

16
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

vinculación de los acusados con el grupo delincuencial, basado, en
primera medida en una información suministrada por una fuente humanas
(Sic) no formal, de la cual, nada se sabe en el Juicio Oral; y en segunda
instancia en dos declaraciones recepcionadas a exintegrantes del grupo
armado ilegal.” (...)

Ante este evento y modalidad de captura, las autoridades presumían que
estaban ante la presencia de la comisión de un actuar delictivo que
revestía suma gravedad, resultando imposible para la Fiscalía y para la
autoridad que legalizó las capturas e impuso las medidas de
aseguramiento, determinar, en ese momento, si los hoy demandantes
había participado o no en la ejecución material del mismo, situación que,
solamente sería desentrañada y aclarada en la investigación penal que se
seguiría por esos hechos, sin que pudiera anticiparse el resultado de la
misma, ni desligársele de esa averiguación.

En otros términos, a los señores DUVERNEY RAYO RAMOS, ROBER
ANTONIO MUÑETÓN GRACIANO, KATERINE CANO GUERRA,
SEBASTIÁN PADILLA SOLERA, DIOMEDES ANTONIO VÉLEZ
VERGARA, DIANA MERCEDES MANCO BORJA, HENRY DAN
CORTÉS MAYO, JHEIMIN CANO GUERRA, JUAN MANUEL COSSIO
VELÁSQUEZ, GILBERTO GARCÍA RINCÓN, CARLOS ALBERTO
METAUTE NOREÑA, ELBA ISABEL FUENTES ARGUMEDO y LUÍS
ALFONSO TORRES HERNÁNDEZ; tenían que escudriñárseles por parte
de la justicia penal, su proceder, en razón a la presunta comisión del
Concierto para Delinquir y las demás conductas punibles que les fueron
endilgadas, producto de las declaraciones ya señaladas; siendo quimérico
sostener que, en el momento de las capturas podían deshacerse de las
pesquisas que se adelantarían por parte de las autoridades en relación
con las actuaciones ilícitas e indebidas que se avizoraban.”.

3) El precedente del Consejo de Estado invocado como desconocido por los
demandantes establece que los informes de policía no deben ser la única base para
imponer una medida de aseguramiento, sin embargo, en este caso, los informes ni
siquiera tuvieron el alcance una prueba, en tanto solo fueron mencionados por su
relación con las demás -ahí sí pruebas- recaudadas en el marco del proceso penal.

4) Ahora, respecto del precedente contenido en la sentencia SU-072 de 5 de julio
de 2018 proferido por la Corte Constitucional y como lo ha indicado con anterioridad
esta Sala de Decisión15, en dicha providencia se estableció con claridad que el juez
de la reparación es autónomo en la elección del título de imputación que mejor se
ajuste a la controversia, de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso puesto
a su consideración y, en todo caso, en manera alguna allí se estableció un deber de
ineludible cumplimiento para el juez consistente supuestamente en la obligación de

15 Con excepción del Magistrado Martín Bermúdez Muñoz, quien ha manifestado su disidencia frete

a esa posición.

17
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

analizar el asunto de manera escalonada en el sentido de que, una vez descarte la
falla del servicio, debe analizar el asunto bajo el régimen objetivo de daño especial.

5) Lo anterior bastaría para negar el defecto invocado, sin embargo, lo cierto es que
en este caso en particular el tribunal no omitió analizar el asunto bajo la óptica de
un daño especial, como pretenden hacerlo ver los demandantes, sino que indicó de
manera expresa en la providencia objeto de tutela que no era posible hacer dicho
análisis porque los demandantes no lo alegaron ni demostraron, en los siguientes
términos:

“Finalmente, la Sala echa de menos que, por parte del extremo procesal
accionante, se demostrara el haber sufrido un daño de magnitud “anormal o
especial”, que rompiera el equilibrio de las cargas públicas y, que, en
consecuencia, hiciera procedente estudiar el caso bajo la óptima del daño
especial.”.

6) En esos términos y dado que el tribunal en ejercicio de los principios de
autonomía e independencia judicial analizó el asunto con base en un régimen de
falla del servicio y concluyó que la medida no fue ilegal, desproporcionada ni
irrazonable, determinación que resulta razonable, la Sala negará el amparo
pretendido porque no se desconoció el precedente, sino que, lejos de ello,
precisamente con base y fundamento en dicho precedente el tribunal negó las
súplicas de la demanda por considerar que la medida de aseguramiento fue legal.

7) Bastan las anteriores consideraciones para concluir que no existe vulneración
alguna a los derechos fundamentales de la parte actora que sea susceptible de
amparo por la vía de la acción tutela, razón por lo cual se confirmará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
acción de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

18
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02149-01
Demandante: Duberney Rayo Ramos y otros
Acción de tutela – Impugnación de fallo

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.