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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02152-00

Acción de tutela: fallo de Primera Instancia

Fecha
5 de junio de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02152-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Luz Marina Echeverri Álvarez, actuando a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. - De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02152-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

5 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02152-00
Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Juzgado 34
Administrativo de Medellín

ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de Primera Instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Luz Marina Echeverri
Álvarez contra la sentencia de segunda instancia de 5 de marzo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones

La señora Luz Marina Echeverri Álvarez, actuando a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela, solicitando la protección de sus derechos fundamentales
de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó
lesionados por el Juzgado 34 Administrativo de Medellín, al proferir la sentencia de
28 de marzo de 2019, confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante providencia de 5 de marzo de 2024, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del Derecho incoado por la actora contra el Municipio de
Medellín.

En el escrito de tutela, la parte actora solicita:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02152-00
Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

“PRIMERA: Sírvase Honorable aquo de Instancia ordenar la restitución de los
Derechos Constitucionales, legales, normativos, reglamentarios y demás
concordantes, adquiridos de mi PODERDANTE incoados en la presente acción de
tutela, al peticionar que el inmueble en ciernes sea clasificado en el estrato
RESIDENCIAL durante el periodo comprendido entre 1988 y 2014 le sea resuelta la
SOLICITUD DE DEVOLUCION DE VALORES DINERARIOS CANCELADOS DE
MAS, Y, DE PARTE DE MI PODERDANTE, AL PAGAR EL IMPUESTO DE
PREDIAL UNIFICADO y/o COMPLEMENTARIOS, EN EL ESTRATO COMERCIAL,
Y NO EN EL RESIDENCIAL COMO LEGALMENTE LE CORREPONDIA AL
INMUEBLE DE SU PROPIEDAD IDENTIFICADO DE LA SIGUIENTE FORMA:´
Matricula Inmobiliaria No. 343913
Carrera 45 No. 40 – 71
Municipio de Medellín
Derechos estos violados u omitidos por la ACCIONADA ALCALDIA DE MEDELLIN,
y posiblemente cohonestados en su violación por el Juzgado 34 Administrativo de
Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia (oral), que se relatan,
exponen, prueban y Demandan en la presente ACCIÓN, y dentro de los cuales se
destacan como fundamentales los siguientes:
a) DERECHO PETICIÓN: Articulo 23 de la Constitución Política de Colombia,
cuyo no reconocimiento por parte de la ACCIONADA ALCALDIA DE MEDLLIN,
conduce en forma legal e indefectible, a su silencio administrativo positivo,
acaecido por la no RESOLUCION INTEGRA de las peticiones referidas en el
presente libelo
b) DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Art. 29 de la Constitución Política de
Colombia, y, a la debida administración de justicia, cuyo desconocimiento por
parte de la ACCIONADA ALCALDIA DE MEDELLIN, conduce en forma legal e
indefectible, a su denegación y aplicación de la normatividad Constitucional,
Legal, jurisprudencial y concordante para el reconocimiento y pago de los
valores dinerarios de más, pagados en efectivo de su parte a la ACCIONADA
por concepto del Impuesto de Predial Unificado y/o Complementarios, como
lo he probado amplia y explícitamente en las peticiones iniciales, y, en el texto
de esta demanda, los que considero en la suma de OCHENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($
84.303.817), adicionados a esta suma, los intereses legales correspondientes
a este valor, por mora hasta que se falle en forma definitiva la presente acción
de tutela y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se incoa
en este libelo, esto en concordancia con la liquidación que presentó mi
PODERDANTE a la ACCIONADA ALCALDIA DE MEDELLIN en su petición
radicada anta la misma el 08.04.2.016 bajo el No. 2016PP028761N01
Debo acotar en este momento, que, respecto de esta liquidación, ya se había
configurado el Silencio Administrativo de la ACCIONADA como
suficientemente pruebo en el libelo de esta demanda.
SEGUNDA Que, en caso de oposición, se condene en costas a la parte demandada
conforme al artículo 188 del C.P.A.C.A.
TERCERA Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
establecido en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

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Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

CUARTA Que, si no se efectúa el pago en forma oportuna, se liquidarán los
intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 192 del C.P.A.C.A.”.
(Sic)

2. Los hechos y las consideraciones

La anterior solicitud de amparo se sustentó en los hechos y consideraciones que se
resumen a continuación1:

La señora Luz Marina Echeverri Álvarez es propietaria de un bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 343913 y con dirección en la carrera 45
No. 40-71 del Municipio de Medellín.

Advirtió que mediante Resolución No. 10159 del 1 de octubre de 2014, expedida
por el Municipio de Medellín – Dirección de Catastro, se modificó la inscripción
catastral su predio.

Informó que el 8 de abril de 2016, elevó una petición a la Alcaldía de Medellín
radicada con número 2016PP028761N01 para que se respondiera la petición
radicada el 30 de octubre de 2015, en la cual había solicitado que se liquidaran los
avalúos catastrales anteriores al año 2015, del predio urbano de su propiedad.
Igualmente, solicitó que se le hiciera la devolución de los valores cobrados por
concepto de impuesto predial unificado y/o complementarios, dado la incorrecta
clasificación de estrato comercial y no residencial.

Posteriormente, la Alcaldía de Medellín, mediante oficio No. SIH 5171 calendado el
13 de abril de 2016, respondió indicando que no procedía la devolución de dineros
cobrados de más, advirtiendo en que lo facturado se hizo con fundamento del avalúo
catastral y destinación económica determinados por la subdirección de Catastro
para cada vigencia.

Adujo que mediante Resolución No. 18592 del 12 de julio de 2016, se fijó un cobro
del impuesto predial del bien de propiedad de la demandante, por las vigencias de
2013, 2014 y 2015. Por lo que el 13 de diciembre de 2016, en ejercicio de la potestad
de jurisdicción coactiva, se libró mandamiento de pago de conformidad con la
anterior resolución.

Expresó que el 22 de agosto de 2017, se profirió resolución por medio de la cual se
ordenó seguir adelante con la ejecución contra la señora Luz Marina Echeverri
Álvarez.

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Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

En consecuencia, la tutelante interpuso demanda dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, para obtener la devolución de los dineros
pagados de más y para que se reliquidara el cobro del impuesto predial por tener la
clasificación de bien comercial, cuando debió ser residencial.

Sostuvo que en primera instancia, el asunto fue conocido por el Juzgado 34
Administrativo de Medellín, quien en sentencia de 28 de marzo de 2019, declaró la
nulidad del acto administrativo que ordenó seguir adelante con la ejecución,
proferido el 22 de agosto de 2017. Además, ordenó al Municipio de Medellín la
terminación del proceso de cobro coactivo adelantado con ocasión del mandamiento
de pago del 13 de diciembre de 2016, y el levantamiento de las medidas cautelares.

Inconforme con lo sucedido, el municipio de Medellín interpuso recurso de
apelación, que fue fallado en providencia de 5 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia quien confirmó parcialmente la demanda de primera
instancia y revocó la condena en costas impuesta a la demandada.

2.1 Consideraciones de la parte actora

Indicó que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
incurrieron en irregularidades, teniendo en cuenta que no se reconoció ni pagó lo
estipulado en las pretensiones de la accionante. En consecuencia, consideró que el
Juzgado y el Tribunal accionado deben corregir su actuación de fallo como lo ordena
la doctrina constitucional y jurisprudencial.

3. Trámite procesal

Mediante auto del 7 de mayo de 20242, se admitió la demanda y se ordenó la
notificación a las autoridades accionadas, esto es, a el Tribunal Administrativo de
Antioquia y al Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Medellín. Además, se
vinculó al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, como
tercero con interés en las resultas del proceso.

4. Intervenciones

4.1. La Alcaldía de Medellín3, consideró que la parte actora pretende reabrir un
debate jurídico que ya fue definido por los jueces naturales, reiterando los
argumentos presentados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del

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Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

derecho.

4.2. El Juzgado 34 Administrativo de Medellín4, remitió el expediente del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y rindió informe de lo
acontecido en dicho proceso.

Consideró que no se cumplen los requisitos generales y especiales para incoar la
presente acción de tutela, toda vez que se pretende su uso como una tercera
instancia pues replica los mismos argumentos que la demanda declarativa.

Agregó que durante el proceso se protegió el derecho de contradicción y defensa,
salvaguardando las garantías procesales de las partes del trámite.

Concluyó que la presente solicitud de amparo se torna improcedente, toda vez que
no se encuentra suficientemente motivada y respaldada en pruebas y en el orden
jurídico, sin que se hubiera recurrido la sentencia de primera instancia en su
momento.

4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia no se pronunció sobre los hechos y
pretensiones de la presente acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1°
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 20215.

2. Problema Jurídico

La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir sentencia
de 5 de marzo de 2024, mediante la cual confirmó parcialmente la sentencia de 28
de marzo de 2019, proferida por el Juzgado 34 Administrativo de Medellín, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la señora Luz Marina

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Decreto 333 de 2021: Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela°, “[…] 8. 8. Las acciones
de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para
su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión,
Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4 del presente
decreto […]”.
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Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

Echeverri Álvarez; vulneró los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la tutelante.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional6 y el Consejo de Estado7 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional partió de la existencia de una vía de hecho a
través de las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, posición que fue redefinida
en la sentencia T-949 de 2003, y luego en la sentencia C-590 de 2005, en la que se
fijaron las reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramírez,
precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial
con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez;
(iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara
los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la

6
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852
de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de
2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de
2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de
2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059
de 2015.
7
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de
2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02152-00
Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de
tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes8: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido;
c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio
obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g)
desconocimiento del precedente judicial, y h) violación directa de la Constitución
Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para conceder el amparo
constitucional.

3.1. Del Desconocimiento del precedente

Para la Corte Constitucional el desconocimiento del precedente consiste en que
una autoridad judicial modifique su posición frente a determinado asunto, o se
separe del criterio establecido por su superior jerárquico, haciendo caso omiso al
precedente en la materia, y aún más, que a pesar de reconocer la existencia de
éste, se aparte total o parcialmente del mismo sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder
se desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la
seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente
relacionados con el respeto del precedente.

Sobre el particular, en la sentencia T-446 de 2013 la Corte Constitucional señaló:

8
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
7

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Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

[…] es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente
judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser
aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto
de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y
explicar la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera
que la ratio decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante
límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces.

Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre
precedente horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura
orgánica del poder judicial, los efectos vinculantes del precedente y su contundencia
en la valoración que debe realizar el fallador en su sentencia. En este sentido,
mientras el precedente horizontal supone que, en principio, un juez –individual o
colegiado- no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias; el
precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar del precedente
establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores,
particularmente por las altas cortes.

En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la
igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su
actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él
mismo y por sus superiores funcionales, también es responsable de adaptarse a las
nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos propios de la
evolución del derecho.

En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o
vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme
al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos
análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es
consciente de su existencia” (requisito de transparencia); y (ii) expone razones
suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del
caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata
simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario
demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para
resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por
parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad
de trato ante las autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los
operadores judiciales […]”9.

Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio
de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación
a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia
y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

9
Sentencia de 11 de julio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02152-00
Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

4. Caso concreto

La Sala realizará el análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, de cara a la sentencia de 5 de marzo de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, debido a que esta
providencia puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que dio
origen a esta acción constitucional.

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
toda vez que el defecto alegado puede llevar consigo una violación a los derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los que constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia
de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y que
hoy se cuestiona en tutela, esto es, la sentencia del 5 de marzo de 2024, fue
notificada el 7 de marzo de 202410 y la demanda de tutela se presentó el 2 de mayo
de 202411, es decir, dentro de un término prudencial.

Por otro lado, no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial
con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados,
pues se adelantaron las dos instancias dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho incoado por la señora Luz Marina Echeverri Álvarez
contra el Municipio de Medellín.

Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por
los cuales consideran que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la
providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro
de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

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Índice 8 SAMAI (archivo 13) Expediente 11001-03-15-000-2023-06794-00
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Índice 1 SAMAI
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02152-00
Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

4.2. Análisis de las causales específicas de procedibilidad

La señora Luz Marina Echeverri Álvarez plantea la vulneración de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, porque considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la
sentencia de 5 de marzo de 2024, incurrió en vía de hecho por desconocimiento del
precedente judicial, al confirmar la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por
el Juzgado 34 Administrativo de Medellín.

Consideró que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
incurrieron en irregularidades, teniendo en cuenta que no se reconoció, ni pagó lo
estipulado en las pretensiones de la accionante. En consecuencia, estimó que el
Juzgado y el Tribunal accionado deben corregir su actuación como lo ordena la
doctrina constitucional y jurisprudencial, lo cual se adecua al defecto de
desconocimiento del precedente.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera pertinente
analizar la providencia enjuiciada de 5 de marzo de 2024, dictada dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la demandante
contra el Municipio de Medellín:

“En este caso, se demanda la nulidad de la Resolución proferida el 22 de agosto de
2017 mediante la cual se ordenó seguir adelante la ejecución en el procedimiento
de cobro coactivo adelantado contra la demandante.
Si bien es cierto que, en el concepto de violación de la demanda se presentan
argumentos contra la Resolución que fija el valor por concepto de impuesto predial
del inmueble de la actora, también se repara el procedimiento de cobro coactivo,
que a su juicio no se desarrolló bajo los principios del debido proceso, buena fe,
moralidad y responsabilidad, por cuanto no se resolvieron las peticiones y recursos,
y pese a ello se siguió el procedimiento de cobro coactivo (fl. 17).
En primera instancia, el Juzgado excluyó del estudio de legalidad los cargos
presentados contra la resolución que fijó la obligación porque no fue demandada;
sin embargo, declaró la nulidad del procedimiento de cobro coactivo porque se inició
con fundamento en un acto administrativo que no estaba debidamente ejecutoriado.
El Municipio de Medellín (hoy Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación)
alega que respondió las peticiones presentadas por la actora y haciendo alusión a
la Resolución No. 10159 de 2014, aclara que el recurso interpuesto contra la
Resolución que fija la obligación constituía una solicitud de revisión del estado de
cuenta de la contribuyente; por tanto, se generó una ambigüedad.
Agregó que, el recurso de reconsideración fue admitido por la Subsecretaria de
Ingresos, quien cuenta con un (1) año para resolverlo (Decreto 1018 de 2013 art.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02152-00
Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

154), lo que se hizo mediante Resolución SH17-0381 del 7 de julio de 2017,
notificada el 11 del mismo mes y año, es decir, con anterioridad al 22/08/2017
cuando se expidió la resolución que ordenó seguir adelante la ejecución.
(…)
De las pruebas antes relacionadas, se advierte que en efecto se libró mandamiento
de pago cuando todavía la Resolución No. 18592 que fijaba la obligación, no había
adquirido ejecutoria en los términos del art. 829 núm. 4 del ET, que dice:
ARTICULO 829. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden
ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro
coactivo: (…) 4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las
acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se
hayan decidido en forma definitiva, según el caso.
Lo anterior se soporta, en lo siguiente:
• En la Resolución No. 18592 del 12 de julio de 2016 (título ejecutivo), se
resuelve en el artículo 2 que:
“…contra la presente resolución procede el recurso de reconsideración, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del decreto 1018 de 2013, el
cual se debe interponer por escrito ante la Subsecretaría de Ingresos, dentro
delos dos (2) meses siguientes a la notificación del presente acto
administrativo…” (Fl. 81) y,
• En el Auto No. 165 del 15 de mayo de 2017, se considera que:
“1. Que la señora LUZ MARINA ECHEVERRI ALVAREZ… presentó recurso
de reconsideración según solicitud No. 01201600406675 del 19 de agosto
de 2016, en contra de la resolución No. 18592 de julio 12 de 2016,
debidamente notificada el 29 de julio de 2016, emanada de la Subsecretaría
de Ingresos por medio de la cual se fija un debido cobrar del Impuesto Predial
Unificado por las vigencias en mora correspondientes a los años 2013 hasta
el 2015… 3. Que una vez analizado el escrito petitorio del recurso de
reconsideración teniendo en cuenta la normativa vigente aplicable, se
constató que cumple con los requisitos de Ley”
(...)
Resuelve: “ARTÍCULO ÚNICO: Admitir el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Resolución No. 18592 de julio 12 de 2016” (Fl. 41)
Por tanto, sólo despues de resolverse el recurso de reconsideración, adquiría
mérito ejecutivo la Resolución No. 18592 y quedaba facultaba la entidad para
iniciar el cobro coactivo con el mandamiento de pago; de ahí que, en este caso
la entidad carecía de título para iniciar dicho procedimiento y de continuarlo,
incluso luego de resolver el recurso de reconsideración.
Recuérdese que el mandamiento de pago es una orden que debe partir de la
existencia de una obligación ejecutoriada y, su desconocimiento viola el debido
proceso porque contraría las normas del Estatuto Procesal antes citadas. Dicha
irregularidad afecta los actos administrativos posteriores.
En consecuencia, no está llamado a prosperar el argumento del recurrente,
según el cual debe revocarse la decisión del a-quo porque el recurso de
reconsideración fue resuelto antes de que se expidiera la resolución que ordenó
seguir adelante la ejecución, pues se insiste en que la entidad no tenía
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02152-00
Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

competencia para iniciar el procedimiento de cobro coactivo porque no contaba
con título ejecutivo para ello.
Es pertinente anotar, que aunque en el proceso se allega documento por el cual
resuelve el recurso de reconsideración, confirmando la Resolución No. 18592
de 2016 (Fl. 145), éste no será tenido en cuenta, por cuanto se aporta por fuera
de la oportunidad probatoria pertinente, esto fue, con el recurso de apelación.”.
(sic)

Bajo las anteriores consideraciones, el Tribunal Administrativo de Antioquia, al igual
que el Juez de primera instancia, no se pronunció sobre la resolución que fijó el
monto a pagar por concepto de impuesto predial, toda vez que no fue demandado.
Por otro lado, si se pronunció sobre el proceso de cobro coactivo y al igual que el a
quo declaró la nulidad del acto administrativo que ordenaba seguir con la ejecución,
y ordenó la terminación del proceso de cobro coactivo, fallo que a todas luces es
favorable a la tutelante.

De lo expuesto, es claro que el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia
de 5 de marzo de 2024, bajo un análisis razonable, ponderado y riguroso de la
situación fáctica y probatoria, consideró que se evidenciaron los presupuestos para
terminar con el proceso de cobro coactivo adelantado contra la señora Luz Marina
Echeverri Álvarez.

Ahora bien, la parte actora alega la configuración de un desconocimiento del
precedente judicial al considerar que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en irregularidades que deben ser corregidas como lo ordena la
jurisprudencia.

Con respecto al cargo elevado por la señora Luz Marina Echeverri Álvarez, se tiene
que no se mencionó ninguna jurisprudencia, ni regla de derecho establecida
jurisprudencialmente, como desconocida en la providencia acusada, por lo tanto,
dicho cargo no está llamado a prosperar.

Por otro lado, la Sala encuentra necesario traer a colación jurisprudencia
constitucional12 sobre la demostración de amenaza o vulneración de derechos
fundamentales en la acción de tutela:

“Tal como lo dispone el artículo 86 de la Constitución Política y su posterior desarrollo
legislativo, la acción de tutela es procedente para la defensa de derechos
fundamentales cuando quiera que aquellos se vean vulnerados o amenazados por la
acción de una autoridad pública, o en ciertos casos definidos por la ley, por sujetos
particulares. No obstante, el amparo que el juez constitucional puede conceder, debe
estar fundamentado en la evidente vulneración o amenaza de un derecho de rango

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T 641-99
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02152-00
Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

fundamental, siendo de carga de quien solicita la referida protección, demostrar,
aunque sea de manera sumaria, tal desconocimiento o amenaza.

En ocasiones anteriores la Corte ha precisado que la sola afirmación hecha por parte
del accionante en el sentido de encontrarse desconocido un derecho fundamental
suyo, no es soporte jurídico suficiente para que el juez ordene la protección solicitada,
sino que es necesario, además, que dichas afirmaciones se encuentren soportadas en
algún medio probatorio legalmente admitido, aunque el mismo no haya sido
controvertido por el accionado. En este sentido, en la sentencia T- 411 de 1998[1], esta
Corporación expresó:

“De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es procedente para reclamar la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de una persona, cuando quiera que estos
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, o de los particulares en los casos expresamente señalados
por el inciso final de este precepto. Por lo tanto, para que el juez de tutela ordene
el amparo de los derechos fundamentales de la persona, se requiere demostrar
o acreditar la amenaza o vulneración de estos”.

En consecuencia, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional, la sola
afirmación de la tutelante sobre la vulneración de derechos, no es suficiente para
acreditar dicha situación, toda vez que se hace necesario una prueba para
determinar la lesión de derechos fundamentales.

Por tanto, no se demostró que la providencia acusada emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia hubiere vulnerado los derechos fundamentales
invocados por la accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido, un
análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, que amerite la intervención del juez de tutela.

III. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte
actora no acreditó que la sentencia del 5 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, hubiere incurrido en vía de hecho por desconocimiento
del precedente judicial. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada
por la señora Luz Marina Echeverri Álvarez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02152-00
Accionante: Luz Marina Echeverri Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y
Juzgado 34 Administrativo de Medellín

FALLA

PRIMERO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Luz Marina
Echeverri Álvarez, actuando a través de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. - De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(En comisión de servicios)

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