Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02154-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02154-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02154-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
20 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02154-00
Actor: Andrés Henz Gil Cristancho
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C, veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02154-00
Demandante: ANDRÉS HENZ GIL CRISTANCHO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “C”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa con el fin de obtener la indemnización por los daños causados
por error judicial. Defectos por desconocimiento del precedente
judicial, fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución.
Inobservancia del requisito de la relevancia constitucional porque no
cuestiona la razón de la decisión objetada
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Andrés Henz Gil Cristancho, quien actúa en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “C”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, así como el principio de buena fe, supuestamente vulnerados con la
sentencia de 6 de septiembre de 2023, mediante la cual se revocó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda para, en su lugar,
declarar la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa con
radicado No. 11001-33-43-060-2017-00347-01.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se observan como hechos
relevantes los siguientes:
El Fondo Nacional del Ahorro presentó demanda ejecutiva (radicado No. 2006-
00023) en contra del señor Andrés Henz Gil Cristancho, sin que allegara con la
demanda el consentimiento del ejecutado relacionado con el cambio de las
condiciones del préstamo de pesos a UVR, frente a la cual el Juzgado Sexto Civil
Municipal de Bogotá por auto de 9 de mayo de 2006, libró mandamiento de pago
y, posteriormente, decretó el embargo y secuestro del inmueble sobre el que
estaba constituida la hipoteca que servía de título ejecutivo.
El 29 de agosto de 2011, el “Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión”
procedió al secuestro del inmueble ubicado en la carrera 100 No 16A-16 torre 14
apartamento 603, identificado con el folio de matrícula No. 50C-1496374.
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Actor: Andrés Henz Gil Cristancho
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá en auto de 18 de febrero de 2015, dio
por terminado el proceso ejecutivo por pago de la obligación y ordenó el
levantamiento de las medidas cautelares decretadas. Posteriormente, el 20 de
agosto de 2015 el Juzgado Trece Civil Municipal de Descongestión de Bogotá
hizo entrega real y material del inmueble, sin que el secuestre hubiese efectuado
el pago de los cánones de arrendamiento obtenidos durante el embargo.
El señor Andrés Henz Gil Cristancho presentó demanda de reparación directa
contra la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Fondo
Nacional del Ahorro, en la que solicitó que se declarara la responsabilidad del
Estado por las “vías de hecho” en que incurrió el Juzgado Sexto Civil Municipal de
Bogotá al admitir la precitada demanda ejecutiva, sin haberse cumplido el trámite
relativo a obtener el consentimiento del titular del préstamo para variar las
condiciones del crédito hipotecario de pesos a UVR, requisito sin el cual no era
procedente la formulación de la demanda.
El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá en fallo de 24 de
noviembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el
demandante no cumplió con la carga de demostrar el error judicial alegado.
Finalmente, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “C”, en sentencia de 6 de septiembre de 2023, la revocó y declaró la
probada la excepción de caducidad, bajo el argumento de que el auto que libró
mandamiento de pago en el proceso ejecutivo se dictó el 18 de febrero de 2015,
notificado por estado el 20 del mismo mes y año, por lo que quedó ejecutoriado el
26 de febrero de 2015, razón por la cual el accionante debió presentar la
demanda el 27 de febrero de 2017, sin embargo, solo hasta el 6 de julio de 2017
radicó la solicitud de conciliación prejudicial, es decir, cuando se había superado
el término de los dos (2) años previstos en el numeral 2 del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011.
2. Fundamentos de la acción
El demandante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como el principio de buena fe, supuestamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “C”, con la sentencia de 6 de septiembre de 2023, por medio de la
cual se revocó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa y, en su lugar, se declaró la excepción de
caducidad.
En primer lugar, se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia, específicamente mencionó que el asunto supera la relevancia
constitucional, porque “la presente demanda de Acción de Tutela es la violación al
debido proceso, defecto sustantivo, defecto fáctico, defecto por desconocimiento
del precedente judicial vertical y horizontal, derecho a la igualdad, acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica, violación directa de la
Constitución Política, desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante y
obligatorio de la Corte Constitucional”.
Luego, el demandante afirmó, de manera reiterada, que la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente judicial,
fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución, pues no tuvo en
cuenta el precedente judicial obligatorio de la Corte Constitucional “al parecer se
presenta el presunto delito de prevaricato por acción sentencia C-335 de 2008, C-
621 de 2015, C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-700 de 1999, C-955 de 2000, SU-
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Actor: Andrés Henz Gil Cristancho
157 de 1999, T-443 de 1992, T-083 de 2003, T-661 de 2001, T-136 de 2013, T-
822 de 2003, T-793 de 2004, T-419 de 2006, T-207 de 2006, T-276 de 2008, T-
865 de 2010, T- 754 de 2011, T-405 de 2012, T-654 de 2012, T-768 de 2012, T-
328 de 2014, T-072 de 2011, T-212 de 2005, T-357 de 2004, T-899 de 2006,
sentencia de fecha 7 de julio de 1989, Sección Cuarta, CP. Consuelo Sarria
Olcos”.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“Solicito muy respetuosamente se sirva amparar los derechos fundamentales del señor
ANDRES HENZ GIL CRISTANCHO, al debido proceso judicial y administrativo, a la
igualdad, buena fe, al derecho de acceso a la justicia (T-411/16), defecto fáctico,
violación directa de la constitución, desconocimiento del precedente jurisprudencial
vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional y demás que se encuentran
regulados en la Constitución Política, y en consecuencia se declare que la sentencia de
fecha 6 de septiembre de 2023, radicado No 11001-33-43-060-2017-00347-01,
sentencia SC03-2853-09-23, Actor: ANDRES HENZ GIL CRISTANCHO, Ddo.
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, M.P. FERNANDO IREGUI
CAMELO, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección C, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 24 de
noviembre de 2020 proferida por el Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito de
Bogotá D.C., que accedió a las pretensiones de la demanda, el A quem no tuvo en
cuenta los preceptos constitucionales en los Artículos 2, 4, 29, 56, 150 num 1, 228 y
335 de la Constitución Nacional y el precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio
de la Corte Constitucional sentencia C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-700 de 1999, C-
955 de 2000, SU-157 de 1999, T-443 de 1992, T-083 de 2003, T-661 de 2001, T-136
de 2013, T-822 de 2003, T-793 de 2004, T-419 de 2006, T-207 de 2006, T-276 de
2008, T-865 de 2010, T- 754 de 2011, T-405 de 2012, T-654 de 2012, T-768 de 2012,
T-328 de 2014, T-072 de 2011, T-212 de 2005, T-357 de 2004, T-899 de 2006,
sentencia de fecha 7 de julio de 1989, Sección Cuarta, CP. Consuelo Sarria Olcos y la
Ley 546 de 1999, violando el derecho al debido proceso por desconocimiento del
debido proceso”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 10 de mayo de 2024, el Juzgado Cincuenta y Nueve
Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el link de acceso al medio de control
de reparación directa que promovió el señor Andrés Henz Gil Cristancho contra la
Rama Judicial (radicado No. 11001-33-43-059-2017-00349-00).
5. Trámite procesal
Por auto de 6 de mayo de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá, al
Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Nación, Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Fondo Nacional del Ahorro,
como terceros con interés. Igualmente, que se notificara a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 201035 a 201041
de 8 de mayo de 20241, con el fin de notificar a las partes.
1
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: pablomendez-1@hotmail.com, rmemorialessec03sctadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co,
notificacionesjudiciales@fna.gov.co, jadmin59bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin59bta@notificacionesrj.gov.co,
jadmin60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin60bta@notificacionesrj.gov.co, info@cendoj.ramajudicial.gov.co y
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
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6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “C”
En escrito de 14 de mayo de 2024, el magistrado ponente pidió que se negaran
las pretensiones de la acción de tutela por no evidenciarse la vulneración de los
derechos fundamentales alegada por el demandante.
Afirmó que la sentencia de segunda instancia es clara en explicar los fundamentos
fácticos y jurídicos para la contabilización del término de caducidad del medio de
control de reparación directa, lo que por sí solo no deriva en violación a los
derechos fundamentales del accionante.
Indicó que el daño alegado por el demandante se concentra en el inicio de la
demanda ejecutiva, la que terminó con auto del 18 de febrero de 2015 por pago
total de la obligación, decisión que cobró ejecutoria el 26 de febrero de 2015, sin
embargo, pese a que los efectos perjudiciales del daño se pudieran extender en el
tiempo, esto es, con la no entrega material del inmueble sino hasta el 25 de
septiembre de 2015, o con la presunta no entrega de cuentas por parte del
secuestre sobre su gestión, se consideró que el término de caducidad, como lo ha
considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado, empieza a correr a partir de
la ocurrencia del hecho generador del daño y no desde la cesación de sus efectos
perjudiciales.
Resaltó que en la sentencia objetada se aplicó el término bienal de caducidad del
medio de control de reparación directa desde el 27 de febrero de 2015 hasta al 27
de febrero de 2017, es decir, que para el 15 de diciembre de 2017 ya había
fenecido, lo que de ninguna manera está fuera de los preceptos constitucionales,
normativos o jurisprudenciales, y por ende no deriva en violación a los derechos
fundamentales del accionante.
Para terminar, precisó que a pesar de que en primera instancia se había resuelto
el asunto de fondo y se negaron las pretensiones de la demanda, se anunció en
esta instancia que el juez contencioso administrativo cuenta con la facultad y tiene
el deber de declarar de manera oficiosa las excepciones probadas en oportunidad
de proferir sentencia, de conformidad con los artículos 187 y 207 de la Ley 1437
de 2011 -CPACA- y 42 numeral 12 y 328 del Código General del Proceso, tal y
como ocurrió en el presente caso.
6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En oficio de 9 de mayo de 2024, el abogado de la División de Procesos de la
Unidad de Asistencia Legal pidió que se negaran las pretensiones de la demanda
de tutela, al no evidenciar la vulneración de algún derecho fundamental.
Afirmó que no se cumple con los requisitos generales de procedencia, pues de los
argumentos contenidos en el texto de la acción de tutela no se advierte el
cumplimiento de tales presupuestos.
Sostuvo que la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Por último, manifestó que la providencia objetada se encuentra debidamente
motivada conforme a las normas del ordenamiento jurídico, en especial las
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atinentes al medio de control de reparación directa, sin que se pueda enrostrar
una vulneración de derechos fundamentales, aunado al hecho de que el actor trae
a colación los mismos argumentos en que fundamentó la demanda de reparación
ordinaria.
6.3. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca - Amazonas
En oficio de 14 de mayo de 2024, el director solicitó que se desvinculara a la
entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que carece de
funciones para proferir, modificar, adicionar o revocar decisiones judiciales.
6.4. Respuesta Fondo Nacional del Ahorro
En correo electrónico de 10 de mayo de 2024, la gerente de representación
judicial pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que se
desvincule a la entidad, por no demostrarse la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.
Afirmó que el fondo no ha generado daños ni perjuicios al accionante, pues esta
entidad no es la responsable del menoscabo de los derechos fundamentales
mencionados en la acción de tutela.
Señaló que si consideramos la legitimidad en la causa por pasiva, se observa que
el Fondo Nacional del Ahorro no es la entidad llamada a reestablecer el derecho
que según el accionante se le ha vulnerado.
6.5. El Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá y el
Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, guardaron silencio,
aun cuando se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de
tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca –
Amazonas y el Fondo Nacional del Ahorro solicitaron que se desvincularan de la
acción de tutela, por configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, se debe precisar que la acción de tutela, consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por acción u
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que
así se autoriza.
Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales
la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
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sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.
No obstante, se hace exigible como requisito indispensable, además de la
legitimación e interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991, que la persona o entidad contra quien se dirige la solicitud
de amparo tenga un interés legítimo, de la siguiente manera:
“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción
se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.
Por lo anterior, la Sala advierte que se negará la solicitud de desvinculación
formulada por el Fondo Nacional del Ahorro, en tanto fue parte demandada dentro
del proceso de reparación directa en el que se dictó la providencia objetada, razón
por la cual se vinculó a este trámite constitucional como tercero con interés.
Por otra parte, respecto a la solicitud de desvinculación de la Dirección Seccional
de Administración de Justicia de Cundinamarca – Amazonas, se advierte que no
será resuelta por la Sala, pues la entidad que fue vinculada fue la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, entidad que allegó su respectivo informe y en
el que no solicitó su desvinculación. Además, que no se observa en el expediente
de tutela alguna prueba de que se hubiera delegado en la Seccional la defensa
judicial en el presente trámite.
Finalmente, se procederá a desvincular del trámite constitucional al Juzgado
Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá, que si bien fue vinculado
como tercero con interés, se pudo constatar que fue la autoridad que conoció en
primera instancia el medio de control de reparación directa en el que se dictó la
providencia objetada, sino que fungió como juzgador de primera instancia en el
proceso con radicado No. 11001-33-43-059-2017-00349-00.
3. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
3.1. El accionante en el escrito de tutela menciona que el fallo de primera instancia
se dictó el 5 de junio de 2023 por el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del
Circuito de Bogotá (radicado No. 11001-33-43-059-2017-00349-00) y que contra
esta interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” en fallo de 6 de
septiembre de 2023 (radicado No. 11001-33-43-060-2017-00347-01). Sin
embargo, se observa que las decisiones fueron proferidas en procesos diferentes,
razón por la cual la Sala abordará el estudio frente a la decisión de segunda
instancia dictada en el proceso 2017-00347-01, porque es la que cuestiona en las
pretensiones que plantea en la solicitud de amparo.
3.3. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, con la
sentencia de 6 de septiembre de 2023, que revocó la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda reparación directa iniciada por el
accionante tendiente a que se declarara la responsabilidad extracontractual de la
Nación, Rama Judicial y el Fondo Nacional del Ahorro, y que declaró la excepción
de caducidad del término para acudir al medio de control, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, así como el principio de buena fe, al supuestamente incurrir en
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desconocimiento del precedente judicial, por no aplicar las sentencias de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado que se enlistaron en el acápite de
fundamentos de la acción de esta providencia.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Actor: Andrés Henz Gil Cristancho
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la
obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no
se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. El señor Andrés Henz Gil Cristancho manifiesta que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, con la decisión de 6 de
septiembre de 2023, que revocó el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa que adelantó contra la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y el Fondo Nacional del Ahorro, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como el principio de buena fe, al incurrir en
desconocimiento del precedente judicial, al no tener en cuenta algunos
pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
5.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto no se reprocha la
ratio decidendi de la sentencia objetada para que proceda la intervención del juez
constitucional. Si bien, como se indicó en precedencia, la parte demandante
menciona el número de varias sentencias, ello no es suficiente para dar por
superada la condición de la especial trascendencia constitucional, pues en
principio se deben privilegiar los principios constitucionales de autonomía,
independencia y especialidad del juez natural.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en
sentencia de 6 de septiembre de 2023, revocó la decisión del a quo que negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa y declaró probada la excepción
de caducidad, con sustento en lo siguiente:
“La Sala resalta que la parte demandante reclama que el daño tuvo ocurrencia por el
error judicial en el que incurrió la Rama Judicial al librar mandamiento de pago y tramitar
el proceso ejecutivo 2006-0023.
Así las cosas, a pesar que los efectos perjudiciales del daño se pudieran extender en el
tiempo, esto es, con la no entrega material del inmueble sino hasta el 25 de septiembre
de 2015, o con la presunta no entrega de cuentas por parte del secuestre sobre su
gestión, según se evidencia en el auto del 31 de enero de 2017, este Tribunal resalta
que el término de caducidad, como lo ha considerado la Jurisprudencia del Consejo de
Estado citada y resaltada supra, empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho
generador del daño, y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales.
En consecuencia, la Sala concluye que en el sub-lite el daño originado por haberse
librado el mandamiento de pago y tramitado el proceso ejecutivo, se consolidó y cesó
con la ejecutoria del auto del 18 de febrero de 2015, mediante el cual, se terminó el
proceso ejecutivo por pago, y no desde las providencias proferidas o actuaciones
realizadas que se surtieron con posterioridad a la terminación del proceso.
Como el auto del 18 de febrero de 2015 fue notificado por estado del 20 de febrero de
ese año, causó ejecutoria el 26 de febrero de 2015, de conformidad con el artículo 331
del CPC. En ese orden, el término bienal de caducidad del medio de control de
reparación directa corrió desde el 27 de febrero de 2015 al 27 de febrero de 2017.
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Actor: Andrés Henz Gil Cristancho
Por su parte, el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009 prescribe:
“La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los Agentes del
Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso,
hasta: a) que se logre el acuerdo conciliatorio, b) se expidan las constancias a que se
refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, c) se venza el término de tres (3) meses
contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero”.
Obra constancia de conciliación fallida expedida por la Procuraduría 82 Judicial I para
Asuntos Administrativos del 18 de septiembre de 2017, en la que se aprecia que la
solicitud de conciliación fue radicada el 06 de julio de 2017. Sin embargo, como la
solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada con posterioridad al 27 de febrero de
2017, esto es, el 06 de julio de 2017, cuando el término de caducidad ya había vencido,
tal no tiene la virtualidad de suspender dicho plazo.
Así las cosas, la Sala considera que la demanda fue presentada cuando el término
bienal de caducidad ya había fenecido, al haberse radicado el 15 de diciembre de 2017,
como consta en el acta individual de reparto.
Como lo ha considerado esta Sala de Subsección, entre otras, en sentencia del 13 de
abril de 2023 en el radicado 11001-33-36-033-2019-00092-01, el juez contencioso
administrativo cuenta la facultad y tiene el deber de declarar de manera oficiosa las
excepciones probadas en oportunidad de proferir sentencia, de conformidad con los
artículos 187 y 207 del CPACA, y 42 numeral 12 y 328 del CGP”.
De lo anterior, se observa que el tribunal accionado, con sustento en un
precedente judicial de la misma corporación y en los artículos 187 y 207 de la Ley
1437 de 2011 y 42 y 328 del Código General del Proceso, declaró probada la
caducidad del término para acudir al medio de control de reparación directa, luego
de constatar que el auto que libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo
se dictó el 18 de febrero de 2015, notificado por estado el 20 del mismo mes y
año, el cual cobró ejecutoria el 26 de febrero de 2015, razón por la que el
accionante debió presentar la demanda a más tardar el 27 de febrero de 2017, sin
embargo solo hasta el 6 de julio de 2017 fue que radicó la solicitud de conciliación
prejudicial, es decir, por fuera del término de los dos (2) años establecidos en el
numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
5.3. Bajo el escenario expuesto, la Sala observa que la parte demandante emplea
la acción de tutela para plantear un debate que no guarda relación alguna con la
razón de la decisión de la sentencia objetada y, en tal sentido, carece de la
relevancia constitucional necesaria para ser estudiadas por el juez de tutela.
En el escrito de tutela el demandante manifiesta que el tribunal accionado
desconoció las sentencias “C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-335 de 2008, C-621
de 2015, C-700 de 1999, C-955 de 2000, SU-157 de 1999, T-443 de 1992, T-083
de 2003, T-661 de 2001, T-136 de 2013, T-822 de 2003, T-793 de 2004, T-419 de
2006, T-207 de 2006, T-276 de 2008, T-865 de 2010, T- 754 de 2011, T-405 de
2012, T-654 de 2012, T-768 de 2012, T-328 de 2014, T-072 de 2011, T-212 de
2005, T-357 de 2004, T-899 de 2006, sentencia de fecha 7 de julio de 1989,
Sección Cuarta, CP. Consuelo Sarria Olcos”, las cuales resuelven asuntos
referentes con las relaciones contractuales entre particulares, derecho de
información en el sistema financiera y asegurador, la actividad bancaria como
servicio público, los contratos de seguro, abuso de la posición dominante del
Fondo Nacional del Ahorro, entre otros temas relacionados con el sector
financiero, y que si bien pueden llegar a guardar relación con los reproches que
planteo en el medio de control de reparación directa, lo cierto es que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, no resolvió el
fondo del debate, es decir, no se pronunció sobre los alegatos expuestos por la
parte actora en el curso del proceso ordinario, pues se circunscribió a estudiar el
presupuesto procesal de la caducidad de la acción.
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De hecho, los reproches que plantea el accionante en la solicitud de amparo se
circunscriben al supuesto error judicial en el que se incurrió durante el proceso
ejecutivo que adelantó el Fondo Nacional del Ahorro en su contra y en que existía
un requisito de consentimiento previo, el que no fue verificado por el juez de la
ejecución, sin hacer reproche alguno respecto a la caducidad, siendo esta la
razón por la que el tribunal accionado revocó la decisión de primera instancia que
había negado las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Por consiguiente, si la parte actora quería alegar el desconocimiento del
precedente judicial, lo mínimo era que invocara sentencias que resolvieran sobre
la figura de la caducidad, para lo cual, se insiste, es la ratio decidendi del fallo
reprochado. Esto con el fin de que el juez de tutela quedara habilitado para
realizar un juicio de comparación para determinar si existe igualdad fáctica y
jurídica entre los precedentes que trae a colación y el asunto resuelto por el juez
natural del asunto, lo cual no hizo.
Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos que desarrolla el actor no
guardan relación con la decisión objetada, por lo que la Sala reitera que no basta
aducir la afectación de garantías iusfundamentales para cumplir este requisito de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que es imperativo que
el interesado exponga de manera clara las razones por las cuales las considera
vulneradas y que esta discusión propuesta en la demanda de tutela se refiera a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, es decir, debe tener relación
con la ratio decidendi, al punto que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada, lo que
no ocurre en el caso concreto.
En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la
solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con
los principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial,
porque “a pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias
argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos
fundamentales con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine
realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros
jueces”6.
Finalmente, la Sala ordenará enviar copias del expediente de tutela con destino al
proceso de reparación directa con radicado No. 11001-33-43-059-2017-00349-02,
que en la actualidad cursa en segunda instancia en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, y en el que también aparece
como demandante el señor Andrés Henz Gil Cristancho y como parte demandada
la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el que
se pretende la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por un
supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia dentro de un
proceso ejecutivo con radicado No. 2006-00023 adelantado por el Juzgado Sexto
Civil Municipal de Bogotá7.
Así las cosas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, habida cuenta
de que la misma no cumple con el requisito de la relevancia constitucional.
6
T-461 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Información ubicada en Samai en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013343059201700349022500023.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02154-00
Actor: Andrés Henz Gil Cristancho
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por el Fondo
Nacional del Ahorro.
Segundo.- DESVINCÚLASE de la presente acción de tutela al Juzgado
Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá, por falta de legitimación
en la causa por pasiva.
Tercero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Andrés Henz Gil Cristancho, quien actúa en nombre propio, contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, por
las razones aquí expuestas.
Cuarto.- ENVÍESE copia del expediente de tutela (radicado No. 11001-03-15-000-
2024-02154-00) con destino al proceso de reparación directa con radicado No.
11001-33-43-059-2017-00349-02 que se adelanta ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, para lo de su competencia.
Quinto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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