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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02154-01

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02154-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 20 de junio de 2024 proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación y mediante el cual se declaró improcedente la presente acción de tutela por no superar el requisito de la relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02154-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

8 de agosto de 2024

Demandante: Andrés Henz Gil Cristancho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02154-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02154-01
Demandante: ANDRÉS HENZ GIL CRISTANCHO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de
declarar improcedente la acción por no superar el requisito de
la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 20 de junio 2024 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado. En esa providencia se declaró improcedente el presente
mecanismo de amparo por no superar el requisito general de la relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Andrés Henz Gil Cristancho, actuando a nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C. Con la solicitud de amparo pretende la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al «principio de buena fe».

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C. Mediante
esta providencia se revocó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda tras encontrar acreditada la excepción de caducidad
del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-43-
060-2017-00347-00/01.

1.2. Pretensiones

1
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Demandante: Andrés Henz Gil Cristancho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02154-01

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

Solicito muy respetuosamente se sirva de amparar los derechos fundamentales
del señor ANDRÉS HENZ GIL CRISTANCHO, al debido proceso judicial y
administrativo, a la igualdad, buena fe, al derecho de acceso a la justicia (T-
411/16), defecto factico, violación directa a la constitución, desconocimiento del
precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional y
demás que se encuentran regladas en la Constitución Política, y en consecuencia
se declare que la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2023, radicado No
11001-33-43-060-2017-00347-01, sentencia SC03-2853-09-23, Actor: ANDRES
HENZ GIL CRISTANCHO, Ddo. DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, M.P FERNANDO IREGUI CAMELO, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C,
que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 24 de noviembre de 2020
proferida por el Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C, que accedió a las pretensiones de la demanda, el A quem no tuvo
en cuenta los preceptos constitucionales en los Artículos 2, 4, 29, 56, 150 num 1,
228 y 335 de la Constitución Nacional y el precedente jurisprudencial vinculante
y obligatorio de la Corte Constitucional sentencia C-335 de 2008, C-621 de 2015,
C-700 de 1999, C-955 de 2000, SU-157 de 1999, T-443 de 1992, T-083 de 2003,
T-661 de 2001, T-136 de 2013, T-822 de 2003, T-793 de 2004, T-419 de 2006,
T-207 de 2006, T-276 de 2008, T-865 de 2010, T- 754 de 2011, T-405 de 2012,
T-654 de 2012, T-768 de 2012, T-328 de 2014, T-072 de 2011,T-212 de 2005, T-
357 de 2004, T-899 de 2006, sentencia de fecha 7 de julio de 1989, Sección
Cuarta, CP. Consuelo Sarria Olcos y la Ley 546 de 1999, violando el derecho al
debido proceso por desconocimiento del debido proceso. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:

5. El señor Andrés Henz Gil presentó demanda de reparación directa por
error jurisdiccional contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Fondo Nacional del Ahorro1. Mediante este medio de
control solicitó que se declarara responsables a las demandadas por las «vías de
hecho» en las que incurrió el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá en el
trámite del proceso ejecutivo instaurado por el Fondo Nacional del Ahorro en su
contra2.

6. Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2023, el Juzgado 60
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda tras considerar
que el demandante no logró demostrar el error jurisdiccional alegado. Para
fundamentar su decisión, consideró que de los documentos aportados al proceso
no se evidenció que el crédito hubiera cambiado su denominación de pesos a

1 Radicado número 11001-33-43-060-2017-00347-00/01.
2 Del escrito de tutela, se extrae el radicado número 2006-0023.

2
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UVR, ni identificó la ley que fue presuntamente incumplida en el trámite del
proceso ejecutivo.

7. Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de apelación,
mecanismo que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección C en sentencia de 6 de septiembre de 2023. En
esa providencia se revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, se declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa al
concluir que el mandamiento de pago quedó ejecutoriado el 26 de febrero de
2015, razón por la cual el accionante debía presentar la demanda hasta el 27 de
febrero de 2017, hecho que no ocurrió, pues la radicó de manera extemporánea
el 6 de julio de esa misma anualidad.

1.4. Sustento de la vulneración

8. El accionante indicó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta
los artículos 2, 4, 29, 56 y 150, 228 y 335 de la Constitución Política ni el
precedente jurisprudencial vinculante de la Corte Constitucional establecido en
las sentencias «C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-335 de 2008, C-621 de 2015,
C-700 de 1999, C-955 de 2000, SU 157 de 1999, T-443 de 1992, T-083 de 2003,
T-661 de 2001, T-136 de 2013, T-822 de 2003, T-793 de 2004, T-419 de 2006,
T-207 de 2006, T-276 de 2008, T-865 de 2010, T- 754 de 2011, T-405 de 2012,
T-654 de 2012, T-768 de 2012, T-328 de 2014, T-072 de 2011, T-212 de 2005,
T-357 de 2004, T-899 de 2006, sentencia de fecha 7 de julio de 1989, Sección
Cuarta, CP. Consuelo Sarria Olcos».

9. Asimismo, indicó que la sentencia censurada incurrió en los defectos
fácticos y sustantivo. Sin embargo, no sustentó ninguno de estos dos cargos.

1.5. Trámite de la tutela

10. Por medio del auto de 6 de mayo de 2024, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado admitió la presente acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar
en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C y vinculó como terceros con interés al Juzgado 59
Administrativo de Bogotá, al Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, a la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Fondo
Nacional del Ahorro. Asimismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del
Proceso.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C

11. El magistrado ponente rindió informe en el que indicó que del escrito de

3
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tutela no evidenció alegatos concluyentes que adviertan la presunta vulneración
de los derechos fundamentales alegados por el accionante. Además, advirtió que
la sentencia de segunda instancia se fundamentó en la caducidad del medio de
control de reparación directa, decisión frente a la cual la parte actora no elevó
ningún argumento que atacara su decisión.

12. En ese sentido, manifestó que la acción constitucional se basa en el
desacuerdo del accionante con el fallo de segunda instancia. Asimismo, ratificó
que la sentencia explicó los fundamentos fácticos y jurídicos para contabilizar el
término de caducidad, lo que por sí solo no deriva en violación a los derechos
fundamentales del accionante.

13. Finalmente, puso de presente que a pesar de que en primera instancia se
había resuelto el asunto de fondo y se negaron las pretensiones de la demanda,
en segunda instancia el juez tiene la facultad y el deber de declarar de manera
oficiosa las excepciones probadas, entre ellas la caducidad, de conformidad con
los artículos 187 y 207 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el numeral
12 del artículo 12 y 138 del Código General del Proceso.

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

14. El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal
rindió informe en el que manifestó que la presente acción de tutela no cumple con
al menos uno de los requisitos especiales que debe acreditar.

15. Además, indicó que la acción de tutela no puede convertirse en una
instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad
jurídica y de coherencia con el ordenamiento jurídico no permiten la revisión
permanente y a perpetuidad de las decisiones judiciales.

16. Finalmente, consideró que la sentencia reprochada se encuentra
debidamente motivada conforme a las normas del ordenamiento jurídico, en
especial frente aquellas que regulan el medio de control de reparación directa.

1.6.3. Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca –
Amazonas

17. El director de la entidad rindió informe en el que informó que las
direcciones seccionales ejercen funciones de órgano técnico y administrativo de
la Rama Judicial. En ese sentido, manifestó que no tiene injerencia ni
competencia en las decisiones adoptadas por los despachos judiciales.

18. Por lo anterior, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva y
solicitó su desvinculación en la presente acción constitucional.

1.6.4. Fondo Nacional del Ahorro

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19. La apoderada de la entidad rindió informe en el que manifestó que no
vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues no le ha generado
daños ni perjuicios al actor. Por lo anterior, solicitó su desvinculación por no tener
legitimación en la causa por pasiva.

1.7. Sentencia de primera instancia

20. Mediante sentencia del 20 de junio de 2024, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente el mecanismo constitucional de la referencia,
tras considerar que no se superó el requisito de la relevancia constitucional.

21. Para fundamentar su decisión, indicó que la tutela no reprocha la ratio
decidendi de la sentencia enjuiciada, pues las providencias que la parte
accionante consideró desconocidas se refieren a asuntos contractuales del
sistema financiero y asegurador como el derecho a la información, la actividad
bancaria como servicio público, contratos de seguro, abuso de la posición
dominante del Fondo Nacional del Ahorro, entre otros. En ese sentido, si bien
esos temas pueden tener relación con los reproches que alegó el actor en el
medio de control de reparación directa, lo cierto es que el tribunal accionado no
resolvió de fondo el asunto, pues su estudio se fundamentó en la figura de la
caducidad.

22. Asimismo, recalcó que el actor empleó la acción de tutela para plantear un
debate que no guarda relación con la sentencia objetada, razón por la cual
carece de relevancia constitucional, pues no invocó sentencias que resolvieran
controversias frente a la caducidad.

23. Reiteró que no basta con aducir la afectación de garantías fundamentales
para cumplir con este requisito, sino que es imperativo que el interesado
exponga de manera clara las razones por las cuales consideró vulneradas sus
garantías.

1.8. Impugnación

24. La parte actora indicó que la Corte Constitucional, en la sentencia de tutela
T-026 de 2022, determinó que «los jueces de instancia incurrieron en un defecto
por desconocimiento del precedente constitucional pues se sustrajeron de aplicar
la interpretación establecida por esta Corporación frente a la flexibilización del
conteo del término para interponer el medio de control de reparación directa.
Adicionalmente, omitieron darle al trámite un enfoque constitucional fundado en
la salvaguardia de los derechos fundamentales, tomando en cuenta las
especiales circunstancias que rodearon el caso concreto».

25. Asimismo, puso de presente extractos de las sentencias T-156 de 2009,
T-075 de 2014, SU-659 de 2015, T-667 de 2015, SU-312 de 2020 que hacen
referencia al conteo del término de caducidad de diversas acciones judiciales.

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26. Por último, consideró que «en cuanto al precedente jurisprudencial de las
sentencias constitucionales no es obligación hacer exposiciones jurídicas porque
del contexto mismo de las sentencias se desprenden en forma clara y concreta
las razones y la fundamentación de estas peticiones constitucionales bastaba
entonces con relacionarlas para mayor ilustración al operador constitucional».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 20 de junio de
2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

29. La Sala advierte que el señor Andrés Henz Gil Cristancho está legitimado
en la causa por activa porque fue la parte actora en el proceso de reparación
directa cuya sentencia de segunda instancia se reprocha por esta vía.

30. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C está legitimado en la causa por
pasiva por haber proferido la sentencia del 6 de septiembre de 2023 reprochada
mediante esta acción de tutela.

2.3. Problema jurídico

31. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá
determinar si confirma, revoca o modifica la decisión de primera instancia. Para
tal efecto, se resolverán los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

32. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

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● ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección C incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, y en ese sentido, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y el
«principio de buena fe» con ocasión de la providencia proferida el 6 se septiembre
de 2023?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) estudio de la legitimación en
la causa por activa, de resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos
generales de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de
superarse, (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales5.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia7 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

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Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala comprobará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Estudio del requisito general de relevancia constitucional

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40. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional8.

41. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i)que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.

42. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

43. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

2.6. Estudio del cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional
en el caso concreto

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Andrés Henz Gil Cristancho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02154-01

44. La Sala entrará a decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de
relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y
atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.

45. En el caso en concreto, la Sala reconoce que la parte actora cuestiona el
fallo del 6 se septiembre de 2023 por medio del cual la autoridad judicial
accionada revocó la decisión de primer grado y declaró probada la caducidad del
medio de control de reparación directa.

46. De acuerdo con lo expuesto en el fundamento de la vulneración, si bien el
accionante mostró su inconformidad con lo decidido en la sentencia reprochada,
lo cierto es que no brindó fundamento alguno que guarde relación directa con la
argumentación en la que se basó la providencia de segunda, es decir, el conteo
del término de caducidad de la acción.

47. Así las cosas, si bien puso de presente múltiples sentencias proferidas por
la Corte Constitucional que consideró desconocidas, todas ellas hacían
referencia a conflictos que se presentan en el sector financiero y asegurador,
asunto que atiende al fondo del proceso ordinario y que no fue estudiado en la
sentencia de segunda instancia reprochada, pues la providencia analizó el
presupuesto procesal de la caducidad y esta fue la razón por la que revocó el
fallo de primer grado.

48. En ese sentido, pese a que el actor intentó superar el error en el que
incurrió y allegó en el escrito de impugnación sentencias que se refieren a la
caducidad, la Sala advierte que estudiarlas de fondo acarrearía la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de igualdad de la
autoridad judicial accionada, toda vez que no tendría la oportunidad de
pronunciarse frente al asunto.

49. Ahora bien, si la Sala procediera a realizar el estudio de las nuevas
sentencias que consideró desconocidas, la carga argumentativa del escrito es
insuficiente, pues el actor no expuso las razones por las cuales consideró que los
casos referenciados son similares al suyo. Por el contrario, simplemente se limitó
a señalar providencias que estudian la caducidad en diversas materias como la
penal, sin cumplir con la carga argumentativa requerida que para que exista un
pronunciamiento de fondo al respecto.

50. Por último, es importante resaltar que el actor señaló que la sentencia
censurada incurrió en los defectos fácticos y sustantivo. Sin embargo, no
sustentó ninguno de estos dos cargos. Por ende, estos dos últimos cargos no
tienen una carga argumentativa suficiente que permita superar el requisito de la
relevancia constitucional.

51. En definitiva, para la Sala resulta evidente que la presente acción
constitucional y los cargos que el actor aduce no cuenta con la carga

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02154-01

argumentativa mínima para poder superar el requisito de la relevancia
constitucional. Por ende, la sala confirmará el fallo de tutela de primera instancia
que declaró improcedente este mecanismo judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 20 de junio de 2024 proferido por la Sección
Cuarta de esta Corporación y mediante el cual se declaró improcedente la
presente acción de tutela por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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