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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02155-00

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02155-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Ariel Ríos Londoño, en nombre propio y como agente oficioso de la señora Luz Helena Ríos Londoño y los señores Carlos Mario Ríos Londoño, Jorge Alirio Ríos Londoño y Miguel Ángel Ríos Londoño, en contra del Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02155-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

29 de agosto de 2024

1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02155-00
Accionantes: Ariel Ríos Londoño, en nombre propio y como
agente oficioso de la señora Luz Helena Ríos Londoño y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02155-00
Accionantes: Ariel Ríos Londoño, en nombre propio y como agente oficioso de la
señora Luz Helena Ríos Londoño y otros.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, y otro.

Temas: Acción de tutela en contra de providencias judiciales, mediante las
cuales se declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa y se confirmó esta decisión. Ausencia
de legitimación en la causa por activa. Incumplimiento del requisito
general de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Ariel Ríos Londoño, en
nombre propio y como agente oficioso de la señora Luz Helena Ríos Londoño y de los
señores Carlos Mario Ríos Londoño, Jorge Alirio Ríos Londoño y Miguel Ángel Ríos
Londoño, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, y del Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

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Accionantes: Ariel Ríos Londoño, en nombre propio y como
agente oficioso de la señora Luz Helena Ríos Londoño y otros

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Ariel Ríos Londoño, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de
la señora Luz Helena Ríos Londoño y de los señores Carlos Mario Ríos Londoño,
Jorge Alirio Ríos Londoño y Miguel Ángel Ríos Londoño, promovió demanda en orden
a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la no revictimización.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, y al Juzgado Sesenta y Cuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitir la demanda de reparación directa
interpuesta en contra del Ejército y de la Policía Nacional, bajo el radicado 11001-33-
43-064-2020-00044-00/01, comoquiera que para el momento en que la presentó no
había operado el término de caducidad.

1.1.2. Hechos de la solicitud

De las pruebas obrantes en el expediente, se extraen como hechos relevantes los
siguientes:

i) Los señores María Elvira Londoño Ríos, Jorge Alirio Ríos Londoño, Carlos Mario
Ríos Londoño, Luz Helena Ríos Londoño, Ariel Ríos Londoño y Mariela Ríos Londoño
instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, por los perjuicios causados con ocasión de la ejecución
extrajudicial del señor Miguel Antonio Ríos Londoño el 30 de abril de 2002.

ii) El 11 de noviembre de 2021, el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito
Judicial declaró no probadas e imprósperas las excepciones de caducidad y de falta
de legitimación en la causa por pasiva propuestas por la parte demandada.

iii) Por lo anterior, el extremo procesal pasivo interpuso recurso de apelación en contra
de la anterior decisión.

iv) El 5 de agosto de 2022, la autoridad judicial precitada rechazó el recurso de alzada,
al considerar que la providencia recurrida no se encontraba dentro del listado previsto

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en el artículo 243 del CPACA. Sin embargo, en aplicación de lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso, analizó el recurso como de
reposición. En consecuencia, repuso parcialmente el auto del 11 de noviembre de
2021, en el sentido de declarar probada la excepción de caducidad, por no haberse
interpuesto oportunamente la demanda de reparación directa.

v) Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de súplica. El
26 de agosto de 2022, el Juzgado mencionado declaró improcedente dicho recurso;
sin embargo, lo adecuó y concedió como un recurso de apelación, en virtud de las
disposiciones precitadas.
vi) El 7 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, confirmó la decisión de primera instancia.

vii) Por lo anterior, la parte activa formuló recurso de apelación, el cual el 12 de febrero
de 2024 fue rechazado por improcedente por la corporación judicial precitada.

1.1.3. Inconformidad

La parte accionante consideró que el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia. Para el efecto, afirmó que aquellas
autoridades incurrieron en defecto sustantivo, por la aplicación equivocada de las
normas que hablan sobre la prescripción y la caducidad, la dilación injustificada y «la
contumacia de los fallos de instancia de interrumpir el proceso a como diera lugar»,
pues la demanda se encontraba admitida y notificada y dos años después decidieron
declarar la caducidad.

Indicó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad
penal en los casos de lesa humanidad y los crímenes de guerra «también se
encuentran previstas en el campo de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del
conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado», cuya participación
en el caso en concreto solo se conoció hasta la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz del 25 de julio de 2016, mediante la

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cual se reconoció el trabajo mancomunado entre la fuerza pública y el Bloque Centauro
de las AUC y el homicidio, entre otros, del señor Miguel Antonio Ríos Londoño; cuya
providencia fue notificada solo hasta el 10 de junio de 2017.

Adicionalmente, expuso que la solicitud de conciliación se presentó el 29 de julio de
2019 y, una vez se surtió dicho trámite, el 12 de noviembre de 2019 radicó la demanda
de reparación directa, la cual fue repartida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
autoridad que el 20 de febrero de 2020 la remitió por competencia a los juzgados
administrativos de Bogotá, por lo que, en su criterio, es claro que no se configuró el
fenómeno jurídico de la caducidad, pues todo se adelantó dentro del término.
Aunado a lo expuesto, precisó que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 92 y
93 de la Constitución Política y los artículos 1, 2 y 25 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos y el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y sus
protocolos adicionales, las hipótesis de daño antijurídico acaecido por crímenes de
lesa humanidad no tienen caducidad de ninguna clase y su tratamiento procesal no
puede hacerse con sujeción a las reglas limitativas previstas en el ordenamiento
jurídico interno, puesto que entrañan situaciones de interés para la humanidad, en
relación con los cuales los argumentos de seguridad jurídica deben ceder en aras de
una adecuada ponderación a favor de los intereses superiores que esos delitos
involucran.

Finalmente, trascribió algunos apartes de la sentencia proferida el 13 de mayo de 2015
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y las sentencias de
constitucionalidad C-006 de 2017, C-082 de 2018 y C-570 de 2019.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 7 de mayo de 2024, el despacho del magistrado sustanciador de la presente
decisión inadmitió la acción de la referencia y, en consecuencia, requirió al señor Ariel
Ríos Londoño para que, de actuar como agente oficioso: a) identificara plenamente a
sus agenciados, informando sus nombres completos y números de documento de
identificación; b) enviara la documentación que permitiera demostrar la incapacidad de
los agenciados para promover su propia defensa, con el fin de acreditar los requisitos
de la agencia oficiosa, en los términos del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y la

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jurisprudencia de la Corte Constitucional; c) indicara las providencias que pretendían
controvertirse en esta sede y allegara copia digitalizada de estas.

1.2.2. El 16 de igual mes y año, el señor Ariel Ríos Londoño, mediante memorial de
subsanación, aclaró que no buscaba actuar como agente oficioso de sus supuestos
hermanos, pues lo que pretendía era actuar como representante de ellos, para lo cual
adjuntó un poder que estos le otorgaron, debido a que «no todos tienen disponibilidad
de tiempo para estar pendiente de los pormenores de esta situación».

Adicionalmente, informó que al proceso de reparación directa le correspondió el
radicado 11001-33-43-064-2020-00044-00/01, sin precisar las providencias que en su
criterio vulneraron sus derechos fundamentales.

1.2.3. Por lo anterior, el 28 de mayo de 2024, el despacho del magistrado sustanciador,
en vista de que el señor Ariel Ríos Londoño buscaba actuar como representante de
sus hermanos, los cuales, de acuerdo con el poder otorgado por estos, son personas
mayores de edad, que lo apoderaron al carecer de tiempo para actuar por sí mismas;
y que el señor Ríos Londoño, según el documento de identificación aportado, no es
abogado, lo requirió nuevamente para que A) indicara de manera puntual las
providencias que presuntamente conculcaron sus derechos fundamentales, señalando
la fecha de emisión y la autoridad judicial que las profirió, según sea el caso; B)
aportara memorial suscrito por sus hermanos, como manifestación de su voluntad, en
el cual manifestaran, de manera inequívoca, (haciendo referencia explícita a este
proceso), que buscaban actuar en nombre propio dentro de esta acción o, en caso
contrario, aportaran poder debidamente conferido a un profesional del derecho con
tarjeta profesional vigente.

1.2.4. El 4 de junio de 2024, el señor Ariel Ríos Londoño identificó las providencias
que pretendía cuestionar en el presente trámite judicial y, además, manifestó su
intención de actuar como agente oficioso de los señores Luz Helena Ríos Londoño,
Carlos Mario Ríos Londoño, Jorge Alirio Ríos Londoño y Miguel Ángel Ríos Londoño,
quienes, a su vez, a través de sendos memoriales, expusieron las razones por las
cuales les era imposible acudir en nombre propio y hacer seguimiento a la acción de
tutela de la referencia.

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agente oficioso de la señora Luz Helena Ríos Londoño y otros

Para el efecto, se observa que la señora Luz Helena Ríos Londoño señaló que trabaja
interna en una finca en el departamento de Risaralda, como recolectora de café y en
la zona en la que se encuentra, dadas las condiciones en las que vive y trabaja, no
hay señal de internet; además indica que posee un teléfono que denomina «flecha»,
que solo sirve para recibir llamadas.

Asimismo, se aprecia que los señores Jorge Alirio y Carlos Mario Ríos Londoño
refirieron que trabajan juntos en una finca, en el departamento de Meta, cerca de Caño
Cristales, dedicada al cultivo de la palma de cera, y en la cual, debido a la situación
topográfica del lugar y sus condiciones de vida y trabajo, no pueden acceder a la señal
de teléfono ni de internet.

Finalmente, se denota que el señor Miguel Ángel Ríos Londoño manifestó que vive y
trabaja en el departamento del Meta, en condiciones de lejanía, en un pozo petrolero
a tiempo completo, en una zona que no tiene cobertura de señal de internet ni telefonía.

1.2.5. Por lo anterior, el 24 de junio de 2024, el despacho del magistrado ponente,
luego de exponer los dos requisitos para que una persona pueda constituirse como
agente oficioso, a saber: (i) la manifestación del agente oficioso de estar actuando en
tal calidad y (ii) la imposibilidad del agenciado de defender directamente sus derechos,
precisó que dentro de las circunstancias físicas o mentales que le impidan al interesado
acudir directamente a la acción de tutela se encuentran los estados de desamparo o
indefensión del accionante1, personas amenazadas ilegítimamente en su vida o
integridad personal, menores de edad, individuos en condiciones relevantes de
discapacidad física, psíquica o sensorial; personas pertenecientes a determinadas
minorías étnicas y culturales2; e, incluso, por aislamiento geográfico3, circunstancias
socioeconómicas, o situación de especial marginación4.

Así, consideró que se encontraba acreditada la primera exigencia de la agencia
oficiosa, toda vez que el señor Ariel Ríos Londoño manifestó su intención de actuar

1 Corte Constitucional. Sentencia T-072 de 2019.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-430-17.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-342 de 1994.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-312 de 2009 y T-072-19.

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como agente oficioso de los señores Luz Helena Ríos Londoño, Carlos Mario Ríos
Londoño, Jorge Alirio Ríos Londoño y Miguel Ángel Ríos Londoño; y, adicionalmente,
se encontraba satisfecho el segundo requisito, puesto que los agenciados son
trabajadores rurales; que se encuentran laborando y viviendo en zonas apartadas del
país, lo que implica un aislamiento geográfico, y que no cuentan con dispositivos que
permitan el acceso a los servicios telefónicos y de internet, a través de los cuales
puedan enterarse de las actuaciones que se adelantan dentro de la acción de amparo,
pues todo se registra de manera virtual en el aplicativo denominado SAMAI; de manera
que, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional5 y ante la situación
que les impide adelantar el proceso constitucional directamente, era forzoso garantizar
el derecho de acceso a la administración de justicia de estos a través del
reconocimiento del agente oficioso, señor Ariel Ríos Londoño.

En consecuencia, (i) reconoció al señor Ariel Ríos Londoño como agente oficioso de
la señora Luz Helena Ríos Londoño y los señores Carlos Mario Ríos Londoño, Jorge
Alirio Ríos Londoño y Miguel Ángel Ríos Londoño; (ii) admitió la acción de tutela en
contra del Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C; (iii)
vinculó, en calidad de terceros interesados en las resultas del proceso, a la Nación
(Ministerio de Defensa, Ejército Nacional) y la señora María Elvira Londoño Ríos; y (iv)
requirió al Juzgado precitado para que suministrara la dirección de esta última y,
adicionalmente, remitiera copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-43-064-2020-00044-00/01.

1.2.6. El 17 de julio de 2024, el despacho del consejero sustanciador vinculó, como
tercera interesada, a la señora Mariela Ríos Londoño.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

5 La Corte Constitucional, a través de las sentencias T-167 de 2011, T 678 de 2016, T-234 de 2018,

entre otras, ha considerado que los trabajadores rurales y campesinos, son considerados como sujetos
de especial protección constitucional, en virtud del artículo 64 de la Carta Magna,10 por tanto, es deber
del juez constitucional reforzar el amparo, propugnando por la «igualdad real y efectiva» de estos grupos
poblacionales.

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El juez John Alexander Ceballos Gaviria, luego de hacer un breve recuento de las
actuaciones judiciales adelantadas en el proceso de reparación directa, afirmó que la
acción de tutela en contra de providencias judiciales no está llamada a suplantar los
medios ordinarios o extraordinarios de defensa judicial, a efectuar un nuevo examen
del asunto debatido, a revivir términos ante la negligencia de los sujetos procesales o
ser un mecanismo de control sobre las determinaciones adoptadas por el juez natural
de la causa.

Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que la decisión emitida por su despacho el 5 de
agosto de 2022, en la que declaró configurado el fenómeno jurídico de la caducidad,
estuvo soportada fáctica, jurídica y probatoriamente y, además, se basó en la
jurisprudencia del Consejo de estado sobre el asunto, por lo que no vulneró derecho
fundamental alguno. En consecuencia, solicitó su desvinculación de la acción de la
referencia.

Por otra parte, allegó el expediente de primera instancia del medio de control de
reparación directa y suministró los correos electrónicos para la notificación de la señora
María Elvira Londoño Ríos, en cumplimiento del requerimiento efectuado.

1.3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C, remitió el enlace para descargar el expediente ordinario, en segunda instancia, pero
no rindió informe frente a los hechos expuestos en el escrito de tutela, a pesar de que
fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de la referencia.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o

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Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Cuestión previa

Antes de plantear el problema jurídico, mediante el cual se abordará el estudio de la
presente acción, la Sala considera preciso aclarar que si bien el señor Ariel Ríos
Londoño, en el memorial de subsanación del 4 de junio de 2024, indicó que las
providencias cuestionadas eran las del 11 de noviembre de 2021 y del 18 de agosto
de 2022, por medio de las cuales se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa, lo cierto es que los proveídos mediante los cuales se determinó que
había operado el fenómeno procesal mencionado y se confirmó esta decisión, fueron
proferidos el 5 de agosto de 2022 y 7 de junio de 2023; por lo que el estudio se realizará
frente a estas dos últimas providencias.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si el señor Miguel Ángel Ríos
Londoño se encuentra legitimado en la causa por activa para instaurar la presente
acción de tutela; y, en segundo lugar, si la solicitud de amparo cumple con los
requisitos de procedencia, especialmente, el de inmediatez, para controvertir las
providencias emitidas el 5 de agosto de 2022 y el 7 de junio de 2023 por el Juzgado
Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, respectivamente,
en el medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-43-064-2020-
00044-00/01.

2.3. Marco normativo

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

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La jurisprudencia constitucional6 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,7 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

6 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
7 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de reparación directa con
radicado 11001-33-43-064-2020-00044-00/01, la Sala de decisión establece lo
siguiente:

2.4.1. El 12 de noviembre de 2019, los señores María Elvira Londoño Ríos, Jorge Alirio
Ríos Londoño, Carlos Mario Ríos Londoño, Luz Helena Ríos Londoño, Ariel Ríos
Londoño, Mariela Ríos Londoño y Marcos Hugo Ladino Ríos instauraron, por medio
de apoderado judicial, demanda de reparación directa en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, y Policía Nacional, para que fueran
declarados administrativamente responsables por los perjuicios causados como
consecuencia de la muerte del señor Miguel Antonio Ríos Londoño el 30 de septiembre
de 2011 por grupos paramilitares «con complicidad del Ejército y la Policía Nacional».

2.4.2. El 11 de febrero de 2021, el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá admitió la demanda formulada por los señores María Elvira
Londoño Ríos, Jorge Alirio Ríos Londoño, Carlos Mario Ríos Londoño, Luz Helena
Ríos Londoño, Ariel Ríos Londoño y Mariela Ríos Londoño. Sin embargo, la rechazó
con respecto al señor Marcos Hugo Ladino por no haberse aportado en el escrito de
subsanación el poder conferido al abogado Carlos Alberto Guerrero López, a pesar de
que esto le fue requerido en el auto que inadmitió la demanda.

2.4.3. El 11 de noviembre de 2021, la autoridad judicial referida declaró no probada las
excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva, por lo cual la
parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

2.4.5. El 5 de agosto de 2022, el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá rechazó el recurso de alzada, al considerar que la providencia
recurrida no se encontraba en el listado del artículo 243 del CPACA. No obstante, en
aplicación de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 318 del Código General del
Proceso, tramitó el recurso como de reposición. En consecuencia, repuso parcialmente

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el auto del 11 de noviembre de 2021, en el sentido de declarar probada la excepción
de caducidad.

2.4.6. Inconforme con esta decisión, el 10 de igual mes y anualidad la parte
demandante presentó recurso de súplica.

2.4.7. El 26 de agosto de 2022, el despacho judicial mencionado rechazó el recurso
de súplica por improcedente y, en su lugar, concedió el recurso de apelación, en efecto
suspensivo.

2.4.8. El 7 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, confirmó la decisión de primera instancia, para lo cual, en
primer lugar, explicó que la declaratoria de la excepción de caducidad debía realizarse
mediante sentencia anticipada, en virtud de lo dispuesto en los artículos 175 y 182A
del CPACA, por lo que habría lugar a revocar la providencia recurrida para que se
emita un pronunciamiento a través de sentencia anticipada.

Sin embargo, en aras de dar celeridad procesal y dado que la parte activa se pronunció
respecto de la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada en el
traslado de esta e intervino frente a la no prosperidad de dicha excepción mediante
recurso, afirmó que dicha parte tuvo la oportunidad de pronunciarse en diversos
momentos procesales y controvertir la prosperidad de la excepción declarada por el a
quo, de manera que debía continuarse con el conocimiento del asunto, con el fin de
evitar su dilación.

En segundo lugar, en cuanto al caso en concreto, indicó que la fecha límite para
instaurar la demanda de reparación directa vencía el 6 de agosto de 2019, en razón al
momento en que se conoció la participación por acción u omisión de los agentes del
Estado; no obstante, la demanda se radicó hasta el 12 de noviembre de 2019, esto es,
por fuera del término legal, por lo que había operado el fenómeno jurídico de la
caducidad.

2.4.9. El 20 de junio de 2023, la parte demandante interpuso recurso de apelación en
contra de la anterior decisión.

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2.4.10. El 12 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, rechazó por improcedente el recurso de apelación, al
considerar que, de conformidad con lo previsto en el ordinal 4.° del artículo 243A del
CPACA, el auto que resuelve el recurso de apelación no es susceptible de apelación.

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Legitimación en la causa por activa

La acción de tutela constituye una herramienta procesal preferente, informal, sumaria
y expedita de protección inmediata de las garantías fundamentales, frente a
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en casos excepcionales.

De lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 se ha
considerado por la Corte Constitucional que son requisitos mínimos para la
procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela i) la acreditación de legitimación
en la causa (activa y pasiva), ii) la trascendencia ius fundamental del asunto, iii) el
ejercicio oportuno (inmediatez) y iv) la subsidiariedad8.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, determina la legitimidad e interés
para ejercer la referida acción constitucional, en los siguientes términos:

«[…]La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará
por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]».

De lo anterior se colige que la acción de tutela puede ser presentada por: i) la persona
que considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, ii) el
representante legal, iii) el apoderado judicial, revestido de mandato especial para el

8 Corte Constitucional, sentencias T-426 de 2021, T-480 de 2016, SU-377 de 2014, entre otras.

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agente oficioso de la señora Luz Helena Ríos Londoño y otros

efecto, iv) el agente oficioso y v) el defensor del pueblo y los personeros municipales.
Así las cosas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien presenta el
mecanismo de amparo se encuentra legitimado en la causa por activa.

2.5.2. Ausencia de legitimación del señor Miguel Ángel Ríos Londoño para actuar
en el presente asunto

El señor Ariel Ríos Londoño, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de
la señora Luz Helena Ríos Londoño y los señores Carlos Mario Ríos Londoño, Jorge
Alirio Ríos Londoño y Miguel Ángel Ríos Londoño, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
los cuales estimó vulnerados por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, al expedir las providencias del 5 de agosto de 2022 y del 7 de
junio de 2023, respectivamente.

Pues bien, del recuento efectuado en el acápite de hecho probados, se tiene que el
señor Miguel Ángel Ríos Londoño no intervino, como parte o tercero interesado, en el
medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-43-064-2020-00044-
00/01, cuyas providencias pretende controvertir en esta sede constitucional. En efecto,
la subsección advierte que el proceso referido solo fue promovido por los señores
María Elvira Londoño Ríos, Jorge Alirio Ríos Londoño, Carlos Mario Ríos Londoño,
Luz Helena Ríos Londoño, Ariel Ríos Londoño y Mariela Ríos Londoño en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

Sobre el particular, se reitera que, tratándose de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional9 y
del Consejo de Estado10 ha sido admitir su procedencia excepcional, para garantizar

9 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de

2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de
1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de
2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de
2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de
2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
10Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el

5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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la protección de los derechos fundamentales de quienes intervienen en el respectivo
proceso judicial, cuando estos se ven afectados por la configuración de un defecto.

Lo anterior, en razón a que la vulneración alegada necesariamente presupone que se
ha intervenido en un proceso y que es allí donde ha ocurrido la transgresión, por causa
o con motivo de la decisión judicial y, por ello, mal puede una persona alegar que se
conculcó su derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
cuando no participó dentro de este.

Así las cosas, el hecho de tener interés en un proceso determinado no se traduce
necesariamente en la legitimidad para actuar mediante acción de tutela contra las
providencias que allí se profieran, por cuanto en estos casos aquella no es un proceso
aislado del ordinario, en la medida en que la afectación de los derechos fundamentales
se concreta durante el trámite judicial correspondiente, frente a quienes allí actúen.

En ese orden de ideas, se concluye que el señor Miguel Ángel Ríos Londoño no está
legitimado para interponer la presente acción de tutela en contra de las providencias
emitidas el 5 de agosto de 2022 y el 7 de junio de 2023, comoquiera que no intervino
al interior del proceso de reparación directa y, en esa medida, no puede considerarse
que sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia fueron vulnerados en dicho medio de control.

Por lo anterior, la falta de interés para actuar del señor Miguel Ángel Ríos Londoño
trae como consecuencia la improcedencia de la acción de tutela y, por ende, no es
posible realizar un análisis de fondo con respecto a aquel.

No obstante, como los señores Ariel Ríos Londoño, Luz Helena Ríos Londoño, Carlos
Mario Ríos Londoño y Jorge Alirio Ríos Londoño sí se encuentran legitimados para
incoar la acción de la referencia, en el siguiente acápite se estudiará el cumplimiento
de los demás requisitos generales de procedibiidad, concretamente, el de inmediatez.

2.5.3. Análisis de la procedencia de la acción de tutela

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El señor Ariel Ríos Londoño, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de
la señora Luz Helena Ríos Londoño y de los señores Carlos Mario Ríos Londoño y
Jorge Alirio Ríos Londoño, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Sesenta
y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al considerar que aquellas
autoridades, con ocasión de la expedición de las providencias del 5 de agosto de 2022
y del 7 de junio de 2023, respectivamente, transgredieron sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, comoquiera que
incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que la demanda de reparación directa se
interpuso oportunamente, ya que solo tuvieron conocimiento de la participación del
Estado hasta la notificación de la sentencia proferida el 25 de julio de 2016, lo cual se
produjo hasta el 10 de junio de 2017.

Ahora bien, al examinar el expediente del proceso ordinario, se advierte que (i) el 7 de
junio de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
confirmó la decisión emitida el 5 de agosto de 2022, mediante la cual el Juzgado
Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró probada la
excepción de caducidad; (ii) el 20 de junio de 2023, la parte demandante interpuso
recurso de apelación en contra de la anterior decisión; y (iii) el 12 de febrero de 2024,
la corporación judicial precitada rechazó por improcedente dicho recurso, al considerar
que el auto que resuelve el recurso de apelación no es susceptible de apelación.

Así las cosas, se tiene que la providencia que puso fin al proceso es la del 7 de junio
de 2023, comoquiera que el recurso de apelación interpuesto en contra de dicha
decisión era improcedente, en virtud de lo dispuesto en el numeral 4.° del artículo 243A
del CPACA.

Sobre el particular, es del caso precisar que la razón de ser de la firmeza de las
providencias judiciales es garantizar la cosa juzgada y la materialización del principio
de seguridad jurídica, pues ante una cadena interminable de medios de impugnación
manifiestamente improcedentes, las decisiones judiciales nunca podrían culminar, lo
que evidentemente impide un óptimo y oportuno funcionamiento de la administración
de justicia.

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En esa medida, para la Sala es claro que es a partir de la ejecutoria de la providencia
del 7 de junio de 2023 que debe contabilizarse el plazo razonable para establecer la
oportunidad respecto de la presentación de la acción de tutela como mecanismo para
controvertir una providencia judicial. Así, se observa que el referido pronunciamiento
fue notificado a las partes por estado el 15 de junio de 2023, por lo que el término de
ejecutoria empezó a correr a partir del día siguiente, es decir, el 16 de junio de 2023 y
finalizó el 21 de igual mensualidad y anualidad11.

Si bien es cierto que el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en virtud del carácter
preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, esta debe
interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento
generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, con el
fin de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se convierta en un factor
de inseguridad jurídica y evitar su uso como herramienta supletoria de la negligencia
en la agencia de derechos, desnaturalizando con ello la finalidad de la acción.12

Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante decisión del 5 de agosto
de 2014,13 explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el
recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se
encuentran en juego los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica,
razones por las cuales acogió, como regla general, un plazo de seis meses contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia que se discute.

En esa medida, la Subsección considera que la presente solicitud de amparo no
satisface los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el

11 Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. “Las que sean proferidas por fuera de audiencia

quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido
los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada
la providencia que resuelva los interpuestos”. Ley 4a de 1913. Artículo 62. “En los plazos de días que se
señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de
expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día
fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.
12 Sentencia T-187 de 2012, entre otras.
13 Consejo de Estado, Sala Plena. Radicado 11001 03 15 000 2012 02201-01 (IJ), Demandante: Alpina

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término para su ejercicio, pues dicho plazo se cumplió el 11 de enero de 2024; sin
embargo, la acción solo fue instaurada hasta el 3 de abril de igual anualidad, tal y como
se observa en la siguiente imagen:

Por tanto, se colige que el accionante superó ampliamente el término prudencial de
seis meses establecido por la jurisprudencia para la presentación del mecanismo de
amparo contra providencias judiciales.

No obstante, como el solo paso del tiempo, no habilita al juez constitucional para
considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse si la
tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una causa
válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable.

Así, en aras de determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al
momento de acudir a la acción de tutela, en la Sentencia T-253 de 2015, la Corte
Constitucional evaluó dicho período a partir de las siguientes reglas:

«[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que

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adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan […]».

En ese orden, al revisar el escrito tutelar, la Sala no encuentra un soporte o justificación
alguna de la inactividad de la parte accionante para solicitar oportunamente la defensa
de los derechos fundamentales invocados, por lo que no resulta procedente aplicar los
criterios de flexibilización mencionados.

En consecuencia, se colige que la presente solicitud de amparo no superó la exigencia
general de procedibilidad aquí estudiada, pues además de que la parte accionante
excedió el término previsto como prudencial para la interposición de este mecanismo,
no acreditó siquiera sumariamente la ocurrencia de alguna circunstancia que justificara
su inactividad.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye, de un lado, que el señor Miguel Ángel Ríos Londoño no se encuentra
legitimado en la causa por activa y, del otro, que la acción de la referencia no superó
el requisito general de inmediatez, comoquiera que se instauró por fuera del término
prudencial establecido por la jurisprudencia, sin que se hubiese justificado su tardanza.
Por tanto, se rechazará por improcedente el presente mecanismo de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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F A L L A:

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Ariel
Ríos Londoño, en nombre propio y como agente oficioso de la señora Luz Helena Ríos
Londoño y los señores Carlos Mario Ríos Londoño, Jorge Alirio Ríos Londoño y Miguel
Ángel Ríos Londoño, en contra del Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

A. R. F.

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