Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02165-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02165-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02165-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02165-00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – PROCESO
POLICIVO / NIEGA - No se configuraron los defectos alegados / IMPROCEDENCIA
– Falta de subsidiariedad por no alegar en el proceso ordinario la supuesta
naturaleza mixta del acto.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Empresas Públicas de Medellín
E.S.P contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y otros.
I. ANTECEDENTES
A. La demanda y sus fundamentos
1.
El 2 de mayo de 2024, la apoderada general de Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. 2 , presentó demanda de tutela contra los Juzgados Primero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Medellín, Veinticinco Laboral del Circuito de
Medellín y Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, así como el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el municipio de Concepción3, en busca de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
2.
Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas con la adopción de las
siguientes decisiones: (i) la Resolución 157 del 18 de octubre de 2022, expedida por
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 En adelante EPM.
3 Si bien en la acción constitucional no se indicó que fuera parte accionada, en el contenido y pretensiones de la
tutela sí se hacía relación directa a la misma y a los yerros cometidos por aquella entidad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02165-00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P
Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el alcalde del municipio de Concepción en el marco del proceso policivo tramitado
con el número I.P. 2021-82; (ii) los fallos del 28 de febrero y 17 de abril de 2023,
proferidos por los juzgados Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Medellín y Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, respectivamente, al interior
de la acción de tutela radicado 05001-41-05-001-2023-00125-00/01 y; (iii) los autos
del 21 de abril de 2023 y 12 de marzo de 2024, dictados en su orden, por el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
05001-33-33-008-2023-00066-00/01.
3.
Entre los fundamentos de hecho, se tiene que el 10 de noviembre de 2021, Julián
Andrés Agudelo Valencia radicó querella civil de policía en contra de Empresas
Públicas de Medellín, por actos de perturbación en su predio, concretamente la
existencia de un poste de energía. El proceso quedó radicado bajo consecutivo I.P.
2021-082.
4.
La Inspección de Policía y Tránsito del municipio de Concepción decidió en
primera instancia no conceder la protección policiva solicitada y no imponer ninguna
medida correctiva a Empresas Públicas de Medellín, al no haberse probado que se
estuvieran realizando actos perturbatorios. Esta decisión fue apelada por la parte
querellante.
5.
El alcalde del municipio de Concepción, mediante Resolución 157 del 18 de
octubre de 2022, coincidió en que no se presentaron actos que perturbaran la
posesión, pero resolvió modificar la decisión de primera instancia parcialmente.
Ordenó a las partes verificar la dimensión del vuelo de los vientos del poste de
energía y dejarlo a 7 metros de la servidumbre de facto. Igualmente dispuso que la
querellada, debía iniciar en 4 meses las acciones judiciales correspondientes, a
efectos de constituir la servidumbre. El resto de la decisión fue confirmada.
6.
Inconforme con la anterior Resolución, Empresas Públicas de Medellín instauró
acción de tutela contra el municipio de Concepción, con el fin de que se dejara sin
efectos la señalada decisión, para restablecer los derechos vulnerados. Mediante
sentencia del 28 de febrero de 2023, el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Medellín declaró improcedente el amparo solicitado, por
estimar que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, debido a que el interés de
la accionante era meramente patrimonial y estaba encaminado a dejar sin efectos
una decisión administrativa contenida en una resolución, contra la cual procedían
mecanismos de defensa ordinarios.
7.
Por fallo de 17 de abril de 2023, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de
Medellín confirmó la decisión de primera instancia. Adicionalmente, sostuvo que las
actuaciones emitidas en el marco del proceso policivo no resolvieron de fondo y de
manera definitiva el conflicto, por lo que no se estaba en presencia de un acto
jurisdiccional. Debido a que la decisión adoptada en primera instancia permaneció
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incólume tras desatarse el recurso de apelación, ya que el alcalde se limitó a ordenar
el inicio de las acciones legales correspondientes con el fin de definir sobre la
titularidad de los derechos reales, pero no definió sobre ellas.
8.
Posteriormente, Empresas Públicas de Medellín presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Concepción, pretendiendo
que se declarara la nulidad de la Resolución 157 del 18 de octubre de 2022, proferida
en segunda instancia dentro del proceso policivo. El Juzgado Octavo Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, mediante auto de 21 de abril de 2023 rechazó la
demanda. Estimó que el debate que se planteaba no era objeto de control judicial
por parte de esa jurisdicción, puesto que se estaba frente a unos actos proferidos en
desarrollo de un juicio de policía, sobre los cuales no se tenía competencia.
9.
El Tribunal Administrativo de Antioquia a través de auto de 12 de marzo de 2024
confirmó la decisión del A quo. De la lectura del acto administrativo acusado,
concluyó que se estaba frente al ejercicio de facultades jurisdiccionales, en la medida
en que el municipio resolvió un conflicto entre dos partes, específicamente uno
tendiente a dirimir una afectación a la posesión debido a una servidumbre de facto
constituida por EPM. Por lo que la decisión de la administración constituye un
verdadero acto jurisdiccional, no susceptible de control.
10.
En su demanda de tutela, la parte actora indicó que con las anteriores
actuaciones se le ha impedido la resolución de su problema jurídico. Tanto la
jurisdicción constitucional como la de lo contencioso administrativo se han abstenido
de conocer del asunto. Los jueces en cada una de ellas alegan que es ante la otra
jurisdicción que se debe ventilar la controversia respecto de la Resolución 157
proferida por el alcalde del municipio de Concepción.
11.
Adujo que según los jueces administrativos la decisión objetada es de naturaleza
policiva, en tanto resolvió una situación de perturbación, pero nada mencionan sobre
las órdenes administrativas, que obligan a desplegar acciones, y tienen una
connotación distinta a una simple decisión jurisdiccional que decide si existe o no
perturbación a la propiedad. Por otro lado, los jueces constitucionales indicaron que
la decisión expedida por el alcalde de Concepción no constituye una decisión
jurisdiccional. En tal sentido no se le ha respetado el debido proceso a EPM por la
discrepancia de criterios respecto a la naturaleza del acto.
12.
Agregó que debido a que la Administración impartió órdenes por fuera de la
finalidad del proceso policivo, aquellas son verdaderas decisiones administrativas,
por lo cual pueden ventilarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
situación que no fue objeto de estudio por los jueces administrativos.
13.
Expuso que el municipio de Concepción en su decisión desbordó el marco del
proceso de querella policivo que se ventiló, vulnerando el principio de congruencia.
Estimó que la decisión objetada incurrió en defecto procedimental absoluto porque
3
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la administración actuó al margen del procedimiento establecido para este tipo de
procesos, concretamente, el artículo 80 de la Ley 1801 de 2016. En defecto
sustantivo por no aplicar correctamente la norma procesal correspondiente al rito
policivo que tenía como finalidad establecer, de ser el caso, el statu quo del bien. Por
lo que la autoridad administrativa se extralimitó en sus funciones con la orden dada.
Falta de motivación, debido a que en el numeral B del numeral primero de la parte
resolutiva de la decisión acusada no se siguió el debido proceso establecido para
este asunto procesal específico, ni tuvo sustento jurídico. Y desviación de las
atribuciones propias del funcionario, puesto que la decisión contenida en el
artículo primero literal B de la Resolución 157 persigue fines distintos a los que ha
fijado el ordenamiento jurídico para lo que concierne al proceso abreviado por
perturbación a la posesión. Extralimitando la autoridad el marco jurídico fijado por el
legislador en la Ley 1801 de 2016.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
14. Por auto de 6 de mayo de 20244, se admitió la presente acción, se ordenó
notificar a las autoridades accionadas y se vinculó al municipio de Concepción, en
calidad de terceros interesados.
15. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín 5 indicó que la
providencia emitida por ese despacho no trasgredió derecho fundamental alguno, y
justamente en virtud de la correcta administración de justicia se profirió una decisión,
en la que se estableció que esa jurisdicción no era competente para conocer de los
actos proferidos en juicios de policía. La misma fue confirmada en su integridad por
el juez de segunda instancia. Manifestó que le corresponde al accionante definir cuál
es el tipo de acción que deberá emprender en contra de la administración de
Concepción para dirimir el conflicto suscitado, que advierte vulnera sus derechos.
16. Las demás autoridades guardaron silencio.
II.C O N S I D E R A C I O N E S
C. Delimitación de problema
17.
A pesar de que en la demanda se cuestiona el actuar de las autoridades judiciales,
la misma no se orienta a dejar sin efectos las providencias proferidas por aquellas.
La pretensión de EPM es que se adopten medidas tendientes a garantizar su acceso
a la administración de justicia y conforme a ello “se resuelva de fondo el asunto y se
ORDENE al MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN se deje sin efecto el numeral primero de
la parte resolutiva de la Resolución Nro. 157”.
4 Notificado el 15 de mayo de 2024.
5 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 2 folios.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
18.
La parte accionante presenta ante el juez de tutela una discusión relevante desde
el punto de vista constitucional. Los presupuestos fácticos en los que se sustenta la
solicitud de amparo ilustran un escenario de posible denegación de justicia, a la que
se ha enfrentado EPM en su empeño de cuestionar la decisión adoptada por un
Alcalde, en el marco de un proceso policivo iniciado por la presunta perturbación de
una posesión.
19.
En sede constitucional los jueces de tutela estimaron que la decisión era de
naturaleza administrativa y resultaba improcedente el amparo. Y en sede
contencioso administrativa los jueces de esa jurisdicción lo calificaron como un acto
jurisdiccional, no sujeto a control. En virtud de lo anterior, hasta el momento ninguna
autoridad ha resuelto avocar el estudio de fondo del asunto, apelando a que su
naturaleza lo impide.
20.
En ese contexto, esta Sala de Subsección encuentra razones suficientes para
intervenir como juez de tutela. Si bien dicha empresa acudió previamente al
mecanismo de tutela para cuestionar la decisión del municipio de Concepción, no es
posible escudarse en la cosa juzgada para negar por tercera vez la posibilidad de
obtener un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión discutida. Ello, teniendo en
cuenta que:
(i). La primera acción de tutela no estudió de fondo la decisión del municipio de
Concepción. Bajo la consideración de que se trataba de un acto administrativo,
se declaró improcedente el amparo por falta de subsidiariedad, ante la supuesta
existencia de otro mecanismo de defensa (la acción contencioso
administrativa), que a la postre evidenció su falta de idoneidad.
(ii). En esta ocasión se presentan hechos nuevos, que dan cuenta de que los jueces
administrativos se abstuvieron de estudiar de fondo el asunto, bajo la tesis de
que se estaba ante un acto jurisdiccional. Ello determinó la negativa del aparato
judicial de conocer del asunto.
(iii). En virtud de lo anterior, ningún juez ha abordado el estudio de las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial, en tanto
inicialmente se negó el carácter jurisdiccional de la decisión.
21.
Así, partiendo de los argumentos expuestos por el Tribunal accionado sobre la
naturaleza de la resolución cuestionada, para los efectos del presente estudio habrá
de considerarse dicho acto como uno de carácter jurisdiccional, respecto del cual la
tutela es procedente. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-620 de
2016, reiterando lo expuesto por la Sala Plena de esa corporación en la decisión C-
241 de 2010, precisó lo siguiente en cuanto a los juicios de policía iniciados con la
pretensión de amparar provisionalmente la posesión, la tenencia o una servidumbre:
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02165-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<<5.2. La naturaleza y alcance de las decisiones tomadas en los juicios de policía, fue
materia de estudio en la sentencia C-241 de 2010, en la que se dijo:
“las decisiones adoptadas en desarrollo de juicios de policía de naturaleza civil, como
cuando se interviene en asuntos destinados a amparar provisionalmente la posesión, la
tenencia o una servidumbre o los asuntos de carácter penal, se encuentran expresamente
excluidos de dicho control en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código
Contencioso Administrativo, según el cual tal Jurisdicción carece de competencia para
juzgar las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados por la ley.
Lo anterior se justifica si se tiene en cuenta que, en estos casos, las medidas de policía
son de efecto inmediato en punto a evitar que se perturbe el orden y la tranquilidad
pública. Se trata de medidas de carácter precario y provisional, cuya única finalidad es
devolver el statu quo mientras el juez ordinario competente para decidir sobre la titularidad
de los derechos reales en controversia, decide definitivamente sobre ellos.
(…)
Cabe advertir en todo caso, que frente a las decisiones de policía proferidas dentro de
juicios de naturaleza civil o penal, no existe la posibilidad de lograr la protección –in situ -
, de los derechos fundamentales cuando éstos son vulnerados, como tampoco puede
acudirse ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa para ese propósito, como se
desprende del artículo 12 del decreto 2304 de 1989, reformatorio del artículo 82 del
Código Contencioso Administrativo, de manera que queda tan sólo disponible la acción
de tutela para lograr la protección de los derechos fundamentales que sean conculcados
y sólo con tal fin”.
5.3. Resulta claro que la naturaleza propia de una providencia emitida en un proceso
policivo es la de “judicial de carácter civil” aunque este tipo de procesos sea adelantado
por autoridades administrativas, las decisiones que ellos asuman, hacen tránsito a cosa
juzgada y no pueden ser controvertidas por vía de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo tanto es la acción de tutela el mecanismo idóneo para lograr la
protección de los derechos fundamentales que hayan sido vulnerados con dicha
actuación cuando se está en presencia de sujetos de especial protección.>>6.
22.
Se comparta o no esa postura, ciertamente la misma fue la que sustentó la
decisión del Tribunal accionado para abstenerse de conocer sobre el asunto. Y el
respeto a los derechos de la parte accionante impone el deber de mantener una
coherencia respecto a ese aspecto. Más aún si se tiene en cuenta que el Juzgado
Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín al resolver la primera tutela apeló al
mismo razonamiento en lo relativo a los procesos policivos. No obstante, consideró
que en tanto el Alcalde de Concepción no resolvió en forma definitiva la disputa
puesta a su consideración, no podía calificarse el acto como jurisdiccional. Esa
apreciación se antoja imprecisa en la medida en que desconoció el carácter precario
y provisional de los procesos policivos, y obvió el hecho de que la resolución atacada
confirmó lo resuelto por el Inspector de Policía, en el sentido de establecer que no
6 Corte Constitucional. Sentencia T-620 de 2016.
6
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
existieron actos de perturbación a la posesión. En tal sentido, no son de recibo las
razones que expuso el primer juez constitucional para desconocer la naturaleza
judicial de la decisión cuestionada.
23.
Definido lo anterior, corresponde verificar los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En ese sentido, lo primero es
recalcar que el escenario propiciado por las autoridades judiciales, denota la
relevancia constitucional del asunto por la posible afectación del derecho de
acceso a la administración de justicia. Y a ello se suma, que la parte actora presenta
una carga argumentativa, que aunque breve, resulta suficiente para demarcar las
objeciones constitucionales que se tienen respecto al acto acusado.
24.
En lo que se refiere a la inmediatez, se ha fijado el término de 6 meses para
acudir ante el juez de tutela. Ordinariamente el mismo se cuenta desde que se
notifica la providencia cuestionada. No obstante, en este caso se contará desde la
fecha en que se notificó a la accionante el auto del 12 de marzo de 2024, decisión a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió confirmar el rechazo
de la demanda ordinaria. Esa determinación fue la que llevó a EPM a advertir que se
encontraba en una situación de denegación de acceso a la administración justicia.
Dicha notificación tuvo lugar el 13 de marzo de 2024, en tanto que la tutela se
presentó el 2 de mayo siguiente, es decir dentro de los 6 meses siguientes. En tal
sentido, se puede dar por superado este presupuesto.
25.
Aunado lo anterior, la Sala encuentra que concurren los otros requisitos generales
de procedencia del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales7 contra una
providencia judicial, en tanto: (i) la decisión cuestionada es de segunda instancia y
contra ella no procede ningún otro recurso; (ii) la irregularidad que se alega, esto es
la supuesta extralimitación y desatención de la norma procesal, es determinante en
la decisión pues lo que se cuestiona es justamente que se impartió una orden sin
contar con respaldo legal para ello; (iii) la accionante indicó los hechos que sustentan
la solicitud de su amparo constitucional y evidenció de manera clara y concreta la
forma en que estima vulnerados los derechos fundamentales invocados; y, (iv) la
providencia censurada no fue proferida en el marco de una acción de tutela.
D. Estudio de las causales específicas de procedibilidad
26.
EPM sostiene que el municipio de Concepción incurrió en los defectos
procedimental absoluto y sustantivo, así como en falta de motivación, al proferir la
Resolución 157 del 18 de octubre de 2022 en el marco del proceso policivo.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
7
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
27.
Aunque se alega la configuración de esas 3 causales específicas de
procedibilidad, el reproche se concreta en que estima que la administración aplicó
en forma incorrecta la norma procesal y por ende actuó al margen del rito policivo, al
ordenar a EPM que iniciara en “el termino máximo de 4 meses las acciones legales
en la jurisdicción a efectos de constituir la servidumbre”. Sostiene que, a pesar de
que se cita el artículo 80 de la Ley 1801 de 2016, no existe motivación ni sustento
jurídico para esa orden, que por demás es incongruente con la decisión de declarar
que no existieron actos que perturbaran la posesión.
28.
Para la Sala, el proceder de la autoridad accionada no se enmarca en ninguno de
los escenarios que la jurisprudencia constitucional ha perfilado como configurativos
de los defectos procedimental absoluto, sustantivo8 y de decisión sin motivación9.
Tampoco se advierte la “desviación de las atribuciones propias del funcionario” que
señala. Como pasa a explicarse.
29.
En primer lugar, se estima oportuno traer a colación lo indicado por el municipio,
en la resolución cuestionada, al abordar el caso concreto:
<<III. DEL CASO EN CONCRETO
(…)
Indica el recurrente en el escrito de sustentación del recurso que:
Existió por parte de la Inspectora de Policía deficiencia en la recaudación y valoración del
material probatorios esto por:
1. EPM realizó (sic) intervenciones en de franjas (sic) dentro del terreno dentro de las
cuales no se encuentra constituida una servidumbre legal de conducción de energía, tal
y como se abordará en acápites posteriores.
Este argumento a la luz del Código Civil Colombiano de cómo se constituyen las
servidumbres podría tener vocación de prosperidad.
La servidumbre es "es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio
de distinto dueño" (artículo 879 del código civil).
8 “(…) El defecto procedimental absoluto (…) se presenta cuando el juez ha actuado completamente al margen
del procedimiento establecido, es decir, cuando se aparta abierta e injustificadamente de la normatividad procesal
que es aplicable al caso concreto. Esto último conduce al desconocimiento absoluto de las formas propias de
cada juicio i) porque el funcionario judicial sigue un trámite por completo ajeno al pertinente o ii) porque pretermite
etapas o fases sustanciales del procedimiento en detrimento del derecho de defensa y contradicción de una de
las partes del proceso. Inclusive, por vía excepcional, la jurisprudencia constitucional también ha determinado
que el defecto procedimental puede originarse iii) por exceso ritual manifiesto y iv) por ausencia de defensa
técnica. (…) El defecto sustantivo (…) la Corte Constitucional ha identificado que, en sentido amplio, se está en
presencia de un defecto sustantivo i) cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto,
ii) deja de aplicar la norma adecuada u iii) opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de
la razonabilidad jurídica.” (Corte Constitucional, sentencia SU-326 de 2022)
9 En sentencia T-028 de 2023 la Corte Constitucional recordó que este defecto se presenta “ante la ausencia de
sustento argumentativo o la irrelevancia de las consideraciones aplicadas para dirimir la controversia”.
8
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Ahora bien, respecto las formas de constituirse, la codificación civil, establece tres formas,
así: (…)
A su vez, el artículo 939 del código civil, indica que: "Las servidumbres discontinuas de
todas clases y las continuas inaparentes solo pueden adquirirse por medio de un título; ni
aun el goce inmemorial bastara para constituirlas".
Ahora hace bien la inspectora de proteger el interés general por encima del particular,
pues estamos frente a un servicio público fundamental en la calidad de vida de las
personas; además porque es claro que es un debate que se debe hacer ante la
jurisdicción no en el estadio policivo donde solo se puede y debe proteger el statu quo.
(…)
4. Se reprocha igualmente, que no se produjo ninguna orden en contra de la entidad
querellada, pese a que, con ocasión de la medición efectuada por el testigo técnico de
EPM, se pudo constatar que el vuelo principal al cual se encuentra sujeto el poste, está
instalado a más de siete (7) metros - normatividad RETIE sorpresivamente esta medición
no quedo grabada dentro del audio de la correspondiente diligencia. Llama la atención,
que a pesar que la entidad querellada ofertó ajustar la nueva instalación, al constatar que
la disposición del vuelo principal se encontraba a mas de siete (7) metros de distancia, la
Inspectora de Policía no haya adoptado ninguna medida al respecto. (se adjunta solicitud
incoada ante la Inspectora de policía)
Si bien este argumento no está probado dentro del proceso, si considera prudente este
servidor que en la misma línea del anterior numeral la querellada en compañía del
querellado constaten lo aquí dicho y adecuen franjas a lo que venía ocupando.
Es importante para este despacho dejar claro que tanto EPM en documentos técnicos
sobre las servidumbres de las líneas eléctricas, como el Consejo Estado en varias
Sentencias y la propia Ley como ya se citó anteriormente han dicho que las servidumbres
de redes de conducción de energía eléctrica son de tipo legal y de carácter público, las
cuales se pueden llegar a constituir de forma voluntaria a través de la negociación directa
o impuesta a través de orden judicial y/o acto administrativo.
El Consejo de Estado, Radicación número: 23001-23-31-000-2001-00498-01(36822)
constituyó (sic) un nombre que al parecer se adecua a lo que en este proceso se ha
debatido "SERVIDUMBRE ELECTRICA DE FACTO", y concluye: habida consideración
que -se insiste- se encuentra plenamente acreditado que la entidad pública demandada
no adelantó los trámites aludidos, a efectos de lograr la imposición de tal gravamen ya
fuere a través de acto administrativo o a través de un proceso judicial. Por lo anterior y
dado que se encuentran méritos suficientes para modificar la decisión de primera
instancia este despacho:
RESUELVE
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02165-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR, el Artículo primero de la decisión proferida por la
Inspección Municipal de Policía, la cual se dio en audiencia pública el 20 de septiembre
de 2022, en lo siguiente:
A. Ordenar a la querellada y al querellado que al no quedar probada la dimensión (sic)
del vuelo de los vientos del poste de energía (sic), verifiquen dicho vuelo y los dejen a los
7 metros de la "servidumbre de facto" que se viene presentando.
B. Ordenar a la querellada que inicie en el término máximo de 4 meses la acciones legales
en la Jurisdicción a efectos de constituir la servidumbre ya que conforme al Artículo 80 de
la Ley 1801 de 2016, el amparo de la posesión, la mera tenencia y las servidumbres, es
una medida de carácter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya única
finalidad, es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide
definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia y las
indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar.>> (Subrayado propio,
salvo el último)
30.
De lo expuesto, se observa que la revisión de los elementos puestos a su
consideración llevó al alcalde de Concepción a confirmar la decisión adoptada por el
inspector de policía, en el sentido de indicar que no se presentaron actos que
perturbaran la posesión. Sin perjuicio de ello, estimó oportuno ordenar a las partes
verificar unas medidas y ajustar por su cuenta el espacio de ocupación del poste que
generó la discusión. Y adicionalmente dispuso que EPM iniciara dentro de los 4
meses las acciones legales pertinentes para constituir la servidumbre, habida cuenta
de que el artículo 80 de la Ley 1801 de 2016 dispone que el amparo de posesión es
una medida precaria y provisional.
31.
Los cuestionamientos de la accionante se centran en esta última decisión. La Sala
no encuentra en la misma la concurrencia de elementos necesarios para afectar la
cosa juzgada, bajo el argumento de que se configuraron los defectos alegados.
32.
Lo primero por decir es que la incorporación de esa orden en la parte resolutiva
no comporta una extralimitación de la autoridad, tampoco una indebida aplicación o
desconocimiento de la norma procesal, y mucho menos la desatención al principio
de congruencia interna. El hecho de que se haya determinado que no existió una
perturbación de la posesión, no implicaba convalidar o legalizar la servidumbre de
que se estaba sirviendo EPM.
33.
La autoridad, a lo largo de su argumentación fue cuidadosa en delimitar su
competencia y el papel institucional que ejerce en este tipo de procedimientos. En
tal sentido resaltó que el objeto de los juicios policivos es verificar las posibles
perturbaciones que puedan afectar la posesión, la mera tenencia o la servidumbre,
y conforme a ello conceder un amparo que resulta ser precario y provisional. Ello
bajo la lógica de que esta es una acción urgente encaminada a mantener el status
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quo de las situaciones de hecho, hasta tanto la autoridad judicial competente
resuelva de manera definitiva las disputas de derecho.
34.
Dentro de ese marco, la autoridad reconoció al querellante como poseedor de un
inmueble en el cual EPM tiene instalado un poste. Igualmente encontró que dicho
elemento, que hace parte de la infraestructura eléctrica de tal empresa, resulta de
vital importancia para garantizar la prestación del servicio a la comunidad vecina, y
que sin perjuicio de los reproches que se puedan plantear sobre el espacio que
actualmente está ocupando, lo cierto es que el mismo está instalado hace varios
años en el predio.
35.
Valorando esas situaciones de hecho, destacó que el interés general suponía la
necesidad de que el poste permaneciera en el predio, no obstante que las partes
verifiquen las medidas del espacio que estaba ocupando. En tal sentido, coincidió
con el inspector de policía en que el cambio del referido poste no implicó per se una
perturbación de la posesión.
36.
Sin perjuicio de ello, evidenció una situación de hecho sobre la cual no podía
adoptar ninguna decisión de fondo, pero indicó a EPM que debía subsanar, y es la
referente a la legalización de la servidumbre. Aspecto frente al cual la Sala no
encuentra procedente ningún reproche constitucional, en tanto lo dispuesto por la
autoridad no tiene otro fin diferente a propiciar el respeto al ordenamiento jurídico.
37.
Salir avante en un proceso policivo en el que se estaba discutiendo la posible
perturbación de la posesión, no puede llevar a EPM a entender que se constituyó a
su favor una servidumbre o se legalizó la existente.
38.
No existe incongruencia entre la decisión de declarar la inexistencia de actos
perturbatorios de la posesión y la orden de acudir a la autoridad judicial a constituir
la servidumbre. Lo primero simplemente indica que para la autoridad el cambio del
poste de madera por uno que cumpliera la norma técnica no supuso una modificación
de la situación de hecho existente, esto es la ocupación por parte de EPM de una
franja de terreno en la que estaba instalado un elemento de su infraestructura
eléctrica. Lo segundo lo que determina es que esa situación de hecho, no está
avalada en un derecho. De ahí que se estimara necesario que EPM adelantara las
acciones legales pertinentes para que se imponga la servidumbre.
39.
Al respecto resulta pertinente lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia T-04 de 1995, que a pesar de ser una providencia dictada en los primeros
años de ese Tribunal, cuando regía el Código de Policía anterior y el Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), realiza unas precisiones
conceptuales sobre el objeto de los amparos policivos y las servidumbres, que a la
fecha mantienen vigencia:
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<<La providencia del 14 de enero de 1992, proferida por la Secretaría de Gobierno
Distrital de Santa Marta puso fin a un juicio de amparo policivo, que el Código de Policía
instituye como un mecanismo preventivo dirigido a restablecer el poder de hecho que el
poseedor o tenedor ejerce sobre un bien inmueble o mueble, o específicamente en una
servidumbre (arts. 125 y 128), sin que importe en cada caso concreto la valoración jurídica
relativa al derecho real o personal que el actor pudiera tener (propiedad, uso, usufructo,
servidumbre, arrendamiento, etc.).
En el "amparo policivo" no se discute ni decide por tanto, sobre la fuente del derecho que
protege al actor o a sus contradictores (art. 126), por lo que el debate se limita
exclusivamente a preservar o a restablecer la situación de hecho al estado anterior (statu
quo) a la perturbación o a la pérdida de la posesión o tenencia del demandante sobre el
bien. Ese es el sentido con que se regula por el artículo 125 del Código de Policía la figura
del amparo. Así se expresa esta norma:
"La Policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o
mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese
derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se
produjo la perturbación"
En este orden de ideas, el amparo policivo cobija sin distinción todas las especies de
servidumbres (continuas, discontinuas, aparentes e inaparentes), sin excluir aquellas que
solamente pueden adquirirse por medio de un título -discontinuas y continuas
inaparentes- porque la necesidad o exigencia de la protección no la constituye el virtual
derecho real existente sobre el inmueble, sino su ejercicio como simple expresión material
de manifestación o efecto externo; por lo tanto, en caso de usurpación, negación o
perturbación en el goce de una servidumbre es procedente el amparo policivo con la
finalidad de restablecer la situación o las cosas al estado en que se hallaban antes del
despojo o perturbación por la actividad de un tercero. Es por ello que el artículo 128 del
Código de Policía al referirse a la circunstancia de "amparar el ejercicio de una
servidumbre", no advierte nada sobre la protección del derecho real que élla
eventualmente conlleva.
Sólo frente al juez competente puede plantearse el debate en torno al derecho sustancial
en conflicto, es decir, sobre la titularidad del respectivo derecho real o personal
(propiedad, posesión, tenencia en debida forma, etc.), cuando aquél conozca del proceso
a que dé lugar el ejercicio de la correspondiente pretensión procesal.
Por otra parte, debe advertirse que los amparos policivos han sido asimilados a
controversias de naturaleza jurisdiccional, hasta el punto que la providencia que culmina
la actuación tiene idéntica naturaleza (Art. 82 C.C.A.). Esta asignación especial de
atribuciones jurisdiccionales a las autoridades de policía se aviene con el precepto
constitucional del artículo 116, inc. 3o., según el cual, "excepcionalmente la ley podrá
atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades
administrativas".
No obstante, es de observar que las providencias policivas tienen un alcance precario y
provisorio porque no pueden resolver sobre cuestiones de fondo como las atinentes a la
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definición de los derechos sustanciales vinculados al objeto del amparo que puedan
corresponder a las partes; sus efectos son limitados en el tiempo y, en vista de lo cual,
pueden ser modificadas por la sentencia judicial con que se resuelva la respectiva
controversia, vgr. sobre la legitimidad del derecho real de servidumbre, la cual puede
promoverse luego de producido el amparo a iniciativa del interesado, pues, como lo
señala el Código de la materia, "las medidas de policía para proteger la posesión y la
tenencia de bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa" (Código Nacional
de Policía art. 127)>>10
40.
Lo anterior se complementa con lo indicado por el artículo 57 la Ley 142 de 1992,
respecto a la facultad que tienen las empresas de servicios públicos de imponer las
servidumbres que requieran para el trazado de su infraestructura, sin perjuicio del
derecho a indemnización que corresponderá al propietario del predio afectado, en
los términos de la Ley 56 de 1981. A su vez, esta última norma dispone en su artículo
27 que “corresponde a la entidad de derecho público que haya adoptado el
respectivo proyecto y ordenado su ejecución, promover en calidad de demandante
los procesos que sean necesarios para hacer efectivo el gravamen de servidumbre
de conducción de energía eléctrica”. Y en los artículos siguientes se detallan los
aspectos procesales aplicables a ese trámite.
41.
En ese sentido, la decisión de la autoridad accionada se acompasa con la
normatividad que rige el asunto. De ahí que no sean de recibo los reproches
planteados por la parte accionante. Ni siquiera aquel referido a la falta de motivación
y la supuesta configuración de un defecto procedimental, fundado en que el alegado
artículo 80 de la Ley 1801 de 2016 no habilitaba al municipio para requerir a la
empresa iniciar el proceso judicial para constituir la servidumbre. Al respecto baste
con decir, que esa disposición fue citada en la parte resolutiva para destacar el
carácter precario y provisional del proceso policivo, y la necesidad de iniciar otras
acciones judiciales para resolver de fondo las controversias relativas a derechos
reales. Pero esa mención no puede llevar a un fraccionamiento de la argumentación
o a tomar esa orden en forma descontextualizada, desconociendo que en la parte
considerativa la autoridad puso de presente la existencia de una servidumbre que no
había sido establecida por las vías legales que para el efecto define el ordenamiento
jurídico. De ahí el llamado que se hace a la accionante de ajustarse a las exigencias
legales.
42.
Ahora, en la decisión cuestionada se fijó el término de 4 meses para que EPM
adelantara estas gestiones. Sobre ese particular la Sala observa que ciertamente no
es claro el fundamento de ese término. No obstante, no se advierte en ello una
vulneración a las garantías ius fundamentales de la parte accionante, por dos
razones: (i) la mención de ese tiempo no implica una modificación de los términos
que la ley haya fijado para este tipo de acciones, pues por demás las normas
10 Corte Constitucional. Sentencia T-04 de 1995.
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procesales son de orden público; y (ii) la accionante no explica y la Sala tampoco
advierte cuál es la consecuencia que se deriva del no cumplimiento de ese término.
43.
Esto, por supuesto, no es un llamado a desatender las órdenes de las autoridades,
pero cuando se acude ante el juez de tutela en defensa de los derechos
fundamentales a la parte actora le asiste la carga de explicar la forma en que se ve
afectada por una decisión. De igual manera, tiene el deber de explicar cómo es que
el defecto alegado tiene una incidencia directa en la decisión. La determinación de
dejar sin efectos esa orden no librará a EPM de su obligación de legalizar una
servidumbre, pues la misma deviene de la ley, como se explicó en líneas
precedentes. Y mucho menos constituirá ese derecho real en su favor, en forma
automática.
44.
En los términos precedentes, la Sala negará el amparo respecto a la pretensión
de dejar sin efectos la Resolución 157 del 18 de octubre de 2022 proferida por el
alcalde de Concepción.
E. Objeción fundada en la supuesta naturaleza mixta del acto acusado.
45.
En la demanda se menciona un argumento que, aunque se contrapone al resto,
merece un pronunciamiento. La parte accionante presenta una tercera tesis que no
había sido expuesta ni ante los jueces de tutela ni ante los jueces administrativos, y
es que el acto acusado es de naturaleza mixta, de manera que en su expedición
confluye el ejercicio tanto de la función administrativa como de la judicial.
Concretamente censura que el Tribunal en su decisión descartó la naturaleza
administrativa del mismo, pero no estudió que algunas de las decisiones desbordan
el ejercicio de la función judicial y en esa medida pueden ser objeto de control por
parte de la jurisdicción contencioso administrativa.
46.
Según ello, la naturaleza judicial de la decisión se agota en la determinación sobre
la existencia o no de actos perturbatorios, de manera que la orden impartida a EPM
para iniciar otras acciones es de naturaleza administrativa. Además de que la
accionante no expone en forma clara la razón para sostener ello, lo cierto es que
este argumento no fue expuesto en el recurso de apelación que presentó contra el
auto de 21 de abril de 2023 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de
Medellín. Es decir, esta tesis de que el acto a pesar de ser en esencia jurisdiccional,
contenía determinaciones de naturaleza administrativa, no fue expuesta y defendida
en sede ordinaria. De manera que el Tribunal no tuvo oportunidad de pronunciarse
sobre ello. Descartándose así el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, y
determinando la improcedencia de la tutela respecto a este aspecto.
47. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado respecto al municipio de Concepción y
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en lo referente al reproche
planteado contra la providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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