Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02168-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02168-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02168-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de agosto de 2024
Demandante: Ramón Domingo Sepúlveda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02168-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02168-01
Demandante: RAMÓN DOMINGO SEPÚLVEDA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de
12 de junio de 2024, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que declaró improcedente el mecanismo constitucional por no
cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 3 de mayo de 20241, el señor Ramón Domingo Sepúlveda por intermedio de
apoderado, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
Las mencionadas garantías las consideró vulneradas con la expedición de las
sentencias de 15 de julio de 2021 y de 28 de septiembre de 2023, por medio de
las cuales, en primera instancia se declaró la caducidad al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación
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Radicada a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
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Demandante: Ramón Domingo Sepúlveda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
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– Ministerio de Relaciones Exteriores; y, en segunda instancia, se revocó para,
en su lugar, negar las pretensiones2.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
PRIMERO: Que se tutele los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso,
acceso a la administración de justicia del señor Ramon Domingo Sepúlveda.
SEGUNDO: Se ordene la revocatoria de las decisiones proferidas dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 25000-23-42-000- 2016-2386-00
[...]: Sentencia de primera instancia de fecha 15 de julio 2021 [...] del Tribunal
Administrativo Cundinamarca Sección Segunda Subsección “A” [y] Sentencia de
segunda instancia de fecha 28 de septiembre 2023 [...] del Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección A.
TERCERO: Se ordene la elaboración de una decisión acorde a los criterios de la
Corte Constitucional de acceso de la justicia y a los hechos jurídicos relevantes que
acompañan el caso.”3.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El señor Domingo Sepúlveda ejerció funciones consulares en el Consulado
General de Colombia en Maracaibo (Venezuela) desde el 30 de julio de 2007
hasta el 9 de abril de 2014, fecha en la que, a través de la Resolución 2505, fue
declarado insubsistente, con ocasión de algunas denuncias por fraude electoral.
Por lo anterior, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de que
se declarara la nulidad de la Resolución 2505 y, a título de restablecimiento del
derecho, que se ordenara su reintegro, junto con el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir.
El 15 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A declaró la caducidad de las pretensiones de la demanda.
Explicó que si bien la Resolución 2505 de abril de 2014 fue notificada al día
siguiente, lo cierto es que el actor siguió ocupando su cargo hasta el 9 de junio
de 2014, por ende, el cómputo de la caducidad debía hacerse desde el día
siguiente a esta última fecha, entonces, el plazo de 4 meses previsto en el literal
d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA transcurrió desde el 10 de junio
hasta el 9 de octubre de 2014 y la demanda se radicó después, esto fue, el 31
de octubre de 2014.
2
Proceso identificado con el radicado 25000-23-42-000-2016-02386-00/01.
3
Trascrito con posibles errores ortográficos del texto original.
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Demandante: Ramón Domingo Sepúlveda
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Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación cuyo sustento
principal fue el que el tribunal accionado no tuvo en cuenta que la solicitud de
conciliación extrajudicial interrumpió el término de caducidad. En el mismo
memorial reprochó que el auto de 10 de julio de 2020 por medio del cual se
prescindió de la audiencia de pruebas y se corrió traslado a los sujetos procesales
para presentar los alegatos de conclusión no fue debidamente notificado en la
medida que no se envió dicha providencia a los correos electrónicos y que, frente
al fondo del asunto, su desvinculación no obedeció al mejoramiento del servicio
sino que hubo una desviación de poder.
El 28 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones. Para llegar a esa conclusión primero estableció que comoquiera
que se presentó solicitud de conciliación extrajudicial, el término de caducidad no
finalizaba el 9 de octubre de 2014, sino el 29 de diciembre de ese año, luego la
demanda se presentó en tiempo.
Frente a los demás cargos concluyó que no hubo violación al debido proceso
porque el auto de 10 de julio de 2020 fue notificado por estado y en todo caso la
parte recurrente no señaló qué prueba hubiera querido allegar o solicitar en la
audiencia de pruebas que se prescindió y que la entidad demandada sí presentó
alegatos de conclusión, pese a que se efectuó la misma notificación para ambas
partes. Finalmente, respecto al análisis del caso concreto concluyó que la
decisión de desvinculación del servicio fue adecuada y razonable.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El accionante considera que las accionadas vulneraron sus garantías
constitucionales ante la configuración de los defectos procedimental absoluto y
fáctico, comoquiera que:
• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A (i) no motivó el auto de 10 de julio de 2020 por medio del
cual prescindió de la audiencia de pruebas y corrió traslado para alegar
de conclusión, y (ii) no envió dicha providencia al correo electrónico del
demandante.
• El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, pese a superar la
caducidad de la acción no tuvo en cuenta (i) los argumentos que atacaban
el trámite de la notificación del mentado auto, tampoco (ii) las pruebas del
proceso que daban cuenta de que su desvinculación se profirió por parte
del Ministerio de Relaciones Exteriores con desviación del poder.
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1.5. Trámite en primera instancia
A través de auto de 6 de mayo de 2024, el magistrado ponente de primer grado
admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar como demandados a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Como terceros con interés en las resultas del proceso vinculó a la Nación –
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que, si lo consideraba del caso,
intervinieran en la presente tutela.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela en la medida que los reproches contra
el auto que presindió de la etapa probatoria «debieron de haber sido planteados
en su momento a través de los recursos correspondientes» y replicó los
argumentos del fallo de segunda instancia.
Agregó que lo pretendido por el accionante es reabrir el debate abordado por el
juez natural de la causa.
1.6.2. La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, pidió su
desvinculación de la acción de tutela, por considerar que no debía responder
frente a las pretensiones del demandante en la medida que van dirigidas a que
se deje sin efectos providencias judiciales.
De otra parte, solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo por
cuanto no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, concretamente el requisito de
subsidiariedad, así como el de carga argumentativa por causales específicas de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
1.6.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca remitió el expediente solicitado, pero guardó silencio frente al
fondo del asunto.
1.7. Fallo impugnado
El 12 de junio de 2024, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B negó
la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Relaciones
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Exteriores4 y declaró improcedente la solicitud de amparo porque «los defectos
planteados contra el Auto de 10 de julio de 2020 y la Sentencia de 28 de
septiembre de 2023 no cumplieron con el requisito de relevancia constitucional»,
bajo los siguientes argumentos:
En relación con el defecto procedimental absoluto alegado contra el auto de 10
de julio de 2020, el a quo constitucional encontró que el señor Ramón Domingo
Sepúlveda pretendió someter su pleito a una instancia adicional, ya que reiteró,
en el escrito de tutela los argumentos sobre la ausencia de argumentación y la
indebida notificación de dicha providencia, los cuales ya habían sido planteados
en el recurso de apelación contra la sentencia de 15 de julio de 2021, y resueltos
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia 28 de septiembre de 2023. Para sustentar su dicho trasncribió apartes
pertinente del fallo de segunda instancia del proceso ordinario en el cual se
abordaron esos reproches.
De otra parte, adujo que el yerro fáctico no satisfizó la carga argumentativa
requerida en tutela contra providencia judicial es decir que «la parte actora no
desplegó una carga argumentativa suficiente para hacer notar la relevancia
constitucional de la controversia planteada».
Explicó que no se hizo referencia a alguna prueba específica, no se explicó por
qué fue indebida la valoración probatoria y mucho menos se señaló la
repercusión que ello tuvo en la providencia enjuiciada.
Por último, reclacó que en la sentencia de 28 de septiembre de 2023 sí se tuvo
en cuenta el reparo sobre la indebida notificación del auto de 10 de julio de 2020,
por lo que el accionante tenía la carga de indicar, en el escrito de tutela, las
falencias que tuvo el juez al resolver dicho reparo, y tampoco lo hizo.
1.8. Impugnación5
La parte actora allegó el siguiente memorial:
4
Bajo el siguiente argumento: «su vinculación se hizo en calidad de tercero interesado, en
atención a que hace parte del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-
42-000-2016-02386-00/01, en el cual se profirieron las providencias judiciales acusadas. En esa
medida, se advierte que tiene interés en lo que se resuelva en el presente asunto».
5
El fallo fue notificado el 21 de junio de 2024, la impugnación se presentó el 26 siguiente.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para pronunciarse en segunda instancia de la
impugnación presentada por el señor Ramón Domingo Sepúlveda, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa – unificación de criterio frente a la exigencia de la carga
de impugnación.
Es importante destacar que a partir de esta providencia la Sección Quinta unifica
su tesis en relación con las diferentes posturas que antes se habían adoptado
sobre la exigencia de la carga de la impugnación tratándose de acciones de tutela
contra providencia judicial6.
Ello en atención a lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia T-
269 de 2024 dictada en Sede de Revisión7 en la cual precisó que la exigencia
rigurosa de sustentar la acción de tutela, aún tratándose de tutela contra
providencia judicial, contradice los principios de informalidad de dicho mecanismo
constitucional y de prevalencia del derecho sustancial.
6
Si bien es cierto, en un primer momento se sostuvo que cuando se trata de tutelas ejercidas en
contra de providencias judiciales la parte recurrente no podía limitar su intervención a la simple
manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera instancia, si no que debía
observar una carga mínima que soportase los motivos de su impugnación para que el juez de
segunda instancia se adentrara en el estudio del caso, lo cierto es que dicha postura fue objeto
de varios debates, incluso en Sala con Conjueces, en las cuales no se logró llegar a un criterio
unificador en la medida que, de frente al sub examine, en algunos eventos se exigía y en otros
no.
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Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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El alto tribunal constitucional recordó que ninguna norma constitucional ni legal
exige la sustentación de la impugnación y que la expresión «debidamente» del
artículo 328 del Decreto 2591 de 1991 debe ser interpretada en armonía con la
informalidad prevista en el artículo 149 ibidem.
De igual manera indicó que, el requisito de oportunidad fue el único que
estableció el legislador para impugnar, luego es inadmisible exigir la sustentación
de la impugnación.
Así hizo hincapié en la siguiente regla:
2.3. De acuerdo con lo anterior, en caso de que el recurrente se limite a
expresar que impugna o apela la sentencia de primera instancia sin manifestar
los motivos de su inconformidad, el juez de tutela debe considerar el escrito
inicial y los demás elementos que aparezcan en el expediente para basar en
ellos su decisión. En ese sentido, la Sentencia T-538 de 2017 precisó que
«las autoridades judiciales no pueden, bajo ninguna circunstancia, convertir
en un requisito sine qua non la obligatoria sustentación de un recurso, que
para el caso particular del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales
no se exige».
Con base en las anteriores consideraciones la Sección observará el precedente
sentado por la Corte Constitucional sobre la naturaleza de la impugnación en
materia de tutela y, en adelante, una vez verificado que la impugnación fue
interpuesta dentro del término legal abordará el estudio del asunto sin exigencia
rigurosa de sustentación.
8
ARTICULO 32.-Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez
remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el
acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual
comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos
casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez
remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
9
ARTICULO 14. Contenido de la solicitud. Informalidad. En la solicitud de tutela se expresará,
con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de
la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la
solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine
claramente el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad
o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por
escrito, para lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá
ser ejercida verbalmente. El juez deberá atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner
en peligro el goce efectivo del derecho, podrá exigir su posterior presentación personal para
recoger una declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario
levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 12 de junio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B que declaró improcedente el mecanismo constitucional
por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) el caso
concreto.
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201210
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema11.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
12
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.3.2. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.3.2.1 En lo que concierne al requisito de la relevancia constitucional, debe
tenerse en cuenta que en la sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional
refirió que las finalidades de esta exigencia son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal14. (Énfasis de la Sala)
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico15; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”16
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal.”17 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional
exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”18
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
14
Sentencia SU-573 de 2019.
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-103 de 2022.
17
Sentencia SU-103 de 2022.
18
Sentencia SU-128 de 2021.
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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal20. (Resaltado de la Sala)
A su vez, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C –
590 de 2005, en la cual se manifestó que los accionantes deben explicar los
defectos21 en los que incurrió la decisión atacada.
2.3.2.1 La Sala anticipa que confirmará la decisión de improcedencia de primera
instancia por cuanto el asunto no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional en la medida que lo que se pretende el tutelante es revivir un
asunto que ya fue zanjado por el juez ordinario y convertir la acción de tutela en
una tercera instancia.
Nótese que el eje central de la acción de tutela se circunscribe a debatir las
conclusiones a las cuales llegó el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, frente a los reproches en el trámite de la notificación del auto que
prescindió de la etapa probatoria y de la valoración probatoria al concluir que su
desvinculación se profirió por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sin
desviación de poder.
Esos dos argumentos coinciden integralmente con lo expuesto en sede ordinaria
a través del recurso de apelación y frente a los cuales el ad quem natural resolvió
de fondo.
Valga precisar que frente al punto de la notificación la parte actora lo enmarcó en
sede constitucional como un defecto procedimental, el cual fue resuelto de
manera razonable por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la Sentencia 28 de septiembre de 2023 al afirmar que «el auto a través
del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió prescindir de la
audiencia de pruebas no debía ser notificado por correo electrónico sino por
estado, como en efecto se hizo, motivo por el cual no habría irregularidad
alguna».
De otra parte, frente al fondo de la causa ordinaria y la legalidad del acto de
desvinculación en el cual el tutelante optó por alegar un defecto fáctico, como
19
Sentencia SU-573 de 2019.
20
Ibid.
21
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
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bien lo concluyó el a quo constitucional, no contiene la carga argumentativa que
se exige al momento de invocar dicho yerro habida cuenta que no especificó cuál
o cuáles fueron las pruebas omitidas o indebidamente valoradas y la incidencia
de estas en la solución de su caso concreto.
Bajo ese escenario, se torna importante recordar que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez ordinario, de ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar
lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Se debe enfatizar que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, ya que, de no hacerlo, se atentaría contra
el principio de autonomía judicial.
Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, puesto que la controversia pretende modificar el criterio
del ad quem, con sustento en la trasgresión del derecho fundamental al debido
proceso.
En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe
a una inconformidad del tutelante, de modo que la situación descrita es de
competencia exclusiva del juez ordinario22 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se procede a confirmar el fallo de primera instancia que declaró
improcedente el amparo de la referencia, por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
22
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en la providencia SU-590
de 2005.
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www.consejodeestado.gov.co
11
Demandante: Ramón Domingo Sepúlveda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02168-01
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de junio de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente
el mecanismo constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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