RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02170-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02170-00

Fecha
18 de junio de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02170-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por los señores María Bellanire Bello, Ana Adalid Basallo Vega, Saudi Basayo Vega, Sobeiba María Basallo Bello, Hernando Basallo Vega, Dagoberto Basallo Vega, Aleida Basallo Vega y Eladio Basallo, María Blanca Flor Vega Bello o María Blanca Vega Bello, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 22 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en el proceso de reparación directa con radicación no. 17001-33-33-003-2018-00054-02 y ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02170-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

18 de junio de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Demandante: MARÍA BELLANIRA BELLO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CONFIGURACIÓN DE UN DEFECTO PROCEDIMENTAL
POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO. ACCEDE AL
AMPARO

Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia de segunda instancia proferida en el marco de un
proceso de reparación directa que le negó el reconocimiento de los perjuicios morales a los tíos
y a la abuela de la víctima directa por considerarse que no acreditaron su parentesco. La Sala
accederá al amparo por considerar que la autoridad demandada incurrió en el defecto alegado
porque no valoró de manera razonable los registros civiles y los demás indicios del parentesco
de los demandantes con la víctima y no activó su deber de decretar oficiosamente las pruebas
que echaba de menos

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la señora María Bellanira Bello, Ana
Idalid Basallo Vega, Saudi Basallo Vega, Sobeiba María Basallo Bello, Hernando Basayo
Vega, Eladio Basallo Vega, Dagoberto Basallo Vega, Aleida Basallo Vega y María Blanca
Flor Vega Bello en contra del Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales para la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y a la reparación integral consagrados en
los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con
ocasión de la providencia de 22 de febrero de 2024.

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción los demandantes señalaron, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito radicado el 3 de mayo de 2024.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

1) El señor Cristian Alonso Vera Vega laboraba como despostador de reses, en el
expendio de carnes “Betania” y en las tardes se ocupaba como cobrador.

2) El 3 de enero de 2017, cuando se desplazaba a su hogar en una motocicleta de placas
RBA 82D, en la variante y/o autopista, sentido Medellín-Bogotá, del municipio de la
Dorada (Caldas), murió como consecuencia de impactos de arma de fuego en hechos
confusos en un retén de la Policía Nacional.

3) Según declaraciones rendidas ante el Juzgado de Instrucción Penal Militar el 24 de
marzo de 2017, los servidores de la Policía Nacional que realizaban ese procedimiento
en el retén asumieron la autoría de la muerte del joven Cristian Alonso Vera Vega, en
tanto afirmaron que accionaron sus armas por temer por sus vidas, pues este había
volteado parte de su cuerpo y metió la mano a la pretina del pantalón, lo cual les hizo
presumir que podrían ser atacados.

4) Presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional para que se declarara la responsabilidad patrimonial del
Estado por los hechos antes referidos.

5) Mediante sentencia de 22 de abril de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Manizales accedió a las pretensiones y condenó a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar a Carlos Alonso Vera Usme (padre),
Rosalba Vega Bello (madre), Mónica Yised Vera Vega (hermana), Jenifer Fernanda Vera
Vega (hermana) y Flor María Vera Usme (tía) perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante.

6) Respecto a quienes alegaron ser la abuela y los tíos de la víctima negó los perjuicios,
pues, a su juicio, existían dudas del parentesco por las supuestas inconsistencias entre
los números de cédula, falta de nombres y diversidad de apellidos que reposan en los
registros civiles de nacimiento que se presentaron como prueba.

7) La parte demandante apeló para solicitar el reconocimiento de perjuicios morales a los
señores María Bellanire Bello, Ana Adalid Basallo Vega, Saudi Basayo Vega, Sobeiba
María Basallo Bello, Hernando Basallo Vega, Dagoberto Basallo Vega, Aleida Basallo
Vega y Eladio Basallo Vega, como tíos del occiso, y la señora María Blanca Flor Vega

3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

Bello, como abuela del mismo, además, explicó las razones de las supuestas
inconsistencias en los registros anotadas por el a quo2.

8) Por su parte, la demandada apeló con fundamento en que no existió falla en el servicio,
por cuanto de las pruebas recaudadas en el proceso adelantado por el Juzgado 160 de
Instrucción Penal Militar se demostró que los policiales actuaron conforme a la ley.

9) A través de fallo de 22 de febrero de 2024, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas confirmó la decisión, pero negó los perjuicios morales en favor
de quienes alegaron ser la abuela y los tíos; puntualmente, frente a la abuela (María
Blanca Flor Vega Bello) manifestó que no había evidencia legal que confirmara que era
la madre de Rosalba Vega Bello (progenitora de la víctima directa) y, aunque los apellidos
coincidían con los de María Blanca Vega Bello, no se presentó una prueba concreta que
demostrara esa calidad, además, en el registro civil de nacimiento no aparecía el número
de cédula de María Blanca Vega Bello, lo cual, en su criterio, impedía constatar que se
trataba de la misma persona.

10) Por otro lado, respecto de los señores María Bellanire Bello, Ana Adalid Basallo Vega,
Saudi Basayo Vega, Sobeiba María Basallo Bello, Hernando Basallo Vega, Dagoberto
Basallo Vega, Aleida Basallo Vega y Eladio Basallo Vega, quienes aseguraron ser los
tíos, advirtió la misma dificultad para determinar el parentesco como hermanos de la
señora Rosalba Vega Bello (madre del occiso), debido a la misma supuesta imposibilidad
para establecer que tenían la misma madre.

11) Frente a lo anterior, concluyó que, al margen de las falencias de la prueba de los
registros civiles, la parte demandante bien podía demostrar los perjuicios morales de los
supuestos parientes mediante otros medios probatorios directos, sin embargo, omitió esa
carga probatoria, además, de los registros allegados no podía presumir ese perjuicio.

Fundamentos de la vulneración

La parte actora alegó que, en la providencia de 22 de febrero de 2024, las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto porque
omitieron hacer uso de las facultades oficiosas que les confiere la ley para esclarecer el

2
Como se explicará en detalle en el estudio del caso concreto.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

parentesco de los demandantes con la víctima y, en todo caso, desde el recurso de
apelación explicó la razón de la variación en el nombre de la madre.

Asimismo, desconoció el precedente de las Altas Cortes en casos de duda sobre el
parentesco, particularmente, citó la sentencia T-113 de 2019, en la cual la Corte
Constitucional reiteró la jurisprudencia del Consejo de Estado en casos en los que los
demandantes no aportaron prueba del estado civil en los procesos de reparación directa,
sin embargo, con el fin de verificar el parentesco de la víctima el juez i) debe hacer uso
de sus facultades oficiosas con el fin de solicitar a la Registraduría o a los demandantes
que aporten el registro para acreditar la legitimación en la causa por activa (cuando falta
el registro civil de nacimiento para probar el parentesco o el registro civil de matrimonio
para probar la relación), la existencia del hecho o el hecho dañoso (cuando se requiere
el registro civil de defunción para probar la muerte) y ii) excepcionalmente, ante la
imposibilidad de obtener el registro, debe analizar si existen indicios que permitan dar por
probada la situación que se pretende acreditar (como la relación familiar entre las
personas y la muerte).

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A
LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL, desconocidos y
negados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MANIZALES Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, en sentencia
de primera instancia Nro. S. 074 de fecha 20 de abril de 2022 radicación 17001-
33-33-003-2018-2018-00054-00 y sentencia de segunda instancia de fecha 22
de febrero de 2024, radicación 17001-33-33-003-2018-00054-02, por defectos
sustantivo.

SEGUNDO: Como como consecuencia de lo anterior, parcialmente se deje sin
efectos las providencias controvertidas, en lo que respecta a la negativa de
reconocer el pago de la indemnización a los señores MARÍA BLANCA FLOR
VEGA BELLO, MARÍA BELLANIRA BELLO, ANA DALID BASALLO VEGA,
SAUDI BASALLO VEGA, SOBEIBA MARÍA BASALLO BELLO, HERNANDO
BAYO VEGA, DAGOBERTO VEGA, ALEIDA BASALLO VEGA, ELADIO
BASALLO VEGA, y se ordene a las accionadas que profieran una decisión en
la que se reconozca la reparación integral a los aquí accionantes de acuerdo a
los valores establecidos por honorable Concejo de Estado en lo que respecta a
los perjuicios morales, peticionados en la acción de reparación contenciosa
administrativa”.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

Actuación procesal

Mediante auto de 7 de mayo de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Caldas, así como la vinculación del ministro de Defensa Nacional y el comandante del
Ejército Nacional, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron
el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales señaló que actuó́ en
todo momento en respeto del debido proceso y el derecho de defensa de las partes
intervinientes en el medio de control de reparación directa

El Tribunal Administrativo de Caldas manifestó que no existe la señalada vulneración de
los derechos de los accionantes y que las pruebas solicitadas por la parte actora dentro
de la oportunidad legal fueron decretadas y practicadas en debida forma.

La Policía Nacional solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por cuanto
fue utilizada como una instancia adicional al proceso de reparación directa y el vínculo
de los demandantes debió ser de mostrado sin lugar a dudas, ya que era su carga
probatoria.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, 3) análisis de
los requisitos de procedencia y 4) análisis del defecto procedimental en el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Caldas con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 22 de febrero de 2024.

Análisis de los requisitos específicos de procedibilidad

Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de
la inmediatez3; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que se desconoció el precedente de esta Corporación y
de la Corte Constitucional en materia de las facultades oficiosas del juez para determinar
el parentesco de los demandantes con la víctima en procesos de reparación directa y un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto ya que exigió pruebas adicionales para
demostrar aspectos que estaban debidamente acreditados con los registros civiles
aportados al plenario, argumentos que, si bien fueron puestos de presente en el proceso
ordinario, no fueron analizados ni resueltos en la providencia cuestionada.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala accederá al amparo
invocado por considerar que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, por las siguientes razones:

3
La providencia cuestionada fue notificada el 26 de febrero de 2024 y la acción de tutela se presentó el 3
de mayo de 2024, esto es, dentro de los seis meses razonables determinados por la jurisprudencia
constitucional.

7
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

Análisis del defecto procedimental en el caso concreto

1) En este caso, los demandantes consideraron que el Tribunal Administrativo de Caldas
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque les negó el
reconocimiento de los perjuicios morales, a pesar de que acreditaron su parentesco como
abuela y tíos del señor Cristian Alonso Vera Vega, quien falleció en los hechos del 3 de
enero de 2017.

2) Pues bien, a partir del acápite de los hechos se advierte que desde la primera instancia
el reconocimiento de tales perjuicios fue negado por considerarse que existían dudas
frente al parentesco de los demandantes y el occiso, debido a las inconsistencias entre
los números de cédula, falta de nombres y diversidad de apellidos que reposaban en los
registros civiles de nacimiento que se presentaron como prueba.

3) Debido a que no se encontraban de acuerdo con la negativa de tales perjuicios los
demandantes recurrieron esa decisión exponiendo de manera clara y suficiente las
razones de las inconsistencias, así –se transcribe in extenso por su importancia jurídica:

“Primeramente, he de referirme honorable Magistrado, sobre la negativa del
señor juez de instancia a conceder las pretensiones a la abuela, tíos y tías del
extinto CRISTIAN ALONSO VERA VEGA, por la variación de nombre en los
registros civiles de nacimiento de la señora madre de la víctima directa, con
madre y hermanos de esta. Al respecto indicaré, que ni este apoderado, ni el
despacho judicial en la admisión de la demanda, ni el apoderado de la parte
demandada, ni mucho menos el ministerio público, advertimos las
incoherencias planteadas en los registros civiles de nacimiento de los
demandantes citados que los fuera a deslegitimar como parte activa en la causa
dentro de la presente acción de reparación directa. De hecho, de haberse
advertido en la admisión de la demanda o de haberse excepcionado la falta de
legitimación en la causa por activa, se hubiera realizado la actividad jurídica
oportunamente para subsanar tal situación, ya sea aportando pruebas siquiera
sumaria que demostrara el parentesco de aquellos con la víctima directa (
partidas de bautismo ), o solicitado pruebas testimonios de ser el caso, o incluso
allegado las respetivas correcciones de los registros, con el fin de aclarar el
evento difuso y la duda, para que el señor juez pudiera tomar la decisión de
fondo. Sin embargo y como se puede constatar en audios, durante el proceso,
el señor Juez, las partes, y el Ministerio Público, no observamos irregularidad
alguna que se debiera subsanar.

Ahora bien, sea del caso señalar, que la señora MARIA BLANCA VEGA
BELLO, corresponde a una ciudadana de origen campesino, nacida el 15
de abril de 1936, analfabeta, a quien se le expendió la cédula de ciudadanía
el día 15 de febrero de 1979, donde la Registraduría la anota como MARIA
BLANCA FLOR VEGA BELLO, es decir, le anoto un tercer nombre “FLOR”,
pasando este evento desapercibido por la titular, que no sabe leer, ni
escribir.

8
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

De tal manera, las inconsistencias en los registros civiles de nacimiento de los
hijos de MARIA BLANCA, parte, primeramente, por la no presentación de la
cedula de ciudadanía de esta al momento de realizarse los registros, y por
cuanto, dichos registros se realizaron años después al nacimiento sus titulares,
tal como lo establecía en su época los artículos 49 y 50 del decreto 1260 de
1.970, que a la letra reza: (…)

Es así entonces, que el registro de la señora ROSALBA VEGA BELLO, nacida
el día 08 de diciembre de 1966, se realiza en día 11 de julio de 1995, con
fundamento en declaraciones juramentadas de tres (3) testigos (BLANCA LIGIA
ACOSTA, CC. 30.387.873; FERNANDO MEDINA LEONES, CC 756.774 y
MISAEL RUIZ HENAO CC. 1.396.240), los mismos que anotaron como madre
de la registrada a la señora MARIA BLANCA VEGA BELLO, tal como era
conocida por la comunidad, y que por obvias razones, desconocían el nombre
completo y el número de cedula de esta; pero que igualmente corresponde a
MARIA BLANCA VEGA, la misma persona que aparece en los registro civiles
de nacimiento de ANA IDALID BASALLO VEGA, HERNANDO BASALLO VEGA
y DAGOBERTO BASALLO VEGA. Del nombre MARIA BLANCA FLOR VEGA
BELLO (madre), se tomó para el registro de ROSALBA, los dos primeros
nombre y el primer apellido de la madre.

Con respecto a MARÍA BELLANIRE BELLO, nacida el día 09 de noviembre de
1.957, su registro se realiza el día 05 de marzo de 2001, con base en un acta
parroquial; donde la madre de la mencionada aún no contaba con cédula de
ciudadanía, por ende, como madre le colocaron BLANCA BELLO, es decir, se
toma el segundo nombre de la madre y el primer apellido del abuelo materno,
cuyo nombre era FRANCISCO BELLO, tal como aparece en la escritura pública
Nro. 237, de fecha 23 de abril de 1997 de la Notaria Única de Puerto Salgar,
por medio del cual, la señora MARIA BLANCA FLOR VEGA identificada con
cedula de ciudanía Nro. 24.711.492 y el señor LISANDRO BASALLO
identificado con cedula Nro. 461.155 contraen matrimonio civil, protocolizando
una relación sentimental y de pareja de muchos años atrás, dentro de la cual se
procrean varios hijos, los cuales figuran como demandantes en esta acción.
Así las cosas, BLANCA BELLO, corresponde a la misma MARIA BLANCA
FLOR VEGA, quien se identifica con número 24.711.492. Del nombre MARIA
BLANCA FLOR VEGA BELLO (madre), se tomó para el registro de MARIA
BELLANIRE, el segundo nombre y el segundo apellido de la madre.

Sobre el registro civil de nacimiento de la señora ANA ADALID BASALLO
VEGA, nacida el 17 de noviembre de 1.977, su registro se realiza el día 9 de
noviembre de 1.984 con base en la partida de bautismo, donde se relaciona
como madre la señora MARIA BLANCA VEGA, la cual es identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 24.711.492; el mismo nombre que aparece como
madre en el registro civil de nacimiento de la señora ROSALBA VEGA BELLO,
pero sin el segundo apellido. Es así, que la señora MARIA BLANCA VEGA
identificada en el registro civil de nacimiento de ANA ADALID BASALLO, con
cédula de ciudadanía Nro. 24.711.492, corresponde a la misma persona que
aparece como madre de ROSALBA VEGA BELLO, pero sin el segundo apellido.
Del nombre MARIA BLANCA FLOR VEGA BELLO (madre), se tomó para el
registro de ANA ADALID, los dos primeros nombres y el primer apellido de la
madre.

Del registro civil de nacimiento de SAUDI BASALLO VEGA, nacida el día 12
de mayo de 1981, registrada el día 31 de julio de 1989, éste se realiza con base
en declaraciones extra juicio donde se registra como madre a MARIA BLANCA
FLOR VEGA, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 24.711.492; mismo
número de cedula que corresponde a la señora MARIA BLANCA VEGA, que
aparece como madre en el registro civil de ANA ADALI, correspondiendo a la
misma persona que aparece como madre en registro civil de nacimiento de

9
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

ROSALBA VEGA BELLO, pero sin el segundo apellido. Del nombre MARIA
BLANCA FLOR VEGA BELLO (madre), se tomó para el registro de SAUDI, los
tres nombres y el primer apellido de la madre.

Respecto al registro civil de SOBEIBA MARIA BASALLO BELLO, nacida el 25
de agosto de 1960 y registrada el 11 de mayo de 1.987; como madre aparece
la señora BLANCA BELLO VEGA, identificada con cedula de ciudadanía
24.711.492, mismo número de cedula de MARIA BLANCA FLOR VEGA y/o
MARIA BLANCA VEGA, que aparecen como madre en los demás registros de
nacimiento. Del nombre MARIA BLANCA FLOR VEGA BELLO (madre; tomó
para el registro de SOBEIBA MARIA, el primer nombre y los dos apellidos de la
madre

Con relación al registro civil de nacimiento de HERNANDO BASALLO VEGA,
nacido el 14 de octubre de 1.973 y registrado el día 9 de noviembre de 1.984;
como madre aparece MARIA BLANCA VEGA, identificada con cedula de
ciudadanía Nro. 24.711.492, el mismo número de cédula que le aparece a
MARIA BLANCA FLOR VEGA y/o BLANCA BELLO VEGA como madre de sus
hermanos en sus registros de nacimiento. Del nombre MARIA BLANCA FLOR
VEGA BELLO (madre), se tomó para el registro de HERNANDO, los dos
primeros nombres y el primer apellido de la madre.

Sobre el registro civil de nacimiento de DAGOBERTO BASALLO VEGA, nacido
el 15 de enero de 1.975, y registrado el 9 de noviembre de 1.984, como madre
aparece MARIA BLANCA VEGAS, identificada con cedula de ciudadanía, la
Registraduría incurre en error, habida cuenta que al apellido de la señora le
agrega la “s” y el último número de la cedula se los cambia por el “6”. Sin
embargo, cierto es que se trata de la misma MARIA BLANCA VEGA, que se
identifica en los otros registros, con cedula de ciudadanía Nro. 24.711.492. Del
nombre MARIA BLANCA FLOR VEGA BELLO (madre), se tomó para el registro
de DAGOBERTO, los dos primeros nombres y el primer apellido de la madre,
donde le agregan la “s” por error.

Del registro civil de nacimiento de ALEIDA VASALLO BELLO, nacida el 16 de
mayo de 1.967 y registrada el 16 de enero de 1.994, como madre aparece
BLANCA BELLO; la misma que aparece en el registro civil de nacimiento de
SOBEIBA MARIA, pero con sin su segundo apellido “VEGA”, identificada con
cedula de ciudadanía 24.711.492. Del nombre MARIA BLANCA FLOR VEGA
BELLO (madre), se tomó para el registro de ALEIDA, el segundo nombre y el
segundo apellido de la madre.

Por último, en lo que respecta al registro civil de nacimiento de ELADIO
BASALLO VEGA, nacido el día 15 de enero de 1.970; como madre aparece
MARIA BLANCA FLOR VEGA BELLO, identificada con cedula de ciudadanía
24.711.492, es decir, con el mismo número de cedula de MARIA BLANCA
VEGA y/o BLANCA BELLO VEGA.

SU SEÑORIA, tal como acabo de relacionar, si bien es cierto que, en los
registros civiles de nacimiento de los demandantes antes relacionados,
indistintamente se relaciona a la madre de estos con los nombres y apellidos en
diferente orden; lo cierto es que se trata de una misma persona, es decir, la
misma madre, y esto se puede evidenciar, en el número de cedula “24.711.492”,
que es común para MARIA BLANCA VEGA, BLANCA BELLO VEGA, MARIA
BLANCA FLOR VEGA y MARIA BLANCA FLOR VEGA BELLO.

Ahora bien, frente al nombre de la madre que aparece en el registro civil de
nacimiento de ROSALBA VEGA BELLO, ocurrió la misma variación, es decir,
se colocó el nombre de MARIA BLANCA VEGA BELLO, dejando de relacionar
el tercer nombre que aparece en la cedula de ciudadanía de MARIA BLANCA

10
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

FLOR VEGA BELLO, que se identifica con número de cedula “24.711.492”, en
otros registros”. (resaltado de Sala)

4) No obstante, el Tribunal Administrativo de Caldas confirmó tanto la condena como la
negativa de los perjuicios morales a la señora María Blanca Flor Vega Bello, por
considerar que no había certeza de que se tratara de la misma señora “María Blanca
Vega Bello” que registró como madre de la señora Rosalba Vega Bello (madre de la
víctima directa), por tanto, no podía presumir que era la abuela de la víctima, ya que
existía una inconsistencia por un tercer nombre (Flor), así:

“Frente a grupo familiar demandante, señores María Blanca Flor Vega Bello,
María Bellanire Bello, Ana Adalid Basallo Vega, Saudi Basayo Vega, Sobeiba
María Basallo Bello, Hernando Basallo Vega, Dagoberto Basallo Vega, Aleida
Basallo Vega y Eladio Basallo Vega, encuentra la Sala que:

Respecto de la señora María Blanca Flor Vega Bello quien alega ser abuela del
joven Cristian Alonso Vega Vera, se encuentra de acuerdo a los registros civiles
de los padres del occiso que sus abuelos paternos eran Carlos Onofre Vera y
Consuelo Usme, y sus abuelos maternos eran María Blanca Vega Bello sin que
aparezca registrado el nombre del padre.

En este orden de ideas, del registro civil de nacimiento se desprende que no
hay evidencia legal de que la señora María Blanca Flor Vega Bello sea la madre
de la señora Rosalba Vega Bello (madre del occiso), y si bien existe
coincidencia de apellidos, no se aportó́ al cartulario una prueba que permita
determinar con claridad dicho vínculo, más todavía, cuando en el registro civil
de nacimiento no aparece registrado el número de cédula de la señora María
Blanca Vega Bello que permita determinar si se trata de la misma señora María
Blanca Flor Vega Bello”.

5) Tal razonamiento, implicó que tampoco se tuviera por acreditado el parentesco de
quienes alegaron ser los tíos, ya que en los registros civiles de estos aparecen como
padres la señora María Blanca Flor Vega Bello (demandante) y el señor Lisandro Basallo
y, como no se tenía otro documento con el cual se pudiera verificar que las señoras María
Blanca Vega Bello y María Blanca Flor Vega Bello eran la misma persona, no era posible
dar por probado que aquellos eran hermanos de la señora Rosalba Vega Bello, veamos:

“Ahora bien, respecto de los señores María Bellanire Bello, Ana Adalid
Basallo Vega, Saudi Basayo Vega, Sobeiba María Basallo Bello, Hernando
Basallo Vega, Dagoberto Basallo Vega, Aleida Basallo Vega y Eladio
Basallo Vega, hijos de la señora María Blanca Flor Vega Bello, se presenta
la misma dificultad para determinar el parentesco con la señora Rosalba
Vega Bello, pues en los registros civiles de éstos aparecen relacionados
como padres la señora María Blanca Flor Vega Bello y el señor Lisandro
Basallo, y pese a que en estos sí se registra el número de cédula de la
madre, al no tenerse otro documento en el cual aparezca la cédula de la
madre de la señora Rosalba Vega Bello, no es posible realizar un cotejo
para determinar con certeza que se trata de la misma persona, y de tal

11
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

manera poder establecer sin asomo de duda el parentesco entre estos y
el occiso.

Por otra parte, al margen de las falencias de la prueba de los registros civiles,
la parte demandante bien podía demostrar los perjuicios morales de los
supuestos parientes, mediante otros medios probatorios directos, pero en estas
resultas se omitió́ esa carga probatoria, y de los registros allegados no se puede
válidamente por sus falencias presumir el perjuicio.

En virtud de ello, tal y como lo consideró el Juez de primera instancia, no es
posible reconocer los perjuicios morales reclamados”.

6) Al respecto, para resolver el cargo es pertinente recordar que, en los términos de la
Corte Constitucional, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede
entenderse ha sido entendido como:

“El apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización de
los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones
judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal,
el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad
sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente
incompatibles con el ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto, la validez de la
decisión adoptada judicialmente no solo se determina por el cumplimiento
estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección de
los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal
moderno no puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción
de tales prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas procesales
se justifica a partir del contenido material que propenden”.

6) Pues bien, de las actuaciones expuestas en precedencia, la Sala considera que el
tribunal en la providencia de segundo grado debió analizar, considerar y revisar
minuciosamente los registros civiles de los aquí demandantes para establecer si
efectivamente eran o no los tíos del señor Cristian Alonso Vera Vega, sin embargo,
simplemente se limitó a manifestar que por existir algunas inconsistencias entre los
nombres de la madre de estos y la madre del occiso no estaba demostrado el vínculo
parental.

7) Para la Sala existían pruebas (registros civiles) e indicios de que la señora María
Blanca Flor Vega Bello y María Blanca Vega Bello eran la misma persona, pues, en los
registros civiles de los alegados tíos de la víctima existía en común que la madre tenía el
mismo número de cédula (24.711.492).

8) Si bien en algunos casos se omitió el tercer nombre y en otro se le identificó por el
segundo apellido, se insiste, los números de cédula coinciden plenamente y, en todo
caso, no se incluyó un nombre o apellido ajeno, motivo por el cual existían indicios

12
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

suficientes que permitían, cuando menos, ante la supuesta duda, activar el deber de
decretar pruebas de oficio con miras a recaudar la prueba que el tribunal echaba de
menos.

9) En esos términos, la valoración del tribunal accionado, a juicio de la Sala, constituye
un exceso ritual manifiesto y un apego estricto por las normas procesales que no pueden
erigirse como un obstáculo para la protección del derecho sustancial como en este caso
en el que la parte actora aportó los documentos e incluso en el recurso explicó la razón
de las inconsistencias sin que el tribunal se haya pronunciado sobre ello, motivo por el
cial se imponía al menos el deber de velar por el recaudo de la prueba si en realidad
consideraba que existían dudas o que los documentos aportados, pese a tratarse de los
registros civiles de nacimiento que son la prueba idónea para demostrar el estado civil de
las personas, no eran suficientes para tener por demostrado que, en efecto, los actores
tenían la condición de tíos y abuela de la víctima.

10) Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto dado que se apegó irreflexivamente
a un aspecto meramente formal pasando por alto que no solo se allegaron los registros
civiles de la víctima y sus familiares, sino que dicho aspecto no había sido debatido por
las partes y ante la supuesta duda debió decretar la prueba de manera oficiosa para velar
por la garantía del acceso a la administración de justicia y el principio de reparación
integra.

11) En este punto, valga la pena aclarar, la Sala no está desconociendo que la carga de
la prueba en estos casos corresponde a la parte interesada, quien es la llamada a probar
el parentesco de los demandantes con la víctima; lejos de ello, la razón del amparo en
este específico caso se afinca en el hecho de que las partes aportaron las pruebas
idóneas y pertinentes para demostrar el parentesco, de conformidad con la legislación
civil y la jurisprudencia de esta Corporación, de modo que, si el juez natural consideraba
que dichos medios de convicción presuntamente ofrecían dudas o supuestas
inconsistencias, en su rol de director del proceso y en aras de garantizar la verdad
material, debió ejercer un papel activo y decretar de oficio dicha prueba, como lo ha
exigido de manera reiterada la jurisprudencia constitucional, además de la sentencia T-
339 de 2015 traída a colación por la parte actora, en otros muchos asuntos –sentencia

13
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

SU-355 de 2017, sentencia T-113 de 2019, sentencia T-926 de 2014, sentencia T-817 de
2012, sentencia T-264 de 2009– en casos similares.

12) Como la configuración del defecto sustantivo procedimental es suficiente para
amparar los derechos y dejar sin efectos la providencia cuestionada la Sala se relevará
del estudio del defecto restante porque se evidenció la vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales alegados por la actora.

13) En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia de 22 de febrero de 2024 y se
dispondrá que el Tribunal Administrativo de Caldas profiera una nueva decisión de
reemplazo en la que atienda las consideraciones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por los señores María Bellanire
Bello, Ana Adalid Basallo Vega, Saudi Basayo Vega, Sobeiba María Basallo Bello,
Hernando Basallo Vega, Dagoberto Basallo Vega, Aleida Basallo Vega y Eladio Basallo,
María Blanca Flor Vega Bello o María Blanca Vega Bello, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 22 de febrero de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas en el proceso de reparación directa con
radicación no. 17001-33-33-003-2018-00054-02 y ordénase a dicha autoridad que, en el
término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia,
profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones
expuestas en esta providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

14
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02170-00
Actor: María Bellanira Bello y otros
Acción de tutela

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.