Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02173-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02173-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02173-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de junio de 2024
Demandante: Deyanira Castillo
Demandado: Presidente de la República
Rad: 11001-03-15-000-2024-02173-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02173-00
Demandante: DEYANIRA CASTILLO
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Temas: Principio de subsidiariedad. La tutela no es procedente contra
proyectos de ley.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Deyanira Castillo, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela
contra el presidente de la República, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales a «la libertad e igualdad ante la ley, recibir información
veraz e imparcial, a elegir y conformar el poder político, a los principios de
progresividad y prohibición de regresividad en materia de Seguridad Social».
Considera vulneradas las citadas garantías con ocasión del incumplimiento del
señor presidente de la Republica a la «palabra dada en campaña», respecto a la
voluntariedad del sistema de pilares para la reforma pensional.
1.2. Las pretensiones
En el escrito petitorio, la accionante solicitó:
PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la libertad e igualdad ante la ley (Art. 13
C.P.), recibir información veraz e imparcial (Art. 20 C.P.), a elegir y conformar el
poder político (Art. 40 C.P.), a los principios de progresividad y prohibición de
regresividad en materia de Seguridad Social en Pensiones.
SEGUNDO: Ordenar al PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Doctor GUSTAVO
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FRANCISCO PETRO URREGO que, proceda al inmediato al cumplimiento de su
palabra y compromisos dados en campaña electoral, sobre que la reforma pensional
de pilares sería con un umbral OBLIGATORIO en COLPENSIONES que administra
el régimen público y el resto en forma VOLUNTARIA entre el régimen público o los
fondos privados, administrados por los fondos privados de pensión.1
1.3. Hechos
Los supuestos jurídicamente relevantes, narrados por el accionante, pueden
sintetizarse de la siguiente manera:
Manifestó que el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego,
cuando era candidato en su campaña electoral 2022 – 2026, prometió sobre la
reforma pensional en el sistema de pilares que, al pilar contributivo en su
componente de prima media con prestación definida (régimen público administrado
por el Estado a través de COLPENSIONES), los cotizantes podrían aportar en
forma obligatoria hasta de 4 SMLMV; y a partir de 4 SMLMV, los trabajadores
podían escoger libre y voluntariamente entre el régimen público y el régimen
privado de pensiones.
Aseguró que «la gran promesa de campaña presidencial 2022-2026» consistió en
que, para acceder a la pensión integral; después de los 4 smmlv, los colombianos
en el pilar contributivo podían escoger entre el régimen público administrado por
COLPENSIONES y el régimen privado administrado por los fondos privados de
pensión, sin cambiar la naturaleza jurídica de la administradora pública «es decir,
se trataría frente a los fondos privados de un componente voluntario».
Refirió que el articulado de la reforma pensional denominada «Cambio por la Vejez
del Gobierno de Colombia» fue planteada contrariando dichos compromisos
electorales, pues el texto consagra:
Artículo 19: características del pilar contributivo.
Son características del pilar contributivo las siguientes:
(...)
b) El componente de prima media está integrado por todos los afiliados al pilar
contributivo y recibirá las cotizaciones por los ingresos base de cotización entre un (1)
salario mínimo legal y hasta tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Alegó que del anterior articulado se extrae que la vinculación al pilar contributivo es
obligatoria para todos los afiliados de régimen de prima media con prestación
definida, con lo que se demuestra que el presidente ha contrariado lo prometido en
la campaña electoral.
Adujo que fue precisamente por las promesas de dar libertad a los colombianos de
elegir sobre los 4 SMMLV el régimen en donde podían cotizar para pensión que
decidió votar por el actual presidente de la República en ejercicio de su derecho
fundamental a elegir, según el artículo 40 de la Constitución Política y, además,
expuso su vida, integridad y credibilidad, al hacer campaña para que fuera elegido
1 Se transcribe con posibles errores ortográficos.
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entre sus amistades y familiares con ideología contraria.
1.4. Sustento de la petición
Manifestó que con las actuaciones narradas se vulneran sus derechos
fundamentales, en la forma en que se expone a continuación:
Derecho a la libertad e igualdad ante la ley - artículo 13:
Explicó que, al faltar al compromiso dado públicamente en campaña electoral,
referente a que no sería obligatoria la cotización a los fondos privados de pensión,
sino voluntaria, se viola el derecho a la libertad de escoger el régimen más
favorable y a la igualdad puesto que, castiga a las personas con ingresos
superiores a los 3 o 4 smmlv, condenándonos a la «pobreza oculta».
Derecho de recibir información veraz e imparcial - artículo 20:
Adujo que el presidente vulneró el derecho a recibir información veraz e imparcial
puesto que, prometió en campaña la cotización voluntaria en los fondos privados,
después de un umbral y ahora una vez elegido, ha propuesto que sea obligatoria y
no opcional.
Derecho a elegir - artículo 40:
Expuso que se vulneró su derecho a participar en el ejercicio del poder político;
puesto que, para hacer efectivo este derecho de elegirlo como presidente de la
República, tomó parte en las elecciones a través de varias formas de participación
democrática, haciéndole campaña electoral, difundiendo sus ideas y programas
para llegar a la presidencia y puso su confianza legítima en sus promesas de
campaña.
Derecho a la Seguridad Social - artículo 48:
Aseguró que el accionado vulneró el derecho a la seguridad social en conexidad
con la dignidad humana, mínimo vital y móvil y los principios de progresividad y
prohibición de regresividad.
1.4.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 22 de mayo de 2024, el despacho del magistrado ponente
admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar esta decisión al presidente de la
República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
1.5. Informes presentados
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron la siguiente intervención:
1.5.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Manifestó que, el presidente de la República y la Presidencia de la República no
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tienen competencia funcional para intervenir en la discusión que hoy se encuentra
adelantando el Congreso de la Republica sobre la reforma pensional, lo que impide
que tengan injerencia en garantizar que se apruebe una reforma en determinado
sentido o con un contenido específico, puesto que, su discusión se pueden
introducir reformas y/o modificaciones. Reiteró que el Congreso tiene
independencia y autonomía para ejecutar sus funciones constitucionales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala verificar, en primer lugar, si la acción de tutela es procedente
y, de ser así, se analizará si la autoridad accionada transgredió los derechos
fundamentales de la actora a «la libertad e igualdad ante la ley, recibir información
veraz e imparcial, a elegir y conformar el poder político, a los principios de
progresividad y prohibición de regresividad en materia de Seguridad Social».
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la
acción de tutela; (ii) presupuesto de subsidiariedad, y (iii) estudio del caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el
artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos
de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega
amenazado o vulnerado.
2.4. Estudio del caso concreto
La accionante cuestiona la presunta omisión del presidente de la República de
presentar el proyecto de Ley de la reforma pensional en la forma en que, según
indica, fue expuesta en su campaña presidencial y, frente a la cual, ella generó
expectativas que le llevaron a ejercer su derecho al voto en su favor y promover el
voto favorable de sus conocidos.
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En el presente caso, la tutelante expone unas razones de carácter general contra
un proyecto de ley que se encuentra en trámite en el congreso de la República2,
porque, según aduce, contradice las promesas de campaña del presidente y
vulnera varios principios de orden constitucional.
Sea lo primero señalar que de conformidad con el artículo 6º, numeral 5º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procederá «… Cuando se trate de
actos de carácter general, impersonal y abstracto.»
En ese orden de ideas, como el objeto de esta solicitud de amparo es controvertir el
contenido del proyecto de ley relacionado con la reforma pensional en tanto, en
sentir de la actora, no se acompasa con las promesas de campaña del actual
presidente, se observa que se cuestiona un acto general, impersonal y abstracto en
tanto el citado proyecto no contiene especificaciones de tipo particular que afecten
a la actora, ni se observa que ella haya expuesto alguna actuación u omisión que
de forma personal lesiones sus derechos fundamentales.
Cabe señalar que, en relación con la acción de tutela contra proyectos de Ley, la
Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:
«… la acción de tutela también resulta improcedente en virtud del carácter
subsidiario que la caracteriza. Para el efecto, (i) se observa que una iniciativa
legislativa tradicionalmente envuelve un contenido general, impersonal y
abstracto, por lo que se activa la causal de improcedencia que se consagra
en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. Adicionalmente, (ii)
las discusiones vinculadas con la salvaguarda de la consulta previa, como
exigencia procedimental que acompaña el trámite de un proyecto de ley, es
susceptible de protección a través de otro medio de defensa judicial, que resulta
compatible con las reglas de funcionamiento que le otorgan autonomía al
Congreso. Así las cosas, una vez la iniciativa se convierte en una ley de la
República, se habilita a todo ciudadano para cuestionar su
constitucionalidad, a través del ejercicio de la acción pública dispuesta en
el artículo 241 del Texto Superior, en cuyo trámite existen amplias
oportunidades de participación en un escenario democrático, en el que puede
intervenir cualquier ciudadano para defender o cuestionar la exequibilidad de las
normas que se hayan apartado de la obligación de consulta.
3.6.3. Sin embargo, lo expuesto tampoco da lugar a la consagración de un
criterio absoluto que proscriba totalmente la utilización de la acción de tutela. En
efecto, en la Sentencia T-382 de 2006 se señaló que: “En un sistema de poderes
organizado bajo el paradigma de los controles recíprocos para el cumplimiento
de los fines señalados en el artículo 2 de la Constitución, no es razonable
rechazar de manera absoluta la ejecución de mecanismos de control frente a la
labor legislativa. El parlamento, como órgano democrático, no es inmune a la
capacidad normativa de la Constitución ni al conjunto de principios previstos en
ésta y, de manera excepcional, puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela
cuando quiera que desconozca las potestades mínimas o el núcleo esencial de
las garantías u obligaciones previstas para el ejercicio de cualquiera de sus
funciones”.
Desde esta perspectiva, la procedencia de la acción de tutela en relación con
2 Proyecto de Ley Número 338 de 2023 Senado, 157 de 2022 Cámara.
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una iniciativa legislativa que se encuentra en curso se halla condicionada (i) no
solo a la vulneración de las potestades mínimas de los congresistas, sino
también (ii) al desconocimiento del núcleo esencial de las garantías u
obligaciones vinculadas con el ejercicio de sus funciones…»3
Acorde con lo expuesto por la Corte Constitucional, por regla general no procede la
acción de tutela contra proyectos de ley por tratarse de actos generales,
impersonales y abstractos; sin embargo, planteó dos hipótesis en las cuales se
abriría curso al análisis de fondo de una solicitud de amparo, relacionadas con las
potestades mínimas de los congresistas y el desconocimiento de sus garantías y
obligaciones en ejercicio de sus funciones.
En ese sentido, comoquiera que en la presente acción de tutela no se encuentra en
discusión alguno de los casos mencionados, esto es, no está de por medio la labor
o ejercicio de las funciones de un congresista pues se discute el incumplimiento de
promesas presidenciales efectuadas en campaña al presentarse un proyecto de ley
que no se acompasa con las mismas, esta acción resulta improcedente.
Adicionalmente, se destaca que la parte actora no expuso razón alguna que
permitiera advertir una amenaza a sus derechos fundamentales invocados, de tal
entidad que configurara un perjuicio irremediable.
Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela por cuanto se
controvierte un acto de carácter general, impersonal y abstracto como lo es un
proyecto de ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Deyanira Castillo.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
3 Sentencia T-110 de 2016.
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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