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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02199-00

Acción de tutela: fallo de primera instancia

Fecha
21 de junio de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02199-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - AMPARAR el derecho fundamental al mínimo vital de la señora Valentina Valencia Vargas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – División de Asuntos Laborales – Grupo de Nómina, que, si no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a incluir en nómina y restablezca la totalidad de los derechos laborales de la accionante desde el 11 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024 y, del 1 al 31 de abril de 2024, sin solución de continuidad, de conformidad con las razones esbozadas en la parte motiva de este fallo. TERCERO. - Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link 15 Radicado: 11001-03-15-000-2024-02199-00 Actor: Valentina Valencia Vargas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador La presente providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02199-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

21 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02199-00
Accionante: Valentina Valencia Vargas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Valentina Valencia
Vargas, actuando en nombre propio, contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá.
I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones

La señora Valentina Valencia Vargas, en ejercicio de la acción de tutela,
actuando en nombre propio, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana, (sic) que estimó
lesionados por las entidades accionadas, debido a que no se ha efectuado el
pago de su salario del mes de abril y 11 días del mes de enero, encontrándose
laborando en los cargos de Secretaria de Juzgado y Oficial Mayor del Juzgado
Veintiséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02199-00
Actor: Valentina Valencia Vargas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

En el escrito de tutela, la parte actora solicita:

“(…) Se ordene en forma inmediata al Consejo Superior de la Judicatura,
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá - áreas de Talento Humano y Financiera,
la correcta liquidación y pago de mi salario correspondiente al mes de abril de
2024 y el restante adeudado del mes de enero de 2024 (…)”. (sic)

2. Los hechos y las consideraciones

La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se
resumen a continuación1:

Expuso que el 26 de mayo de 2021, se vinculó a la Rama Judicial, a través de
nombramiento en provisionalidad en el cargo de Oficial Mayor del Juzgado
Veintiséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Informó que el 11 de enero de 2024, fue nombrada en provisionalidad en el
cargo de Secretaria del mismo Juzgado, hasta el 31 de enero de 2024.

Relató que el 1 de febrero de 2024, se vinculó nuevamente al cargo de Oficial
Mayor en provisionalidad en el mismo Despacho mediante la Resolución No.
001 de enero de 2024.

Afirmó que se evidenció un error en la Resolución mencionada, por lo que el
Juez Veintiséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
emitió la Resolución No. 008 de marzo de 2024, aclarando y adicionando la
Resolución No. 001.

Explicó que presentó la novedad de ingreso de enero en repetidas ocasiones,
la cual fue aceptada y pagada en nómina adicional de marzo de 2024, pero la
liquidación se realizó sobre 10 días siendo lo correcto 21 días, del 11 de enero
de 2024 al 31 de enero de 2024.

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Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI

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Actor: Valentina Valencia Vargas
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Agregó que, en abril no le fue cancelado el salario de dicho mes, por lo que
radicó solicitudes dirigidas a obtener el pago de su salario al observar que no
se le ha liquidado la nómina general en ‘Efinomina’.

2.1 Consideraciones de la parte actora

La señora Valentina Valencia Vargas, sostuvo que las demandadas vulneraron
sus derechos fundamentales, toda vez que, se le está restringiendo
injustificadamente del salario como contraprestación por los servicios
prestados en el mes de enero de 2024 y abril de 2024, lo que correlativamente
le impide pagar obligaciones ya contraídas y necesarias para garantizar sus
otros derechos fundamentales; como arriendo, servicios públicos, colegiatura
de su hijo, alimentación, salud, obligaciones bancarias en 4 entidades
financieras, además de rubros restantes para su libre disposición.

Resaltó que su salario constituye su única fuente de ingreso y subsistencia y
no cuenta con el apoyo de ningún familiar y/o pareja.

3. Trámite procesal

Mediante auto de 7 de mayo de 2024, se admitió la demanda, se ordenó la
notificación a las autoridades accionadas, para los efectos previstos en el
artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, esto es; el Consejo Superior de la
Judicatura; el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – áreas de talento
humano y financiera y dispuso la vinculación del Juzgado Veintiséis Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

4. Intervenciones

4.1. El Consejo Superior de la Judicatura, alegó la falta de legitimación en
la causa por pasiva, argumentando que la autoridad que se encuentra

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Actor: Valentina Valencia Vargas
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legitimada para definir la controversia administrativa con relación al pago de
las prestaciones sociales y cualquier otro emolumento por periodos causados,
así como también la corrección de nómina y demás situaciones que se
susciten, es la División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos
Humanos y/o Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y/o de la Dirección Ejecutiva de Administración.

4.2 Las demás partes no se pronunciaron sobre los hechos y consideraciones
de la demanda de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021.

2. Generalidades de la acción de tutela

Según lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que
sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o
de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el
afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son
elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y
excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la
violación de un derecho fundamental cuando no se disponga de otro
mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aun existiendo otro

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Actor: Valentina Valencia Vargas
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medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma
transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe
estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.

3. Problema jurídico

La Sala debe decidir si el Consejo Superior de la Judicatura; el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – áreas de talento humano y financiera,
menoscabaron el derecho fundamental al mínimo vital y el principio de la
dignidad humana, invocados por la parte accionante, como consecuencia de
no haberle efectuado el pago de los 11 días laborados en enero de 2024 así
como el salario del mes de abril de la presente anualidad.

4. Procedencia de la acción de tutela para reclamar acreencias laborales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de amparo
constitucional sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.2

Lo anterior significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o
subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo
de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto
de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales
ordinarios para asegurar su protección3”.

El carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de
competencias atribuido por la Constitución Política a las diferentes autoridades
judiciales, lo cual se sustenta en los principios de independencia y autonomía
de la actividad judicial. En tal sentido, “no es propio de la acción de tutela el

2
Véanse, entre otras, las Sentencias T-336 de 2009, T-436 de 2009, T-785 de 2009, T-799 de 2009, T-130 de 2010 y
T-136 de 2010.
3
Sentencia T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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[de ser un] medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios
o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los
diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a
las existentes, ya que el propósito específico de su consagración,
expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de
brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la
garantía de sus derechos constitucionales fundamentales4”.

Sobre este punto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-457 de 20115,
indicó que: “Por regla general, la resolución de las controversias relativas al
incumplimiento en el pago de acreencias laborales, entre ellas el salario o
contraprestación mensual, es un asunto que compete a la jurisdicción laboral.
(…) Sin embargo, la sólida línea jurisprudencial que por varios años ha trazado
esta Corporación9, plantea de forma pacífica una única excepción sobre la
improcedencia general anotada. Ella se presenta en aquellos eventos en los
que el no pago de la prestación tiene como consecuencia directa la afectación
de derechos fundamentales, concreta y especialmente, el del mínimo vital 6”.

Para tal efecto, el citado derecho ha sido entendido como: “aquella porción del
ingreso que tiene por objeto cubrir las necesidades básicas como
alimentación, salud, educación, recreación, servicio públicos domiciliarios,

4
Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
5
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6
Sobre este mismo punto se puede consultar la Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En el
caso de la referencia, varios trabajadores del Municipio de Santa Cruz de Lorica instauraron acción de tutela para
obtener, por una parte, la cancelación de los intereses debidos con ocasión del pago tardío de unas cesantías; y por
la otra, el pago de la sanción moratoria de la que trata la Ley 1071 de 2006. A pesar de que el citado municipio alegó
la improcedencia de la acción y enfatizó que se encontraba sometido a un acuerdo de reestructuración, los jueces de
instancia concedieron el amparo. Tras analizar la procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de
acreencias laborales, esta Corporación revocó el fallo de instancia, al considerar que los medios ordinarios de defensa
judicial resultaban idóneos para proteger los intereses de los actores, no se evidenciaba perjuicio irremediable alguno
y existían dudas en torno a la existencia de la deuda reclamada. En idéntico sentido, en la Sentencia T-883 de 2012,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, se estudió una solicitud de amparo de algunos docentes del Municipio de Sucre
que alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al trabajo y a la igualdad, por la
negativa de la citada entidad de reconocer distintas acreencias laborales. En dicha oportunidad, la Sala declaró la
improcedencia de la acción, al considerar que: “es claro que tratándose de acreencias laborales, existen los medios
judiciales de defensa ordinarios para que los accionantes protejan sus intereses, no siendo, en principio, el juez
constitucional el llamado a intervenir. Siendo lo anterior así, sería preciso determinar si, en este caso, tales medios
judiciales ordinarios resultan ineficaces o si se evidencia el acaecimiento de un perjuicio irremediable. Del análisis de
las circunstancias del asunto, para la Sala es indiscutible que ninguna de estas dos condiciones se materializa en
esta oportunidad. En este sentido, de los elementos visibles en el expediente no es posible determinar que los medios
mencionados sean ineficaces para proteger los derechos de los actores, como sucedería, por ejemplo, si se viera
afectado su mínimo vital o si pertenecieran a la tercera edad y se encontraran en delicado estado de salud.”

7
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etc.”7 De ahí que su conceptualización no sólo comprenda un componente
cuantitativo vinculado con la simple subsistencia, sino también un elemento
cualitativo relacionado con el respecto a la dignidad humana como valor
fundante del ordenamiento constitucional. En todo caso, siempre que se alega
su vulneración, es necesario que el interesado enuncie los motivos que le
sirven de fundamento para solicitar su protección, de manera que el juez pueda
evaluar la situación concreta del accionante.

No obstante, la jurisprudencia ha señalado algunos supuestos en los cuales
se presume la vulneración del derecho al mínimo vital, los cuales se limitan a
las siguientes situaciones de hecho: (i) que no se encuentre acreditado en el
expediente que el accionante cuenta con otros ingresos o recursos que
permitan su subsistencia8; (ii) que se trate de un incumplimiento prolongado e
indefinido9, esto es, de una omisión superior a dos meses, con excepción de
aquella remuneración equivalente a un salario mínimo 10, y (iii) que las sumas
que se reclamen no sean deudas pendientes11. De manera que, siempre que
se acredite en el trámite de un proceso cualquiera de los anteriores supuestos,
el juez de tutela puede proceder al análisis de fondo del asunto planteado, a
pesar de que el accionante no acredite directamente la afectación de su
mínimo vital por el no pago de acreencias laborales.

Dada la naturaleza subsidiaria y residual de la tutela, ella sólo es procedente
cuando no existen medios ordinarios de defensa judicial; o cuando aun
existiendo, los mismos resultan ineficaces para proteger los derechos en
conflicto o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Este último
evento se presenta cuando la amenaza de vulneración de un derecho
fundamental es inminente y, de consolidarse, afectaría de manera grave los
bienes jurídicos que se pretenden amparar, por lo que se requiere de medidas
urgentes e impostergables para evitar su materialización. Estas condiciones –
al igual que la idoneidad de los medios judiciales existentes– deben analizarse

7
Sentencia T-457 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
Sentencia T-683 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
9
Sentencia T-725 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
10
Sentencias T-065 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-992 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Sentencia T-162 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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en cada caso concreto y, de no acreditarse, la acción constitucional se torna
procesalmente inviable.

4. Caso concreto

La señora Valentina Valencia Vargas quien actúa en nombre propio, plantea
la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad
humana, (sic) porque el Consejo Superior de la Judicatura; el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – áreas de talento humano y financiera, no
han realizado las gestiones pertinentes para efectuar el pago de los días
laborados el mes de enero de 2024, en el cargo de Secretaria del Juzgado
Veintiséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, y el
salario del mes de abril de esta anualidad, por sus servicios como Oficial
Mayor, del mismo Despacho.

Afirmó que se le está restringiendo injustificadamente del salario como
contraprestación por los servicios prestados en el mes de enero de 2024 y abril
de 2024, lo que correlativamente le impide pagar obligaciones ya contraídas y
necesarios para garantizar sus otros derechos fundamentales; como arriendo,
servicios públicos, colegiatura de su hijo, alimentación, salud, obligaciones
bancarias en 4 entidades financieras, además de rubros restantes para su libre
disposición.

Pues bien, del escrito de tutela y el material probatorio allegado al expediente,
se destaca que:

El Juez Veintiséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá, mediante Resolución No. 0003 de 26 de mayo de 2021, designó a la
señora Valentina Valencia Vargas como reemplazo de la servidora Diana
Rocío Jiménez, en el cargo de Oficial Mayor de dicho Juzgado, en
provisionalidad.

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Actor: Valentina Valencia Vargas
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El Juez Veintiséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
mediante Resolución No. 001 de 11 de enero de 2024, designó en
provisionalidad a la señora Valentina Valencia en el cargo de Secretaria del
Despacho mencionado.

El Juez Veintiséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
mediante Resolución No. 004 de 1 de febrero de 2024, designó a la señora
Valentina Valencia Vargas en el cargo de Oficial Mayor del Juzgado Veintiséis
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

El Juez Veintiséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
mediante Resolución No. 008 de 7 de marzo de 2024, aclaró y adicionó la
Resolución No. 001 del 11 de enero de 2024 en los siguientes términos:

“(…) R E S U E L V E

PRIMERO: ACLARAR Y ADICIONAR la Resolución 001 del once (11) de enero de
dos mil veinticuatro (2024) la cual quedará en su parte RESOLUTIVA así:

PRIMERO: INTERRUMPIR las vacaciones colectivas del servidor OSCAR
AFRANIO RODRÍGUEZ GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No.
74.080.783 expedida en Sogamoso – Boyacá a partir del día diez (10) de
enero de dos mil veinticuatro (2024), inclusive.

SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de LICENCIA NO REMUNERADA
presentada por el doctor OSCAR AFRANIO RODRÍGUEZ GARCÍA
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.080.783 expedida en Sogamoso
• Boyacá, a partir del 10 de enero de 2024 hasta el 31 de enero del mismo
año, inclusive.

TERCERO: DESIGNAR en PROVISIONALIDAD a la doctora VALENTINA
VALENCIA VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No.
1.020.833.599 expedida en Bogotá D.C. en el cargo de SECRETARIA, quien
cumple los requisitos legales exigidos para el cargo, a partir del 11 de enero
de 2024 hasta el 31 de enero del mismo año, inclusive.

CUARTO: COMUNICAR a la nombrada y si acepta el cargo désele posesión.

SEGUNDO: RATIFICAR la designación en PROVISIONALIDAD de la doctora
VALENTINA VALENCIA VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No.
1.020.833.599 expedida en Bogotá D.C. en el cargo de SECRETARIA, quien cumple
los requisitos legales exigidos para el cargo, a partir del 11 de enero de 2024 hasta el
31 de enero del mismo año, inclusive (…)”.

La señora Valentina Valencia Vargas, mediante correo electrónico de 24 de
abril de 2024, solicitó: “la corrección y desembolso de los rubros adeudados

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por concepto de nómina enero 2024 en el cargo de secretaria del Juzgado 26
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá”. En dicha petición
destacó que la liquidación del mes de enero se realizó sobre 10 días cuando
su nombramiento fue del 11 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024, es decir;
21 días, en ese sentido aclaró que la solicitud fue presentada “para que el
restante adeudado sea pagado dentro de la nómina adicional de abril 2024,
por estar dentro de término, incluso mucho antes de la fecha de cierre para
esas correcciones”.

Dicha solicitud, fue dirigida a los siguientes correos electrónicos:
notificacionesthdesajbogcund@cendoj.ramajudicial.gov.co
revisionprenominabta@cendoj.ramajudicial.gov.co
atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co
asistalentohumbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante correo electrónico de 25 de
abril de 2024, informó que registró su solicitud a través del Sistema de Gestión
de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales ‘SIGOBius’.

La señora Valentina Valencia Vargas, mediante varios correos electrónicos
reiteró la petición tendiente a obtener el pago de los días laborados en enero
de 2024, así como el salario del mes de abril del mismo año.

Se resalta que la accionante manifiesta que es madre cabeza de hogar y que
de su actividad laboral deriva el sustento económico para ella y su núcleo
familiar, por lo que considera que al no recibir el pago de los salarios
reclamados se vulneran sus derechos fundamentales invocados, en especial
el mínimo vital, porque no cuentan con la posibilidad de satisfacer sus
necesidades básicas, lo que hace necesario que se ordene el pago de las
acreencias deprecadas.

Teniendo en cuenta que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá no se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la

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tutela, pese a que fue notificada en debida forma; la Sala considera que en
virtud de la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591
de 199112, resulta pertinente dar por ciertos los hechos expuestos en la
solicitud de amparo; es decir, que con ocasión de sus nombramientos en los
cargos de Secretaria y de Oficial Mayor, en el Juzgado Veintiséis Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la autoridad accionada debe
pagar a la señora Valentina Valencia Vargas 11 días laborados del mes de
enero de 2024 y el salario del mes de abril de 2024 y que depende de su
actividad laboral para su sustento y el de su hijo, al ser madre cabeza de hogar.

En ese orden, como quiera que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, no allegó el informe de tutela de que trata
el artículo 19 del Decreto 2591 de 199113; la Sala considera que los hechos
expuestos por la accionante, son suficientes para tener por acreditada la
vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital.

Es pertinente resaltar que este derecho se deriva de los principios del Estado
Social de derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los
derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad. Este
derecho adquiere relevancia en situaciones humanas límites, relativas a la
extrema pobreza y la indigencia, cuando frente a las necesidades más
elementales y humanas, el Estado y la sociedad no responden de manera
congruente14.

El derecho al mínimo vital ha sido reconocido desde 1992 en forma reiterada
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional15; primero se reconoció como
derecho fundamental innominado, como parte de una interpretación
sistemática de la Constitución16, “aunque la Constitución no consagra un

12 “ARTICULO 20.-Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación
previa”.
13 “ARTICULO 19.-Informes. El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho
la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. La
omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad […]”.
14 Sentencia T-716 de 2017. MP. Carlos Bernal Pulido.
15 Corte Constitucional, Sentencias SU-022 de 1998; SU-1354 de 2000; SU-1023 de 2001; SU-434 de 2008; SU-131
de 2013; SU-415 de 2015; SU-428 de 2016; SU-133 de 2017.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-426 de 1992.

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derecho a la subsistencia éste puede deducirse de los derechos a la vida, a la
salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social”.

Luego se le concibió como un elemento de los derechos sociales
prestacionales17, “la mora en el pago del salario, (…) [significa una] abierta
violación de derechos fundamentales (…), en especial cuando se trata del
único ingreso del trabajador, y por tanto, medio insustituible para su propia
subsistencia y la de su familia”. Posteriormente, se señaló que es un derecho
fundamental ligado a la dignidad humana 18, “la idea de un mínimo de
condiciones decorosas de vida (…), no va ligada sólo con una valoración
numérica de las necesidades biológicas (…) para subsistir, sino con la
apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de
cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida”.

Es por esto que, se concluye, que la ausencia del mínimo vital puede atentar,
de manera grave y directa, en contra de la dignidad humana, pues este
derecho “constituye una precondición para el ejercicio de los derechos y
libertades constitucionales de la persona 19 y en una salvaguarda de las
condiciones básicas de subsistencia, puesto que sin un ingreso adecuado a
ese mínimo no es posible asumir los gastos más elementales, como los
correspondientes a alimentación, salud, educación o vestuario.”20

Ahora, para garantizar que no se siga vulnerando los derechos fundamentales
de la accionante, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
resulta ser quien tiene la aptitud legal, por ser la competente, para definir el
pago de los emolumentos y prestaciones sociales con relación del personal
que trabaja en los despachos judiciales de su jurisdicción territorial.

Al respecto, la norma contenida en el artículo 1° del Acuerdo PSAA09-6203 de
2009 establece que, las Direcciones Seccionales se estructurarán
operativamente en áreas y oficinas adscritas, dentro de las cuales se

17
Corte Constitucional, Sentencia T-081 de 1997.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de 1999.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-772 de 2003.
20
Corte Constitucional, Sentencias T-818 de 2000; T- 651 de 2008; T-738 de 2011.

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Actor: Valentina Valencia Vargas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

encuentra el área de Talento Humano. Asimismo, el artículo 4 ibidem señala
de manera clara sus funciones; a saber:

“(…) ARTÍCULO CUARTO. - Son funciones del Área de Talento Humano

I. ASUNTOS LABORALES:

(…)

4. Organizar y controlar el reconocimiento de sueldos y prestaciones sociales (…)”.

Aunado a lo anterior, el artículo 2° del Acuerdo PCSJA20-11603 expedido por
esta Corporación, define las Unidades de la Dirección Ejecutiva, entre otras,
a:

“(…) 4. Unidad de Recursos Humanos

4.1. División de Asuntos Laborales
4.1.1. Sección Prestaciones Sociales
4.1.2. Grupo de Registro, Control de Historias Laborales y Correspondencia
4.1.3.Grupo de Nómina. 4.2. División de Seguridad y Bienestar Social (…)”.

Por lo expuesto, la Sala considera que la limitación al acceso del salario al que
tiene derecho la señora Valentina Valencia Vargas desconoce derechos de
raigambre constitucional y, además, su consecuencia no puede ser soportada
por la aquí actora.

En ese orden y expuestos los argumentos anteriores, la Sala amparará el
derecho fundamental al mínimo vital de la señora Valentina Valencia Vargas.

III DECISIÓN

En atención a las consideraciones expuestas, la Sala amparará el derecho
fundamental al mínimo vital de la señora Valentina Valencia Vargas, por lo que
se ordenará a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
División de Asuntos Laborales – Grupo de Nómina, que, si no lo ha hecho, en
el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, proceda a incluir en nómina y restablezca la totalidad de los

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derechos laborales de la accionante desde el 11 al 31 de enero de 2024 y, del
1 al 31 de abril de 2024, sin solución de continuidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. - AMPARAR el derecho fundamental al mínimo vital de la señora
Valentina Valencia Vargas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO.- ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá – División de Asuntos Laborales – Grupo de Nómina, que, si no lo
ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, proceda a incluir en nómina y restablezca la
totalidad de los derechos laborales de la accionante desde el 11 de enero de
2024 al 31 de enero de 2024 y, del 1 al 31 de abril de 2024, sin solución de
continuidad, de conformidad con las razones esbozadas en la parte motiva de
este fallo.

TERCERO. - Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link

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http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

La presente providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

…………

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(En comisión de servicios)

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