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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02206-01

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02206-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar la decisión de primera instancia, la cual quedará así: «Primero: Declarar improcedente el cargo por defecto sustantivo por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela en relación con el defecto por desconocimiento del precedente judicial». 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02206-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

30 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02206-01
Demandante: Juan Manuel González Torres

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02206-01
Demandante: JUAN MANUEL GONZÁLEZ TORRES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial, nulidad y
restablecimiento del derecho. Requisitos generales de
procedencia y defecto por desconocimiento del precedente
judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia del 17 de junio de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A que resolvió:

« PRIMERO. Declarar improcedente la presente acción de tutela presentada por el
señor Juan Manuel González Torres, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. (…)»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 3 de mayo de 2024, el señor Juan Manuel González Torres, mediante apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, por considerar vulnerado el derecho fundamental a la
igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«Me permito solicitar a su despacho se sirva amparar el DERECHO FUNDAMENTAL
a la igualdad (art. 13 Constitución Política) del señor JUAN MANUEL GONZÁLEZ
TORRES; derecho fundamental que ha sido vulnerado con fundamento en las razones
previamente expuestas, con las cuales se incurrió en los siguientes: Defecto
procedimental absoluto, defecto material o sustantivo y desconocimiento del
precedente. Por lo cual, respetuosamente solicito que se disponga:

PRIMERA: Que se Revoque el Fallo de Segunda Instancia proferido el pasado 13 de
diciembre de 2023 y notificado el día 19 de diciembre de la misma anualidad, en el
expediente No. 11001-33-34-002-2014-00090- 01, por parte del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Primera – Subsección C.

SEGUNDA: Salvaguardar el derecho fundamental a la igualdad del señor Juan Manuel
González Torres y, en consecuencia, declarar la nulidad del i) fallo de responsabilidad
fiscal proferido en audiencia pública del 26 de febrero de 2013 por el Contralor delegado
Intersectorial No. 2 de la Contraloría General de la República ii) acto administrativo
proferido por la misma autoridad el 19 de marzo de 2013, iii) la consecuente solicitud
del restablecimiento del derecho».

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Demandante: Juan Manuel González Torres

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor González Torres fue vinculado a investigación iniciada por la Contraloría
Departamental del Meta dentro del proceso de responsabilidad fiscal núm. 1208, en
calidad de Gobernador del departamento del Meta, con ocasión de las presuntas
irregularidades derivadas de los contratos de cesión de derechos de beneficio con
pacto de readquisición, suscritos por el departamento del Meta. En dicho proceso se
identificó como presuntos responsables los tesoreros y el secretario financiero del ente
territorial, el Consorcio Proyectar y Fiduagraria S.A.

Surtidas las etapas del proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la
República declaró responsable fiscal a título de culpa grave al señor González Torres
al considerar que omitió su deber de cuidado y gestión de los recursos del
departamento en su calidad de Gobernador.

En razón de lo anterior, el señor Juan Manuel González Torres ejerció medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con la finalidad de que se declarara la
nulidad del fallo del 26 de febrero de 2013, mediante el que la Contraloría General de
la República lo declaró fiscalmente responsable de conformidad con el artículo 53 de
la Ley 610 de 2000, así como la nulidad de los actos administrativos del 19 de marzo
y del 2 de abril de 2013, que resolvieron los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra el aludido fallo.

Como fundamento de las pretensiones elevadas el actor indicó que i) la acción de
responsabilidad fiscal había prescrito; ii) las decisiones enjuiciadas se profirieron con
violación del debido proceso por desconocimiento de las normas en que debieron
fundarse y por falta de recaudo e indebida apreciación de los medios de prueba; iii)
había inexistencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal; iv)
aplicación indebida del artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 y, v) violación del principio
de igualdad.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo de Bogotá, que, en sentencia del 11 noviembre de 2016, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que, contrario a lo indicado por el actor, no
había prescrito la acción de responsabilidad fiscal, comoquiera que la totalidad de las
decisiones cuestionadas fueron proferidas con oportunidad por los funcionarios
competentes y explicó que la declaratoria de responsabilidad fiscal se sustentó en los
cargos imputados en auto 19 de octubre de 2012 y no en otros distintos.

Contra la decisión de primera instancia el señor González Torres interpuso recurso de
apelación, para lo cual señaló que: (i) a su juicio, el juez de primera instancia incurrió
en graves errores de juicio y de apreciación al momento de proferir la decisión
recurrida, por haber desconocido las pruebas debida y oportunamente recaudadas, al
encontrar acreditados, sin estarlo, los elementos que configuran la responsabilidad
fiscal; (ii) alegó que el Juzgado aplicó retroactivamente el artículo 119 de la Ley 1474
de 2011, sobre la solidaridad en materia de responsabilidad fiscal, frente a hechos
ocurridos con anterioridad a la vigencia de dicha ley, a pesar de ser una disposición
de carácter sustancial y, por tanto, no podía ser el fundamento para declarar la
responsabilidad solidaria; (iii) cuestionó la decisión de no declarar la prescripción del
proceso de responsabilidad fiscal y, (iv) alegó vulneración del derecho de igualdad,
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porque, según señaló, existen otras decisiones proferidas por los mismos hechos que
fueron decididas en sentido contrario.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
sentencia del 13 de diciembre de 2023, confirmó la decisión apelada porque no operó
el fenómeno de la prescripción y por considerar que se encontraban configurados los
elementos de la responsabilidad fiscal, en la medida en que las pruebas aportadas al
proceso demostraron la falta de participación y conocimiento del demandante en el
marco de las inversiones realizadas por la Dirección de Tesorería del departamento
en los negocios fiduciarios, que, posteriormente dieron lugar a la pérdida de los
recursos del ente territorial.

En dicha oportunidad el tribunal explicó que aunque el apelante alegó que, el fallo de
primera instancia desconoció que los actos acusados fueron proferidos con
fundamento en una norma que no se encontraba vigente para la época de los hechos
que dieron lugar a la apertura de la investigación, a saber, el artículo 119 de la Ley
1474 de 2011, pues a juicio del demandante dicha disposición solo resultaba aplicable
a los hechos e investigaciones fiscales adelantadas con posterioridad al 12 de julio de
2011, fecha de expedición de la referida norma, lo cierto es que el parágrafo 3 del
artículo 97 ibídem., estableció un régimen de transición para aquellas actuaciones y
procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de ese nuevo cuerpo legal con la
posibilidad de adecuarlos a la nueva normatividad, tal y como sucedió en su caso.

En razón de lo anterior, concluyó que la Ley 1474 de 2011 permitía adecuar los
procesos de responsabilidad en los que aún no se había proferido auto de imputación
a su entrada en vigencia, al trámite al procedimiento verbal de responsabilidad fiscal,
lo cual debía hacerse al momento de la formulación del auto de imputación, situación
que se concretó mediante auto del 19 de octubre de 2012.

Dicha providencia fue notificada el 19 de diciembre de 2023 mediante correo
electrónico.

3. Argumentos de la tutela

El demandante afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial.

En cuanto al defecto sustantivo, señaló que el tribunal demandado hizo un estudio
superficial de la solidaridad e incurrió en error, porque omitió pronunciarse respecto a
la aplicación de una norma que no se encontraba vigente para la época de los hechos
que dieron lugar a la investigación, esto es, la Ley 1474 de 2011 e indicó que dicho
aspecto era suficiente para declarar la nulidad de los actos demandados, pues la
investigación adelantada en su contra no se realizó en vigencia de la referida norma.

En relación con el defecto procedimental no expuso argumentos adicionales a los que
fueron desarrollados con el defecto sustantivo.

En punto al defecto por desconocimiento del precedente judicial indicó, de un lado,
que en sentencia del 29 de septiembre de 2016 (exp. 2013-2177), el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B señaló que la Ley
1474 de 2011 únicamente es aplicable a hechos o investigaciones fiscales iniciadas
con posteridad a su promulgación.
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De otra parte, que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del
25 de febrero de 2021 dictada en el expediente núm. 50001-23-33-000-2015-00091-
01, en un caso con similitud fáctica, revocó una providencia del Tribunal Administrativo
del Meta sobre la responsabilidad fiscal del demandante y declaró la nulidad de los
actos administrativos cuestionados con fundamento en que el director administrativo
del Área de Tesorería y el secretario financiero y administrativo del departamento del
Meta eran los principales gestores fiscales de la inversión de recursos provenientes de
las regalías, porque tenían dentro de sus facultades las de controlar, dirigir,
administrar, disponer de tales recursos y colocarlos en entidades financieras, es decir,
tenían poder decisorio. En cambio, expuso que, en su caso, no existía certeza de que,
en su calidad de gobernador del departamento del Meta, hubiera tenido conocimiento
del contrato suscrito y del giro de los recursos, por lo que no se podida atribuir
responsabilidad fiscal por la inversión de dichos recursos.

Finalmente adujo que de mantener en firme la decisión del Tribunal se afectaría su
derecho fundamental a la igualdad.

4. Trámite previo

La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en providencia del 6 de mayo de 2024, ordenó notificar a las partes y a
la Contraloría General de la República como tercero con interés, se les remitió copia
del escrito inicial.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, por
intermedio del magistrado ponente de la decisión cuestionada, señaló que el cargo
alegado en la tutela por indebida aplicación de la figura de la solidaridad en el marco
del proceso de responsabilidad fiscal, fue un asunto resuelto por la Sala de Decisión,
frente al cual consideró que en virtud de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley 1474
de 2011, era posible adecuar los procesos de responsabilidad en los que aún no se
había proferido auto de imputación, a la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011,
al trámite al procedimiento verbal de responsabilidad fiscal, lo cual debía hacerse al
momento de la formulación del auto de imputación, lo que de suyo implicaba la
posibilidad de dar aplicación plena a los postulados de la norma previamente anotada.

En consonancia con lo anterior, explicó que fue un argumento desatado en el trámite
del proceso ordinario, razón por la que evidenció que la finalidad del actor es reabrir el
debate jurídico que fue clausurado en debida forma en las dos instancias del proceso
contencioso administrativo.

Frente a la discusión del derecho a la igualdad, señaló que la aplicación de las
providencias de las que ahora el actor reclama identidad fáctica, es un argumento que
debió ser propuesto al interior del proceso ordinario, más aún, cuando no existen
pruebas que permitan determinar la plena identidad entre esas decisiones y la que es
objeto de la demanda de tutela.

Finalmente, explicó que la decisión cuestionada se sustentó en la valoración conjunta,
razonada e integral de las pruebas aportadas al proceso, por lo que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional o que, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda.
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Demandante: Juan Manuel González Torres

La Contraloría General República no se pronunció sobre los hechos objeto de la
solicitud de amparo de la referencia.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 17 de junio
de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que el demandante
hizo uso de la solicitud de amparo como instancia adicional al proceso ordinario, pues
tal como lo reitera en la acción de tutela y a lo largo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, alega la aplicación indebida del artículo 119 de la Ley
1474 de 2011, sin embargo, ese aspecto fue objeto de pronunciamiento expreso por
las autoridades judiciales a cargo del asunto.

Respecto a la vulneración al derecho a la igualdad por falta de aplicación de la
sentencia dictada el 25 de febrero de 2021 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, (radicado 50001-23-33-000-2015- 00091-01), se refirió a los efectos inter
partes de la misma y precisó que aunque en ella también fue demandante el señor
Gonzáles Torres, no existía justificación alguna para que no se hubiese alegado o
solicitado su consideración en el respectivo proceso, pese a que la parte tenía
conocimiento de su existencia, razón por la que concluyó que el actor busca mejorar o
incluir aspectos que no expuso en el marco del proceso ordinario.

Frente al desconocimiento del precedente alegado indicó que no puede desconocerse
que como no se trata de una sentencia de unificación, el Tribunal tenía plena libertad
para estudiar un asunto de similares contornos y llegar a conclusiones diferentes a las
que llegó el juez de segundo grado en otro proceso, por la autonomía e independencia
judicial que caracterizan la función judicial. Precisamente, a partir de dichas
prerrogativas y del estudio del caso concreto, la autoridad judicial accionada tuvo
argumentos razonables para concluir que estaban dados los presupuestos para
mantener la responsabilidad fiscal del demandante.

Además, señaló que tampoco se aportaron elementos que permitieran concluir que
ambas sentencias se refieren a situaciones similares, estuvieran fundadas en las
mismas pruebas que obligaran al Tribunal a llegar a idéntica conclusión sobre la
ausencia de conocimiento del demandante respecto a la existencia del contrato para
la inversión y colocación de los recursos de las regalías.

7. Impugnación

El demandante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual reiteró los
argumentos del escrito inicial y afirmó que, contrario a lo manifestado por el juez de
primera instancia, en el caso concreto no se pretende hacer uso de la acción de tutela
como una instancia adicional pues, en la respectiva etapa procesal se realizaron las
consideraciones y alegatos correspondientes y, por lo tanto, lo que realmente se busca
es que se proteja el derecho fundamental invocado.

Explicó que está cuestionando una interpretación jurídica dada por el ad-quem en el
curso del proceso contencioso administrativo, razón por la que no puede ser
considerado como la solicitud de una instancia adicional, porque lo expuesto va
encaminado a demostrar que el examen realizado por el Tribunal en su caso es
contrario a otros casos que han partido de supuestos fácticos similares razón por la
que se vulneró el derecho a la igualdad.
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Adujo que su pretensión es que se tenga en cuenta que tanto el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca como la Sección Primera del Consejo de Estado han estudiado
casos con similitud fáctica en las que sí se ha accedido a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, se ha dejado sin efectos las decisiones dictadas en el
marco de un proceso de responsabilidad fiscal, razón por la que su finalidad es
salvaguardar el derecho fundamental a la igualdad para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable al mantener en firme la condena que le fue impuesta al ser
declarado responsable fiscalmente.

Solicitó revocar el fallo impugnado, porque la petición de la acción de tutela sí resulta
procedente y goza de relevancia constitucional, pues de lo expuesto es evidente la
vulneración del derecho fundamental a la igualdad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
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mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Como fundamento de la impugnación la parte actora señala que la acción de tutela
cumple con el requisito general de relevancia constitucional, porque existen decisiones
dictadas en otros casos con fundamento fáctico similar en las que sí se ha accedido a
las pretensiones del medio de control y, en esa medida, al no haberlas tenido en cuenta
para resolver su caso se vulnera el derecho fundamental a la igualdad.

De acuerdo con los argumentos de la impugnación, corresponde a la Sala establecer
si los defectos invocados cumplen con el requisito general de relevancia constitucional
y los demás requisitos generales de procedencia, solo respecto de los cargos que
superen dichos requisitos, será posible desplegar el análisis de fondo.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, la acción de tutela no cumple el
requisito de relevancia constitucional, porque la parte actora emplea el presente
mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario, pero, solo en lo relativo
al cargo por defecto sustantivo6.

En primer lugar, frente a los argumentos dirigidos a señalar que las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo, por la aplicación del artículo
119 de la Ley 1474 de 2011, la Sala advierte que fueron expuestos en el recurso de
apelación, por lo tanto, resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y,
ahora, son alegados como fundamento de la presente acción de tutela.

Pues bien, el señor Juan Manuel González Torres, inició medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la República con el fin
de que se dejara sin efecto el fallo de responsabilidad fiscal proferido en audiencia
pública del 26 de febrero de 2013 por el Contralor Delegado Intersectorial núm 2 de la
Contraloría General de la República y los actos administrativos del 19 de marzo de
2013 y del 2 de abril de 2013, mediante los que se declaró fiscalmente responsable.

En el trámite de primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, negó
las pretensiones de la demanda al considerar que no operó la prescripción de la acción
fiscal, pues, contrario a lo indicado por la parte demandante, el referido término no
podía contarse a partir del auto del 22 de febrero de 2008, proferido por la Contraloría
Departamental de Meta, comoquiera que dicha providencia fue declarada nula
posteriormente por la Contraloría General de la República, por lo tanto, la prescripción

5 Ibidem.
6 Como se anticipó, a pesar de que la parte actora invocó el defecto procedimental, lo hizo con fundamento en los

mismos argumentos del defecto sustantivo.
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Demandante: Juan Manuel González Torres

de la acción fiscal se debía contar a partir del auto del 14 de abril de 2008 en el que se
dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal, que dio lugar a los actos acusados.

En dicha oportunidad el juzgado indicó que no se vulneró el derecho fundamental al
debido proceso del actor, porque los actos acusados fueron proferidos por los
funcionarios competentes, conforme con las pruebas, aportadas y se declaró
responsable fiscalmente al demandante por los cargos imputados en auto 19 de
octubre de 2012; de igual forma señaló que la aplicación del artículo 119 de la Ley
1474 de 2011 resulta inocuo para cuestionar la decisión que lo declaró fiscalmente
responsable, porque tal disposición únicamente contempla la solidaridad de quienes
son declarados responsables, pero no desvirtúa en forma alguna la responsabilidad
personal e individual del investigado.

El actor apeló la referida decisión, basado en que, a su juicio, el juez de conocimiento
de primera instancia no tuvo en cuenta las pruebas aportadas al proceso al punto de
dar por acreditados los elementos que configuran la responsabilidad fiscal, vulneró su
derecho fundamental al debido proceso al dar aplicación retroactiva del artículo 119
de la Ley 1474 de 2011, desconoció el proceso de responsabilidad fiscal había
prescito y no se pronunció frente a la vulneración del derecho de igualdad al haberse
proferido decisiones diametralmente opuestas en virtud de los mismos hechos y
pruebas.

La Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C en la providencia cuestionada relacionó los argumentos de la apelación
propuesta por el actor, en los siguientes términos:

«La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primer
grado. Solicitó que la decisión sea revocada para que, en su lugar, se accedan a la
totalidad de las pretensiones de la demanda.

Como sustento del recurso promovido indicó que, el a quo incurrió en graves errores de
juicio y de apreciación al momento de proferir la sentencia recurrida, por haber
desconocido las pruebas debida y oportunamente recaudadas a lo largo del trámite de la
primera instancia, i) al encontrar acreditados, sin estarlos, los elementos que configuran la
responsabilidad fiscal, ii) por no declarar la vulneración al debido proceso del
demandante por la aplicación retroactiva del artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 y la
indebida valoración de las pruebas recaudadas en el proceso de responsabilidad fiscal, iii)
por no encontrar demostrada la ocurrencia de la prescripción del proceso de
responsabilidad fiscal, y iv) por no pronunciarse respecto de la vulneración del derecho
de igualdad al haberse proferido decisiones diametralmente opuestas en virtud de los
mismos hechos y pruebas.(…).»

(Subraya y negrita de la Sala)

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en los defectos alegados, porque, a su juicio, había
lugar a acceder a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho dado que el fallo de Responsabilidad Fiscal demandado se expidió con
fundamento en una norma que no se encontraba vigente para la época de los
hechos que dieron lugar a la apertura de la investigación – esto es el artículo 119
de la Ley 1474 de 2011-, siendo esto motivo suficiente para declarar nulo el acto
demandado conforme lo establecen las causales constitutivas de nulidad previstas en
el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

En la solicitud de amparo el actor puntualmente manifestó:

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Demandante: Juan Manuel González Torres

«Ahora bien, en relación propiamente con la violación al derecho a la igualdad, es
importante traer a colación la sentencia de fecha 29 de Septiembre de 2016 proferida por
el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, M.P Oscar
Armando Dimate Cárdenas, Expediente 2013- 2177, que se anexa a la presente tutela, en
virtud de la cual se dejó absolutamente claro por parte de la corporación, que la Ley 1474
de 2011, expedida el 12 de Julio de 2011, únicamente es aplicable a hechos o
investigaciones fiscales iniciadas con posterioridad a la expedición y promulgación de
dicha ley (…)

Así las cosas, contrario al análisis efectuado por el A -quo y el A -quem, este cargo tiene
la mayor importancia y requiere de un estudio serio, toda vez que, como en su momento
se advirtió, el fallo de responsabilidad fiscal No. 267 se expidió y motivó por parte de la
Contraloría General de la República con fundamento con una norma que no resultaba
aplicable por cuanto lo hechos investigados ocurrieron antes de la expedición de
Ley 1474 de 2011.

En efecto, se reitera que el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, estableció que la
solidaridad en materia de responsabilidad fiscal sólo puede aplicarse a los hechos que
hubieren sucedido con posterioridad a la promulgación de dicha ley, es decir a hechos que
se hubiesen presentado a partir del 12 de julio de 2011.

Aplicar esta solidaridad a casos ó situaciones ocurridas con anterioridad al 12 de julio de
2011, constituye una aplicación retroactiva de la ley que está proscrita por el orden
jurídico colombiano, y que fue incluso ratificado por el mismo Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia previamente citada con ponencia del honorable magistrado
Oscar Dimate. (…)»
(Subraya y negrita de la Sala)

A partir de lo anterior, la Sala advierte que el señor González Torres propone la misma
discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
donde fungió como demandante, argumentos con base en los cuales alega que la
autoridad judicial demandada incurrió en una aplicación indebida de la Ley 1474 de
2011, lo cual evidencia que lo que pretende la parte actora es hacer uso de la presente
solicitud de amparo, como una instancia adicional.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por el
demandante en este punto específico ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en providencia del 13 de diciembre de
2023, que, en lo que interesa, consideró:

«(…) De la indebida aplicación de la figura de la solidaridad en el marco del proceso
de responsabilidad fiscal.

El apelante alega que, el fallo de primera instancia desconoció que los actos acusados
fueron proferidos con fundamento en una norma que no se encontraba vigente para la
época de los hechos que dieron lugar a la apertura de la investigación, a saber, el artículo
119 de la Ley 1474 de 2011, razón por la que considera procedente la declaratoria de
nulidad de los actos acusados.

Lo anterior si se considera que dicha disposición sólo resultaba aplicable a los hechos e
investigaciones fiscales adelantadas con posterioridad al 12 de julio de 2011, fecha de
expedición de la referida norma.

Sobre el particular, el a quo consideró que tal cargo resultaba irrelevante para desvirtuar
la responsabilidad subjetiva del actor, pues la norma antes referida alude exclusivamente
al concepto de responsabilidad solidaria, sin que en forma alguna pudiese enervar los
elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal del recurrente.

Al respecto, el referido artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 dispone:

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Demandante: Juan Manuel González Torres

“En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición
en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado
proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán
solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante
con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la
recuperación del detrimento patrimonial”.

Dicha norma, tal y como anunció el recurrente, entró en vigencia el 12 de julio de 2011, no
obstante, el parágrafo 3 del artículo 97 ibídem, estableció un régimen de transición para
aquellas actuaciones y procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de ese
nuevo cuerpo legal con la posibilidad de adecuarlos a la nueva normatividad, tal y
como se desprende de su redacción, a saber:

“En las indagaciones preliminares que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia de la presente ley, los órganos de control fiscal competentes podrán adecuar
su trámite al procedimiento verbal en el momento de calificar su mérito, profiriendo auto
de apertura e imputación si se dan los presupuestos señalados en este artículo. En los
procesos de responsabilidad fiscal en los cuales no se haya proferido auto de
imputación a la entrada en vigencia de la presente ley, los órganos de control fiscal
competentes, de acuerdo con su capacidad operativa, podrán adecuar su trámite al
procedimiento verbal en el momento de la formulación del auto de imputación, evento
en el cual así se indicará en este acto administrativo, se citará para audiencia de
descargos y se tomarán las provisiones procesales necesarias para continuar por el
trámite verbal. En los demás casos, tanto las indagaciones preliminares como los
procesos de responsabilidad fiscal se continuarán adelantando hasta su terminación
de conformidad con la Ley 610 de 2000”.

Conforme a lo anterior, se tiene que la norma en mención permitía adecuar los procesos
de responsabilidad en los que aún no se había proferido auto de imputación a la entrada
en vigencia de la Ley 1474 de 2011, al trámite al procedimiento verbal de responsabilidad
fiscal, lo cual debía hacerse al momento de la formulación del auto de imputación.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, mediante auto No. 233 del 19 de octubre de
2012, “POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD
FISCAL Y SE ADECUA PROCEDIMIENTO AL PROCESO VERBAL ESTABLECIDO EN
LA LEY 1474 DE 2011, DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.
CD000257”9, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción – Contraloría
delegada Intersectorial No. 2 de la C.G.R., adecuó el trámite del proceso de
responsabilidad fiscal al procedimiento verbal regulado en dicha ley, y precisándose que
el proceso de responsabilidad fiscal se seguiría tramitando por el procedimiento verbal de
responsabilidad fiscal, esto es, con el trámite regulado en el estatuto anticorrupción, auto
que quedó debidamente ejecutoriado.

Así las cosas, resulta palmario que la entidad demandada, dentro de la oportunidad
procesal establecida por la norma, adecuó el proceso de responsabilidad fiscal a las
normas de ese cuerpo normativo que regula, entre otros aspectos, el tema de la
responsabilidad solidaria contenido en el artículo 119, razón por la cual, esta última
disposición normativa sí podía ser aplicada en el proceso de responsabilidad fiscal que dio
lugar a la expedición de los actos administrativos demandados.

No obstante, en gracia de discusión, tal y como ha sido la posición recurrente de la Sección
Primera de esta Corporación, cabe precisar que la solidaridad en los casos de
responsabilidad fiscal resulta aplicable incluso de manera previa a la entrada en vigencia
de la Ley 1474 de 2011, ello conforme a la normatividad vigente del Código Civil
Colombiano (artículos 1568, 1571, 1579 y 2344) que permiten, frente a quienes han sido
declarados responsables fiscales, se les pueda reclamar y/o exigir la totalidad de la suma
o monto atribuido como daño patrimonial debidamente acreditado en el proceso de
responsabilidad fiscal, independientemente de la cuota o parte que le corresponda a cada
uno por su participación en la generación del daño. (…)».
(Subraya de la Sala)

Siendo así, como se expuso, aunque la parte actora alega que la providencia objeto
de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados porque presuntamente
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desconoció que no había lugar a dar aplicación retroactiva a la Ley 1474 de 2011, lo
cierto es que el actor pretende hacer uso de la acción de tutela de la referencia para
insistir en los mismos argumentos que alegó en el trámite ordinario, los cuales, como
se vio, ya fueron resueltos por el juez natural, quien además explicó porque había lugar
a aplicar la referida norma, pues permitía adecuar los procesos de responsabilidad en
los que aún no se había proferido auto de imputación a su entrada en vigencia, lo cual
sucedió al momento de la formulación del auto de imputación.

Así, queda demostrado que el cargo por defecto sustantivo no cumple el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto la parte actora insiste en los mismos aspectos
que ya fueron expuestos al juez ordinario, lo que evidencia es su inconformidad con la
forma como se hizo el análisis del caso por el juez natural de cierre en segunda
instancia.

Cumplimiento de los requisitos generales en el caso concreto para invocar el
defecto por desconocimiento del precedente judicial

(i) Requisito general de relevancia constitucional

La Sala anota que el cargo del defecto por desconocimiento del precedente judicial
cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección del
derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, se
sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta
dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi. Tampoco se emplea como una
instancia adicional, porque el desconocimiento del precedente de la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Primera era una circunstancia que no podía alegar desde
la radicación de la demanda, ni desde el recurso de apelación, pues, esa sentencia fue
proferida por el órgano de cierre con posterioridad -pero antes de que se profiriera la
sentencia aquí cuestionada- y, en esa medida, procede el estudio del cargo.

Además, en caso de que se configure el defecto invocado se estaría afectando el
derecho al debido proceso de la parte actora, en la medida en que la decisión
cuestionada implica una negativa respecto de la nulidad de los actos que lo declararon
fiscalmente responsable.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues,
el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno toda vez que la sentencia
de segunda instancia que se cuestiona por esta vía fue proferida el 13 de diciembre
de 2023, notificada el 19 de diciembre de 2023 y el ejercicio de acción de tutela tuvo
lugar el 3 de mayo de 2024.

En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los demás requisitos
generales de procedencia, si se tiene en cuenta que los accionantes alegan una (iv)
irregularidad procesal que genera un efecto determinante y afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable
los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de
tutela.

Por lo que, la Sala pasa a analizar si se configura defecto por desconocimiento del
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precedente judicial.

Del defecto por desconocimiento del precedente judicial7 en el caso concreto

Como se anticipó, la actora invoca el desconocimiento del precedente judicial de: (i) la
sentencia dictada el 25 de febrero de 2021 por la Sección Primera del Consejo de
Estado (radicado 50001-23-33-000-2015-00091-01) y, (ii) la sentencia del 29 de
septiembre de 2016 proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B (expediente 25000-23-41-000-2013-02177-00).

Al respecto, la Sala anota que, en la sentencia del 25 de febrero de 2021, la Sección
Primera del Consejo de Estado accedió a las pretensiones del medio de control y dejó
sin efecto el fallo que declaró responsable fiscalmente al señor Juan Manuel González
Torres, entre otras cosas, porque concluyó que había operado la prescripción de la
responsabilidad fiscal y, además, porque consideró conforme a las pruebas aportadas
a dicho proceso que lo que se acreditó fue que la parte demandante no tuvo
participación en las operaciones financieras que fueron autorizadas y suscritas por el
Tesorero del departamento del Meta8, que permitieron sustraer el dinero público de la
entidad con destino a un patrimonio autónomo, o que, en su defecto, el señor González
Torres hubiese omitido el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control, por
cuanto no le fue informado el contrato en los escenarios propios de reuniones
mensuales con sus subalternos ni en el proyecto de presentación del presupuesto
anual ante la Asamblea Departamental como tampoco obran otras pruebas en el
expediente que indiquen lo contrario.

Es decir que, en el caso señalado como precedente desconocido, si bien, se accedió
a las pretensiones de la demanda, lo cierto es que, la referida decisión se profirió
conforme con las circunstancias probadas y acreditadas en ese proceso, de hecho, en
esa oportunidad el tribunal demandado al hacer el estudio del caso frente a la carga
probatoria puntualmente expresó:

«(…) Para la Sala, resulta recurrente el yerro argumentativo en el que incurrió el
accionante, como quiera que, en el recurso promovido, no se indicó en forma alguna
cuáles fueron las pruebas sobre las que fundaba su argumento de alzada, razón por la
que, en principio, no habría lugar a emitir pronunciamiento adicional sobre el particular,

7 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto

en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su
pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos
tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical,
que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los
órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que
ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y
suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma
conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No
obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de
interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior
jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
8 Es decir, de la celebración del contrato suscrito el 1.° de noviembre de 2007 por del Secretario Financiero del

departamento del Meta cuyo objeto fue la entrega de $2.000.000.000 millones de pesos a un intermediario
financiero para ser invertidos en un patrimonio autónomo; por lo tanto, la omisión del entonces Gobernador del
departamento del Meta no fue la causa eficiente del daño,sino que este respondió fue a la conducta de sus
subalternos quienes contaban con la titularidad de dichos recursos y en el marco de un Comité Técnico decidieronla
forma en que iban a ser invertidos.
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habida cuenta la falta de sustentación del cargo por la inexistencia de un reparo concreto
a la decisión inicialmente adoptada en el marco del medio de control. No obstante, destaca
esta colegiatura que el objeto de las pruebas se limitaba a demostrar la falta de
participación y conocimiento del demandante en el marco de las inversiones realizadas
por la Dirección de Tesorería del Departamento en los negocios fiduciarios que
posteriormente dieron lugar a la pérdida de los recursos del ente territorial; circunstancia
que ha sido ampliamente explicada en precedencia, y que no desvirtúa en forma alguna
la responsabilidad fiscal del demandante, pues se itera, antes que desdibujar los
elementos constitutivos de la responsabilidad imputada, tales afirmaciones reafirman y
comprometen con vehemencia el actuar omisivo del recurrente como causa determinante
del daño al patrimonio del Estado, tal y como fuese advertido por la entidad accionada en
el marco de los actos administrativos de los que se depreca nulidad. (…)».

Lo anterior quiere decir que, en el caso que se cita como precedente desconocido, la
autoridad judicial demandada falló con base en las pruebas que obraron en ese
expediente y con fundamento las cuales concluyó, de un lado, que el señor González
Torres no tuvo conocimiento previo de las gestiones financieras que generó el
detrimento patrimonial, por el contrario que, no tenía conocimiento del contrato suscrito
por el Secretario Financiero y Administrativo ni de las operaciones que permitieron la
entrega del dinero, negocio jurídico que en definitiva no contó con su visto bueno o
aval y, del otro, que en ese caso operó la prescripción de la responsabilidad fiscal.

Discusión sustancialmente distinta a la que fue presentada en el caso objeto de
estudio, en la que el actor cuestiona la aplicación del artículo 119 de la Ley 1474 de
2011.

Ahora bien, en lo que concierne al desconocimiento del precedente judicial horizontal,
tampoco se encuentra acreditado, por las siguientes razones.

La parte actora cita como desconocida la sentencia del 29 de septiembre de 2016
proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
(expediente 25000-23-41-000-2013-02177-00), en la que la Corporación habría
señalado que la Ley 1474 de 2011, expedida el 12 de Julio de 2011, únicamente es
aplicable a hechos o investigaciones fiscales iniciadas con posterioridad a la
expedición y promulgación de dicha Ley. Sin embargo, la providencia que se cuestiona
por esta vía, fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, en cuyo análisis determinó que conforme con lo dispuesto en
el parágrafo 3 del artículo 97 de la Ley 1474 de 2011, existe un régimen de transición,
el cual fue aplicado en el caso objeto de debate, para aquellas actuaciones y procesos
iniciados con anterioridad a la vigencia de ese nuevo cuerpo legal, con la posibilidad
de adecuarlos a la nueva norma.

Lo anterior permite señalar que, dichas providencias fueron proferidas por distintas
subsecciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Al respecto, debe decirse
que, tal como lo ha dicho esta Sección9, cuando se trata de precedente horizontal, la
observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues,
es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual
nivel funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos.

En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior

9 Al respecto, ver sentencia del 25 de junio de 2020, expediente número: 11001-03-15-000-2020-00894-01, M.P.

Julio Roberto Piza Rodríguez, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
entre otras.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02206-01
Demandante: Juan Manuel González Torres

funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal
propio), la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su
criterio, que, en todo caso, debe enmarcarse dentro de los límites de la razonabilidad.

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que «cuando el término de comparación no
está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales, el
principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez,
vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de
obrar de conformidad con su criterio»10.

Así las cosas, en el presente caso no se configuró el desconocimiento del precedente
alegado, razón por la que se impone modificar la decisión de primera instancia, en el
sentido de declarar improcedente el cargo relacionado con el defecto sustantivo por
falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional y negar el cargo
del defecto por desconocimiento del precedente judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la decisión de primera instancia, la cual quedará así:

«Primero: Declarar improcedente el cargo por defecto sustantivo por falta de
cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela en relación con el defecto por
desconocimiento del precedente judicial».

2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

10 Ibídem.

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