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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02220-00

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02220-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Javier Eduardo de la Hoz Mesa contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá-División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos y Talento Humano SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-043 del 16 de febrero de 2018 [fundamento jurídico 11]. 7 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02220-00 Solicitante: Javier Eduardo de la Hoz Mesa Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02220-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

11 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02220-00

Solicitante: JAVIER EDUARDO DE LA HOZ MEZA

Autoridad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA-Carácter subsidiario del amparo. SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de defensa
procedentes.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Javier Eduardo de La Hoz Mesa
contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá-División de
Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos y Talento Humano.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 29 de abril de 2024, Javier Eduardo de la Hoz Meza, en nombre propio, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de
petición, que considera vulnerado por el Consejo Superior de la Judicatura, porque
al realizar la liquidación por sus servicios prestados a la Rama Judicial desde el 1°
de enero de 2013 hasta el 3 de abril de 2022, no tuvo en cuenta la bonificación
establecida a través del Decreto 382 de 2013 como factor salarial.

En virtud del amparo, solicita que «se efectué ordenando a quien corresponda el
RECONOCIMIENTO Y PAGO EN DINERO a mi favor del factor salarial que genero
las bonificaciones judiciales recibidas durante el tiempo trabajado comprendido
desde el primero (01) de enero del año 2013 hasta el día 3 abril del año 2022.»

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02220-00
Solicitante: Javier Eduardo de la Hoz Mesa
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Fundamentos de la solicitud

El solicitante considera que las autoridades accionadas vulneraron su derecho
fundamental invocado. Afirma que la autoridad no ha dado cumplimiento a los
lineamientos que establece el ordenamiento jurídico respecto del reconocimiento de
la bonificación judicial con base en el factor salarial.

Sostiene que al ser un pago que reciben los funcionarios judiciales por la
contraprestación de sus servicios, este tiene carácter salarial. La autoridad
accionada, al momento de realizar la liquidación de las prestaciones sociales y
demás emolumentos, no ha tenido en cuenta la bonificación salarial, como factor
salarial y prestacional en su totalidad. Por lo anterior sostiene que se transgreden
las disposiciones 25 y 53 de la C. Pol, así como el artículo 127 del CST.

En este punto, hizo referencia al Decreto 382 de 2013, proferido por el Gobierno
Nacional, que creó una bonificación judicial en favor de los servidores públicos, y al
artículo 42 del Decreto 1042 de 1978. Este último establece que las sumas
constitutivas de salario son aquellas que el empleado recibe periódicamente por la
prestación de sus servicios, como lo es la bonificación salarial.

También hizo alusión a distintos pronunciamientos del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional. Con base en estos aduce que se ha entendido como salario
todo aquello que recibe el trabajador como contra prestación directa del servicio,
incluyendo las primas y bonificaciones habituales.

3. Trámite procesal

El asunto correspondió a la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral
quien, en auto del 2 de mayo de 2024, resolvió remitir la tutela a la Secretaría
General del Consejo de Estado para que surtiera el trámite de reparto
correspondiente, de conformidad con las reglas de reparto previstas en el Decreto
333 de 2021.

El 7 de mayo siguiente el expediente ingresó al despacho del Magistrado Nicolás
Yepes Corrales para lo de su cargo, quien manifestó su impedimento para conocer

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02220-00
Solicitante: Javier Eduardo de la Hoz Mesa
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

del asunto. El 31 de mayo de 2024 se declaró fundado. El proceso ingresó al
Despacho del consejero ponente el 25 de julio de 2024 para su trámite.

El 31 de julio de 2024 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación al
Consejo Superior de la Judicatura. También se comunicó la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación, la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Adujo
que no es la entidad llamada a responder a las eventuales órdenes de tutela y afirmó
que quienes tienen la aptitud legal para definir el reconocimiento y pago de los
emolumentos y demás prestaciones sociales, es la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá-División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos y
Talento Humano.

El 28 de agosto de 2024, se vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá-División de
Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos y Talento Humano.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación por
carecer de legitimación en la causa por pasiva. Adujo que no es la autoridad
competente para resolver las reclamaciones de índole salarial y prestacional de los
servidores judiciales. Sostuvo que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá es la Entidad llamada a dar respuesta a la
liquidación de los emolumentos, que pide el accionante, con la inclusión de la
bonificación judicial como factor salarial.

CONSIDERACIONES

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra las
autoridades accionadas.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02220-00
Solicitante: Javier Eduardo de la Hoz Mesa
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la C. Pol y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el artículo
37 del Decreto 2591 de 991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental1. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela2.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Subsidiariedad

1
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
2
Ibidem.

5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02220-00
Solicitante: Javier Eduardo de la Hoz Mesa
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios
de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales invocados3.

Caso concreto

El solicitante pide que se ordene, a quien corresponda, que se efectúe el
reconocimiento y pago del factor salarial de las bonificaciones judiciales que recibió
durante el tiempo que estuvo vinculado como trabajador de la Rama Judicial.

Respecto de este punto, la Sala advierte que el solicitante no demostró haber
agotado los medios idóneos y eficaces que el ordenamiento jurídico le otorga, previo
a poner en conocimiento del juez de tutela, el asunto que reclama. El artículo 23 de
la C. Pol, en línea con los artículos 14 y 16 del CPACA, disponen que toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular, y a obtener una pronta resolución. Mediante estas
peticiones, quien las presenta, puede pedir el reconocimiento de un derecho.
Aunque la autoridad no tiene el deber de acceder a lo solicitado, la respuesta que
emite debe ser oportuna, completa y de fondo.

El accionante no acreditó haber presentado una petición para cuestionar la
actuación omisiva que aduce por parte de las autoridades accionadas, y que ahora
pone de presente en sede de tutela4. Por lo expuesto anteriormente, en este punto,
la solicitud de tutela resulta improcedente. La tutela, como mecanismo constitucional
subsidiario, no puede ser utilizada con el fin de reemplazar actuaciones o actos que

3
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
4
Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2015, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez: La acción de tutela no es
un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma
indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las
personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos
fundamentales están siendo transgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a consideración del
juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02220-00
Solicitante: Javier Eduardo de la Hoz Mesa
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

debe realizar quien la presenta ante las autoridades que accionas. Lo anterior
desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como mecanismo supletivo de
protección de los derechos fundamentales, permitiendo que la parte accionante se
beneficie de sus propias omisiones.

Asimismo, cabe señalar que como el accionante reprocha que las autoridades no
han efectuado el reconocimiento y pago de factor salarial de las bonificaciones
judiciales que recibió durante el tiempo que estuvo vinculado como trabajador de la
Rama Judicial. La Sala advierte que, conforme al criterio jurisprudencial de la Corte
Constitucional, por regla general las acreencias laborales no son susceptibles de
amparo por vía de tutela debido que el ordenamiento jurídico de la jurisdicción
ordinaria laboral o la contenciosa administrativa tienen mecanismos idóneos y
eficaces para la defensa judicial según el caso. Estimó que de manera excepcional
se ha contemplado la procedencia del amparo para obtener el pago de las
acreencias cuando se afecta el mínimo vital del solicitante.5 Por todo lo expuesto
anteriormente, respecto de este punto, la solicitud de tutela también resulta
improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Javier Eduardo de la
Hoz Mesa contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá-División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos y
Talento Humano

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-043 del 16 de febrero de 2018 [fundamento jurídico 11].

7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02220-00
Solicitante: Javier Eduardo de la Hoz Mesa
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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