Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02229-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02229-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02229-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02229-00
Accionante: Ángela María Lukauskis
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición ante autoridad judicial.
Decisión: Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La señora Ángela María Lukauskis, radicó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental de petición, con ocasión de la ausencia de respuesta del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca a su petición de solicitud de turno para fallo,
dentro del proceso de revocatoria directa con radicado 76001-23-33-001-2016-
013-71-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
La señora Ángela María Lukauskis manifestó que el 16 de febrero de 2014 radicó
derecho de petición ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través
del cual solicitó información sobre el turno para fallo de la demanda de revocatoria
directa que radicó desde el año 2016 y desde el 1 de octubre de 2021 se
encuentra al despacho para proferir sentencia.
A la fecha de radicación de la presente tutela, no había obtenido respuesta
alguna.
2.2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«PRIMERO: Se ordene al RAMA JUDICIAL- TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE, despacho del Magistrado RONAL OTRO
CEDEÑO BLUME, que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes
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a la orden de amparo, de respuesta completa, inmediata y de fondo al
derecho de petición elevado el día 16 de febrero de 2024 a través del cual
se solicitó información sobre el turno para fallo del expediente bajo el
radicado No. (sic) 76001233300120160137100».
2.3. Intervenciones
La acción de tutela de la referencia fue admitida a través del auto del 8 de mayo
de 2024. En este se ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y como terceros interesados en el resultado del proceso a la
Alcaldía de Santiago de Cali, la Previsora Compañía de Seguros S.A., Allianz
Seguros S.A., Axa Colpatria Seguros S.A., Mapfre Seguros S.A. y al señor Mario
Germán Arcila.
2.3.1 La Alcaldía del municipio de Santiago de Cali requirió ser desvinculada
del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la
entidad responsable de la presunta conducta omisiva que genera la vulneración
del derecho invocado en protección.
2.3.2. Allianz Seguros S.A. solicitó rechazar por improcedente la presente
acción de tutela al considerar que el derecho de petición no procede para efectuar
solicitudes relacionadas con procesos judiciales dado que están sujetos a reglas
especiales reguladas por el CGP, trámite que debe ser respetado por las partes
y por el juez de instancia.
2.3.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que ya
respondió de fondo la solicitud elevada por la accionante el 16 de febrero de
2024, por lo que solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el derecho fundamental
de petición de la accionante.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
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y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3.4 Del derecho de petición ante autoridades judiciales1
En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades judiciales, la Corte
Constitucional ha señalado2 que, si bien es cierto, este derecho puede ejercerse
ante los jueces y, en consecuencia, estos se hallan obligados a tramitar y
responder las solicitudes que se les presenten en los términos que la ley señale,
pues de no hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es que el
juez y las partes están sometidos a las reglas propias del proceso judicial:
«El juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como
también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la
ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las
actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe
observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos
que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las
normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.)»3.
Por lo tanto, la misma Corte advirtió que:
«Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter
estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo
el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen
la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo
análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984)»4.
Asimismo, señaló:
«Las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la
normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las
partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la
litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso»5.
1 Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2007.
2 Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
3 Ibidem
4 Ibidem
5 Sentencia T-344 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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En consecuencia, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de denuncia
del pleito, entre otros, se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por los
respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, el máximo tribunal constitucional estableció que la
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las
partes o sus apoderados, propias de la actividad jurisdiccional, no configura una
violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso6 y al
acceso de la administración de justicia,7 en la medida en que dicha conducta, al
desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una
dilación injustificada8 al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el
ordenamiento constitucional (CP, arts. 29 y 229).
3.3.1. Análisis de la presunta vulneración del derecho de petición en el caso
concreto
La señora Ángela María Lukauskis acudió a la acción de tutela con el fin de
obtener la protección de su derecho fundamental de petición, el cual se origina
en la omisión de respuesta por parte del Tribunal Administrativo del Cauca sobre
la solicitud de información sobre el turno para fallo de la demanda de revocatoria
directa que radicó en el año 2016, que desde el 1 de octubre de 2021 se
encuentra al despacho para proferir sentencia.
En ese orden de ideas, advierte la Sala que esta es una solicitud meramente
administrativa y no relativa a puntos que deban de ser resueltos en su
oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio, por lo
que, se realizará el estudio sobre la presunta vulneración al derecho fundamental
de petición del accionante por parte del Tribunal Administrativo del valle del
Cauca.
Ahora bien, en el informe rendido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, se advierte que:
• La señora Ángela María Lukaukis radicó ante el Tribunal del Valle del
Cauca solicitud a través de la cual pidió que se le indicara el turno para
fallo del proceso identificado con el radicado 76001-23-33-001-2016-
01371-00.
6 Ver las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-007 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995, M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
7El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido desarrollado por la Corte
Constitucional en varias sentencias; entre ellas, pueden citarse las siguientes: Sentencia T-006 de
1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-
416 de 1994 y T-268 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell, entre muchas otras.
8 Corte Constitucional T-368/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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• El 16 de mayo de 2024, la autoridad judicial accionada otorgó respuesta a
la solicitud radicada por la accionante, a través de la cual le indicó lo
siguiente:
«[…] De acuerdo con lo anterior, se informa que el proceso con
radicado 76001-23 33-001-2016-01371-00, donde actúa como
apoderado judicial, ingresó al despacho para fallo el 1° de octubre de
20216, encontrándose en turno No. (sic) 14 para proferir sentencia
dentro del listado de los procesos de primera instancia.
Con todo, tal como se explicó en precedencia, es importante aclarar
que, en virtud de lo expuesto en los artículos 18 y 63A de las Leyes
446 de 1998 y 270 de 1996, respectivamente, existe la posibilidad legal
de dar prevalencia a otros procesos, en los aspectos allí regulados».
En ese orden de ideas, se observa que la autoridad judicial accionada otorgó
respuesta clara y de fondo a la petición elevada por la señora Ángela María
Lukaukis. En ese orden de ideas, es preciso indicar que la carencia actual de
objeto por hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que
reporta la conculcación del derecho desaparece, situación en la cual, cualquier
medida que adopte el juez de tutela carece de efecto, pues nada contrariaría más
la lógica, que proferir una orden frente a una circunstancia que en la actualidad
se torna en inexistente, o contravenir la decisión que al respecto se haya proferido
en instancias diferentes a la del juez constitucional.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en
los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza
o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la
acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado
y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese
adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y
por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta
acción»6.
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Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los que, aunque las pruebas
aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia el hecho generador
de la acción ha sido superado, en el fondo este se encuentra aún vulnerado o no
totalmente agotado, a la luz de las garantías constitucionales, de acuerdo con la
interpretación que en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto
y su «posible superación».
Por tanto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, en
consideración a que, para la fecha, la autoridad demandada dio alcance a lo
solicitado por la accionante, por lo que el hecho que originó la inconformidad
presentada desapareció.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de
la acción interpuesta por la señora Ángela María Lukauskis, por lo expuesto en
la parte motiva de esta decisión.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno,
remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente en comisión
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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