Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02241-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02241-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02241-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
21 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02241-00
Accionante: Noel Alberto Ramírez Meneses
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y
Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta
ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Noel Alberto
Ramírez Meneses, actuando en nombre propio, contra el Consejo Superior de
la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta – Norte de
Santander.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud y las pretensiones
El señor Noel Alberto Ramírez Meneses, en ejercicio de la acción de tutela,
actuando en nombre propio, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo y al descanso, que estimó lesionados por las
entidades accionadas, debido a que suspendieron su periodo de vacaciones
colectivas del 20 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023 y del 20 de
diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024.
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Actor: Noel Alberto Ramírez Meneses
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
En el escrito de tutela, la parte actora solicita:
“1) Se amparen los derechos fundamentales contenidos en el PREÁMBULO de
la Carta Política de Colombia, y los de la DIGNIDAD, TRABAJO E IGUALDAD.
2) Se ORDENE a las entidades accionadas, adelantar las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan para la provisión de los
recursos y como consecuencia, se entregue el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal necesario para que al suscrito funcionario judicial le
sea ordenado por el Tribunal Superior de Pamplona, el disfrute físico de las
vacaciones colectivas suspendidas por haber laborado durante los días de
vacancia judicial de fin de año 2022 y comienzos de 2023 (periodo comprendido
entre el 20 de diciembre de 2022 inclusive y el 10 de enero de 2023 inclusive),
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo CSJNS202-703 del 26 de octubre de
2022 y la suspensión de mis vacaciones adoptada por dicha Corporación
mediante Acuerdo 046 en el cargo de Juez Penal de Circuito de Pamplona, y
pueda nombrar mi reemplazo durante los dos periodos solicitados, que van, a
partir del 02 de julio de 2024 inclusive hasta el 23 de julio de 2024 inclusive.
3) Se advierta a las entidades demandadas, que, para las vacaciones
pendientes por disfrutar correspondientes al periodo de diciembre de 2023 a
enero de 2024, y las que en lo sucesivo se causen no vuelvan a interponer
trabas administrativas para el reconocimiento de mis vacaciones, como quiera
que esta es la segunda oportunidad que me veo en la obligación de acudir a la
acción de tutela por la misma omisión de las entidades accionadas.
En consecuencia, que en la orden a proferir se incluyan el periodo ya causado
de diciembre de 2023 y enero de 2024, así como los periodos de vacaciones
que con posterioridad se causen.” (Sic)
2. Los hechos y las consideraciones
La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se
resumen a continuación1:
Señaló que ejerce como Juez Primero Penal del Circuito del municipio de
Pamplona, desde hace 6 años. Asimismo, que se encuentra vinculado de
manera ininterrumpida con la Rama Judicial, desde el 1 de abril de 1990,
cuando fue nombrado Juez Promiscuo Municipal de Mutiscua.
Expuso que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cúcuta, mediante
Acuerdo CSJNSA23-472 del 09 de noviembre de 2023, le asignó turno de
disponibilidad para atender la segunda instancia proferida por los Jueces
Penales Municipales de Control de Garantías durante la vacancia judicial del
20 de diciembre de 2023, al 11 de enero 2024. Informó que había acontecido
lo mismo en el periodo de vacancia judicial inmediatamente anterior.
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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Adujo que mediante Oficio No. TSDJP-SPO-606 del 17 de noviembre de 2023,
comunicó la suspensión del disfrute de la vacancia judicial para atender al
referido turno de disponibilidad.
Manifestó que mediante Oficio No. 0470 del 1 de febrero de 2024 solicitó al
Tribunal Superior de Pamplona que le concediera vacaciones, a partir del 20
de septiembre de 2024 hasta el 11 de octubre de 2024, por haber trabajado
en el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2022 y 10 de enero de
2023. Posteriormente, en oficio de 8 de mayo de 2024, modificó las fechas
para que le concedieran las vacaciones del 2 al 23 de julio de 2024, por haber
laborado en el periodo anteriormente descrito.
Advirtió que en Oficio No. DESAJCUO24-0731 del 16 de abril de 2024 la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta reiteró la
imposibilidad presupuestal para el reemplazo de vacaciones en virtud de la
Circular PSAC11-44 de 2011.
Concluyó, que aún no le han concedido el disfrute de vacaciones del 2 al 23
de julio de 2024, por haber laborado en la vacancia judicial de diciembre de
2022 y enero de 2023. Además, asegura que tendría pendiente el disfrute de
las vacaciones colectivas suspendidas durante diciembre de 2023 y enero de
2024.
2.1 Consideraciones de la parte actora
El señor Noel Alberto Ramírez Meneses, sostuvo que las autoridades
demandadas afectan flagrantemente su derecho fundamental al trabajo en
condiciones dignas y justas.
Afirmó, que debe ser reconocido, pagado y disfrutado su derecho a las
vacaciones, y que no se deben imponer barreras de naturaleza administrativa
para el disfrute físico de sus vacaciones colectivas.
Agregó que necesita descanso físico por su salud mental y emocional, pues
desempeña grandes esfuerzos laborales teniendo en cuenta que es Juez
único y debe atender las competencias del distrito judicial al que pertenece.
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3. Trámite procesal
Mediante auto de 9 de mayo de 2024, se admitió la demanda, se denegó la
medida provisional solicitada por el accionante y se ordenó la notificación a las
autoridades accionadas, para los efectos previstos en el artículo 19 del
Decreto 2591 de 1991. Además, se vinculó al Juzgado Primero Penal del
Circuito de Pamplona y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona,
por tener intereses en las resultas del proceso.
4. Intervenciones
4.1. El Consejo Superior de la Judicatura2, solicitó que se declare la falta de
legitimación por pasiva de la entidad teniendo en cuenta la imposibilidad
fáctica y jurídica en la que está inmersa dicha entidad para satisfacer la
pretensión de la accionante, y por consiguiente, se le desvincule del presente
trámite.
4.2 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona3, rindió informe
de las actuaciones adelantadas por el accionante, manifestados previamente
en los hechos de la presente acción de tutela. Además, incluyó los oficios y
Acuerdos citados en esta solicitud de amparo.
4.3 La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta4, solicitó que se desestimen las pretensiones del accionante respecto
de dicha entidad, toda vez que no tiene entre sus facultades conceder o
autorizar vacaciones para el personal de los despachos judiciales.
Agregó, que tampoco puede emitir certificados de disponibilidad presupuestal
para cargos que no hayan sido creados o autorizados por el Consejo Superior
de la Judicatura – Sala Administrativa.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 8° del
artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021.
2. Generalidades de la acción de tutela
Según lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que
sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o
de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el
afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son
elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y
excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la
violación de un derecho fundamental cuando no se disponga de otro
mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aun existiendo otro
medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma
transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe
estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.
3. Problema jurídico
La Sala debe decidir si el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta – Norte de Santander, menoscabaron los
derechos fundamentales al trabajo y al descanso, invocados por la parte
accionante, como consecuencia de que no se han concedido las vacaciones
solicitadas del 2 de julio al 23 de julio de 2024, por la interrupción de las
vacaciones colectivas de los periodos de 20 de diciembre de 2022 al 10 de
enero de 2023.
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4. De la subsidiariedad de la acción de tutela
De acuerdo con el principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela, este
instrumento constitucional en principio no puede ser empleado como
mecanismo principal y definitivo para resolver controversias sobre las cuales
el legislador ha previsto medios judiciales especializados y definitivos para su
resolución, dentro de los cuales también se garantiza la protección y garantía
de los derechos fundamentales.
Una de las principales razones de lo expuesto, es que el legislador, teniendo
en cuenta determinadas situaciones de hecho y de derecho, y por
consiguiente, la naturaleza, ejercicio, garantía y protección de los derechos de
las partes, intervinientes y/o de la comunidad en general, ha elaborado
acciones y procedimientos judiciales especializados para el mejor proveer de
cierto tipo de situaciones, de acuerdo a las directrices de la Constitución
Política.
En este sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, ha establecido como
causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de
habeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz
y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política.
Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus
derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan
intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un
perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto.”
De esta manera, se resalta que la Corte Constitucional en varios
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02241-00
Actor: Noel Alberto Ramírez Meneses
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pronunciamientos ha señalado que la procedencia de esta acción
constitucional se encuentra condicionada a la inexistencia o ineficacia de los
medios ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. En ese
orden de ideas, esta acción, como mecanismo residual y subsidiario, no puede
remplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus
derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia de las partes en hacer
uso de la manera y dentro de los términos previstos legalmente5.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que en los casos
en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor,
la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar
que: “(…) (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente
idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente
vulnerados o amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como mecanismo
transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de
un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección
constitucional (…)"6.
Asimismo, la Corte Constitucional ha indicado que el perjuicio ha de ser
inminente, por lo que las medidas que se requieren para conjurarlo deben ser
urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el
haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.
5. Caso concreto
El señor Noel Alberto Ramírez Meneses, quien actúa en nombre propio,
plantea la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo y al
descanso, porque considera que el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta – Norte de Santander, no han
5
Sentencia SU-111 de 1997 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
6
Corte Constitucional, Sentencia T – 177 de 14 de marzo de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Actor: Noel Alberto Ramírez Meneses
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realizado las gestiones pertinentes para la concesión y disfrute de las
vacaciones pedidas, negando el goce del derecho al descanso remunerado
por la falta de un reemplazo que asuma sus funciones.
En ese contexto, se advierte que la posición de esta Corporación en asuntos
similares al de el señor Noel Alberto Ramírez Meneses, esto es, la negativa a
disfrutar del derecho de vacaciones individuales, habida cuenta de la no
expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantice el
nombramiento de un reemplazo, se ha concretado en señalar que a pesar de
existir un medio legal de defensa, este no resulta efectivo para garantizar lo
pretendido en estas acciones constitucionales, por lo que resulta válida la
intervención del juez de tutela en aras de su protección7.
Por otro lado, el Tribunal Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona
allegó Resolución No. 13 de 20248, calendada el 6 de junio de 2024, por medio
de la cual se resolvió lo siguiente:
“
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER al doctor NOEL ALBERTO RAMIREZ
MENESES,
hoy, Juez Primero Penal del Circuito de Pamplona, en provisionalidad,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.469.109 de Cúcuta, veintidós
(22) días de disfrute físico correspondientes al periodo vacacional colectivo
de 20 de diciembre de 2022 a 10 de enerode 2023, los cuales iniciarán a partir
del dos (02) de julio hasta el veintitrés (23) inclusive, del mismo mes del año
dos mil veinticuatro (2024).
ARTÍCULO SEGUNDO: Por Sala Plena de la Corporación se hará la
designación de la persona que habrá de reemplazar al señor Juez durante el
disfrute del periodo vacacional otorgado.
ARTICULO TERCERO: LIBRENSE las comunicaciones del caso.” (Sic).
A partir del resuelve de la Resolución transcrita, se puede establecer que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, concedió el disfrute físico
7
Al efecto, se pueden consultar entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 12 de diciembre de 2018 proferida
por el Consejo de Estado – Sección Cuarta (C.P. Milton Chaves García); Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01;
Accionante: Rosa María Muñoz Rodríguez y otros; Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros; sentencia de 10
de diciembre dictada por el Consejo de Estado Sección Quinta (C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio); Radicado: 11001-03-
15-000-2020-03827-01; Accionantes: Belisario Bravo Silva y otros; Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros y
sentencia de 21 de enero de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta (C.P Milton Chaves García);
Radicado: 11001-03-15-000-2020-05050-00; Actor: José Ricardo Bustos Hernández; Accionado: Consejo Superior de la
Judicatura y otros.
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Actor: Noel Alberto Ramírez Meneses
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
del periodo vacacional del actor, entre el dos (2) de julio hasta el veintitrés (23)
de julio de 2024.
Al respecto, se advierte que la situación que el accionante estimaba lesiva de
sus derechos fundamentales al trabajo y al descanso, se superó, por razón a
que el Tribunal Superior del Circuito Judicial de Pamplona concedió el disfrute
físico del periodo de vacaciones colectivas del 20 de diciembre de 2022 al 10
de enero de 2023.
Así las cosas, se destaca que el objeto de la tutela de la referencia se
circunscribía a que la autoridad accionada resolviera la solicitud del disfrute
físico de vacaciones del actor; de suerte que, comoquiera que la situación que
originó la tutela cesó en el trámite de esta, la Sala considera que el asunto sub
judice se enmarca en el escenario de la carencia actual de objeto por hecho
superado. La Corte Constitucional mediante sentencia T 358 de 2014 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), se refirió a esa figura y definió sus elementos
de la siguiente manera:
“La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el
momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo,
razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria.
En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez
de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Respecto a
la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el
propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de
los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en
los casos expresamente consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la
situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de
ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir. Por otro
lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la
vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que
se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible
hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que
procede es el resarcimiento del daño causado por la vulneración del derecho
fundamental”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02241-00
Actor: Noel Alberto Ramírez Meneses
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
La Sala advierte que la tutela se presentó el 6 de mayo de 2024 9, y dentro de
su trámite el Tribunal Superior del Circuito Judicial de Pamplona allegó el acto
administrativo por medio de la cual se le reconoce el periodo vacacional
solicitado por el actor, donde se le advierte que este se encuentra comprendido
entre los días 2 y 23 de julio del presente año.
De esta manera, lograr la respuesta sobre la solicitud de sus vacaciones
constituía el fin último de la presente acción constitucional, motivo por lo que
se estima que cualquier orden que se llegare a impartir sería inocua, dada la
situación actual del asunto.
En ese contexto, la Sala considera que el asunto aquí discutido no puede ser
objeto de un mayor estudio, habida cuenta que la presunta conducta lesiva
desapareció en trámite de la tutela.
Por tanto, se configura la carencia actual de objeto de la tutela por hecho
superado, toda vez que la conducta lesiva que se reprochaba de la autoridad
demandada fue absuelta y desapareció el motivo que obligó al actor a ejercer
este mecanismo constitucional.
III DECISIÓN
En conclusión, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
dentro de la acción de tutela presentada por el señor Noel Alberto Ramírez
Meneses, teniendo en cuenta que el Tribunal Superior del Circuito Judicial de
Pamplona, dentro del trámite de tutela, expidió el acto administrativo que
concedió el disfrute físico de las vacaciones solicitadas por el actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. – DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado,
dentro de la acción de tutela de la referencia, atendiendo a las razones
expuestas en precedencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02241-00
Actor: Noel Alberto Ramírez Meneses
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
SEGUNDO. – De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría
remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
La presente providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(De permiso)
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