Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02247-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02247-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02247-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02247-00
Accionante: Fabián Andrés Cáceres Palencia y otros miembros de la junta
directiva de la Asociación de Desplazados del Catatumbo
Accionado: Presidencia de la República y otras autoridades
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CON EL FIN DE SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO
DE MEDIDAS CAUTELARES PROFERIDAS POR LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por el señor Fabián Andrés Cáceres Palencia y otros, de conformidad con el Decreto
333 de 20211.
I. ANTECEDENTES
Escrito de tutela
1. El pasado 3 de mayo de 2024, la Junta directiva de la asociación de desplazados
del Catatumbo (en adelante “Asodescat”) integrada por 14 personas2, formuló
1 Que ingresó para fallo el 21 de mayo de 2024.
2 La junta directiva de Asodescat está integrada por Fabian Andrés Cáceres Palencia (Presidente), Jaider José
Santiago Contreras (Vicepresidente), Alonso Pérez Rojas (segundo vicepresidente), José Edinson Quintero
Ascano (tercer vicepresidente) Edy Torcoroma Vega Flórez (Secretaria) Elida Rosa Ascanio Rodríguez (primera
subsecretaria) Andrea Sánchez Quintero (segunda subsecretaria), Amparo Pallares Rodríguez (tercera
subsecretaria, Luz Adriana Umaña Cáceres (Tesorera), Indre Marcela Pallares Rodríguez (Fiscal) Sigifredo
Santiago Contreras (primer vice fiscal), Yeferson Danilo Quintero Ascanio (segundo vicefiscal), Willington
Quintero Acanio (tercer Vicefiscal), Davinson Andres Carvajal Gutiérrez (documentador de violaciones de
derechos humanos) “y otros 70 líderes más que prefieren dar sus datos personalmente únicamente a la unidad
nacional de protección UNP y quienes también han sufrido amenazas contra sus vidas”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02247-00
Accionante: Fabián Andrés Cáceres Palencia y otros miembros de la junta
directiva de la Asociación de Desplazados del Catatumbo
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
acción de tutela contra un abanico amplio de instituciones públicas, entre ellas la
Presidencia de la República, varias carteras ministeriales, y los organismos
encargados de la protección de los líderes sociales, así como dos entidades
privadas y una persona natural3, pues conforme lo narran en el escrito de amparo,
sus derechos a la vida, integridad física, seguridad personal, libertad, debido
proceso, de petición, a la igualdad y la dignidad humana están siendo amenazados
y vulnerados dado que, la organización social ha sido víctima de constantes
hostigamientos, ataques y atentados por parte de actores armados, al punto que el
pasado 20 de noviembre de 2023, mediante resolución 66 de 2023, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos profirió medidas cautelares en beneficio de
todos los integrantes de la junta directiva de la organización4.
2. Los accionantes afirman en el escrito de tutela que, el 22 de junio de 2011, se
constituyó la Asociación de Desplazados del Catatumbo con el objeto de coordinar
el trabajo colectivo de las personas víctimas de desplazamiento forzado por el
conflicto armado, y representar judicialmente a familiares de casos de
desapariciones forzadas seguidas de homicidio (“los más conocidos como falsos
positivos”) de igual manera “empodera los casos de violaciones de derechos
Humanos perpetrados por los Paramilitares, y por las guerrillas de las Fuerzas
Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN),
Ejército Popular de Liberación (EPL) y demás organizaciones armadas que lesiones
(sic) los derechos humanos”5.
3. Señalan que realizan su trabajo en los catorce municipios de la región del
Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, puntualmente en Ocaña, El
Carmen, Convención, El Tarra, San Calixto, Abrego, La Playa de Belén, Sardinata,
La Esperanza, Teorema, Villa Caro, Bucarasica, Tibú, Hacarí. Explican que cada
uno de los 14 miembros de la junta directiva coordina el trabajo en cada uno de los
catorce municipios, y en cada municipio, el miembro de junta directiva cuenta con 5
3 Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad Nacional de Protección -Área de Medidas de Trámites de
Emergencia, Área de Medidas Cautelares de la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría General de la
Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fiscal 12 Seccional de Derechos
Humanos de Cúcuta, el Departamento de Santander, Steel Glass, soluciones tecnológicas Migdalst, y Germán
Ricardo Sáchica Rengifo.
4 MC-973 de 2022
5 Folio 4 del escrito de tutela.
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Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
colaboradores, razón por la cual, la organización cuenta con 84 personas, y
atienden a 1.450 víctimas del conflicto armado, en un abanico amplio de procesos
como restitución de tierras despojadas, procesos penales por graves violaciones a
los derechos humanos, y la garantía administrativa de los derechos previstos en la
Ley 1448 de 2011.
4. Denuncian que en los más de 12 años de trabajo en defensa de los derechos
humanos varios de los miembros de la organización han sido asesinados.
Mencionan los homicidios del tesorero, Rusbel Covo, en mayo de 2013, Jorge
Solano en septiembre de 2020, Dubin Santiago en julio de 2023, y el atentado con
arma de fuego en 2017 contra Fabian Cáceres, actor dentro del expediente de
tutela. Asimismo, precisan que la sede de la asociación fue objeto de ataques en
marzo de 2022 y la junta directiva es víctima de “constantes amenazas de
asesinarnos”, “la última amenazas (sic) recibida fue el 17 de abril de 2023 denuncia
que ya se colocó en el conocimiento de todas las entidades de Colombia, el día 28
de abril del año 2023, siendo las 7 am en el trayecto del municipio de Río de Oro
(Cesar) recibí un atentado contra mi vida el vehículo donde yo me movilizaba le
tiraron una granada la cual no exploto (sic)”.
5. En total mencionan que, en los 12 años de funcionamiento de la organización,
han sido asesinados tres de sus miembros, existen dos eventos de amenazas, un
atentado, un panfleto con fotografías, dos eventos de “impactos de bala”.
6. Posteriormente, el escrito de tutela explica la situación de seguridad de los 14
miembros de la junta directiva y la manera en la que, resultado de su trabajo en
defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado han recibido
amenazas, atentados y agresiones. Puntualmente señalan que guerrilleros
miembros del ELN han atacado a los miembros de la organización. En las semanas
de enero y febrero del año 2024, los miembros de la junta directiva han sido víctimas
de diferentes formas de amenazas y agresiones.
7. Particular es la situación del miembro de la junta directiva, Silfredo Santiago
Contreras quien indica que, su padre, Duvin Santiago y su hermano Iván Santiago
Contreras fueron asesinados por miembros del Ejército de Liberación Nacional y
que, en sus actividades dirigidas a la judicialización de los responsables ha causado
3
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
que reciba múltiples amenazas. Igualmente indica que, en la tercera semana de
enero de 2024, fue víctima de amenazas por parte de una persona que se identificó
como parte del ELN.
8. En el mismo sentido, indican que el pasado 9 de abril de 2024, cuando los catorce
miembros de la junta directiva de la organización estaban reunidos en el municipio
de Ocaña, recibieron una llamada en la que le indicaron que “ya habían descubierto
el sitio de reuniones y las oficinas de la asociación de desplazados del Catatumbo
en la ciudad de Ocaña norte de Santander y que en los próximos días le iban a tirar
una granada explosiva al edificio para asesinarnos a todos, una vez terminada la
llamada yo pedí que la reunión se suspendiera y procedí a comunicarles a todos los
de la junta directiva la amenaza recibida por que el señor el representante legal del
ASODESCAT ordenó que la reunión se terminara y que todos evacuáramos el
edificio.”6
9. Por el anterior contexto, los actores indican que han solicitado a instituciones
nacionales la protección de su vida e integridad, así como la creación de
condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en la región
del Catatumbo. Además, resultado de la situación, el pasado 20 de noviembre de
2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de resolución 66
de 2023, adoptó medidas cautelares para proteger la vida e integridad física de los
14 miembros de la junta directiva de ASODESCAT y solicitó al Estado Colombiano:
(i) adoptar medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las personas
beneficiarias; (ii) adoptar las medidas de protección que resulten necesarias para
que las personas beneficiarias puedan continuar realizando sus actividades en
defensa de los derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones,
hostigamientos o actos de violencia.
10. Informan los tutelantes que después de que se notificaron las medidas
cautelares al Estado Colombiano, se han tenido reuniones entre los beneficiarios
(los 14 miembros de la junta directiva) y algunas autoridades. Puntualmente señala
que el 19 de diciembre de 2023, la dirección de derechos humanos del ministerio
del interior solicitó a la Unidad Nacional de Protección la activación del trámite de
6 Folio 14 del escrito de tutela.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
emergencia colectivo y priorizar la reevaluación del riesgo de la junta directiva de
ASODESCAT. Sin embargo, ese trámite no se ha surtido.
11. Aunado a lo anterior, los solicitantes indican que, los contratistas de la Unidad
Nacional de Protección no han podido realizar actividades y talleres de protección
de la organización de ASODESCAT, en atención a que, conforme le han informado,
la entidad no “cuenta con operador logístico”. Concluyen:
“Hasta la fecha han transcurrido más de 5 meses y el Estado colombiano no
ha dado cumplimiento a la medida cautelar que ya se ha hecho mención,
solamente se hicieron 3 reuniones de las cuales no hubo ningún acuerdo
pues la asociación de desplazados del Catatumbo –ASODESCAT les
entrego un pliego de peticiones las cuales no han dado cumplimento a
ninguna.”7
12. Finalmente, reprochan que, durante el año 2022 recibieron medidas de
protección de la UNP, puntualmente, dos vehículos sin blindaje y la aplicación de
una película de seguridad en los vidrios de la oficina de ASODESCAT. Sin embargo,
indican que los dos vehículos ahora son insuficientes, pues cuando se los otorgaron,
los miembros de la junta directiva eran 5 y atendían alrededor de 800 personas en
7 municipios del Catatumbo, mientras que ahora los miembros de la junta directiva
son 14, la organización tiene cobertura en los 14 municipios del Catatumbo y
atienden a más de 1450 víctimas del conflicto armado.
13. De la misma manera, precisan que, en diciembre de 2023, la UNP instaló unas
cámaras en la oficina de ASODESCAT, las cuales “dejaron de funcionar”. Además,
informan que les instalaron una película protectora a los vidrios de la oficina dónde
funciona la organización “pero estas películas o cintas adhesivas lo que hizo fue
partir todos los vidrios”.
14. Con base en estos antecedentes, solicitan al juez de tutela que ordene al
Presidente de la República impartir instrucciones a todas las entidades públicas,
incluida especialmente la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior,
7 Folio 39 del escrito de tutela.
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para el cumplimiento de las medidas cautelares proferidas por la comisión
interamericana de derechos humanos, el pasado 20 de noviembre de 2023, y en
esa medida, se delegue a un funcionario de presidencia que convoque y lleve a su
fin una mesa de trabajo con los peticionarios y poder concretar las medidas de
protección en favor del colectivo ASODESCAT.
15. Asimismo, solicitan que se ordene al Presidente de la República imparta
instrucciones para que la Unidad Nacional de Protección actúe con celeridad y
prontitud para abordar los estudios de nivel de riesgo de los accionantes, y las
medidas de protección colectiva para los 14 integrantes de la junta directiva y los
70 colaboradores de la organización en los 14 municipios del Catatumbo. También
reclaman la adopción inmediata de medidas de protección urgentes y temporales,
hasta tanto se realice una mesa de trabajo que permita concretar las medidas
definitivas. Además, requieren para que el juez de tutela ordene al ministerio del
interior tomar medidas concretas en favor de la Asociación de desplazados del
Catatumbo (Asodescat).
16. Exactamente, solicitan se ordene a la UNP hacer los estudios de riesgo de los
14 accionantes y de las 70 personas que colaboran en Asodescat, en los catorce
municipios del Catatumbo, esto es: Ocaña, El Carmen, Convención, El tarra, San
Calixto, Abrego, La Playa de Belén, Sardinata, la Esperanza, Teorama, Villa Caro,
Bucarasica, Tibú y Hacarí.
17. Finalmente, reclaman se ordene a la Fiscalía General de la Nación hacer un
plan de trabajo con los directivos de Asodescat con el fin de verificar avances en las
investigaciones sobre los hechos que han sido víctimas.
Admisión de la acción de tutela, adopción de una medida provisional y
aceptación de una manifestación de impedimento
18. Una vez repartida la acción de tutela, el pasado 10 de mayo de 2024, el
magistrado sustanciador profirió auto admisorio, vinculó a las entidades accionadas,
y en virtud del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, ordenó la adopción de una
medida provisional. Puntualmente ordenó al director de la Unidad Nacional de
Protección o quien haga sus veces, para que en el término de 48 horas desde la
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notificación de la providencia, “en cumplimiento del artículo 2.4.1.4.9 del Decreto
1066 de 2015 adoptara todas las medidas de emergencia necesarias y urgentes
para proteger la vida, integridad y seguridad personal de los accionantes protegidos
por las medidas cautelares ordenadas el pasado 20 de noviembre de 2023 por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”
Mediante auto de 5 de junio de 2024, se declaró fundado el impedimento
manifestado por el magistrado José Roberto Sáchica Méndez, al considerar que se
enmarcaba en la causal prevista en el artículo 56.1 de la Ley 906 de 2004.
Contestación
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
19. Dentro del término de contestación, la apoderada el departamento
administrativo de la presidencia de la República contestó la acción de tutela y
solicitó, por un lado, que se declare la improcedencia por falta de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que el DAPRE no ha vulnerado ningún derecho
fundamental de los actores. En esa medida solicita se desvincule a la entidad del
trámite de tutela. En caso de examinar de fondo la petición de amparo, solicitó que
sea desestimado en relación con la misma parte procesal pues, lo que los tutelantes
echan de menos, son supuestas omisiones de la UNP, una entidad jurídica diferente
al DAPRE.
20. Precisa que “acorde con la situación fáctica, es importante destacar que mi
representada, en este caso, no posee la autoridad ni la competencia necesaria para
evaluar y atender los reclamos presentados por el accionante. La entidad
responsable de analizar y responder a dichos reclamos es la Unidad Nacional de
Protección (UNP). Esta institución está encargada de garantizar la protección y
seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo.”
21. Sumado a lo anterior, indicó que los accionantes han elevado peticiones ante el
DAPRE, y todas ellas han sido contestadas de manera oportuna y de fondo.
Destacó que en cumplimiento al artículo 3 de la Ley 2213 de 2022, el DAPRE remitió
copia de la contestación a la parte actora y afirmó “a su turno la parte accionante no
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cumplió con los deberes que en esta materia le impone esa misma norma, de
manera que la demanda ha debido ser inadmitida en su momento”8
22. Agregó que la entidad verificó su sistema de gestión documental y encontró que
la comunicación radicada bajo el EXT23-00193474 fue contestada a través del
OFI24-00000633 / GFPU 13150001 del 03 de enero de 2024.
Departamento de Norte de Santander
23. El Secretario de Gobierno del departamento de Norte de Santander indicó que
las solicitudes de protección invocadas por los actores no son competencia de la
entidad territorial, en tanto dicha facultad es responsabilidad de la Unidad Nacional
de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, tal como lo prescribe el
artículo 2.4.1.2.28 del decreto 1066 de 2015.
24. Asimismo informó que, dentro del marco de sus competencias, el ente territorial
ha conocido la delicada situación de seguridad de los actores y ante las peticiones
que han elevado la secretaría ha procedido a activar la respectiva ruta de protección
en favor de los miembros de la junta directiva de la organización. Por ello “se ofició
al comando de policía del Departamento DENOR, a la coordinación regional de la
Unidad Nacional de protección de la UNP y a la dirección seccional de fiscalías
solicitándoles la adopción de las medidas que en términos de oportunidad y
suficiencia fuesen necesarias para proteger la vida, seguridad e integridad física de
cada uno”9.
25. Añadió que la Secretaría de Gobierno informó que las peticiones realizadas por
los accionantes han sido remitidas a las autoridades competentes. Por ello, además
que ha desplegado las competencias a su cargo para proteger la vida e integridad
de los accionantes, no ha vulnerado el derecho de petición de los tutelantes, pues
la petición de protección fue remitida a la autoridad competente.
8 Folio 11 de la contestación de la tutela.
9 Folio 5 de la contestación de la tutela.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Agencia de Defensa Jurídica del Estado
26. La entidad intervino con el fin de solicitar que, en relación con la Agencia, se
niegue la solicitud de amparo toda vez que no ha vulnerado ningún derecho
fundamental y conforme su marco legal de competencias no le corresponde asumir
la satisfacción de ninguna de las pretensiones enunciadas en el escrito de tutela.
27. Afirmó que a dicha autoridad no se puede endilgar ninguna omisión u actuación
que haya vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales alegados por
la parte actora, por cuanto la demanda no adjunta la petición a la que
supuestamente la ANDJE no ha dado respuesta, lo cual impide establecer cuándo
y porqué canal la radicó ante esta entidad. En relación con la petición dirigida a que
los peticionarios puedan reunirse con autoridades estatales con el fin de garantizar
el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, la Agencia
recordó que esa tarea es competencia exclusiva de la cancillería.
Unidad Nacional de protección
28. Dentro del término, la UNP informó que teniendo en cuenta la medida provisional
ordenada, la oficina asesora jurídica solicitó al grupo de trámites de emergencia de
la sub dirección de evaluación del riesgo, adelantar las gestiones pertinentes para
dar cumplimiento al mandato judicial. Precisó que de implementarse las medidas de
protección mediante el trámite de emergencia, estas son de carácter provisional.
29. En punto a la queja de los tutelantes sobre el daño en las cámaras de vigilancia
instaladas en las oficinas de ASODESCAT, y las películas contra esquirlas
instaladas en los vidrios de la organización, se indicó que, conforme el contratista,
se activaría la garantía para que los mismos fueran reparados.
30. En relación con la situación de seguridad de la Asociación de Desplazados del
Catatumbo, resultado de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, en febrero
del año 2024, la UNP inició el procedimiento participativo dirigido a establecer las
medidas de protección colectiva. Este procedimiento incluye una etapa de
acercamiento, taller de valoración del riesgo colectivo, verificación de información,
pre comités para adecuar las medidas de protección propuestas por la comunidad;
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
poner a disposición la información recaudad al Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas (CERREM). Todo ello concluye con la expedición de
un acto administrativo por parte de la UNP, su notificación y finalmente la
implementación de las medidas.
31. Una vez explicado este procedimiento administrativo, la UNP señaló que en el
caso de la ASODESCAT, la reevaluación del riesgo colectivo se activó el 4 de enero
de 2024, lo que implicó la realización de actividades de contacto con el
representante legal, quien informó a la UNP que “para la realización del taller de
reevaluación se requería de operación logística (recursos económicos)” 10. Según la
información de la contestación de la tutela, la UNP indicó que el investigador
encargado de la reevaluación del riesgo se desplazaría al lugar, aclarando que,
conforme la legislación vigente la UNP no debe aportar recursos económicos para
el desarrollo de la actividad del taller de evaluación del riesgo colectivo. En criterio
de la UNP, los primeros llamados a atender los requerimientos económicos son las
alcaldías y gobernaciones.
32. La entidad afirmó que: (i) actualmente y desde el año 2022, ASODESCAT tiene
un esquema de seguridad; (ii) resultado de las medidas cautelares ordenadas en
noviembre de 2023 por parte de la CIDH, la UNP, en enero de 2024, reactivó la
orden para reevaluación del riesgo (OT 661). Por lo anterior, solicitó que se vincule
al trámite de tutela a la Alcaldía de Ocaña y al Departamento de Norte de Santander.
33. Adicionalmente indicó que, si bien los accionantes manifiestan hechos nuevos
de agresión y los mismos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación,
la UNP tiene el deber de realizar su propia indagación por los hechos que
constituyan riesgo y amenaza para los accionantes:
“Por tanto, es pertinente indicar al Honorable Despacho, que frente a las denuncias
realizadas ante la Fiscalía General de la Nación, el accionante incurre en una errada
apreciación al pretender exponer en el escrito de tutela que las denuncias elevadas
10 Folio 6 del escrito de respuesta de tutela.
10
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ante FGN, se erige como medio probatorio idóneo que da certeza de la presencia
de amenazas en su contra”11.
34. Adicionalmente, afirmó que la UNP no ha vulnerado el derecho de petición de
los actores, pues ha recibido las solicitudes de protección elevadas por los
tutelantes y las ha contestado de fondo.
35. Aseveró, adicionalmente, que la acción de tutela es improcedente por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad, toda vez que, a juicio de la UNP existe un
procedimiento administrativo pendiente de agotar, como es el previsto en el
programa de protección de seguridad y protección. Al respecto indicó:
“es oportuno indicar que tácitamente los accionantes pretenden obviar los procedimientos
administrativos establecidos por el Programa de Protección de Seguridad y Protección,
específicamente en lo que respecta a la Ruta de Protección Colectiva.” 12
36. Por lo anterior, consideró que la petición de amparo constitucional de los actores
vulnera el derecho a la igualdad de otros sujetos que esperan el resultado de la ruta
administrativa de protección. Además, enunció que la acción de tutela de la
referencia carece de un perjuicio irremediable pues los actores cuentan “con SEIS
estudios de nivel, de riesgo ponderados con RIESGO ORDINARIO y cuenta con
medidas de protección otorgadas por un proceso judicial, con las cuales puede
controvertir cualquier presunto ataque en su contra”13.
37. Concluyó la intervención solicitando: (i) se reconsidere la medida provisional
decretada a favor de la asociación de desplazados del Catatumbo, en atención a
que las actuaciones de la UNP se han enmarcado en las reglas previstas por la ruta
ordinaria de protección contenida en el artículo 2.4.1.2.40 del decreto 1066 de 2015,
especialmente, en atención a que los tutelantes, en criterio de la UNP, cuentan con
medidas de protección ordenadas en el año 2022; (ii) se declare improcedente por
inexistencia de vulneración de los derechos invocados, por la carencia actual de
11 Folio 13 de la contestación de tutela.
12 Folio 17 de la contestación de la tutela.
13 Folio 16 de la contestación de la tutela.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
objeto por hecho superado, además de reiterar la necesidad de vincular al municipio
de Ocaña y al Departamento de Norte de Santander.
Ministerio de relaciones Exteriores
38. Dentro del término previsto, el ministerio remitió respuesta a la acción de tutela
en la que indica que, sus competencias se refieren a la articulación y coordinación
del trabajo de las diferentes entidades del Estado colombiano con miras al
cumplimiento de las Medidas Cautelares, pero no es responsable del cumplimiento
material de cada una de las estrategias de protección14. En ejercicio de esa
responsabilidad de coordinación han desarrollado cinco reuniones:
Fecha de la reunión Asunto y Lugar
27 de noviembre de 2023 Reunión de acercamiento ASODESCAT.
Virtual
28 de noviembre de 2023 Reunión Interinstitucional. Virtual
5 de diciembre de 2023 Reunión de seguimiento y Concertación.
Virtual
13 de diciembre de 2023 Reunión Bilateral con el Ministerio del
Interior y la UNP. Virtual
5 de febrero de 2024 Reunión bilateral.
39. Con base en esta gestión, el Ministerio de relaciones exteriores solicitó que se
declare que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no ha desplegado
ninguna acción u omisión que afecte los derechos de los accionantes, por el
contrario, ha ejercido la labor de coordinación y remisión de la información relevante
a la CIDH.
40. Respecto al fondo del examen, la cartera ministerial indicó que ha adelantado
las gestiones necesarias para dar a conocer a las entidades e instituciones
nacionales la decisión de la CIDH, para que, en consecuencia, estas ejerzan sus
funciones y competencias, en atención a las peticiones del organismo internacional.
14 Decreto 1067 de 2015, artículo 1.1.1.1
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Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
En consecuencia, en su criterio se ha satisfecho la responsabilidad de ente
articulador de la respuesta del Estado.
Ministerio de Defensa
41. La directora de derechos humanos y derecho internacional humanitario del
Ministerio de Defensa Nacional intervino dentro del proceso con el fin de solicitar se
declare la improcedencia de la acción de amparo, puntualmente en relación con la
cartera, toda vez que no ha actuado y omitido algún comportamiento que impacte
negativamente en los derechos fundamentales de los accionantes. Indicó que dicha
cartera carece de competencia legal para atender integralmente lo pretendido por
los tutelantes.
42. Explicó que el ministerio tiene como competencia general la formulación y
adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos de defensa de
la soberanía, la independencia y la integridad territorial, en tanto que lo pretendido
por los actores es del resorte de la Unidad Nacional de Protección.
43. En todo caso, el Ministerio de Defensa informó que la Policía Nacional ha
adelantado actividades tendientes al cumplimiento de las medidas cautelares
proferidas por la CIDH. En relación con los actores ha adelantado medidas de
autoprotección, patrullaje, y revista policial. Específicamente indicó que, desde el
27 de abril de 2023, la Policía Nacional informó al alcalde municipal de Ocaña sobre
la labor de los gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la
República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas
de organizaciones y movimientos sociales, y en esa medida, su responsabilidad en
la detección temprana de situaciones de riesgo contra esta población.
44. Posteriormente precisó que, desde el 23 de febrero de 2024, ha implementado
los medios preventivos y de autocuidado previstos en la ruta institucional en el
territorio en favor de Edy Torcoroma Vega Flórez, José Edison Quintero Ascanio,
Silfredo Santiago Contreras, Willinton Quintero Ascanio, Andrea Sánchez Quintero,
Luz Adriana Umaña Cáceres, Elida Rosa Ascanio Rodríguez, Indre Marcela
Pallares Rodríguez, Amparo Pallares Rodríguez, Yefferson Danilo Quintero
Ascanio, y Andrés Cáceres Palencia.
13
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02247-00
Accionante: Fabián Andrés Cáceres Palencia y otros miembros de la junta
directiva de la Asociación de Desplazados del Catatumbo
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Policía Nacional
45. El Comisionado de derechos humanos de la Policía Nacional remitió informe
sobre las actividades que ha realizado esa institución después de que la Comisión
Interamericana de derechos humanos profiriera las medidas cautelares en favor de
los tutelantes. Al respecto informó que través de la policía nacional destacada en el
departamento de Norte de Santander se ha puesto a disposición de los
peticionarios, puntualmente mediante la información de las medidas preventivas de
autoprotección de patrullaje y de revista policial.
46. Explicó que la asociación de desplazados del Catatumbo es beneficiaria de la
medida colectiva tipo 5, compuesta por 2 vehículos convencionales, 4 personas de
protección, medios de comunicación y botón de apoyo. Además, en abril de 2023,
la Policía Nacional se comunicó con el Personero del municipio de Ocaña, con el fin
de que, en ejercicio de sus funciones constitucionales verificara la garantía de los
derechos de los tutelantes. Así mismo, desde el mismo mes de abril de 2023, se
elevó solicitud al señor Alfonso Campos Martínez, director de la Unidad Nacional de
Protección para que adelantara el estudio de nivel de riesgo y la valoración del grado
de amenaza.
47. Posterior a la adopción de las medidas cautelares, se han celebrado dos
reuniones entre los beneficiarios, la cancillería y otras autoridades estatales,
incluida la Policía Nacional. Puntualmente el 28 de noviembre de 2023, y el 5 de
diciembre del mismo año. En esas reuniones, los peticionarios de las medidas
cautelares requirieron apoyo policial, sin embargo, la institución informó que,
actualmente, en el municipio de Ocaña, la policía garantiza el cumplimiento de una
medida provisional dentro del caso 19 comerciantes vs. Colombia, “la cual demanda
enormemente un despliegue policial que debilita la función misional y general para
la población colombiana, teniendo en cuenta que ante la particularidad y el servicio
de personas de protección estas actividades son lideradas por la Unidad Nacional
de Protección”15.
15 Folio 4 de la contestación de la tutela
14
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02247-00
Accionante: Fabián Andrés Cáceres Palencia y otros miembros de la junta
directiva de la Asociación de Desplazados del Catatumbo
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Fiscalía General de la Nación
48. Dentro del término procesal, el fiscal 12 seccional destacado para investigar
amenazas contra defensores de derechos humanos informó que en la actualidad
están abiertas 19 noticias criminales en etapa de indagación por amenazas contra
miembros de la junta directiva de la Asociación de Desplazados del Catatumbo.
Estas investigaciones no han permitido identificar a los responsables de las
supuestas amenazas e intimidaciones contra los accionantes, pero los procesos se
mantienen activos con el fin de recaudar material probatorio que permita
individualizar a los responsables.
49. Concluyó que la Fiscalía General de la Nación no tiene competencias en la
protección de los accionantes y que, la Unidad Nacional de Protección es la entidad
encargada de velar por las medidas de cuidado de la vida e integridad de los
actores.
La Procuraduría General de la Nación
50. A través de apoderada judicial, la Procuraduría General de la Nación intervino
con el fin de solicitar su desvinculación de la acción de tutela, pues frente a las
peticiones de amparo, la entidad no tiene responsabilidad alguna. No se opone a la
prosperidad de las peticiones siempre que no impliquen la conclusión de que el ente
de control ha vulnerado algún derecho fundamental de los peticionarios.
II. CONSIDERACIONES
Formulación del Problema Jurídico
51. Los catorce accionantes son miembros de la junta directiva de la Asociación de
Desplazados del Catatumbo (asodescat) y acuden al juez de tutela con el fin de que
se ordene a las autoridades estatales el cumplimiento de las medidas cautelares
adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos el pasado 20 de
noviembre de 2023, y en la que, la instancia internacional indica que las autoridades
estatales colombiana deben adoptar medidas urgentes para proteger la vida e
integridad de los 14 tutelantes. Denuncian que, han pasado cinco meses desde que
15
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02247-00
Accionante: Fabián Andrés Cáceres Palencia y otros miembros de la junta
directiva de la Asociación de Desplazados del Catatumbo
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
la CIDH adoptó las medidas cautelares sin que, al momento de la presentación de
la tutela, la UNP haya adoptado medidas concretas de protección, y que, por el
contrario, las agresiones contra su ejercicio de protección de derechos humanos de
víctimas del conflicto armado han aumentado, al punto que se han producido
nuevos atentados y amenazas.
52. En ese escenario, esta Subsección debe establecer si las entidades accionadas,
puntualmente, la Unidad Nacional de Protección, la Presidencia de la República, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del pueblo, el Departamento de Norte de Santander han vulnerado el
derecho a la vida, a la seguridad personal, al debido proceso y a la igualdad de los
catorce miembros de la junta directiva de la asociación de desplazados del
Catatumbo (ASODESCAT), al no haber, supuestamente, cumplido el contenido de
las órdenes proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
su resolución de medidas cautelares del pasado 20 de noviembre de 2023, en la
que señaló la necesidad de protección de los tutelantes.
53. Para abordar el problema jurídico planteado, la Subsección procederá de la
siguiente manera: en primer lugar, reiterará el precedente constitucional que
establece la viabilidad de utilizar la acción de tutela para exigir el cumplimiento de
medidas cautelares dictadas por la CIDH. En segundo lugar, se referirá a las
directrices jurisprudenciales establecidas en la sentencia SU-546 de 2023, la cual
estableció un estándar de cumplimiento integral en casos relacionados con
defensores de derechos humanos y líderes sociales. Específicamente, se
abordarán aspectos como el alcance del derecho a defender derechos, las
responsabilidades de respeto, garantía y protección de esta garantía, así como la
necesidad de coordinación entre las entidades estatales para asegurar su
protección efectiva. Con base en estas pautas jurisprudenciales, se resolverá el
caso específico en cuestión.
16
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02247-00
Accionante: Fabián Andrés Cáceres Palencia y otros miembros de la junta
directiva de la Asociación de Desplazados del Catatumbo
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
1. Acción de tutela medio judicial idóneo para solicitar el cumplimiento
de medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos16.
54. El reiterado y pacifico precedente de la Corte Constitucional ha indicado que: (i)
las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos son decisiones de obligatorio cumplimiento y una vez adoptadas se
incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno, ello en atención
a que el Estado Colombiano, voluntariamente, reconoció competencia de la CIDH,
suscribió la Convención Americana sobre derechos Humanos, instrumento
internacional que integra el bloque de constitucionalidad.
55. Además ha indicado que: (ii) la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo
para solicitar que el Estado colombiano, como un todo, garantice el cumplimiento de
la medida de protección adoptada por la CIDH. Ello pues las medidas cautelares
decretadas por la CIDH y la acción de tutela son complementarias, porque tienen
similares características y persiguen el mismo propósito, como es la protección de
los derechos a la vida e integridad personal17 y adicional a ello, puesto que, la acción
de tutela es el mecanismo principal para la defensa del derecho fundamental al
debido proceso, el cual se ve lesionado cuando el Estado desacata o ignora una
medida cautelar porque la priva de sus efectos materiales18.
56. Se ha indicado que la orden contentiva de Medidas Cautelares de la CIDH es un
acto jurídico adoptado por un organismo internacional de protección de los derechos
fundamentales, mediante el cual se conmina al Estado demandado para que adopte,
en el menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden administrativo
16 Se reitera el precedente contenido en las Sentencias T-558 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-
786 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra ) T-327 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-367 de 2010
(M.P. María Victoria Calle Correa), T-030 de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-263 de 2023 (M.P.
José Fernando Reyes Cuartas)
17 Véase las consideraciones efectuadas por las Salas Novena, Sexta y Séptima en las Sentencias T-558 de
2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-435 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-976 de 2014
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva), respectivamente, las cuales serán
explicadas a profundidad en el texto principal del presente acápite.
18 Véase las consideraciones efectuadas por las Salas Sexta y Séptima de Revisión en las Sentencias T-786
de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-524 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto),
respectivamente, las cuales serán explicadas a profundidad en el texto principal del presente acápite.
17
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02247-00
Accionante: Fabián Andrés Cáceres Palencia y otros miembros de la junta
directiva de la Asociación de Desplazados del Catatumbo
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
o judicial, a fin de que cese una amenaza que se cierne sobre un derecho humano
determinado.
57. En relación con el examen de fondo de la acción de tutela, la jurisprudencia
constitucional indica que: (i) su cumplimiento debe ser inmediato, pues de lo
contrario, no se podría evitar el perjuicio irremediable que justificó su adopción19; (ii)
su desacatamiento conlleva al desconocimiento de los compromisos
internacionales suscritos por Colombia y a una posible responsabilidad
internacional por parte del Estado20, y (iii) se diferencian de las recomendaciones
no vinculantes que emite la Comisión porque mientras las medidas cautelares se
refieren a casos concretos, las recomendaciones aluden a situaciones
generalizadas de violaciones a los derechos humanos21.
58. En varias ocasiones la Corte Constitucional ha resuelto tutelas en las que
examina peticiones de amparo dirigidas al cumplimiento de medidas cautelares
adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente,
las decisiones más recientes son la T-030 de 2016 y la T-263 de 2023.
59. En la Sentencia T-030 de 2016, la Corte Constitucional resolvió una petición de
tutela de la gobernadora del pueblo Nasa, quien denuncia que, a pesar de varias
decisiones de medidas cautelares de la CIDH, dirigidas a proteger a la Nación Nasa,
el Estado colombiano no ha logrado ofrecer condiciones para la protección de los
miembros de la colectividad. En la providencia la Corte reiteró que, se “ha aceptado
la procedencia de la tutela para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares
decretadas por la CIDH22 en razón de (i) las similitudes y la complementariedad
entre ambas figuras; (ii) la ausencia de un recurso judicial interno para controvertir
esos asuntos, y (iii) la violación al derecho fundamental al debido proceso que tiene
19 Véase la Sentencia T-786 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), la cual será explicada a profundidad
en el texto principal del presente acápite.
20 Véase las Sentencias T-558 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-786 de 2003 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y T-976 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva),
las cuales serán explicadas a profundidad en el texto principal del presente acápite.
21 Véase las Sentencias T-558 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández ), T-524 de 2005 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto) y T-435 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), las cuales serán explicadas a
profundidad en el texto principal del presente acápite.
22 Véanse las Sentencias T-558 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-786 de 2003 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-524 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-435 de 2009 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) y T-976 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva),
las cuales serán explicadas a profundidad en el texto principal del presente acápite.
18
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02247-00
Accionante: Fabián Andrés Cáceres Palencia y otros miembros de la junta
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
lugar cuando una medida cautelar pierde sus efectos prácticos como resultado del
cumplimiento deficiente o del incumplimiento total del Estado requerido.”
60. La Corte concluyó que, pese a los intentos por acatar las medidas cautelares
decretadas por la CIDH, y la elaboración del Plan de Salvaguarda para el pueblo
Nasa, la amenaza sobre los derechos del Pueblo persisten y el riesgo en contra de
su existencia física y cultural continúa. En la decisión se ordenó, entre otras cosas,
al Ministerio de Relaciones Exteriores convocar una reunión interinstitucional con la
Fuerza Pública, las entidades del orden nacional con competencia en la materia, las
organizaciones sociales involucradas y los beneficiarios de las medidas cautelares
proferidas por la CIDH en beneficio del pueblo Nasa. Aquella orden tenía como
principal objetivo (i) detectar y resolver los problemas en la concertación, suministro,
ejecución, duración y retiro de las medidas de protección con carácter individual, e
(ii) idear y acordar nuevas estrategias para garantizar la seguridad colectiva del
Pueblo Nasa, a efectos de erradicar o disminuir sustancialmente los riesgos a los
que se ve expuesto.
61. La Corte reiteró conclusiones sobre la protección material de los pueblos objeto
de la protección de las medidas cautelares. Reprochó que “[…] dado que la
respuesta estatal a la situación de los pueblos indígenas ha sido meramente formal
y se ha traducido en la expedición de documentos de política sin repercusiones
prácticas, la Corte Constitucional concluye que el Estado colombiano ha incumplido
sus deberes constitucionales en este ámbito, en forma grave”.
62. Recientemente en la sentencia T-263 de 2023, la Corte Constitucional resolvió
una acción de tutela promovida por los agentes oficiosos de una persona y su
familia, quienes habían sido víctimas de la desaparición forzada de un miembro del
núcleo familiar, y además habían sido beneficiarios de una medida cautelar
decretada por la CIDH. Lo anterior, debido a que en criterio de los ciudadanos las
mismas no habían sido cumplidas. Al realizar el análisis de procedencia de la acción
de tutela la Sala de Revisión consideró que se satisfacían dichos presupuestos ya
que la Corte ha indicado que siempre que la acción de tutela cumpla el principio de
inmediatez será considerada procedente como mecanismo principal y dará lugar a
una protección de carácter definitivo cuando quiera que la parte actora persiga el
cumplimiento efectivo de una medida cautelar decretada por la CIDH.
19
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02247-00
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Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
“La Sala consideró que los beneficiarios de las medidas cautelares decretadas por
la CIDH tienen derecho a obtener su cumplimiento efectivo. Por lo tanto determinó
que el Ministerio de Relaciones Exteriores, si bien adelantó algunas gestiones
administrativas encaminadas a ejecutar las medidas cautelares decretadas por la
CIDH, mediante diversos comportamientos omisivos vulneró los derechos
fundamentales de los beneficiarios de las medidas a obtener una pronta y eficaz
protección del Estado.”
63. Por lo anterior, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que ejerza una
función de coordinación efectiva en la que se ilustre de manera adecuada y oportuna
a las diferentes entidades del Estado responsables de la necesidad de cumplir con
los fallos judiciales de los organismos internacionales. Para ello, se ordenó que la
Cancillería conmina a la UNP a que adelante todas las gestiones necesarias para
contactar a los beneficiarios e ingresarlos al programa de protección de víctimas
que dirige. Asimismo, se ordenó a la UNP que brinde la protección inmediata a la
vida, integridad personal y seguridad de los familiares del agenciado. Para tal fin, la
UNP deberá contactar con las agentes oficiosas o con los familiares.
2. Estado de cosas inconstitucional en materia de defensores de
derechos humanos. SU-546 de 2023.
64. Recientemente, la Sala Plena de la Corte Constitucional profirió la Sentencia
SU-546 de 5 de diciembre de 202323 en la que declaró un estado de cosas
inconstitucional en materia de políticas de protección de personas defensoras de
derechos humanos. Entre las consideraciones de la providencia, frente a este caso
concreto, en criterio de la sub sección resulta relevante reiterar las principales
conclusiones de la Corte, especialmente aquellas referidas a: (i) la
fundamentabilidad del derecho fundamental a defender derechos humanos; (ii) sus
principales dimensiones y facetas protegidas; y (iii) los principales obstáculos para
su garantía.
23 DÉCIMO CUARTO. DECLARAR la existencia de un estado de cosas inconstitucional debido a la falta de
concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población
líder y defensora de derechos humanos, por un lado, y la capacidad institucional y presupuestal para asegurar
el respeto, garantía y protección de esos derechos, por otro. En la superación de dicho Estado se encuentran
directamente comprometidos el Gobierno Nacional, las Entidades Territoriales y la Fiscalía General de la
Nación.
20
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
2.1. La fundamentabilidad del derecho a defender derechos humanos.
65. En primer lugar, se indicó que conforme al derecho internacional y nacional,
existe el derecho fundamental a defender derechos, respaldado, por ejemplo, en la
Declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas, mediante resolución de 8 de marzo de 199924. Jurisprudencialmente,
decisiones como la T-473 de 2018, la T-199 de 2019 o la SU-020 de 2022 han
reconocido que existe un derecho a defender derechos, y que el mismo, impone
obligaciones claras y exigibles en cabeza de las autoridades estatales, y permite
identificar el abanico de facetas que integran el derecho.
66. En relación con las obligaciones, la SU-546 de 2023 precisa que, el Estado
Colombiano es titular de deberes reforzados referidos a la protección de los
derechos humanos de la población líder y defensora de derechos humanos. Esto
pues, se valora positivamente la labor que desarrollan25, pues los defensores y
líderes sociales ejercen la vocería de los intereses de la comunidad de la que hacen
parte. Frente a estas personas, el Estado tiene una especial obligación de
protección, no solo en su vida e integridad, sino de sus derechos a la libertad de
expresión y del papel democrático que ejercen, al promover la protección de los
derechos de colectivos:
“Ese liderazgo desencadena riesgos especiales no solo por las tensiones que sus reclamos
pueden suscitar con los intereses de otros grupos o autoridades, sino también por
la progresiva visibilidad de las personas que lo asumen. La inacción estatal frente
a las vicisitudes que acompañan tal liderazgo puede conducir a su parálisis. Y ello
no puede ocurrir. Ese liderazgo, ejercido con el propósito de impulsar los derechos
humanos, cumple una tarea fundamental en contextos en los cuales el sistema
representativo no logra captar y canalizar exigencias legítimas de las
comunidades”26.
24 Artículo 1 Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
25 Sentencia T-719 de 2003.
26 Precisamente en tal dirección la Corte Constitucional señaló, en la Sentencia T-1191 de 2004, que “el
derecho a defender y promover los derechos humanos puede ser considerado como una manifestación del
derecho a la participación ciudadana, por cuanto la interlocución entre las personas que defienden esta
categoría de derechos y el Estado es fundamental dentro del proceso de construcción del debate democrático,
y ciertamente permite aumentar la injerencia de los ciudadanos en los procesos de adopción de decisiones
políticas”.
21
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67. La providencia indicó que el Estado Colombiano ha sido ineficiente en la
protección de los derechos de los defensores de derechos humanos, y en esa
medida, una cultura jurídica ha condenado a los líderes sociales a considerar que
es habitual que sus derechos sean vulnerados. Este contexto es contrario al espíritu
de la Constitución de 1991.
2.2. Principales dimensiones y facetas protegidas
68. Por lo anterior, se precisó que el derecho a defender derechos implica, entre
otras, las dimensiones de la seguridad personal y comunitaria, entendida como las
condiciones personales y sociales para que, los defensores y líderes sociales
ejerzan y desplieguen la reivindicación de los derechos de las colectividades de las
que hacen parte. Así, el Estado es titular de las obligaciones de garantía, respeto y
protección de la vida de los defensores, no solo en su dimensión de abstención,
sino de protección, asumiendo una acción decidida en la protección de los líderes
y defensores cuando son víctimas de amenazas a su vida e integridad. En esta
dimensión de protección, el Estado debe ofrecer esquemas de seguridad
individuales, pero especialmente colectivos, con miras a crear condiciones para que
el ejercicio de defensa de derechos humanos sea valorado. Estos esquemas deben
reunir condiciones de oportunidad, flexibilidad, urgencia, necesidad y participación.
Así, la UNP, autoridad encargada de la protección de los defensores de derechos
humanos, debe contar con el suficiente presupuesto, pero especialmente
facultades legales para atender los requerimientos de protección.
69. En punto al examen de esta tutela, corresponde precisar las obligaciones
derivadas del derecho a la vida y al debido proceso. Respecto al derecho a la vida,
la Corte ha explicado que fruto del riesgo que asumen los líderes comunitarios y
defensores de derechos humanos, al momento de reivindicar los derechos de las
comunidades, crean un riesgo especial contra los liderazgos, razón por la cual, el
Estado tiene varias obligaciones, entre ellas:
“Identificar el riesgo extraordinario al cual una persona, familia o grupo de personas están
sometidos. Adicionalmente, debe advertir oportuna y claramente a los afectados el riesgo
identificado. Esta obligación implica que no siempre es necesario que la protección sea
solicitada por el interesado. Valorar, con base en un estudio detallado de cada situación, la
existencia, las características y el origen o fuente del riesgo identificado. Definir oportunamente
las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar que el
22
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
riesgo extraordinario identificado se materialice. Adoptar medidas con enfoque diferencial,
cuando se trate de, entre otros, líderes sindicales, líderes campesinos y comunitarios, líderes
indígenas y afrodescendientes y, en general, defensores de derechos humanos 27. Asignar los
medios y medidas de protección de manera oportuna y en forma ajustada a las circunstancias
de cada caso. De tal manera que la medida sea eficaz. Evaluar periódicamente la evolución
del riesgo extraordinario y tomar las decisiones correspondientes para responder a dicha
evolución. Actuar de forma efectiva ante signos de concreción o realización del riesgo
extraordinario y adoptar acciones específicas para mitigarlo o aminorar sus efectos. Prohibir
que la administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para las personas
en razón de sus circunstancias”
70. Respecto al derecho al debido proceso, se precisó que las decisiones estatales
dirigidas a la concesión de esquemas de seguridad de protección de líderes sociales
y defensores de derechos humanos, deben ajustarse estrictamente a la garantía del
debido proceso administrativo, razón por la cual deben adoptarse medidas fundadas
en argumentos públicos, transparentes, controvertibles, y especialmente, de
manera oportuna y eficaz, es decir, con el fin de mitigar y atender amenazas reales
y ciertas a la vida e integridad de las personas. Conforme a la sentencia SU-546 de
2023, la estrategia de protección debe ser:
“Sobre las medidas de protección, la Comisión IDH también ha recomendado para
el caso de Colombia que estas sean adecuadas, idóneas y efectivas, concertadas,
urgentes, flexibles y con enfoque diferenciado. (…)
Las medidas deben ser adoptadas con urgencia y flexibilidad. Para ello sugiere: (i)
simplificar los procesos y trámites administrativos de las entidades encargadas de
otorgar protección; (ii) establecer plazos para la presentación de información, que a
la vez de ser razonables permitan una respuesta rápida por parte del Estado28; (iii)
el esquema de protección debe ser lo suficientemente flexible para que las medidas
de protección que lo componen puedan ser reforzadas o reorientadas
oportunamente, dependiendo del nivel de riesgo, urgencia y necesidad,
considerando que estos elementos son variables a través del tiempo;”
71. La jurisprudencia ha indicado que, si bien la determinación del nivel de riesgo
es un examen técnico en cabeza de la UNP, no significa que los jueces de tutela
tengan vedado intervenir en la adopción del acto administrativo que, define el nivel
de riesgo en un caso concreto29.
27 Ver Sentencias T-411 de 2018 y T-924 de 2014.
28 CIDH, Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 207/17, 29 de diciembre de 2017, párr. 279.
29 “La matriz de calificación descrita ha contribuido a que el nivel de riesgo de una persona se determine de
manera objetiva y técnica. Por ello, la Corte ha reconocido que, en principio, la UNP es la entidad que tiene la
competencia, el talento humano y el conocimiento técnico para determinar el riesgo de una persona y las
medidas de seguridad a adoptar. Esto, sin embargo, no implica que la calificación del riesgo sea un terreno
vedado al juez de tutela. Como ya se indicó, en casos concretos la Corte ha advertido que la decisión de la
UNP deviene irrazonable en tanto que, por ejemplo, (i) no se apoyó de manera suficiente en los estudios y
evaluaciones técnicas de seguridad; (ii) omitió considerar algunos factores de amenaza en el caso concreto; o,
(iii) pese a contar con el insumo necesario, el acto administrativo carece de motivación adecuada.”
23
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
72. La Corte ha establecido al menos tres subreglas relevantes respecto del
contenido y alcance del derecho al debido proceso en el marco del análisis de los
actos administrativos proferidos por la UNP en el proceso de valoración del nivel de
riesgo, el otorgamiento y la finalización de medidas de protección30: (i) el deber de
realizar un nuevo pronunciamiento cuando exista insuficiente motivación31; (ii) el
deber de dar a conocer la evaluación del nivel de riesgo y su motivación completa
como instrumentos importantes para acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en la medida que permiten al ciudadano conocer los fundamentos
de lo decidido por la UNP32; y (iii) el deber de motivación técnica33.
73. Además se indicó que, el juez de tutela puede ordenar el restablecimiento de
medidas de protección, cuando: (i) las personas están categorizadas con riesgo
extraordinario; (ii) existen pruebas de la situación apremiante del accionante o hay
elementos suficientes para concluir que el riesgo al que está sometido así lo
amerita; (iii) la amenaza proviene de agentes o factores que previamente
materializaron esos riesgos; (iv) se comprueban circunstancias no valoradas por la
entidad; (v) la adopción de medidas de protección ordenadas por organismos como
la Comisión IDH o la CIDH34 y/o (vi) cuando la UNP no motiva adecuadamente por
qué es necesaria la disminución de algunas medidas de protección pese a que el
porcentaje del nivel de riesgo no varió o lo hizo de forma poco significativa.
30 Sentencias T-224 de 2014, T-707 de 2015, T-399 de 2018 y T-199 de 2019.
31 “Cuando la entidad encargada se pronuncie sobre la adopción de medidas de protección, su prórroga o retiro,
y se demuestra la ausencia de una insuficiente motivación en el acto adoptado por esta, lo que corresponde es
ordenar que se profiera un nuevo pronunciamiento que atienda todos los argumentos alegados por el actor y
se aclaren las razones por las cuales le asiste o no lo pretendido”.
32 “A través del nuevo pronunciamiento se le brinda seguridad a la parte interesada e información acerca de su
nivel de riesgo y, además, con el análisis de cada uno de los requerimientos manifestados por el solicitante y
la motivación completa de la decisión de la administración, se le dota a éste de un instrumento necesario para
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si así lo estima necesario”.
33 “Las actuaciones administrativas que lleven a cabo estudios de valoración del nivel de riesgo o de las
medidas de protección deben estar justificadas en estudios técnicos individualizados y específicos que los
fundamenten de manera suficiente y razonable, los cuales solo pueden desconocerse con base en argumentos
suficientes que también estén sustentados en conceptos especializados”.
34 La Sentencia T-078 de 2013 ordenó la continuidad de las medidas de protección, luego de concluir que “fue
poco afortunada la decisión adoptada por la Unidad Nacional de Protección, (…) pues a las claras, existían
otros factores o elementos que fueron pasados por alto”.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
2.3. Los principales obstáculos para su garantía
74. Como se indicó más arriba, la sentencia SU-546 de 2023 declaró un estado de
cosas inconstitucional en materia de defensores de derechos humanos. Señaló que
se presentan, entre otras, los seis indicadores previstos en la jurisprudencia
constitucional para este tipo de constataciones35. En punto al bloque institucional,
la Corte verificó que se presenta un alto grado de desarticulación entre las entidades
estatales, pues debido a eventuales puntos ciegos de las políticas públicas
consolidadas hasta el momento, no resulta posible que el nivel nacional y los entes
territoriales coordinen esfuerzos para garantizar la protección de los derechos de
las personas defensoras. En efecto, las normas reglamentarias de las políticas de
atención a la población defensora de derechos humanos, en unas ocasiones
adscriben obligaciones fiscales a entidades territoriales, pero no precisan la manera
en la que se harán las apropiaciones presupuestales, razón por la cual, las
entidades nacionales y las territoriales no encuentran manera de sumar esfuerzos36.
En punto al examen de la existencia del ECI precisó:
“A partir del análisis de los asuntos puestos a consideración de la Sala Plena, de las pruebas
allegadas a la Corte por parte de entidades estatales y de organizaciones civiles, y de las
conclusiones extraídas de la audiencia pública llevada a cabo en el presente asunto, este
tribunal declaró que la situación de seguridad de la población líder y defensora de derechos
humanos refleja un ECI debido a la existencia de una violación generalizada y sistemática
de derechos fundamentales. Esa situación tiene múltiples causas. Entre ellas se encuentra
(…) Las fallas estructurales en el cumplimiento de los deberes del Estado social de derecho
se subsumen en la ausencia de capacidad que permita la adecuada articulación entre
35 “Sin que este sea un listado exhaustivo, para definir si existe un estado de cosas inconstitucional la Corte ha
considerado los siguientes factores o indicadores: (i) la vulneración masiva y sistemática de derechos
constitucionales que afecta a un grupo significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades
en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar la efectividad de las garantías superiores; (iii) la
incorporación de prácticas y/o procedimientos paralelos y contrarios al ordenamiento jurídico para garantizar la
efectividad de los derechos violados, tales como la normalización de que las personas tengan que acudir a la
acción de tutela para acceder a un derecho fundamental; (iv) la omisión en la adopción de medidas legislativas,
administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de las garantías fundamentales; (v) la
existencia de una problemática cuya intervención requiere de la acción conjunta y coordinada de distintas
autoridades, de compleja ejecución, duración prolongada y que requiere de esfuerzos presupuestales
significativos; y (vi) el hecho de que si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la
acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.
36 Al momento de explicar los decretos que reglamentan las políticas de atención a poblaciones víctimas de
ataques por parte de actores armados la Corte adujo que, existen dos decretos relevantes, el Decreto 660 de
2018, y el decreto 2078 de 2017. si bien los dos Decretos regulan la protección colectiva, cada uno tiene un
enfoque distinto que exige articulación. El Decreto 660 de 2018 le da competencia a alcaldes y gobernadores,
y los responsabiliza sobre acciones de política pública que protejan las organizaciones que defienden derechos
humanos. Esta regulación exige la participación directa de las organizaciones y poblaciones, desde el análisis
de riesgo hasta la toma e implementación de las medidas de protección. Por el contrario, el Decreto 2078 de
2017 continúa otorgando competencia únicamente al nivel central: Ministerio del Interior, UNP y CERREM
Colectivo. “En ese sentido, es importante articular tanto las instancias que siempre han estado al frente de la
coordinación de la protección y que hacen parte del nivel central como la UNP, con la instancia que se escoja
desde los territorios para llevar a cabo la ruta de protección. Ello sin dejar de lado la variedad de medidas,
materiales e inmateriales de protección, contenidas en los dos decretos antes mencionados”.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
diferentes entidades públicas para enfrentar y prevenir la violencia contra los defensores
y defensoras de derechos humanos; y las limitaciones presupuestales a efectos de
garantizar la oferta de la totalidad de medidas de protección de la población afectada.”
75. Sobre la articulación entre el nivel nacional y los entes territoriales precisó:
“En el presente asunto se constata también, una insuficiente actuación del Estado, a pesar
de los llamados de la Corte y de organismos internacionales. Aunque existen regulaciones
de diferente naturaleza persiste la ausencia de capacidad institucional. Lo anterior
considerando: (…) (iii) la ineficaz respuesta estatal frente al sistema de alertas tempranas;
(iv) la ausencia de articulación de las entidades responsables; (…)”
76. La Corte sostuvo que la articulación de las diferentes autoridades estatales exige
que se reactiven espacios colegiados de coordinación como la mesa nacional de
garantías, entre otras que, bajo el liderazgo del gobierno nacional permite sumar
esfuerzos entre diversas instancias del Estado. A criterio de esta Subsección, la
responsabilidad de la falta de articulación de los diversos niveles de gobierno es
propia de esas autoridades estatales, y como lo indicó la Corte Constitucional, los
jueces de tutela no tienen la competencia de destrabar los bloqueos institucionales
pues tan solo señalan su existencia y en virtud del principio de colaboración
armónica entre los poderes, instan a que, de manera interna las autoridades
administrativas encuentren la manera de avanzar en la coordinación de esfuerzos
dirigidos a la protección de las personas defensoras. Como lo indicó la propia SU-
546 de 2023, la vía para este desbloqueo exige que el gobierno nacional, en cabeza
de los ministros de cada sector, lideren la concurrencia de los diversos niveles de
la administración estatal, en la consecución del fin constitucionalmente imperioso
de la protección de la población defensora de derechos humanos y líderes sociales.
77. Del acápite considerativo se concluye las siguientes reglas jurisprudenciales: (i)
la acción de tutela es formalmente procedente para la protección de los derechos a
la vida, integridad, seguridad personal y debido proceso, en casos de
incumplimientos parciales o totales de órdenes de medidas cautelares dictadas por
la CIDH; (ii) el cumplimiento de resoluciones de medidas cautelares de la CIDH es
obligatoria y vinculante para todas las autoridades públicas; (iii) en punto a la
protección de la población defensora de derechos humanos, la Corte Constitucional
ha reconocido que ejercen una función esencial en la protección de los derechos
reconocidos en la Carta de 1991, y en esa medida, son vitales en la construcción
de un orden fundado en el respeto a los derechos fundamentales; (iv) por lo anterior,
el Estado colombiano, como un todo, tiene obligaciones de respeto, garantía y
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
protección de los derechos fundamentales de los defensores de derechos humanos,
entre ellas que la UNP adopte medidas de protección flexibles, urgentes,
respetuosas del derecho al debido proceso del peticionario, y que atiendan a la
gravedad del riesgo que vive una persona o comunidad. La calificación del riesgo
que sufre una persona o comunidad es un examen técnico en cabeza de la UNP,
sin embargo, los jueces de tutela no tienen vedado el examen judicial de la decisión
de calificación del riesgo cuando (v) se vulnera el derecho al debido proceso del
peticionario o se trata de la adopción de medidas de protección ordenadas por
organismos como la Comisión IDH o la CIDH. Finalmente; (vi) la Corte
Constitucional ha reconocido que existe un escenario de falta de articulación entre
las entidades nacionales y los entes territoriales en los que, en ocasiones las
personas defensoras de derechos humanos quedan en “un marasmo institucional”
indefensas ante los riesgos, y que la inacción estatal no es constitucionalmente
admisible.
III. CASO CONCRETO
78. Antes de examinar el fondo de la petición de amparo, corresponde a la Sala
pronunciarse sobre varias peticiones de las partes. A continuación, examinaremos
la petición de los catorce tutelantes sobre el amparo a otros 70 miembros de la
organización. Así como las peticiones de la UNP de: (i) declarar improcedente la
acción de tutela por, supuestamente, incumplir el requisito de subsidiariedad, y (ii)
vincular al trámite de tutela al municipio de Ocaña y al Departamento de Norte de
Santander.
79. Los catorce accionantes solicitan la protección de los derechos fundamentales
a la vida, la seguridad personal, debido proceso, igualdad y dignidad humana, de
otras 70 personas, diferentes a los catorce miembros de la junta directa y
beneficiados por las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Los catorce tutelantes indican que la organización
Asodescat está integrada, además de los catorce miembros de la junta directiva,
por otras 70 personas que trabajan en los catorce municipios de la Región del
Catatumbo.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
80. En punto al examen de esta petición, esta corporación debe recordar el
contenido del artículo 10 del decreto 2591 de 1991 que señala las personas
legitimadas para promover acción de tutela en nombre de otras37. Conforme la
norma mencionada, la acción constitucional de amparo puede ser promovida por:
(i) el titular del derecho; (ii) por intermedio de un representante legal (caso de los
menores de edad y personas jurídicas); (iii) mediante apoderado judicial (abogado
titulado con mandato expreso); (iv) a través de agente oficioso (cuando el titular del
derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa); o por conducto (v)
del Defensor del Pueblo o de los personeros municipales (facultados para intervenir
en representación de terceras personas, siempre que el titular de los derechos haya
autorizado expresamente su mediación o se adviertan situaciones de desamparo e
indefensión)”38.
81. Respecto al agente oficioso39 se exige: (i) invocar la condición de agente
oficioso; y (ii) que la persona titular de los derechos fundamentales presuntamente
conculcados se encuentre en circunstancias que le impidan actuar directamente.
En el caso sub judice, los 14 accionantes no aportan información siquiera sumaria
que permita concluir que invocan la protección de los derechos de los 70
colaboradores de la organización, en ejercicio de la agencia oficiosa. No aportan
algún elemento que permita concluir que esas 70 personas están en imposibilidad
fáctica de invocar la protección de sus propios derechos. Además, debido a que la
acción de tutela tiene como objetivo principal la implementación urgente de las
medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos el pasado 20 de noviembre de 2023, en la que se determinaron como
beneficiarios los catorce accionantes, esta Subsección concluye que, los tutelantes
carecen de legitimación para invocar la protección de los 70 colaboradores de la
organización.
82. Debido a que el problema jurídico que fija la sub sección se refiere al
cumplimiento de la orden de medida cautelar proferida por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, dónde fueron beneficiarios las catorce
37 Acá se sigue la T-461 de 2021 (M.P. Alejandro Linares Cantillo)
38 Corte Constitucional, sentencia SU-150 de 2021.
39 Corte Constitucional, sentencias T-452 de 2001, T-197 de 2003, T-652 de 2008, T-275 de 2009, T-072 de
2019 y SU-150 de 2021.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
personas que acá son acciones, y a que ellos mismos carecen de legitimación en
la causa por activa para agenciar los derechos de los otros 70 colaboradores de la
organización, las órdenes que, eventualmente, en el examen de fondo del caso
concreto, se lleguen a proferir se referían puntualmente a la satisfacción de la
decisión de la CIDH de 20 de noviembre de 2023 y a la responsabilidad de las
autoridades públicas accionadas, descartando así, un pronunciamiento respecto de
los 70 colaboradores mencionados por los accionantes.
83. Adicionalmente, respecto a la integración del contradictorio, en la contestación
del escrito de tutela, la UNP solicitó la vinculación al trámite de tutela del
Departamento de Norte de Santander y al Municipio de Ocaña. En el caso de la
vinculación del ente departamental, la misma se surtió en el auto admisorio del
escrito de amparo y su intervención se produjo dentro del término previsto. En
relación con la vinculación del municipio de Ocaña, el Consejo de Estado estima
que no es dable acceder a esta solicitud pues la petición de los accionantes va
dirigida a que el Estado Colombiano como totalidad y representado
internacionalmente por la Cancillería cumpla el contenido de las medidas cautelares
ordenadas por la Comisión Interamericana de derechos Humanos el pasado 20 de
noviembre de 2023. La jurisprudencia constitucional40 ha comprendido que, en los
eventos en los que, la CIDH profiere órdenes de medida cautelar, y las mismas no
son atendidas con la diligencia requerida, eventualmente, el Estado Colombiano
incurre en la vulneración de los derechos al debido proceso, a la vida, la integridad,
la seguridad personal, pues la expectativa de los tutelantes es que, la orden del
organismo internacional sea satisfecha por las entidades estatales.
84. La Cancillería es la entidad competente para coordinar el trabajo de todas las
instancias nacionales relacionadas con la satisfacción de una resolución de
medidas cautelares proferidas por la CIDH. No se trata de que el Ministerio de
Relaciones Exteriores sea la única entidad pública responsable, sino que es la
instancia encargada de articular los esfuerzos estatales. Sumado a lo anterior, como
lo verificó la Corte Constitucional en la sentencia SU-546 de 2023, existe una
importante desarticulación entre las entidades encargadas de la protección de las
personas defensoras de derechos humanos, puntualmente entre los entes
40 Corte Constitucional T-078 de 2013, T-030 de 2016, y T-263 de 2023
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
territoriales y las instancias nacionales. Esta falta de articulación se resuelve, en
parte a través de la activación de los espacios, mesas, y redes en que concurren
todas las instancias públicas, como por ejemplo la mesa nacional de garantías de
seguridad, y las mesas territoriales.
85. En este caso, el problema jurídico que debe resolver la Sala de decisión estriba
en determinar si el incumplimiento de las medidas cautelares implica la vulneración
de los derechos fundamentales invocados por los accionantes. En esa dimensión,
no se requiere la participación judicial del Municipio de Ocaña, pues es
responsabilidad de las entidades nacionales, puntualmente la Cancillería y el
Ministerio del interior coordinar el trabajo estatal para el cumplimiento de las
medidas cautelares. No es función de las autoridades judiciales, en sede de tutela,
coordinar el trabajo de las entidades públicas de la rama ejecutiva del poder público
para el cumplimiento de decisiones internacionales. Por lo anterior, no se accede a
la petición de vinculación propuesta por la UNP, dirigida a que se vincule al trámite
de tutela al municipio de Ocaña.
86. Por lo demás, la petición de vincular al municipio de Ocaña va dirigida a que en
un estrado judicial, la UNP pueda coordinar esfuerzos de protección a los
peticionarios, sin embargo: (i) debido a que se examina si se ha cumplido una
resolución de medidas cautelares proferida por la CIDH, la entidad que debe
coordinar los esfuerzos es la cancillería, (ii) el nivel territorial si está vinculado al
avance de la tutela a través del departamento de Norte de Santander y (iii) una
vinculación a un proceso de tutela no corrige o compensa la falta de articulación
entre las entidades nacionales y territoriales, deber que está en cabeza de las
instancias nacionales como líderes del sector de protección de población defensora.
87. En atención a los anteriores argumentos, se negará la petición de vinculación al
municipio de Ocaña. Los esfuerzos de coordinación y articulación de esfuerzos
institucionales entre la UNP y los entes territoriales deben producirse a través de
los espacios previstos para ello, no mediante vinculaciones en procesos de tutela.
88. En punto al examen de procedibilidad de la petición de amparo, la UNP solicitó
que se declarara que la solicitud no satisface el requisito de subsidiariedad, toda
vez que los tutelantes cuentan con otros medios para la protección de sus derechos,
30
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
puntualmente, la vía administrativa del programa de protección y seguridad, prevista
en el decreto 1066 de 2015. Para esta corporación judicial ese criterio hermenéutico
no es de recibo, en atención a que el artículo 6 del decreto 2591 de 1991 41 es
preciso en indicar que la acción de tutela no es el medio principal de protección de
derechos fundamentales, y en esa medida, en virtud de su carácter residual, no
puede desplazar a medios judiciales de defensa. La jurisprudencia constitucional ha
señalado que los actores deben agotar previamente, todos los medios de defensa
judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios42. El decreto 2591 de 1991 indica
que la obligación del peticionario es agotar los medios judiciales. Como bien lo
apunta el apoderado de la UNP la ruta de protección ante esa entidad es de carácter
administrativo, razón suficiente para que esta autoridad judicial concluya que, no
tiene el alcance de afectar la satisfacción del requisito de subsidiariedad.
89. Adicionalmente, en las Sentencias T-263 de 2023 y la T-030 de 2016, la Corte
Constitucional indicó que no existe otro mecanismo judicial para la protección del
derecho a la vida, la integridad física, la seguridad personal y el debido proceso,
cuando después de proferida una medida cautelar por parte de la CIDH, esta no es
cumplida a cabalidad por parte del Estado Colombiano. Debido a la urgencia y
amenaza, la acción de tutela es el medio judicial idóneo para la protección de los
derechos en riesgo.
90. Es necesario señalar que la Corte ha aceptado la procedencia de la tutela para
exigir el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH43 en razón
de (i) las similitudes y la complementariedad entre ambas figuras; (ii) la ausencia de
un recurso judicial interno para controvertir esos asuntos, y (iii) la violación al
derecho fundamental al debido proceso que tiene lugar cuando una medida cautelar
pierde sus efectos prácticos como resultado del cumplimiento deficiente o del
incumplimiento total del Estado requerido.
41 “Artículo 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, (…)”
42 Corte Constitucional T-375 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
43 Véanse las Sentencias T-558 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-786 de 2003 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-524 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-435 de 2009 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) y T-976 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva),
las cuales serán explicadas a profundidad en el texto principal del presente acápite.
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Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
91. Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de tutela de la referencia es
formalmente procedente pues satisface los requisitos de legitimación en la causa
por activa, al ser los beneficiarios de las medidas cautelares quienes invocan su
protección. Satisface el requisito de subsidiariedad pues los actores no tienen
pendiente por agotar ningún otro medio de defensa judicial, y se cumple el requisito
de inmediatez, toda vez que los hechos de amenaza y violación de sus derechos
fundamentales son actuales. En efecto, los tutelantes indican que a pesar de su
gestión ante instancias nacionales e internacionales no se ha robustecido su
esquema de protección colectiva ni tampoco se ha realizado el estudio de
reevaluación del riesgo, y de hecho, conforme lo indicaron en el escrito de amparo,
han sido víctimas de recientes atentados en su vida e integridad física.
Examen de fondo.
92. Frente al particular, la Sala verifica que los actores son catorce personas que
son miembros de la junta directiva de la organización social Asociación de
Desplazados del Catatumbo (ASODESCAT) y que, realizan actividades y litigio en
defensa de los derechos humanos de las personas víctimas del conflicto armado de
catorce municipios de la región del Catatumbo, en el departamento del Norte de
Santander.
93. Conforme la información allegada a este expediente de tutela y con miras a la
constatación de la vulneración de los derechos constitucionales invocados, se
verificó que la labor de defensa de los derechos humanos ha conllevado riesgos y
amenazas para los catorce miembros de la junta directiva. En junio de 2022,
mediante resolución 6490, la UNP concluyó que la asociación sufre un riesgo
colectivo extraordinario, motivo por el cual desde aquel año la organización es
beneficiaria de esquema de protección44, consistente en dos vehículos
convencionales y 4 escoltas, además de 30 celulares.
94. En las ocasiones en que los actores han afrontado dificultades de seguridad han
informado de hechos concretos de riesgo y amenaza ante las autoridades
competentes. Resultado de ello, por ejemplo, en oficio de 17 de mayo de 2023, la
44 Folio 17 de la Resolución 6490 de 2022. Samai aportada por la UNP en la respuesta de tutela.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Procuraduría Regional de instrucción de Norte de Santander dirigió una
comunicación a la UNP indicando la necesidad de proteger a uno de los miembros
de la junta directiva45.
95. Sumado a ello, el pasado 20 de noviembre de 2023, a través de resolución 66
de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas
cautelares a favor de los catorce miembros de la junta directiva. En consecuencia,
solicitó al Estado colombiano adoptar medidas urgentes y necesarias para proteger
la vida e integridad física de los miembros de la junta directiva.
96. Resultado de esa decisión de la CIDH y una vez notificada al Estado
Colombiano, la Cancillería convocó reuniones de acercamiento entre los
beneficiarios y las entidades públicas encargadas de proteger la vida e integridad
de los catorce miembros de la junta directiva de ASODESCAT. Como resultado de
una de las reuniones bilaterales entre la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, y en atención a que la
resolución de medidas cautelares exige que el Estado Colombiano adopte medidas
urgentes, flexibles e inmediatas, el 19 de diciembre de 2023, el primero propuso a
la segunda entidad que activara el trámite de emergencia previsto en el decreto
1066 de 2015. Propuso el Ministerio del Interior a la UNP:
“(…) se analice la viabilidad de emitir la valoración inicial del riesgo para activar el trámite
de emergencia colectivo y priorizar la reevaluación del riesgo, con relación al caso de
la Asociación de Desplazados del Catatumbo - ASODESCAT. Lo anterior, considerando los
siguientes argumentos: El día 20 de noviembre de 2023 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos - CIDH profirió la Resolución 66/23 mediante la cual se exhorta al Estado
de Colombia a la adopción de medidas para proteger los derechos de los miembros de la
junta directiva de la Asociación de Desplazados del Catatumbo – ASODESCAT, quienes han
sido víctimas de distintos hechos que atentan contra su vida e integridad personal, los cuales
hacen parte de las consideraciones de la mencionada resolución. // En adición a lo anterior,
el día 18 de diciembre de 2023 se celebró una reunión con el señor Fabián Cáceres,
representante legal de ASODESCAT, la cual contó con el acompañamiento de la Cancillería
y en la que el señor Cáceres solicitó la activación del trámite de emergencia colectivo
con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por la CIDH, en atención a la grave situación
de riesgo que enfrentan en territorio tanto él como el resto de los integrantes de la junta
directiva del referido colectivo” (negrilla y subrayado fuera del texto)
45 “Por lo anterior, se solicita que de MANERA INMEDIATA se realicen las acciones pertinentes de acuerdo con
su competencia con el fin de garantizar los derechos fundamentales del señor Cáceres Palencia y de la misma
manera se sirva informar a él y a este despacho al correo institucional hgmora@procuraduria.gov.co, las
decisiones que eventualmente sean proferidas por su entidad. Folio 39 del documento titulado “prueba VIII” en
Samai
33
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
97. El Decreto 1066 de 2015 establece una ruta de protección para las poblaciones
objeto de ataques y amenazas por el ejercicio de labores en defensa de los
derechos humanos. Prevé que toda solicitud de protección debe agotar un estudio
de riesgo consistente en un examen técnico, realizado por la propia UNP, el cual
además se realiza conforme a parámetros de adecuada información, participación
e investigación de las fuentes y potencialidad de materialización del riesgo. Una vez
se realiza la calificación del riesgo y este supera un mínimo cualitativo que va de
ordinario a extraordinario, la UNP profiere un acto administrativo dirigido a
implementar esquemas de seguridad.
98. El propio decreto prevé que, en casos de especial urgencia, el director de la
UNP, podrá adoptar medidas de protección, sin necesidad de evaluación de riesgo.
Establece el artículo 2.4.1.2.9. del Decreto 1066 de 2015:
ARTÍCULO 2.4.1.2.9. Medidas de emergencia. En casos de riesgo inminente y
excepcional, el director de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin necesidad
de la evaluación del riesgo, contemplando un enfoque diferencial, medidas provisionales
de protección para los usuarios del Programa e informara de las mismas al Comité de
Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas - Corren en la siguiente sesión, con el
fin de que este recomiende las medidas definitivas, si es del caso. // Con el propósito de
adoptar estas medidas de protección de emergencia, el Programa hará una valoración inicial
del riesgo al que está expuesto el peticionario, disponiendo en forma inmediata la realización
de la evaluación del Riesgo, que permita ajustar o modificar las decisiones adoptadas
inicialmente. // En todo caso, para adoptar medidas provisionales de protección se deberán
realizar los trámites presupuestales respectivos. // En circunstancias en que sea aplicable la
presunción constitucional de riesgo, para el caso de la población desplazada, incluidas
víctimas en los términos del ARTÍCULO 3 de la Ley 1448 de 2011, que intervienen en
procesos de restitución de tierras, el director de la Unidad Nacional de Protección deberá
adoptar medidas de esta naturaleza.
99. En su comunicación del 19 de diciembre de 2023, el director de derechos
humanos del Ministerio del Interior le propuso al director de la UNP la aplicación de
esta facultad normativa para atender el caso de la Asociación de Desplazados del
Catatumbo; puntualmente, en atención a la resolución de medidas cautelares y la
gravedad de la situación de seguridad de los 14 miembros de la junta directiva. Sin
embargo, la UNP en lugar de contestar o informar los motivos por los cuales no
adopta la decisión que le propuso la cartera del interior, el 4 de enero de 2024,
activó la orden de trabajo 661 con el fin de, a través de la vía ordinaria, reevaluar el
riesgo de los beneficiarios de las medidas cautelares.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
100. Al momento de completar la orden de trabajo, el 26 de febrero de 2024, cuando
la UNP entró en contacto con el representante legal de la Asociación, ASODESCAT,
se indicó que debía realizarse un taller de evaluación del riesgo colectivo. El
representante legal indicó que para poder realizar el taller resultaba necesario reunir
a un número plural de personas que tenía su domicilio en 14 municipios diferentes,
lo que quiere decir que debían concentrarse en un solo lugar personas de diversas
procedencias. Esta reunión para la evaluación colectiva del riesgo exige asumir
costos económicos de traslado. Ante este requerimiento, la UNP indicó que, entre
sus facultades legales no está la de asumir costos económicos de los talleres, pero
se comprometió a trasladarse hasta el lugar.
101. En su respuesta a la acción de tutela, la UNP sostuvo que los primeros
responsables de la protección de los defensores de derechos humanos son las
entidades territoriales, puntualmente las alcaldías y los departamentos. Sin
embargo, más allá de la afirmación no aportó evidencia dirigida a mostrar diligencia,
celeridad y cuidado con miras a coordinar con los entes territoriales (municipios y
departamentos) para gestionar la articulación de esfuerzos para la realización del
taller de evaluación del riesgo colectivo. Desde esa comunicación de febrero de
2024, no existe evidencia que la UNP haya avanzado en la realización de la
reevaluación del riesgo de los catorce miembros de la junta directiva ASODESCAT
y beneficiarios de la resolución de medidas cautelares de la CIDH.
102. Como se indicó más arriba, respecto a la garantía e implementación de
medidas cautelares, existen reglas jurisprudenciales claras, reiteradas
recientemente en la SU-546 de 2023 referida a la protección de defensores de
derechos humanos. En primer lugar, se indicó que; (i) la UNP debe ofrecer razones
jurídicas cuando toma una determinación en relación con el esquema de protección
de un defensor de derechos humanos y (ii) las medidas de protección deben
satisfacer requisitos como flexibilidad, oportunidad, y ser implementadas con la
adecuada urgencia.
103. Para esta Sala, la UNP vulneró los derechos al debido proceso, a la vida e
integridad física de los accionantes, pues no ofreció razones por las cuales, en su
criterio, el mecanismo de protección transitorio previsto en el artículo 2.4.1.2.9. del
decreto 1066 de 2015 no resultaba aplicable en este caso. Especialmente,
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
atendiendo a que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al
Estado Colombiano la adopción de medidas urgentes en favor de los beneficiarios,
y a que el propio ministerio del interior le propuso su activación. Esta petición del
Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior no era una solicitud
reservada o que no debiera ser conocida por los accionantes; de hecho, la UNP
conocía que la petición de activación del trámite especial fue iniciativa de los
tutelantes, compartida por el Ministerio del Interior. Sin embargo, la UNP no informó
las razones por las cuales resolvió no adoptar esta facultad reglamentaria con la
que cuenta, y que está prevista para casos de especial emergencia. La omisión de
respuesta a esta solicitud del director de derechos humanos y la falta de razones
jurídicas para que los peticionarios pudieran controvertir la determinación de no
activar el trámite de urgencia, implican una vulneración del derecho al debido
proceso de los actores.
104. Adicional a lo anterior, la UNP vulneró los derechos de los actores, pues
cuando inició el acercamiento con los tutelantes y estos requirieron a la entidad
condiciones de transporte para la realización del taller de riesgo colectivo, la UNP
manifestó que no era titular de esa obligación y que, en todo caso era necesario el
concurso de las entidades territoriales, puntualmente las alcaldías y el
departamento. No obstante, con esa conciencia y sabedora de las órdenes de la
SU-546 de 2023, en este escenario, no adoptó una actitud diligente para acercarse
a las mencionadas entidades territoriales para que concurran en la coordinación de
esfuerzos para la protección de la población defensora de derechos humanos.
105. No era suficiente argumentar que legalmente no tienen la obligación de asumir
los costos del taller de riesgo colectivo. Era necesario asumir la tarea de coordinar
esfuerzos entre diversas instancias del estado colombiano. Debe recordarse que el
pasado 5 de diciembre de 2023, la Corte declaró un estado de cosas
inconstitucional en materia de protección a líderes defensores y que, en el ordinal
décimo quinto de la SU-546 de 202346 se ordenó notificar “la existencia del estado
46 DÉCIMO CUARTO. DECLARAR la existencia de un estado de cosas inconstitucional debido a la falta de
concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población
líder y defensora de derechos humanos, por un lado, y la capacidad institucional y presupuestal para asegurar
el respeto, garantía y protección de esos derechos, por otro. En la superación de dicho Estado se encuentran
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de cosas contrario a la Constitución al Presidente de la República, al Presidente
del Senado de la República, al Presidente de la Cámara de Representantes, al
Ministro del Interior, (…) al Director de la Unidad Nacional de Protección”, entre
otras entidades, y que una de las consideraciones y órdenes de la Corte
Constitucional es que las autoridades del orden nacional deben robustecer sus
esfuerzos para coordinar y articular su trabajo para la protección de los líderes
sociales y los defensores de derechos humanos.
106. En términos de la Corte Constitucional prevista en la SU-546 de 2023, y que
comparte el Consejo de Estado una respuesta estatal que cite documentos y
decretos, pero que no transforme la realidad de inseguridad de los defensores de
derechos humanos, es contraria a la constitución y exige de las autoridades públicas
un mayor compromiso de protección. Si no se aumenta la responsabilidad en
defensa de los defensores, el contexto actual condena a los defensores y
defensoras de derechos humanos a un marasmo institucional. Explicó la Corte:
“905. Constituye una prioridad indiscutible asegurar que las personas que, en
medio de dificultades y al amparo del orden jurídico, alzan la voz por sus
comunidades y para la protección de los derechos humanos no sean acalladas. Sus
palabras y sus acciones no pueden coexistir con una actitud que asuma la privación
de sus derechos como una situación inevitable. La muerte violenta, el miedo
causado y la huida no pueden encontrar terreno fértil en una sociedad que se asienta
en la Constitución de 1991. Los derechos humanos son la expresión de la idea moral
de civilidad que no puede perderse en el “marasmo institucional” asociado a la
ineficiencia estatal.
(…)
907. La Sala Plena encuentra que en una situación como la analizada en esta
oportunidad, más allá de fijar criterios sustantivos definitivos acerca del modo en que
deben actuar las diversas autoridades, le corresponde establecer mecanismos para
evitar la inercia y favorecer la actuación coordinada de las autoridades”. (las itálicas
son propias del texto).
107. En criterio de esta corporación judicial, la UNP omitió coordinar esfuerzos con
las entidades territoriales, pues se limitó a verificar que no tiene competencias
normativas para aportar recursos al taller de riesgo colectivo, situación ante la cual,
ASODESCAT no tuvo condiciones para la realización de este requisito para la
reevaluación del riesgo. Ante este escenario, y debido a que la UNP ya conocía la
directamente comprometidos el Gobierno Nacional, las Entidades Territoriales y la Fiscalía General de la
Nación.
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SU-546 de 2023, tenía el deber de fortalecer los esfuerzos dirigidos a la articulación
de trabajo con las entidades territoriales, y en esa medida, no podía asumir la
posición contenida en el escrito de contestación de la tutela, conforme a la cual,
puesto que no tiene la competencia legal para invertir recursos económicos en el
taller de reevaluación del riesgo colectivo, el mismo no se realizará. Esto sin tener
en cuenta que se trataba de beneficiarios de medidas cautelares ordenadas por la
CIDH, y en un contexto de un reciente estado de cosas inconstitucional en materia
de defensores de derechos humanos.
108. Finalmente, este juez colegiado concluye que la UNP vulneró el derecho al
debido proceso de los actores, pues ante el escenario de que no se podría realizar
el taller de reevaluación del riesgo, toda vez que no se cuenta con la coordinación
de esfuerzos estatales para la inversión de los recursos económicos necesarios, la
UNP no ha concluido la orden de trabajo 661, activa desde 4 de enero de 2024, y
pasados 5 meses desde su inicio, aún no resulta claro cuándo se producirá su
conclusión. Además de que no se han surtido las etapas o procedimientos para su
adopción (no se ha realizado el taller de reevaluación de riesgo colectivo), ni se han
realizado gestiones para articular esfuerzos entre entes nacionales y territoriales
para su realización, tampoco se ha informado de una fecha eventual, en la cual se
tendrá respuesta sobre la reevaluación del riesgo colectivo. Se insiste, lo anterior,
cobra especial gravedad en atención a que se trata de la protección de defensores
de derechos humanos que fueron beneficiados por una resolución de medidas
cautelares adoptada por la CIDH.
109. Conclusión cercana debe hacerse en relación con las acciones desarrolladas
por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En su memorial de contestación de tutela
señala que, su responsabilidad reglamentaria se limita a la coordinación de los
espacios para que otras autoridades estatales satisfagan las órdenes proferidas por
la CIDH. No obstante, en criterio del Consejo de Estado su responsabilidad excede
la convocatoria de reuniones e incluye que los compromisos adquiridos en los
espacios de concertación se cumplan. Uno de esos compromisos fue que el
Ministerio del Interior solicitaría a la UNP la activación del trámite de emergencia.
La solicitud, como ya se indicó se realizó, sin embargo, el Ministerio de Relaciones
Exteriores no hizo seguimiento al cumplimiento de este compromiso, al punto que,
se desconocen las razones por las cuales la UNP se abstuvo de iniciar el trámite de
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urgencia. La omisión y falta diligencia de la Cancillería estribó en que asumió un rol
de poca gestión o impulso de los compromisos relacionados con el cumplimiento de
las medidas cautelares ordenadas por la CIDH.
110. En criterio de esta Corporación, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene
una responsabilidad fundamental en la garantía del cumplimiento de medidas
cautelares ordenadas por la CIDH, pues como ente encargado de la articulación de
esfuerzos estatales, debe convocar a todas las instancias que estime responsables
en un caso concreto, y debe hacer seguimiento a que se satisfagan los
compromisos adquiridos. Así lo ha entendido la Corte Constitucional en la
Sentencias T-030 de 2016 y T-236 de 2023, providencias en las que, en primer
lugar, se ha ordenado al Ministerio de Relaciones Exteriores que asuma con
especial diligencia la concreción e implementación de las medidas de protección de
líderes y defensores.
111. Con el fin de garantizar los derechos fundamentales tutelados, esta Sala
ordenará al Ministerio de Relaciones Exteriores que en el término de diez (10) días
desde la notificación de esta providencia, convoque a una reunión entre los
accionantes y todas las entidades nacionales y territoriales responsables en el
cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, con el fin de que,
con base en los criterios fijados en la SU-546 de 2023 puntualmente en lo que
respecta a las medidas de protección de los defensores de derechos humanos, esto
es, medidas adecuadas, idóneas y efectivas, concertadas, urgentes, flexibles y con
enfoque diferenciado, definan las medidas concretas en favor de los miembros de
la junta directiva de ASODESCAT.
112. Las medidas deberán estar acordadas e implementadas, en el plazo máximo
de tres meses desde la notificación de la providencia. En esos espacios de
concertación de las medidas de protección de las medidas cautelares deberán
resolverse pronta y eficazmente los aspectos de índole administrativa que plantean
los actores, tales como la garantía de quién instaló las cámaras de vigilancia y el
recubrimiento de los vidrios de la sede de ASODESCAT.
113. Asimismo, se ordenará a la UNP que, con base a los criterios de fijados en la
SU-546 de 2023 puntualmente en lo que respecta a las medidas de protección de
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los defensores de derechos humanos, esto es, medidas adecuadas, idóneas y
efectivas, concertadas, urgentes, flexibles y con enfoque diferenciado, concluya el
trámite de reevaluación del riesgo de la organización Asociación de Desplazados
del Catatumbo, ASODESCAT, contenido en la Orden de Trabajo 661. Hasta tanto
no se cuente con un resultado en firme sobre la evaluación de los riesgos de los
catorce beneficiarios de la medida provisional proferida por la CIDH, deberá
mantener la protección derivada de la aplicación del artículo 2.4.1.4.9 del decreto
1066 de 2015.
114. Se ordenará al Ministerio del Interior y al Departamento de Norte de Santander
que, en virtud de lo dispuesto en la SU-546 de 2023 coordinen esfuerzos con el fin
de garantizar el cumplimiento eficaz y célere de las medidas cautelares ordenadas
por la CIDH el pasado 20 de noviembre de 2023.
RESUELVE:
PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso, a la vida, a la integridad
personal, y la seguridad personal de Fabián Andrés Cáceres Palencia, Jaider José
Santiago Contreras, Alonso Pérez Rojas, José Édison Quintero Ascanio, Edy
Torcoroma Vega Flórez, Elida Rosa Ascanio Rodríguez, Andrea Sánchez Quintero,
Amparo Pallares Rodríguez, Luz Adriana Umaña Cáceres, Indre Marcela Pallares
Rodríguez, Sigifredo Santiago Contreras, Yeferson Danilo Quintero Ascanio,
Willington Quintero Acanio, Davinson Andrés Carvajal Gutiérrez, miembros de la
junta directiva de la Asociación de Desplazados del Catatumbo, ASODESCAT.
SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores que, en el término
de diez (10) días desde la notificación de esta providencia convoque y celebre una
reunión entre los accionantes y todas las entidades nacionales y territoriales
responsables en el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH,
con el fin de que, con base en los criterios de idoneidad y efectividad, concertadas,
urgentes, flexibles y con enfoque diferenciado, definan las medidas concretas en
favor de los miembros de la junta directiva de ASODESCAT. Las medidas deberán
estar acordadas e implementadas, en el plazo máximo de tres (3) meses desde la
notificación de la providencia.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
TERCERO: ORDENAR a la UNP que, con base a los criterios de fijados en la SU-
546 de 2023 puntualmente en lo que, respecto a los criterios de las medidas
cautelares de idoneidad, efectividad, concertadas, urgentes, flexibles y con enfoque
diferenciado, concluya el trámite de reevaluación del riesgo de la organización
Asociación de Desplazados del Catatumbo, ASODESCAT, contenido en la Orden
de Trabajo 661. Hasta tanto no se cuente con un resultado en firme sobre la
evaluación de los riesgos de los catorce beneficiarios de la medida provisional
proferida por la CIDH, deberá mantener la protección derivada de la aplicación del
artículo 2.4.1.4.9 del decreto 1066 de 2015.
CUARTO: ORDENAR al Ministerio del Interior como ente rector del sector de
derechos humanos, coordine adecuadamente el trabajo de los entes territoriales y
las autoridades nacionales. Esta coordinación exige la invitación a los entes
territoriales a las reuniones de seguimiento y concertación de medidas de
protección.
QUINTO: ORDENAR al Departamento de Norte de Santander que concurra de
manera robusta y decisiva en la protección de los catorce beneficiarios de las
medidas cautelares proferidas por la CIDH el pasado 20 de noviembre de 2023,
mediante resolución 66 de 2023, especialmente asumiendo responsabilidades para
la realización del taller de reevaluación de riesgo colectivo.
SEXTO: ORDENAR que, en caso de no interponerse recurso, por secretaría
remítase dentro del término legal a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF
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