Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02253-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02253-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02253-02
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
24 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02253-02
Demandante: Gaby del Carmen Arrieta Pedraza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-02253-02
Demandante GABY DEL CARMEN ARRIETA PEDRAZA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Concurso de méritos. Provisión de cargo en
carrera. Remisión lista de elegibles a nominador. Solicitud de
traslado previa. Cambio de nominador.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bolívar, contra la sentencia del 31 de mayo de 2024 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que resolvió:
“1º. CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por la señora
Gaby del Carmen Arrieta Pedraza, conforme a la parte motiva de esta providencia.
2º. ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, para que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, emita concepto
sobre la solicitud de traslado y la de nombramiento en carrera, de conformidad con los
lineamientos que rigen la materia y proceda a darle respuesta de fondo a Gaby del Carmen
Arrieta Pedraza, frente a la solicitud elevada el 10 de enero y el 5 de marzo del 2024, de
acuerdo con las razones manifestadas en la parte considerativa de este fallo”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de mayo de 20241, la señora Gaby del Carmen Arrieta Pedraza interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mérito
y al principio de confianza legítima.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“En caso de que no se acceda a la medida provisional invocada por urgencia, solicito
respetuosamente que se ordene la protección de mis derechos fundamentales del mérito,
carrera, confianza legítima, en conexidad con debido proceso e igualdad, y se ordene a las
accionadas que realicen sin más dilaciones y de forma inmediata, los trámites pertinentes
para la remisión de la lista en la que ocupo el primer lugar, con destino al Juez(a) Coordinador
del Centro de Servicios de los Juzgados Penales, ya que la seccional Bolívar ha sostenido
durante 6 meses que no remitirá mi lista hasta tanto la Unidad de Carrera se pronuncie sobre
la consulta elevada desde diciembre 2023, en la que solicitan las directrices a seguir por el
cambio de nominador, a pesar de que a través de mis peticiones le he hecho saber que
1 Escrito de tutela presentada por ventanilla virtual, SAMAI índice 2 expediente digital de primera instancia.
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tengo un derecho adquirido y consolidado. Además, que la Unidad de Carrera Judicial
ya dio a conocer su postura al resolver la apelación de otro caso que surgió como
consecuencia de la reorganización de la planta de personal de algunos despachos,
resaltando que ‘los ajustes a la estructura de la planta de personal de los despachos
judiciales, no deben afectar los derechos de carrera judicial’”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 6 de octubre de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
convocó a concurso de méritos para la provisión de los cargos de empleados
de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, de los Distritos
Judiciales de Cartagena, Bolívar y San Andrés Islas.
La señora Gaby del Carmen Arrieta Pedraza se inscribió para el cargo de
Escribiente para juzgados de circuito y presentó la prueba de conocimientos,
competencias y aptitudes el 3 de febrero de 2019.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar mediante la Resolución No.
CSJBOR21-1330 12 de octubre de 2021 conformó el registro de elegibles, en
el que la actora ocupó el primer puesto de la lista.
2.2. El 2 de octubre 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar publicó
la vacante del empleo de Escribiente en el Juzgado 3 Penal del Circuito de
Cartagena, al optó ese mismo día.
El 19 de octubre 2023, el Consejo seccional de Bolívar publicó el listado de
aspirantes por sede en el que ocupaba el primer lugar.
2.3. Manifestó que al ser publicado el listado de aspirantes por sede el 19 de
octubre 2023, y al ver que la lista en la que ocupó el primer lugar no era
remitida al juez nominador, presentó un primer derecho de petición el 19 de
diciembre 2023 ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar en el
que solicitó se le informaran las razones por las que no se le había dado a la
lista el trámite correspondiente.
El 22 de diciembre 2023 se dio respuesta a su petición en el sentido de
informarle que un empleado desde otra ciudad había pedido traslado para el
mismo cargo y despacho al cual aspiraba, por lo que le indicaron que “no puede
remitirse el listado de vacantes hasta tanto no se tenga conocimiento de la decisión
contentiva del concepto de traslado favorable o desfavorable por parte de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial”.
2.4. Sostuvo que al no obtener respuesta concreta en relación con la remisión al
nominador del empleo de la lista de elegibles, a inicios del mes de enero de
2024 se dirigió personalmente al Consejo Seccional de Bolívar donde le
informaron que no podían enviar la lista al nominador porque el cargo de
Escribiente de Circuito del Juzgado Penal que había elegido, a partir del 11 de
enero 2024 pasaría a la planta de personal del Centro de Servicios de los
Juzgados Penales de Cartagena (en cumplimiento a lo dispuesto en Acuerdo
PCSJA23-12124 del 19 diciembre 2023 del Consejo Superior de la Judicatura).
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2.5. El 10 de enero 2024 presentó una segunda petición formal y por escrito, en la
que solicitó la remisión de la lista aludida, al Juez Coordinador del Centro de
Servicios de los Juzgados Penales, para que continuara con la actuación
administrativa iniciada, esto es, proveer un cargo vacante conforme al principio
constitucional del mérito y de carrera judicial, máxime cuando tenía un derecho
adquirido al haber ocupado el primer lugar.
Mediante Oficio del 25 de enero de 2024 el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bolívar respondió la anterior petición, indicándole a la actora que no podían
enviar la lista de elegibles por el cambio de nominador, esto es, por haber
pasado el cargo del Juzgado Penal hacia el Centro de Servicios de Juzgados
Penales, lo que les había generado dudas sobre el trámite a seguir y por lo
que habían elevado consulta el 22 diciembre 2023 ante la Unidad de
Administración de Carrera Judicial “para que indique las directrices a seguir
respecto de la situación que se presenta con el cambio de nominador”.
2.6. Se refirió la accionante a una tercera petición que presentó nuevamente el 5
de marzo de 2024 al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, en el que
reiteró su solicitud y con respecto a la que se le indicó que no remitirían el
listado hasta que la unidad de carrera se pronunciara sobre la consulta elevada
desde diciembre 2023 con ocasión del cambio de nominador ante la
reorganización de los despachos judiciales.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mérito y al
principio de confianza legítima, pues pese haber ocupado el primer puesto en la lista
de elegibles, la misma no ha sido remitida al nominador para que se continuara con
su proceso de provisión del cargo en propiedad.
La actora afirma que lleva 6 meses presentando peticiones con el propósito de
conocer los motivos por los que la lista de elegibles no se ha enviado y que, el
cambio de nominador al que se refería la autoridad accionada no era una excusa
válida, sino que, por el contrario, se convertía en la afectación a su derecho al
mérito.
Anunció que, en un caso de otro participante en la misma convocatoria y de la
misma lista de la que hace parte, la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura al resolver un recurso de apelación que se interpuso como
consecuencia del mismo acuerdo de reorganización de la planta de personal de
algunos juzgados, la autoridad precisó que la estructura de la planta de personal de
los despachos judiciales no debían afectar los derechos de carrera judicial, y en ese
caso revocó la decisión de la seccional Bolívar que no permitía que el compañero
de su convocatoria pudiese trasladarse entre cargos de diferente jurisdicción.
Para sustentar la medida provisional que solicitó, indicó que esta situación agravó
su condición de salud dada la angustia, incertidumbre y el desgaste de estar
“suplicando un puesto durante seis meses”, más aún si se trata de un cargo al que
pretendía acceder por concurso de méritos. Se refirió a una insuficiencia venosa
diagnosticada como crónica, y que se encuentra a la espera de la realización de
una cirugía cardiovascular.
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4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 9 de mayo de 2024, el juez de tutela de primera instancia admitió
la demanda de tutela, negó la medida provisional solicitada y, ordenó notificar
a las partes accionante y accionadas.
4.2. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, rindió informe en el que indicó que lo pretendido por la
accionante era de competencia de los consejos seccionales de la judicatura,
en este caso, del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar a quien
correspondía remitir las listas de elegibles a las respectivas autoridades
nominadoras, sin que la Unidad tuviera injerencia en el mencionado trámite,
salvo situaciones particulares.
Agregó que no había trámites pendientes que impidieran la remisión de la
respectiva lista de elegibles, conforme lo señalaba la accionante, teniendo en
cuenta que a través del Oficio CJO24-1321 del 12 de marzo de 2024 y el Oficio
CJO24-2607 del 15 de mayo de 2024 se había dado respuesta a las consultas
elevadas al respecto por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar. Dijo
no ser la llamada a satisfacer las pretensiones de la accionante y pidió que se
negaran las pretensiones de la demanda de tutela.
4.3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, manifestó en el escrito
de impugnación, haber remitido el informe correspondiente en su momento.
Sin embargo, afirmó que, al verificar la constancia de envío de este, se detectó
que existía constancia de no entrega del mensaje de datos y que, en
consecuencia, se había enviado solicitud de adición de sentencia e
impugnación, por lo que pidió se tuvieran en cuenta tales argumentos, razón
por la que la Sala se ocupará de resolver la impugnación a continuación, de
acuerdo con los fundamentos allí propuestos.
4.4. El Consejo Superior de la Judicatura, no se pronunció en esta oportunidad2.
5. Providencia impugnada
5.1. En sentencia del 31 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, accedió a las pretensiones de la acción de tutela.
Precisó que de acuerdo con lo expuesto por la accionante, se presentó a una
vacante definitiva para el cargo de Escribiente de Juzgado de Circuito
Nominado en el Juzgado 003 Penal del Circuito de Cartagena, en una lista en
la que sólo se encontraba la hoy tutelante y que, para esa misma vacante, una
persona presentó solicitud de traslado, por lo que el Consejo Seccional de la
Judicatura había suspendido el trámite de la solicitud de nombramiento en
propiedad, mientras se definía la solicitud de traslado, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.
Sostuvo que, en efecto, la solicitud de traslado fue resuelta por el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial
mediante Oficio CJO24-1321 del 12 de marzo del 2024, en el que se le había
2 La constancia de notificación aparece remitida a la dirección de correo electrónico
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
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informado al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que «de conformidad
con el artículo 101-1 de la Ley 270 de 1996, le compete al Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar como administrador de la carrera judicial en su respectivo distrito,
analizar la normativa vigente aplicable al caso, dado que el cargo de escribiente de circuito
de centros, oficinas de servicios y de apoyo fue convocado a concurso de manera
independiente, tiene registro de elegibles propio, sus requisitos son diferentes a los
exigidos para el cargo de escribiente de juzgado del circuito y el nominador es el juez
coordinador de dicho centro».
En este sentido, el juez de tutela de primera instancia consideró que se
incumplía con el procedimiento que indicaba el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar al estar pendiente de proseguir con las gestiones
dirigidas al nombramiento del empleado que solicitó el traslado a la vacante o
para nombrar a la accionante, quien se encontraba de primera en la lista de
elegibles, de manera que le asistía razón a la actora Gaby del Carmen Arrieta
Pedraza cuando indicaba que se vulneraba su derecho al debido proceso, ya
que el único trámite pendiente para continuar con la actuación administrativa
solicitada era el concepto que le había sido comunicado al consejo seccional
el 12 de marzo de 2024, reiterado el 15 de marzo de la presente anualidad, de
manera que dicha autoridad como administrador de la carrera judicial en el
respectivo distrito, debía emitir concepto sobre la solicitud de traslado y la de
nombramiento en carrera y debía comunicarla a la accionante.
En relación con el derecho a la igualdad, dijo que en el caso de la accionante
no se evidenciaba vulneración alguna al no haber establecido los parámetros
para poder entender un trato diferenciado en los términos establecidos en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que no habían sido aportadas las
pruebas por la actora que evidenciaran una situación tal que implicara un trato
desigual.
Concluyó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar debía emitir
concepto sobre la solicitud de traslado y la de nombramiento en carrera, de
conformidad con los lineamientos que rigen la materia y resolver de fondo la
petición que le había hecho la accionante en los meses de enero y marzo de
2024.
5.2. Posteriormente en providencia del 16 de julio de 2024, se negó la solicitud de
aclaración de sentencia presentada por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bolívar, ya que, en sentir del juez de tutela de primer grado, se pretendía
suscitar el debate legal y litigioso ya resuelto en el trámite constitucional, por
lo que se trataba del simple desacuerdo con la decisión adoptada. Anotó que,
al haber presentado impugnación contra la decisión, se concedería la misma.
6. Impugnación
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar impugnó la decisión.
Manifestó que, mediante el Acuerdo CSJBOA23-180 del 27 de octubre de 2023,
esa Seccional procedió a formular ante el Juzgado 003 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Cartagena, lista de candidatos conformada con los
aspirantes que manifestaron su disponibilidad, destinada exclusivamente a proveer
en propiedad el cargo de escribiente de juzgado de circuito nominado que se
encontraba en vacancia definitiva.
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Precisó que, inicialmente junto con las opciones de sede presentadas por los
integrantes del registro de elegibles, se formuló solicitud de traslado de otra
Seccional, atendida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, así:
Tipo de Cargo al cual desea
Nombre Cargo actual Acto resuelve solicitud
traslado traslado
Puente Llamas Nacional Escribiente de circuito Escribiente de circuito CJO23-7375 del 11 de
Daniel José grado nominado grado nominado Juzgado diciembre de 2023 -
Juzgado 011 Laboral 003 Penal del Circuito de Concepto favorable de
del Circuito de Medellín Cartagena traslado
Anotó que el concepto favorable de traslado había sido comunicado por la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial a la Seccional el 19 de diciembre de 2023,
a las 5:00 p.m. a través del Oficio CJO23-7754 de esa fecha, esto es el último día
hábil laboral para los despachos sometidos al régimen de vacaciones colectivas,
dentro de los que hacían parte los juzgados penales del circuito.
Indicó que en esa misma fecha el Consejo Superior de la Judicatura había expedido
el Acuerdo PCSJA23- 12124, “Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de
carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional”, a través del cual
dispuso, entre otras, el traslado permanente de unos cargos de los juzgados
penales del circuito y, a partir del 11 de enero de 2024, el traslado permanente del
cargo de escribiente de circuito nominado del Juzgado 003 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Cartagena al Centro de Servicios Judiciales para los
juzgados penales de esa ciudad.
Argumentó que, con ocasión de la redistribución funcional de que había sido objeto
el cargo, habían cambiado tanto los requisitos exigidos para su desempeño como
la autoridad nominadora ante la cual debía conformarse la lista de elegibles para
su provisión en carrera y que, en virtud tanto del Acuerdo PCSJA19-11318 de 2019
como de lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia del 31 de mayo de
2018, radicado No. 11001032500020140110300, el nombramiento de los cargos
del Centro de Servicios Judiciales, sean estos en propiedad, provisionalidad o
encargo, correspondía al respectivo juez coordinador.
Explicó que ante esa situación especial, la Seccional mediante Oficio CSJBOOP23-
1641 del 22 de diciembre de 2023, presentó consulta ante la Unidad de Carrera
Judicial, para que indicara las directrices a seguir respecto del cambio de
nominador, específicamente sobre si esa Corporación debía formular una nueva
lista de elegibles con los mismos integrantes del Acuerdo respectivo o si en su
defecto, para la provisión en propiedad del cargo de escribiente de circuito
nominado trasladado al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de
Cartagena, se debía remitir a este último la lista de candidatos indicada junto con
el concepto favorable de traslado emitido por Oficio CJO23-7375 del 11 de
diciembre de 2023, por esa Unidad.
Tal situación se puso en conocimiento de la accionante Gaby del Carmen Arrieta
Pedraza a través de los oficios CSJBOOP23-1633 del 22 de diciembre de 2023,
CSJBOOP24-59 del 25 de enero de 2024 y CSJBOOP24-264 del 14 de marzo del
presente año.
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En relación con la consulta propuesta a la unidad de carrera, anunció que mediante
Oficio CJO24-1321 del 12 de marzo de 2024, comunicado el día 15 del mismo mes
y año, se había dado respuesta parcial a la consulta formulada, en la que se
advertía que si bien le corresponde a la seccional determinar lo procedente en
relación con la conformación de la lista de elegibles respecto de cargos que
requerían requisitos distintos para su desempeño, no se había pronunciado
respecto del concepto previo favorable de traslado emitido en razón de la
competencia que le era propia, por lo que por Oficio CSJBOOP24-456 del 18 de
abril de 2024, se había insistido en la solicitud de pronunciamiento respecto de la
situación del concepto de traslado proferido mediante Oficio CJO23-7375 del 11 de
diciembre de 2023, debido a que no se consideraba procedente que la seccional
adoptara determinaciones sobre lo decidido por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, punto que dijo, a la fecha, no había sido absuelto por esa
dependencia.
En ese sentido, advirtió que la falta de pronunciamiento expreso, amplio y concreto
sobre el punto planteado, impedía la adopción de una decisión definitiva por parte
de la seccional, en tanto ambos actos administrativos gozaban de presunción de
legalidad y surtían plenos efectos y que cualquier decisión que se adoptara con
respecto a la lista de elegibles no podía dejar de lado que conforme al inciso primero
del artículo 21 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, “Para la decisión definitiva de
las solicitudes de traslado, se remitirán a las respectivas autoridades nominadoras, los
conceptos favorables conjuntamente con las listas de aspirantes por sede, si a ello hubiere
lugar”, razón por la que la remisión de la lista de elegibles debía surtirse
conjuntamente con el concepto favorable de traslado emitido por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, para lo cual, era necesario que esa unidad
comunicara el alcance definitivo que le daría al concepto CJO23-7375 del 11 de
diciembre de 2023 y la decisión que sobre el particular adoptara, para que
posteriormente la seccional decidiera lo que correspondiera.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le asistió
razón al juez de primera instancia al amparar el derecho al debido proceso de la
señora Gaby del Carmen Arrieta Pedraza y ordenar al Consejo Seccional de la
3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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Judicatura de Bolívar que emitiera concepto sobre la solicitud de traslado pendiente
de resolver y la del nombramiento en carrera y, procediera a darle respuesta de
fondo a la accionante en relación con las solicitudes por ella presentadas el 10 de
enero y el 5 de marzo de 2024, en relación con que se remitiera al respectivo
nominador la lista de elegibles en la que ocupaba el primer lugar.
3. Mora administrativa en concursos de méritos y su análisis en el caso
concreto.
3.1. El artículo 29 de la Constitución Política establece que el derecho fundamental
al debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y
administrativas. Así, al momento de determinar su alcance tal disposición
constitucional prevé que toda persona tiene derecho a “un debido proceso público
sin dilaciones injustificadas”.
La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: “(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora
desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del
asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el
análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la
demora”.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que el simple incumplimiento de un
término establecido en la ley no implica per se la vulneración del derecho al
debido proceso, pues para ello es necesario que tal dilación sea injustificada.
En otras palabras, “cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando
existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso (…)”.
Aunque la jurisprudencia transcrita refiere a los procesos judiciales, es
plenamente aplicable en los casos de mora administrativa debido a que el
artículo 29 constitucional establece la procedencia de este derecho
fundamental en ambos escenarios.
De igual forma, la ausencia de términos legales no exime de responsabilidad
a las autoridades de resolver los asuntos que les son planteados dentro de
términos razonables, puesto que se tratan de actuaciones regidas por los
principios de eficacia, economía y celeridad previstos en el artículo 209 de la
Constitución. En estos eventos el juez deberá examinar las particularidades de
cada caso para determinar si la complejidad del asunto, el estado del
procedimiento, el impulso del interesado y la actividad de la entidad justifican
o no la dilación.
Ahora bien, en materia de concurso de méritos el artículo 164 4 de la Ley 270
de 1996 dispone que la convocatoria es la norma que regula todo proceso de
selección en la Rama Judicial. Allí se fijan las condiciones que deben cumplir
los participantes y las reglas que auto vinculan y controlan el actuar de la
Administración, a fin de garantizar el principio del mérito como base fundante
del sistema de la carrera judicial.
4 Ley 270 de 1996. Artículo 164: “2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección
mediante concurso de méritos.”
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En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha dispuesto que “Se trata de
reglas [haciendo alusión a la convocatoria] que son inmodificables, por cuanto se afectan
principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de los
asociados en general y de los participantes en particular” (Corchetes fuera de texto original).
Es por lo que cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos
consignados en la convocatoria vulnera el derecho fundamental del debido
proceso de los participantes.
No obstante, en el precedente constitucional se precisó que existen ocasiones
en las que por factores exógenos es necesario efectuar algunas
modificaciones a lo inicialmente previsto en la convocatoria. Estas, sin
embargo, deben ser plenamente publicitadas para que los participantes
conozcan las nuevas reglas que rigen el concurso. En palabras de la Corte:
“(…) si por factores exógenos las reglas del concurso varían levemente en alguna de sus
etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria inicial, deben ser
plenamente conocidas por los partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios
de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y no se
menoscabe la confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros
fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa”.
Entonces, si bien la convocatoria tiene una vocación de inmodificabilidad como
regla general, excepcionalmente hay lugar a efectuar ciertos cambios, siempre
que estos se publiciten y comuniquen debidamente a todos los participantes.
3.2. De acuerdo con los antecedentes del caso, se advierte que la señora Gaby del
Carmen Arrieta Pedraza concursó y superó las etapas del concurso para
ocupar el empleo de Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado, código
260413 de los distritos judiciales de Cartagena, Bolívar y San Andrés Isla, en
el marco del concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo Nro.
CSJBOA17-609 del 6 de octubre de 2017.
Según las pruebas allegadas al expediente de tutela, mediante la Resolución
Nro. CSJBOR21-1330 del 12 de octubre de 2021 se conformó el registro
seccional de elegibles para el cargo mencionado, en el que se encuentra la
actora y, posteriormente mediante el Oficio CSJBOOP23-1400 del 18 de
octubre de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, presentó la
relación de aspirantes por sede, como consecuencia de la publicación de los
empleos vacantes, llevada a cabo del 2 al 6 de octubre de 2023, relación en la
que la accionante optó por el empleo al que había concursado, en el Juzgado
003 Penal del Circuito de Cartagena como única aspirante y en el que existía
un solo cargo vacante de la denominación del empleo para el que había
concursado la aspirante.
Pese a lo anterior, tal como informó el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, junto con las opciones de sede presentadas por los integrantes del
registro de elegibles, se formuló solicitud de traslado de otra seccional,
presentada por el señor José Daniel Llamas Puente, que fue resuelta por la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, en el sentido de emitir concepto favorable de traslado mediante el
acto administrativo CJO23-7375 del 11 de diciembre de 2023, información que
fue presentada por la seccional a esta instancia constitucional, en el siguiente
cuadro:
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Tipo de Cargo al cual desea Acto resuelve
Nombre Cargo actual
traslado traslado solicitud
Puente Nacional Escribiente de Escribiente de circuito CJO23-7375 del 11
Llamas circuito grado grado nominado Juzgado de diciembre de 2023
Daniel José nominado 003 Penal del Circuito de - Concepto favorable
Juzgado 011 Cartagena de traslado
Laboral del
Circuito de
Medellín
Dicho concepto favorable de traslado se comunicó al Consejo Seccional de la
Judicatura Bolívar mediante Oficio CJO23-7754 del 19 de diciembre de 2023
a las 5:00 p.m.
En el curso del procedimiento de provisión del empleo en propiedad, el
Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA23- 12124 del 19
de diciembre de 2023 “Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de
carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional”, en el que se
dispuso, entre otras, el traslado permanente de unos cargos de los juzgados
penales del circuito, a partir del 11 de enero de 2024, y el traslado
permanente del cargo de escribiente de circuito nominado del Juzgado
003 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena al
Centro de Servicios Judiciales para los juzgados penales de esa ciudad.
3.3. Ante la falta de remisión al nominador de la lista de elegibles en la que la
accionante era la única persona que había optado al empleo de Escribiente de
Circuito Nominado en el Juzgado 003 Penal de Circuito de Cartagena, la
interesada presentó tres peticiones ante por parte del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar, a las que se dio respuesta, según se desprende de la
información presentada por las partes y de las pruebas allegadas al presente
trámite:
Petición presentada por la
Respuesta dada por el
actora con el fin de que se
Consejo Seccional de Sentido de la respuesta
remitiera la lista de elegibles
Bolívar
al respectivo nominador
Petición presentada el 19 Respuesta el 22 de Se manifiesta a la actora que con ocasión
de octubre de 2023 diciembre de 2023 del cambio de nominador presentado para el
cargo de escribiente del Juzgado 003 Penal
del Circuito de Cartagena al Centro de
Servicios de Juzgados Penales por orden
del Consejo Superior de la Judicatura y
teniendo en cuenta el concepto favorable
dado a la solicitud de traslado presentada, el
22 de diciembre de 2023 se había
presentado consulta a la Unidad de Carrera
del Consejo Superior de la Judicatura para
que diera las directrices a seguir con ocasión
del cambio de nominador presentado.
Petición presentada el 10 Respuesta el 25 de Se indicó que no era posible aún atender a
de enero de 2024 enero de 2024 la remisión de la lista de elegibles, teniendo
en cuenta que existía un concepto favorable
previo de traslado de otro servidor y que, se
estaba a la espera de la respuesta del
concepto presentado ante la unidad de
carrera, para saber el paso a seguir dado el
cambio de nominador.
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Petición presentada por la
Respuesta dada por el
actora con el fin de que se
Consejo Seccional de Sentido de la respuesta
remitiera la lista de elegibles
Bolívar
al respectivo nominador
Petición presentada el 5 de Respuesta el 14 de Se le indicó que no era posible acceder a su
marzo de 2024 marzo de 2024 solicitud, por cuanto se estaba a la espera
de pronunciamiento por parte de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, respecto
del concepto favorable de traslado otorgado
al servidor Daniel José Puente Llamas hacia
el Juzgado 3° Penal del Circuito de
Cartagena, teniendo en cuenta que el
empleado mencionado se encontraba en
similar situación administrativa, al haber sido
otorgado concepto favorable previo al
traslado del cargo hacia el Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Cartagena y, teniendo en
cuenta que la remisión a los nominadores de
las listas de elegibles debía realizarse de
manera conjunta con los conceptos
favorables de traslado, por lo que era
necesario esperar a que la Unidad de
Administración de Carrera Judicial definiera
la situación del señor Daniel José Puente
Llamas. Se le indicó también que se insistiría
sobre la necesidad de contar con el
concepto.
De lo anterior se concluye que el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar ha dado respuesta a las solicitudes presentadas por la tutelante,
orientadas a que se remita la lista de elegibles al nominador, explicando la
imposibilidad de hacerlo, por dos razones: la primera, por existir un concepto
favorable de traslado de un empleado para el mismo empleo al que aspira la
actora y, la segunda, por el cambio de nominador (en razón del traslado
permanente del cargo de escribiente de circuito nominado del Juzgado 003 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena al Centro de Servicios Judiciales
para los juzgados penales de esa ciudad, ordenado mediante el Acuerdo PCSJA23-
12124 del 19 de diciembre de 2023) que, a juicio de la autoridad accionada, implica
contar con un concepto de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura, el cual no había recibido para el momento en que se
resolvieron las peticiones de la interesada.
3.4. En el caso bajo estudio, el juez de tutela primera instancia evidenció que el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar ya contaba con el concepto
favorable de traslado del servidor José Daniel Llamas Puente por lo que,
encontró vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de la actora y
estimó que la autoridad accionada, como administradora de la carrera judicial
en su respectivo distrito, debía proseguir con el trámite correspondiente para
la provisión en propiedad del cargo ofertado, esto es, remitir al respectivo
nominador el concepto favorable de traslado y la respectiva lista de elegibles,
a fin de que aquel procediera con el nombramiento de quien corresponda,
conforme a las disposiciones normativas que regulan la materia.
Tal como lo manifestó el juez de tutela de primera instancia, en el presente
caso se encuentra acreditado que desde el 12 de marzo de 2024 (comunicado
el 15 de marzo de 2024), la Dirección Seccional de la Judicatura de Bolívar
contaba con el concepto de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior
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de la Judicatura (el cual no es un requisito de ley para la provisión del empleo en
propiedad), de allí que nada le impedía remitir al nominador la lista de elegibles
y el concepto favorable de traslado, para que se efectuara la correspondiente
valoración de las hojas de vida, de los aspirantes al cargo ofertado, en los
términos del Acuerdo No. PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017.
Mediante Oficio CJO24-1321 del 12 de marzo de 2024 la Unidad de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, hizo las siguientes
consideraciones:
“Teniendo en cuenta que el traslado del cargo se efectuó con carácter definitivo, se entiende
que el cargo de escribiente de juzgado de circuito se transformó en escribiente de circuito de
centros de servicios. Por otra parte, la lista de elegibles conformada a través del Acuerdo
CSJBOA23-180 de 23 de octubre de 2023 y el concepto de traslado emitido mediante oficio
CJO23-7375 de 11 de diciembre de 2023 fueron emitidos con anterioridad a la expedición del
Acuerdo PCSJA23- 12124 de 19 de diciembre de 2023 cuya vigencia empezó a regir desde
su publicación, tienen presunción de legalidad y son de obligatorio acatamiento. Sin perjuicio
de lo anterior, el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, en los
siguientes eventos:
(…)
En ese sentido, de conformidad con el artículo 101-1 de la Ley 270 de 1996, le compete al
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar como administrador de la carrera judicial en su
respectivo distrito, analizar la normativa vigente aplicable al caso, dado que el cargo de
escribiente de circuito de centros, oficinas de servicios y de apoyo fue convocado a concurso
de manera independiente, tiene registro de elegibles propio, sus requisitos son diferentes a
los exigidos para el cargo de escribiente de juzgado del circuito y el nominador es el juez
coordinador de dicho centro”.
Así las cosas, para la Sala se encuentra acreditada la afectación al derecho
fundamental al debido proceso de la señora Gaby del Carmen Arrieta Pedraza,
al no darse continuidad al trámite tendiente a proveer el respectivo empleo por
esa específica razón a la que aludía la Dirección Seccional de Bolívar que era
la de no contar con el referido concepto, pues como se observa, este concepto
ya fue emitido con una serie de consideraciones que podían ser o no acogidas
por la respectiva seccional, motivo por el que la dificultad de no contar con el
respectivo concepto, ya había sido superada incluso para el momento en que
se emitió la sentencia de tutela en primera instancia, razones por las que la
Sala considera que debe confirmarse el amparo en este sentido.
3.5. De otra parte, en el escrito de impugnación contra la decisión de primera
instancia, la Dirección Seccional la Judicatura de Bolívar indicó que si bien
contaba con el concepto de la Unidad de Carrera Judicial, este era parcial
porque no se pronunció en relación con la solicitud de traslado que contaba
con concepto favorable.
Al respecto, precisa la Sala que si bien la autoridad accionada presentó una
consulta a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
al no tener claridad sobre ciertos aspectos en relación con el trámite que debía
impartirse en el caso concreto de la accionante, lo cierto es que dichos
conceptos no son vinculantes, sino simplemente criterios orientadores que
pueden o no acogerse por la Seccional.
De manera que el argumento que ahora incluso se presenta en el escrito de
impugnación en relación con el alcance al concepto inicial emitido por la unidad
de carrera, ahora en relación con el tema del concepto favorable que existe de
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otro servidor judicial quien aspira a ocupar la misma plaza para la que optó la
accionante, es un argumento que no puede ser considerado y que, por el
contrario, contribuye con dilación en el trámite que corresponde dar.
Es preciso entonces recordar que la Dirección Seccional de Bolívar tiene unas
funciones específicas que están regladas en la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, en cuyo artículo 101, numeral 1,
dispone el de “administrar la carrera judicial en el respectivo distrito”.
Esto debe guardar armonía con las disposiciones que rigen la materia y que,
en el caso concreto tiene regulación expresa, concretamente en el artículo
vigésimo primero del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017
del Consejo Superior de la Judicatura, en el que se dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Remisión de conceptos e Informes a las
autoridades nominadoras. Para la decisión definitiva de las solicitudes de traslado, se
remitirán a las respectivas autoridades nominadoras, los conceptos favorables
conjuntamente con las listas de aspirantes por sede, si a ello hubiere lugar”.
De modo que, conforme con lo dispuesto en el mencionado acuerdo, el trámite
que sigue consiste en la remisión a la autoridad nominadora, en este caso, del
concepto favorable de traslado emitido previamente frente a otro servidor, de
manera conjunta con las listas de aspirantes, en este caso, la lista en la que
se encuentra la accionante.
No puede pretender la Dirección Seccional de Bolívar desconocer el derecho
al mérito y de acceso a cargos públicos de la accionante Gaby del Carmen
Arrieta Pedraza, pues el cambio de nominador como consecuencia de una
decisión administrativa adoptada en ese sentido, no puede desconocer las
expectativas legítimas de quienes hacen parte del registro de elegibles y
optaron a una plaza de empleo con vacancia definitiva, que fue ofertada por la
misma Seccional con anterioridad a la trasformación de la planta de empleos
del despacho judicial al que aspiró la actora. Por el contrario, la autoridad
accionada está en la obligación de garantizar la culminación del procedimiento
tendiente a la provisión del empleo en propiedad, bajo las reglas previamente
establecidas.
La Corte Constitucional5 en la jurisprudencia actual ha sostenido que la carrera
administrativa guarda un vínculo, estrecho y disociable, con el mérito: «El mérito
es el elemento estructural que le otorga sentido a la carrera administrativa como medio
preferente para la selección de personal», al mismo tiempo en que ha manifestado que
«el mérito constituye una piedra angular sobre la cual se funda el sistema de carrera
administrativa».
Mas aún, la misma accionante presentó en los fundamentos de la presente
acción el caso de otro participante en la misma convocatoria y de la misma
lista de la que hace parte, en el que la Unidad de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura al resolver un recurso de apelación interpuesto como
consecuencia del mismo acuerdo de reorganización de la planta de personal
de algunos juzgados, en el que precisó que la estructura de la planta de
personal de los despachos judiciales no debía afectar los derechos de carrera
judicial, y en ese caso revocó la decisión de la Seccional Bolívar que no
permitía que el compañero de su convocatoria pudiese trasladarse entre
5 Sentencia C-067 de 2022.
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cargos de diferente jurisdicción, lo que se acompasa con la actual situación
que se presenta con el cambio de nominador, de manera que actuar contrario
a lo que se ha definido en situaciones similares, desconoce a su paso el
derecho fundamental a la igualdad de la actora.
3.6. Las razones expuestas permiten concluir que, el Consejo Seccional de la
Judicatura Bolívar conforme con la ley y las reglas que rigen los concursos
de mérito, debe proceder sin más dilaciones y dentro de las competencias que
le asisten como administrador de la carrera judicial en ese distrito, a tomar
acción en relación con el trámite que debe imprimir a la lista de elegibles y al
concepto favorable de traslado de servidor de la rama judicial, procediendo a
su remisión al respectivo nominador, a quien conforme a la normativa vigente,
ante esa concurrencia de solicitud de traslado y lista de elegibles para proveer
una misma vacante, le compete cotejar las hojas de vida de las dos personas,
la evaluación del mérito y las calidades profesionales y demás criterios
objetivos señalados en el artículo 134, numeral 3, de la Ley 270 de 1996, y
desarrollados en las sentencia C-295 de 2002, T-947 de 2012 y T-488 de 2004
de la Corte Constitucional y en el artículo 22 del Acuerdo No. PCSJA17-10754
de 2017, hasta que concluya el procedimiento correspondiente con el
nombramiento en propiedad del servidor en el cargo vacante ofertado.
4. Conclusión
Conforme lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que
amparó el derecho al debido proceso de la accionante.
Sin embargo, se modificará el numeral 2º de la decisión, en el sentido de ordenar al
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda sin más
dilaciones y dentro de las competencias que le asisten como administrador de la
carrera judicial en ese distrito, conforme con la ley y las reglas que rigen los
concursos de mérito de la Rama Judicial, esto es, remitiendo al respectivo
nominador la lista de elegibles de la que hace parte la señora Gaby del Carmen
Arrieta Pedraza y el concepto favorable de traslado de servidor de la Rama Judicial,
para que efectúe la ponderación objetiva de los aspirantes y verifique el
cumplimiento de los requisitos y condiciones para la provisión del respectivo
empleo, sin que las determinaciones de orden administrativo como la trasformación
de la planta de empleos del despacho judicial al que aspiró la actora, adoptadas con
posterioridad a la oferta del empleo, afecten las expectativas legitimas a acceder a
un cargo público en virtud de un concurso de méritos, de quienes hacen parte del
registro de elegibles y optaron a una plaza de empleo con vacancia definitiva.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
impugnada, proferida el 31 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, que quedará de la siguiente manera:
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Demandante: Gaby del Carmen Arrieta Pedraza
“2º ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, proceda sin más dilaciones y dentro de las competencias que
le asisten como administrador de la carrera judicial en ese distrito, conforme
con la ley y las reglas que rigen los concursos de mérito de la Rama Judicial,
esto es, remitiendo al respectivo nominador la lista de elegibles de la que
hace parte la señora Gaby del Carmen Arrieta Pedraza y el concepto
favorable de traslado de servidor de la Rama Judicial, para que efectúe la
ponderación objetiva de los aspirantes y verifique el cumplimiento de los
requisitos y condiciones para la provisión en propiedad del respectivo
empleo, sin que las determinaciones de orden administrativo como la
trasformación de la planta de empleos del despacho judicial al que aspiró la
actora, adoptadas con posterioridad a la oferta del empleo, afecten las
expectativas legitimas a acceder a un cargo público en virtud de un concurso
de méritos, de quienes hacen parte del registro de elegibles y optaron a una
plaza de empleo con vacancia definitiva”.
2. Confirmar en lo demás, la decisión impugnada, proferida el 31 de mayo de
2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las
razones expuestas.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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