RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02264-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02264-00

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02264-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Auditoría General de la República, por las razones expuestas en la parte motiva. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00 Demandante: José Francisco Ardila Medina SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por José Francisco Ardila Medina, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02264-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

20 de junio de 2024

1

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Accionante: José Francisco Ardila Medina
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y Contraloría
General de la República
Tesis: La acción de tutela es improcedente por no ser relevante
constitucionalmente, si el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez,
si no fue instaurada oportunamente a partir del momento en que se conocieron los
hechos motivo de la vulneración.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor José Francisco Ardila
Medina en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y la
Contraloría General de la República1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor José Francisco Ardila Medina, interpuso acción de tutela en contra
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y la Contraloría General de
la República, invocando la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, a la
seguridad social en conexidad con la dignidad humana y la indemnización integral,
que considera vulnerados con ocasión: (i) de la sentencia proferida por la autoridad
judicial cuestionada el 2 de noviembre de 2023, que resolvió confirmar el fallo emitido

1 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,
que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el accionante en contra del ente de control y (ii) de la actuación
del Contralor General de la República contenida en el comunicado remitido el 19 de
junio de 2018, al Auditor General de la República, en el que solicitaba revisar la posible
existencia de un conflicto de interés del señor Ardilla Medina, respecto de los procesos
en los que auditaba a la Contraloría General de la República.

Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

“4. SOLICITUD Y PRETENSIONES:

Por todos los argumentos de orden fáctico y jurídico expuestos en la presente
solicitud, más los que resulten del análisis a mi favor, me permito solicitar de los
Honorables Magistrados del Consejo de Estado, declarar procedente la acción
y conceder la tutela, de manera principal en razón a la presunción de la cual,
los jueces gozan dada la autonomía, para interpretar la Constitución, de tal
manera que no se vean amenazados o vulnerados los derechos fundamentales
de los asociados, por parte de los agentes del Estado que ejerzan funciones
públicas, por sus acciones u omisiones y de igual manera, solicito se ordene el
remplazo de la Sentencia acusada por una providencia que consulte los
postulados de confianza legítima en el Estado y acorde con el debido proceso,
teniendo en cuenta que la presente acción constitucional, cumple con cada uno
de los aspectos generales y especiales, referentes a la procedencia y solicito
con mi acostumbrado respeto, evaluarlas condiciones especiales de desamparo
del accionante, consecuente con lo expuesto en el presente escrito de acción
constitucional, consecuente con lo expuesto, me permito solicitar:

Al Honorable Consejo de Estado:

i) Declarar procedente la presente acción constitucional

ii) Amparar los derechos fundamentales al debido proceso conforme al artículo
29 de la Carta, el acceso a la administración de justicia, la seguridad social, en
conexidad con la dignidad humana y la indemnización integral, además, dados
los probados acosos por parte de agente del Estado con autoridad máxima por
su condición de Jefe de órgano de control de nivel nacional.

iii) Declarar NULAS las Sentencias de primera 25000-23-42-000-2017-04373-
00, Sección segunda Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y segunda instancia proferida dentro del mismo trámite de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho iniciado por el accionante, expediente
25000-23-42-000-2017-04373-01 número interno (1939-2020) –calendada el 2
de noviembre de 2023 (notificada el 7 de diciembre del mismo año), por Consejo
de Estado - Sección Segunda - Subsección “B”.

iv) En remplazo de las anteriores providencias, solicito respetuosamente,
ordenar o dictar una Sentencia acorde con la Constitución Política y la Ley, en
pro del derecho fundamental al debido proceso y demás amparos que la
Corporación Constitucional, considere suficientes, la cual consulte una
valoración adecuada del precedente judicial y se encuentre acorde con las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

reglas jurisprudenciales vigentes en la presente demanda.”2. (Negrilla del texto
original).

1.2. Como fundamento de la solicitud, en el acápite de hechos expuso que mediante
la Resolución nro. 81117-0002951 de 10 de diciembre de 2014, fue nombrado para
desempeñar el cargo de Contralor Delegado Intersectorial, nivel Directivo, Grado 04,
en la planta temporal de regalías de la Contraloría General de la República. Sin
embargo, el 6 de abril de 2017, fue retirado del servicio.

1.3. Señaló que contra la decisión de retiro interpuso recurso de reposición, el cual
fue desatado a través de la Resolución nro. 8117-01620 de 31 de mayo de 2017,
confirmando la misma.

1.4. Mencionó que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de los mencionados actos, de la cual conoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, que profirió fallo el 13 de diciembre
de 2019, negando las pretensiones invocadas.

1.5. Contra esa decisión judicial, presentó recurso de apelación que fue resuelto por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el sentido de confirmar
la sentencia de primera instancia.

1.6. Por otro lado, advirtió que después de laborar en la Contraloría General de la
República ingresó a la Auditoría General de la República como Asesor de Despacho,
donde le correspondió orientar “una Auditoria Especial a la Adquisición y Adecuación
de la Sede de la Gerencia Departamental Colegiada de Valle del Cauca de la CGR,
proyecto ajeno a los recursos del Sistema General de Regalías”.3

1.7. Adujo que, el 19 de junio de 2018, el Contralor General de la República, remitió
una comunicación al Auditor General de la República, solicitándole que verificará si el
accionante se encontraba incurso en un conflicto de interés, que no le permitiera
actuar con imparcialidad en los procesos en que se auditara a dicha entidad. Resaltó
que, dio respuesta a tal oficio el 26 de junio de 2018 y que, a partir de noviembre de
2019, fue retirado de la Auditoria General de la República.

2 Ibídem.
3 Visible a folio 3 ibídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

1.8. Enunció que es adulto mayor, pero que a pesar de ello no ha cumplido con las
semanas de cotización requeridas para adquirir su derecho de pensión, debido a que,
desde el 1 de noviembre de 2019, se encuentra desempleado, lo que le impedía
obtener un mínimo vital y le causaba un perjuicio irremediable.

1.9. Enseguida, presentó un aparte con referencias jurisprudenciales genéricas de
la Corte Constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. Más adelante, argumentó el cumplimiento de los requisitos generales para el
caso concreto y, puntualmente, en lo que atañe a la relevancia constitucional indicó
que los aspectos expuestos en la acción de tutela tenían importancia constitucional,
debido a que los fallos acusados habían sido proferidos fundamentándose en normas
inexistentes. Frente a este mismo aspecto, resaltó lo siguiente:

“El caso concreto se centra en que el funcionario que inicialmente actuó como
nominador en el momento del retiro del servicio CGR, con posterioridad,
nuevamente solicitó restringir el derecho al trabajo, en la AGR, situación que
condujo no propiamente a evitar un perjuicio al sujeto de control, sino más bien
decididamente, a perjudicar mediante una comunicación que puede calificarse
como de acoso laboral al accionante.

(…)

Dicho lo anterior, no queda asomo de duda respecto la discriminación, acoso,
abuso o desvió de poder de parte del Contralor General de la República, pues
a partir de aquel tiempo, la permanencia y estabilidad laboral en la AGR,
conllevó incomodidad y limitaciones en el desarrollo de funciones, al haberse
perdido la confianza en el funcionario que actuó siempre con arrestos de cumplir
con su deber, corriendo con la mala suerte, de haber sido escogido para retiro
de la CGR y posteriormente también de la AGR; por actuación directa en el
primer caso, y por influencia del mismo actor en el segundo, ambos con el
protagonismo decidido y confirmado del mismo funcionario nominal y personal
EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN - Contralor General de la República.
Considero entonces que, de allí proviene también sin duda la “Relevancia
Constitucional en la presente acción de tutela.”4

1.10. Por otro lado, reprochó que los fallos acusados habían incurrido en defecto
sustantivo, debido a que no se habían resuelto la totalidad de los cargos de nulidad
formulados y, además, concluyeron que “el Sistema General de Regalías carecía de
presupuesto para sufragar los costos del mantenimiento de la Planta Temporal de
Regalías de la CGR”, fundamentándose en el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016 y
el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, disposiciones que no le eran aplicables al caso,
lo que generó la vulneración de su derecho al debido proceso.

4 Visible a folios 21 y 22 de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

1.11. Por último, advirtió que se desconoció el precedente establecido en la sentencia
C-618 de 2015 de la Corte Constitucional, la cual definió la naturaleza de los
empleados temporales. Resaltó que, si bien el juez de segunda instancia transcribió
ese pronunciamiento en el fallo, lo cierto es que no lo interpretó en debida forma.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. El proceso de la referencia fue admitido mediante proveído del 10 de mayo de
2024. Particularmente, se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, a la Contraloría General de la República, a los Magistrados de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Auditoría General
de la República y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Auditoría General de la República5 señaló que respecto de la vulneración
de los derechos que se desprendía de los fallos proferidos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, no era la llamada a
responder, teniendo en cuenta que no había actuado dentro del trámite judicial, pues
la demandada en ese caso era la Contraloría General de la República.

Ahora, respecto del cargo relacionado con el conflicto de interés, afirmó que lo
relatado por el accionante era cierto, puesto que el Contralor General sí había
solicitado la revisión “del posible conflicto de interés en cabeza del doctor Ardila
Medina”6. Sin embargo, realizaron la correspondiente investigación, encontrando
que tal aspecto no existía, pero con el fin de evitar futuras controversias, optaron
por apartarlo de la auditoria mencionada.

Asimismo, se pronunció sobre los argumentos de acoso que describe el accionante
en la demanda, advirtiendo que no son ciertos, pues durante el tiempo que este
laboró en dicha entidad, no se presentó ninguna queja ante el Comité de
Convivencia, por lo que se trataba de una afirmación temeraria, carente de soporte
probatorio.

5 Visible a índice 11 ibídem.
6 Ibídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

Por último, solicitó su desvinculación del presente proceso, argumentando que las
obligaciones jurídicas pretendidas son exigibles a la Contraloría General de la
República.

2.3. Por su parte, la Contraloría General de la República7 mencionó que la acción
de tutela era improcedente, debido a que buscaba reabrir el debate que había sido
estudiado por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Al igual que, desconocía el carácter excepcional, residual y subsidiario del presente
mecanismo de protección constitucional.

2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca8 allegó la copia del expediente
nro. 25000 23 42 000 2017 04373 00.

2.5. La Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20219, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

3.2. Hechos relevantes

7 Visible a índice 12 ibídem.
8 Visible a índice 14 ibídem.
9 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto (…)”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

3.2.1. La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia el 2 de noviembre de 2023, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nro. 25000 23 42 000 2017 04373 00/01,
en el cual José Francisco Ardila Medina demandó a la Contraloría General de la
República. Esa decisión confirmó el fallo del 13 de diciembre de 2019, dictado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió negar las pretensiones de
la demanda, relacionada con la declaratoria de nulidad del acto administrativo que
decidió el retiro del actor del cargo de Contralor Delegado Grado 04.

3.2.2. El señor Ardila Medina, ingresó a laborar a la Auditoría General de la República
en el cargo de Asesor de Despacho, donde le fue asignada “una Auditoria Especial a
la Adquisición y Adecuación de la Sede de la Gerencia Departamental Colegiada de
Valle del Cauca de la CGR, proyecto ajeno a los recursos del Sistema General de
Regalías”10.

3.2.3. El 19 de junio de 2018, el Contralor General de la República remitió una
comunicación al Auditor General de la República, en la que solicitaba que se verificará
la existencia de un conflicto de interés que afectara la imparcialidad del actor para
adelantar auditoria en los casos en que participara la Contraloría, esto en razón a que
el señor Ardila Medina, para ese momento, había presentado una demanda en
desarrollo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
acto administrativo que resolvió retirarlo del servicio, expedido por esa entidad.

3.2.4. El accionante se desvinculó desde el 1 de noviembre de 2019, del cargo que
ocupaba en la Auditoría General de la República.

3.2.5. El señor Ardila Medina por encontrarse inconforme con las decisiones de las
autoridades judiciales accionadas y por considerar la existencia de un acoso laboral
causado por la Contraloría General de la República, interpuso la acción de tutela de la
referencia.

3.3. Análisis de la Sala

3.3.1. Cuestión previa

10 Visible a folio 3 del libelo introductorio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

De la solicitud de desvinculación de la Auditoria General de la República

La Sala advierte que la Auditoría General de la República solicitó su desvinculación
del presente asunto, aduciendo que las razones que fueron esbozadas en la petición
de amparo no eran atribuibles a esa entidad.

Así, es menester señalar que tal y como quedó constancia en el auto admisorio de
la demanda, la vinculación de ésta al presente asunto, es consecuencia del interés
que les puede asistir en las resultas del proceso, toda vez que esa es la entidad a
la que el Contralor General de la República remitió la comunicación del 19 de junio
de 2018, de la cual el actor predica la vulneración de sus derechos fundamentales.
De ahí que no sea posible acceder a dicha petición de desvinculación.

3.3.2. Ahora, en primer lugar, la Sala se enfocará en estudiar el punto de controversia
relacionado con la sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “B” en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicado 25000 23 42 000 2017 04373
00.

3.3.2.1 De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De la relevancia constitucional

En la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

Asimismo, la mencionada sentencia precisó que “los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 201911, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades12:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman tal requisito. De manera que, si no
se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar ese presupuesto.

3.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia adicional

Para determinar si está superada la relevancia constitucional, la Sala se detendrá
en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.

11 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-

103 de 2022.
12 Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022,

decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el
correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

Es pertinente señalar que en las sentencias SU-215 de 2022 y SU-128 de 2021, la
Corte estableció que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se previene que el recurso de amparo sea utilizado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.

Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales la autoridad judicial decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la
Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier
desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden,
utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese
propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.

3.3.2.3. Pues bien, la Sala advierte que no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la
acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o
reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la
interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente
que este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría
desconociendo la autonomía e independencia del juez natural.

3.3.2.4. Al respecto, de la revisión del expediente allegado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, radicado nro. 25000 23 42 000 2017 04373 00, se
advierte que el accionante expone en el escrito de tutela los mismos argumentos
que en su momento utilizó para sustentar el recurso de apelación instaurado en
contra del fallo del 13 de diciembre de 2019, puesto que aquí pretende controvertir
los fundamentos invocados por la autoridad judicial, para concluir que la Resolución
ORD 81117 00929 de 6 de abril de 2017, que ordenó su retiro del cargo de Contralor
Delegado Grado 04, había sido debidamente fundamentado y que en su momento
confirmó la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en proveído
del 2 de noviembre de 2023.

Asimismo, resalta como motivo de la vulneración que no le fueron estudiados la
totalidad de los cargos formulados en el proceso ordinario y que a pesar de aportar
el suficiente material probatorio para demostrar que la Contraloría General de la
República sí contaba con los recursos para mantener la planta de personal
temporal, sus pretensiones fueron rechazadas sin estudiar dicha documentación.

Pues bien, tal y como se puede observar en el índice 14 del Sistema de Gestión
Judicial Samai, los reproches esbozados por el actor en el recurso de apelación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

contra el fallo del 13 de diciembre de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, se relacionan en cuanto a i) la falta de pronunciamiento sobre la
totalidad de los cargos de nulidad presentados en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del acto administrativo que resolvió retirarlo
del servicio en la Contraloría General de la República, ii) la indebida aplicación del
artículo 21 de la Ley 909 de 2004, adicionado por el Decreto Ley 894 de 2017,
debido a que no era aplicable para el caso, por no estar vigente y iii) que no existía
reducción de ingresos durante el bienio 2017-2018, y por lo contrario, se dio un
incremento en el monto presupuestal en el Sistema General de Regalías, por lo que
la Resolución ORD 81117 00929 de 6 de abril de 2017, incurrió en falsa motivación.

De lo anterior, extrae la Sala que el litigio que se expuso ante la Jurisdicción
Contenciosa, tenía como finalidad que se analizara si el acto que ordenó el retiro de
un empleado temporal se encontraba incorrectamente justificado, problema que fue
debidamente resuelto por la Sección Segunda del Consejo de Estado. De la lectura
de las consideraciones de la sentencia del 2 de noviembre de 2023, se logra
observar que tanto los argumentos que se indican en el escrito de tutela como los
que en su momento fueron plasmados en el trámite ordinario contienen similitudes,
la cual es buscar la declaratoria de nulidad de la Resolución ORD 81117 00929 de
6 de abril de 2017, por medio de la cual se ordenó el retiro del servicio del accionante
en la Contraloría General de la República, por considerar que la misma carecía de
motivación, debido a que para el señor Ardila Medina, nunca existió una escasez de
recursos que impidiera que se pudieran pagar los salarios de la plana del personal
temporal que hacían parte del Sistema General de Regalías. Lo que claramente,
demuestra que los que se pretende con el medio constitucional es prolongar la
discusión en torno al enfoque de la sentencia del proceso contencioso
administrativo.

Por lo anotado, la Sala declarará improcedente la acción de tutela frente a este
cargo, por cuanto no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

3.3.3. Por otro lado, de la lectura del escrito de tutela la Sala extrae que el
accionante también atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al actuar
de la Contraloría General de la República. Esa entidad remitió un comunicado a la
Auditoría General de la República, solicitando que se verificara la existencia de un
conflicto de interés para que el señor Ardila Medina llevara a cabo investigaciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

en las que participara el ente de control. Según el accionante, esto generó un acoso
laboral que culminó en su retiro de la última entidad mencionada.

De la inmediatez

En lo que tiene que ver frente al mencionado cargo, la Sala encuentra que la
presente solicitud de amparo no cumple con el requisito de inmediatez, en razón a
que los hechos o la situación particular de la que se desprende la vulneración, que
es el comunicado remitido por el Contralor General de la República, sucedió el 19
de junio de 2018, además fue retirado de la Auditoria General de la República hasta
el 1 de noviembre de 2019, mientras que la acción de tutela se radicó el 8 de mayo
de 2024, esto es, casi seis (6) años después de que se ocasionó la supuesta
circunstancia de acoso laboral.

Cabe mencionar que, si bien el actor en los fundamentos de la tutela aduce que fue
solo hasta el 14 de marzo de 2024, que conoció de los hechos que para él
ocasionaron el acoso, lo cierto es que aportó como prueba el escrito del 26 de junio
de 2018, con el que dio respuesta al comunicado que radicó la Contraloría General
de la República. Lo que demuestra que desde esa fecha que el actor tuvo
conocimiento del motivo que para él ocasionó la vulneración de sus derechos
fundamentales, por lo que la Sala no encuentra razones de peso que justifiquen la
tardanza en acudir ante el juez de tutela.

Por último, se pone de presente que, si desde esa época el actor consideró que se
configuraba un acoso laboral, contaba con otros medios legales de protección para
defender sus intereses. Con todo, el presente cargo también se torna improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Auditoría
General de la República, por las razones expuestas en la parte motiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02264 00
Demandante: José Francisco Ardila Medina

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por José
Francisco Ardila Medina, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 20 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.