Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02283-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02283-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02283-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
8 de agosto de 2024
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 2 28 3- 0 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02283-01
Accionante: Luis Fernando Lenis Barco
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Tema: Acción de tutela contra sentencias proferidas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en las que se negaron las pretensiones de la demanda,
tendientes a que se declarara la nulidad de unos fallos de responsabilidad fiscal.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 8 de julio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El señor Luis Fernando Lenis Barco promovió acción de tutela para que se proteja
su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por el
Consejo de Estado, Sección Primera, y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
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HECHOS
Narró el actor que se desempeñó como alcalde del municipio de Yumbo, Valle del
Cauca, en el período comprendido entre el 3 de mayo de 2006 y el 31 de diciembre
de 2007.
Que el 17 de febrero de 2011 la Contraloría Municipal de Yumbo, por medio del Auto
140-003-8681 del 17 de febrero de 2011, dio apertura al proceso de responsabilidad
fiscal con número 001-11, contra varios funcionarios de ese municipio, por las
presuntas irregularidades presentadas en los contratos de fiducia y de cesión de
derechos con pacto de readquisición suscritos por el tesorero municipal que
permitieron supuestamente la colocación de recursos de regalías en patrimonios
autónomos en el 2007, los cuales no regresaron al ente territorial.
Que el 13 de mayo de 2014 la Contraloría Auxiliar 4 de la Contraloría General de la
República, cuando ya había caducado la acción, lo vinculó al proceso y le imputó
responsabilidad, y el 13 de agosto de 2015 la Contraloría Delegada Intersectorial 2
de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción falló en su contra.
Que, a través del Auto 01263 del 8 de septiembre de 2015, esta última Contraloría
resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la decisión recurrida y el 14
de octubre de 2015 la Contraloría General de la República confirmó el fallo.
Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Contraloría General de la República, en la que solicitó la nulidad de los autos
mencionados, y el 8 de julio de 2019 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó las pretensiones.
Que oportunamente interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia y el 28 de enero de 2021 el Consejo de Estado, Sección Primera,
confirmó la providencia recurrida.
Que el 4 de marzo de 2022 interpuso recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 porque estimó
que se configuró un defecto fáctico y un desconocimiento del principio de la non
reformatio in pejus en relación con la contabilización de la caducidad de la acción
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fiscal y el 7 de noviembre de 2023 el Consejo de Estado, Sala 26 Especial de
Decisión, lo declaró infundado.
Considera que, en las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, al determinarse que no operó la caducidad de la acción de responsabilidad
fiscal, se configuró un defecto fáctico.
Que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un error al concluir
que desde que fue llamado a declarar bajo la gravedad de juramento en el auto del
17 de febrero de 2011 en el proceso de responsabilidad fiscal tenía la condición de
sujeto procesal y, por tanto, que estaba vinculado al proceso.
Que el Consejo de Estado, Sección Primera, además, incurrió en un defecto
sustantivo porque desconoció la garantía de la non reformatio in pejus y desmejoró
su situación como apelante único, en la medida que modificó la postura del a quo,
según la cual la contabilización del término de caducidad debía iniciar desde el
hecho generador del daño que no era otro que el contrato de fiducia mercantil
irrevocable de administración y fuente de pago suscrito el 17 de julio de 2006, el
cual fue renovado el 8 y 21 de marzo de 2007 y 10 y 21 de diciembre de ese año.
Que, a pesar de lo anterior, esa autoridad judicial sostuvo que la caducidad debía
contabilizarse desde marzo de 2010, esto es, cuando ocurrió la última actividad de
los contratos de cesión, en lugar de limitarse a establecer si el auto de su vinculación
al proceso de responsabilidad fiscal fue proferido dentro del término de caducidad
de los 5 años, conforme al artículo 9 de la Ley 610 del 2000, a partir de las premisas
ya definidas en primera instancia sobre el inicio del término.
Que su vinculación se realizó por fuera del plazo que tenía la Contraloría, dado que
los hechos generadores del proceso ocurrieron en marzo de 2007, pero aquella se
realizó hasta el 13 de mayo de 2014, esto es, 2 años después de caducada la acción
fiscal.
Que, adicionalmente, se presentaron varias irregularidades o circunstancias que no
fueron tenidas en cuenta en el proceso de responsabilidad fiscal que generaron la
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, como son:1) la falta de
competencia de la Contraloría General de la República, por la tardanza en su
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vinculación al proceso mediante auto del que solo fue notificado hasta el 24 de junio
de 2014; 2) la ausencia de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal,
especialmente el nexo causal, y la determinación del grado de dicha
responsabilidad; y 3) la falta de valoración probatoria.
PRETENSIONES
Solicitó ordenar proferir una decisión conforme con los precedentes judiciales y
ajustada a derecho.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
El 14 de mayo de 2024 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela de la referencia, mediante auto, en el que ordenó
notificar al Consejo de Estado, Sección Primera, y al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, como accionados. Igualmente ordenó notificar a la Contraloría
General de la República y al Consejo de Estado, Sala 26 Especial de Decisión,
como terceros con interés.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Consejo de Estado, Sección Primera, por conducto del magistrado ponente de
la sentencia cuestionada, manifestó que la acción no cumple el requisito de
inmediatez, puesto que la sentencia del 28 de enero de 2021 fue notificada el 8 de
marzo de ese año y el actor instauró la tutela el 8 de mayo de 2014, esto es,
superados los seis meses previstos como plazo razonable, sin que exista alguna
justificación para la inactividad o se esté en presencia de un sujeto de especial
protección o de una persona en un estado de vulnerabilidad.
Señaló que tampoco se superó la exigencia de la relevancia constitucional, dado
que la solicitud de amparo se fundamentó en los mismos argumentos de mera
legalidad que se expusieron en el medio de control y fueron objeto de
pronunciamiento en la decisión cuestionada en esta sede, concretamente, los
planteamientos sobre la configuración de la caducidad de la acción de
responsabilidad fiscal, el hecho generador, el daño patrimonial, la gestión fiscal, el
nexo de causalidad y la valoración probatoria, lo que denota que se pretende utilizar
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esta acción como una instancia adicional al proceso ordinario y que la discusión es
simplemente legal.
Solicitó, en caso de estimar que la tutela es procedente, negar las pretensiones,
puesto que no incurrió en un defecto fáctico, sino que, por el contrario, valoró
debidamente las pruebas indicadas por el actor, las que lo llevaron a concluir que
aquel, como máxima autoridad administrativa del municipio de Yumbo, debió
impedir la continuación de la inversión ilegal en el patrimonio autónomo y tomar las
medidas necesarias para desmontar las inversiones, lo que demostró una conducta
omisiva y la falta de protección de los recursos públicos.
Añadió que tampoco incurrió en un defecto sustantivo porque en la sentencia
analizó el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y consideró que el término de 5 años
para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal debía contarse desde marzo de
2010, cuando debía ejecutarse la última actividad de los contratos de fiducia y
cesión de derechos de beneficios con pacto de readquisición, por tratarse de un
contrato sin liquidar por el incumplimiento del pago de los recursos, y, en ese
sentido, el hecho generador del daño al patrimonio público se materializó en ese
momento.
Que, aunque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fijó una fecha distinta
para el inicio del término de la acción sancionatoria, determinó que el procedimiento
se inició dentro del plazo legal. Agregó que no puede concluirse que la acción fiscal
caducó, pues el término previsto en la ley corresponde al inicio del proceso por parte
de la autoridad fiscal, mas no a la notificación o vinculación de los posibles
responsables, por lo que en ambas instancias se desestimó el argumento en el que
insiste el actor.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se limitó a remitir el expediente
digitalizado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La Contraloría General de la República, a través del contralor delegado
intersectorial núm. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción, sostuvo que analizó los argumentos sobre la caducidad de la acción de
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responsabilidad fiscal y la violación al debido proceso en el auto 275 del 6 de
noviembre de 2014, en el que se definió que no había fenecido ese término, por lo
cual tenía competencia para proferir las decisiones cuestionadas.
Que no le asiste razón al accionante sobre su ausencia de responsabilidad fiscal,
puesto que esta se comprobó al interior del proceso, en la que se analizó su
conducta y se adecuó a modo de culpa grave, ni tampoco existió una falta de nexo
causal o de valoración de las pruebas.
Concluyó que el proceso de responsabilidad fiscal se adelantó con respeto del
debido proceso y de todos los principios constitucionales que lo orientan, tanto así
que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no se logró desvirtuar
la legalidad de las decisiones allí adoptadas.
Añadió que actualmente se adelanta el Proceso de Cobro Coactivo J-1648 en contra
del accionante, en el que tampoco se han amenazado ni vulnerado sus derechos
fundamentales.
El Consejo de Estado, Sala 26 Especial de Decisión, guardó silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 8 de julio de 2024 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente la tutela porque consideró que no se cumplió el requisito de
inmediatez, puesto que entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada,
esto es, el 4 de marzo de 2021 y la instauración de esta acción transcurrió un tiempo
superior a 3 años y 2 meses, sin que se demostrara una circunstancia que justificara
esa tardanza.
Aclaró que, si bien la parte actora afirmó que se superaba esa exigencia porque el
24 de noviembre de 2023 el Consejo de Estado, Sala 26 Especial de Decisión, le
notificó la decisión del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que el plazo
razonable no podía calcularse desde ese momento, ya que ese recurso es un
proceso distinto al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
que se resolvió lo relacionado con la nulidad de los fallos de responsabilidad fiscal
cuestionados, y el actor no propuso reparos concretos contra el proveído que
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resolvió el recurso extraordinario referido, sino contra la sentencia de segunda
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Coligió que dicho recurso no podía ser utilizado como un mecanismo para ampliar
el plazo razonable previsto por la Corte Constitucional para la instauración de la
tutela.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia; para el efecto, indicó que
en esa decisión no se tuvieron en cuenta los argumentos que expuso y se
desconoció el precedente establecido por la Corte Constitucional en las sentencias
SU-090/18, SU-026/21 y T-571/23 y la sentencia del 1 de junio de 2023 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la tutela con radicado 11001-03-
15-000-2023-01961-00, según las cuales el solicitante del amparo debe agotar
todos los mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico y
realizar todos los trámites pertinentes antes de acudir al juez constitucional, como
lo es el recurso extraordinario de revisión.
Adujo que, en esa medida, no se entiende el argumento del juez colegiado de
primera instancia consistente en que el plazo razonable no podía contabilizarse
desde la notificación de la providencia que declaró infundado el recurso
mencionado, pese a que la única alternativa que tenía era agotarlo antes de formular
esta acción.
Que lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene presente que el objeto de la tutela
fue solicitar la revisión de la providencia judicial del 7 de noviembre de 2023 que
decidió el recurso extraordinario de revisión que interpuso.
Concluyó que la acción se instauró conforme al procedimiento expuesto por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, esto es, previo agotamiento del recurso
extraordinario de revisión como mecanismo principal y en caso de considerar que
continuaba la vulneración de su derecho fundamental acudir al mecanismo
subsidiario, esto es, la acción de tutela.
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Solicitó revocar la sentencia del 8 de julio de 2024 y amparar su derecho
fundamental al debido proceso.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
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II. Caso concreto
En síntesis, en la impugnación el accionante afirmó que la tutela sí superó el
requisito de inmediatez, puesto que este debe contabilizarse desde que se le notificó
la sentencia del 7 de noviembre de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sala 26 Especial de Decisión, declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión que interpuso en contra de la providencia del 28 de enero de 2021 proferida
por la Sección Primera de esta corporación judicial.
A esta Sala corresponde entonces verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales,
especialmente, la exigencia de la inmediatez, la cual no se encontró cumplida en
primera instancia.
Al respecto, se considera que, contrario a lo definido en la sentencia recurrida, en
el presente asunto la acción de tutela fue instaurada con inmediatez, si se tiene en
cuenta que el actor, antes de acudir a este mecanismo subsidiario, interpuso recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 28 de enero de 2021
proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue
resuelto el 7 de noviembre de 2023 y notificado el 24 de ese mes y año, mientras
que la tutela fue instaurada el 8 de mayo de 2024.
Como lo afirmó el accionante, debido a que su reparo frente a la sentencia proferida
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicaba en una
transgresión del principio de la non reformatio in pejus, esto es, en una nulidad
originada en la decisión que puso fin al proceso y contra la que no procedía recurso
alguno, porque, a su juicio, se agravó su situación como apelante único, al haberse
modificado la postura del juez de primera instancia en cuanto al cómputo de la
caducidad de la acción fiscal, debía agotar, previo a formular esta tutela, el recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
En ese orden de ideas, con el fin de cumplir el requisito de subsidiariedad, el actor
hizo uso del medio judicial con el que contaba antes de instaurar esta acción, por lo
cual no podría en esta sede contabilizarse la inmediatez desde la notificación de la
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sentencia de segunda instancia de nulidad y restablecimiento del derecho, pues fue
precisamente esta la que discutió a través del recurso extraordinario de revisión.
Sería, entonces, procedente continuar con el estudio de los yerros endilgados, pero
se observa que no se cumple el requisito de la identificación clara, detallada y
comprensible de los hechos que generaron la vulneración de los derechos
fundamentales, como se procede a explicar.
Debe resaltarse que los argumentos expuestos por el actor en esta sede se refieren
a dos aspectos: 1) las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de
responsabilidad fiscal y 2) los razonamientos del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y del Consejo de Estado, Sección Primera, consignados en las
sentencias de primera y segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionados con la caducidad de la acción de
responsabilidad fiscal.
Así las cosas, el primer desacuerdo no puede ser analizado en esta sede porque la
acción se dirigió a cuestionar las providencias proferidas por las autoridades
judiciales previamente señaladas, por la presunta incursión en algunos defectos y,
en ese entendido, los reparos no podían encaminarse a señalar los presuntos
errores cometidos al interior del proceso de responsabilidad fiscal por parte de la
Contraloría General de la República, quien no actúa aquí como accionada.
En relación con el segundo disenso, se advierte que la inconformidad del actor
residió en que el Consejo de Estado, Sección Primera, desconoció la garantía de la
non reformatio in pejus y desmejoró su situación como apelante único, en la medida
que modificó la postura del a quo, respecto a la contabilización del término de
caducidad de la acción de responsabilidad fiscal, esto es, la misma razón que lo
llevó a formular el recurso extraordinario de revisión.
Siendo de esta forma el debate aquí planteado fue puesto de presente y resuelto
por el Consejo de Estado, Sala 26 Especial de Decisión, en el marco de dicho
recurso, a pesar de lo cual el accionante no discutió la decisión del 7 de noviembre
de 2023 ni dirigió la acción en contra de esa autoridad y tampoco expuso ningún
reparo concreto frente a los argumentos que allí se emplearon para declarar
infundado el recurso.
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La anterior situación impide a este juez constitucional realizar un estudio de la
sentencia del 7 de noviembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, pues ello implicaría desconocer la determinación adoptada en el recurso
extraordinario de revisión que puso fin a la controversia que se plantea en esta
acción y que sería la que eventualmente podría afectar las garantías del actor, lo
cual no puede ser admitido en esta sede.
En ese orden de ideas, lo que se observa es que el actor no identificó claramente
los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales, por lo cual
se confirmará la sentencia del 8 de julio de 2024 proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente la acción, pero por las razones expuestas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 8 de julio de 2024 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente la acción, pero de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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