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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02289-00

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Gloria Maria Gomez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02289-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la salud, en conexidad con la vida e integridad personal en cabeza de la señora Flor de María Ramírez de Barrera. SEGUNDO: ORDENAR a Capital Salud E.P.S., que en el término de 48 horas, computados a partir de la notificación de la presente decisión, autorice e informé el sitio, fecha y hora en la que se realizarán los exámenes médicos ordenados a la señora Flor de María Ramírez de Barrera. Capital Salud E.P.S., deberá programar tales pruebas dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la presente decisión, conforme lo expuesto en la parte considerativa. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02289-00

Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya

6 de junio de 2024

Demandante: Blanca Nieves Barrera Ramírez como agente oficioso de
Flor de María Ramírez de Barrera
Demandado: Capital Salud E.P.S.
Rad: 11001-03-15-000-2024-02289-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02289-00
Demandante: BLANCA NIEVES BARRERA RAMÍREZ como agente oficioso
de FLOR DE MARÍA RAMÍREZ DE BARRERA
Demandado: CAPITAL SALUD EPS

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho a la salud, en
conexidad con la vida e integridad personal.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la solicitud de amparo interpuesta
por la señora Blanca Nieves Barrera Ramírez, como agente oficioso de Flor de
María Ramírez de Barrera contra Capital Salud E.P.S., en ejercicio de la acción de
tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el
Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

La señora Blanca Nieves Barrera Ramírez, actuando como agente oficioso de Flor
de María Ramírez de Barrera inició acción de tutela contra Capital Salud E.P.S., en
la que pretende el amparo de su derecho fundamental a la salud, en conexidad con
la vida e integridad personal.

En sentir de la accionante, la vulneración de tales garantías encuentra sustento en
la omisión en que ha incurrido la accionada frente a la autorización de los exámenes
médicos ordenados por el médico tratante a efectos de tratar la patología que
presenta la señora Ramírez de Barrera.

1 Índice 2

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Blanca Nieves Barrera Ramírez como agente oficioso de
Flor de María Ramírez de Barrera
Demandado: Capital Salud E.P.S.
Rad: 11001-03-15-000-2024-02289-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

SEGUNDO: Ordenar a la EPS CAPITAL SALUD y/o quien corresponda, que
suministre el debido tratamiento, procedimiento y autorizaciones pertinentes para los
exámenes requeridos.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Flor de María Ramírez de Barrera actualmente cuenta con 80 años de
edad, con base en su documento de identificación2.

El 19 de enero de 2024, la doctora Lilia Andrea Rojas Garzón, médica internista,
diagnosticó a la señora Flora de María Ramírez de Becerra con otros tipos de
enfermedad de alzheimer y ordenó el examen médico de electrocardiograma de
ritmo o de superficie SOD3.

En igual sentido, la doctora Omayra Josely Leal Montaña, médica ginecóloga y
obstetricia, en consulta realizada el 29 de febrero de 2024 le diagnosticó tumor
maligno del cuerpo de útero, parte no especificada, por lo que ordenó el examen
médico de tomografía computada de abdomen y pelvis (abdomen total)4.

Manifestó la agente oficiosa que, pese a los múltiples intentos ante Capital Salud
E.P.S., no ha sido posible obtener las citas para llevar a cabo la práctica de los
anteriores exámenes médicos.

1.4. Fundamentos de la vulneración

En criterio de la accionante, la conducta desplegada por parte de la entidad
accionada vulnera los derechos fundamentales a la salud, la vida e integridad
personal, pues, desconoce que se trata de un sujeto de especial protección dada
su avanzada edad. Al respecto, indicó:

La negación por parte de la EPS CAPITAL SALUD a realizar los exámenes requeridos
de manera urgente y sin tanta tramitología pone en riesgo la vida e integridad de mi
señora madre FLOR MARIA RAMIREZ de BARRERA adulta mayor, es una violación

2 Ver folio 8 del escrito de tutela.
3 Ver folio 6 del escrito de tutela.
4 Ver folio 5 del escrito de tutela.

2

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evidente a los derechos fundamental a la salud, a la cual se llega por desamparar y
poner en riesgo la calidad de vida, atentar contra la dignidad humana, e integridad
personal y en consecuente su vida.)

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 10 de mayo de 20245 la magistrada ponente avocó el conocimiento de
la solicitud de amparo, ordenó notificar a Capital Salud E.P.S., y vinculó como
terceros con interés a la Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte E.S.E.,
y a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

1.6. Intervenciones6

Pese a haber recibido la notificación del auto admisorio de la presente acción, se
tiene que tanto la accionada como las intervinientes, en la oportunidad procesal
correspondiente, guardaron silencio.

Conforme lo anterior, la Sala dará aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de
19917, por lo que se tendrán por ciertos los hechos que sustentan las pretensiones
planteadas en la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Si se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le
correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que, la tutela se
dirige contra Capital Salud E.P.S., y por ello el reparto del mecanismo de protección
constitucional debería hacerse en primera instancia, a los Jueces Municipales.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y al numeral 1º del artículo 2.2.3.1.2.1.
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha indicado que:

3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones
contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de
ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos
judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello

5 Índice 5 de Samai
6 Índice 7 de Samai. Mediante Oficios No. 203803 al 203806 del 16 de mayo de 2024 y remitidos a

las siguientes direcciones de correo electrónico: correspondencia@subrednorte.gov.co;
notificacionesjudiciales@subrednorte.gov.co; notificacionjudicial@saludcapital.gov.co;
notificaciontutelas@saludcapital.gov.co; notificacion.tutelas@capitalsalud.gov.co.
7 Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos

y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.
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implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las
autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de
proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de
justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo
como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de
instancia8. (Negrita y subrayado fuera del texto).

Igualmente, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden con
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió:

PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún
juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.

En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el
Consejo de Estado asume la competencia para conocer de la demanda que
presentó la señora Blanca Nieves Barrera Ramírez, como agente oficioso de Flor
de María Ramírez de Barrera.

Por otra parte, se precisa que en el presente caso se satisfacen los requisitos de
que trata el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, para dar aplicación a la figura de
la agencia oficiosa. Lo anterior, en atención a que la persona titular de los derechos
se trata de un adulto mayor que presenta un cuadro clínico que le impide ejercer la
propia defensa de sus garantías constitucionales.

2.2. Problema jurídico

Con base en los hechos expuestos en la acción de tutela y las pruebas aportadas
al proceso, la Sala debe absolver el siguiente interrogante:

• ¿Capital Salud E.P.S., vulneró los derechos fundamentales de la señora Flor
de María Ramírez de Barrera, al no autorizar la práctica de los exámenes
médicos ordenados?

Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) sujetos de especial protección constitucional y el
derecho a la salud; y (iii) el caso concreto.

2.3. Panorama general de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión

8 Corte Constitucional Auto A 462 de 219

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de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El
primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado.

El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.4. Sujetos de especial protección y el acceso al sistema de salud

En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte
Constitucional lo ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones
particulares, a saber, físicas, psicológicas o sociales, merecen un amparo reforzado
en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se
encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos,
síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por
la violencia, aquellas que se encuentran en extrema pobreza y «todas aquellas
personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de
desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que
la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de
la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta
obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de
protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones
afirmativas a favor de los grupos mencionados.»

Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los artículos
13 y 44, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva, creando garantías para los grupos marginados.

En relación con el derecho al diagnóstico, la Corte Constitucional, en reiterada
jurisprudencia ha dicho que todo paciente tiene la posibilidad de exigir a las
entidades prestadoras de salud que se le realicen y adelanten los procedimientos
que resulten necesarios, a efectos de que el médico tratante pueda determinar la
naturaleza u origen de su dolencia y así tener plena certeza sobre la patología, para
poder definir la prescripción más adecuada que permita lograr la recuperación de la
salud, o al menos asegurar la estabilidad del afectado.

En ese sentido, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional en la sentencia
T-508 de 2019 explicó que:

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“(…) es claro que la posibilidad de una persona de obtener cualquier tipo de terapia
médica resulta inane si no se logra identificar, con certeza y objetividad, cuál es el
tratamiento que puede atender sus enfermedades. Por ello, el acceso a un
diagnóstico efectivo constituye un componente del derecho fundamental a la salud,
que, a su vez, obliga a las autoridades encargadas de prestar este servicio a
establecer una serie de mecanismos encaminados a proporcionar una valoración
técnica, científica y oportuna. Del mismo modo, esa garantía comporta tres facetas, a
saber:

(i) la prescripción y práctica de las pruebas, exámenes y estudios médicos ordenados
a raíz de los síntomas presentados por el paciente, (ii) la calificación igualmente
oportuna y completa de ellos por parte de la autoridad médica correspondiente a la
especialidad que requiera el caso, y (iii) la prescripción, por el personal médico
tratante, del procedimiento, medicamento o implemento que se considere pertinente
y adecuado, a la luz de las condiciones biológicas o médicas del paciente, el
desarrollo de la ciencia médica y los recursos disponibles.

Adicionalmente, la práctica oportuna de ese dictamen no está condicionada por la
existencia de una enfermedad especialmente grave o de un hecho de urgencia
médica. Por el contrario, la Corte ha expresado que la expedición de una opinión
profesional en un tiempo adecuado es común a todas las patologías y que el derecho
al diagnóstico debe materializase de forma completa y de calidad.

En ese orden de ideas, al tratarse de un asunto de salud de una mujer perteneciente
a un grupo vulnerable por su avanzada edad merece una especial protección
constitucional, este juez de tutela encuentra la necesidad de otorgar un tratamiento
diferencial teniendo en cuenta que posiblemente se esté ante un riesgo cierto del
bienestar de la accionante.

2.5. Caso concreto

La Sala anticipa que concederá el amparo constitucional solicitado, en la medida
que se encuentra demostrado que los médicos tratantes de la señora Flor de María
Ramírez de Barrera ordenó la realización de una serie de exámenes cuyo objetivo
busca establecer la patología que actualmente padece y con ello definir el
tratamiento pertinente.

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Del mismo modo, de la consulta realizada en ADRES9, se tiene que la señora Flor
de María Ramírez de Barrera se encuentra actualmente en estado activo en la
E.P.S. Capital Salud bajo el régimen subsidiado y, en ese sentido, se encuentra en
la obligación de prestar los servicios de salud en favor de la accionante.

9https://aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=QQ1j95t

3Dkb+OxRaKJvqcQ
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Finalmente, conforme se explicó en líneas anteriores, se tiene que la vulneración de
los derechos fundamentales aún subsiste, pues, pese a que la accionada tuvo
conocimiento de la presente acción constitucional, decidió guardar silencio y, en
consecuencia, resulta procedente aplicar la presunción de que trata el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991. Sobre este punto, la Corte Constitucional precisó:

El artículo 20 del Decreto-Ley 2591 de 1991, consagra la presunción de veracidad
como un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad
pública o el particular contra quien se ha interpuesto la acción de tutela, en aquellos
eventos en los que el juez requiere cierta información (art. 19 Decreto 2591 de 1991)
y aquella no es allegada dentro del plazo respectivo o simplemente no llega, dicha
negligencia tiene como consecuencia que los hechos narrados por el accionante en
la demanda de tutela sean tenidos como ciertos.10

2.8. Conclusión

La Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales a la salud, en
conexidad con la vida e integridad personal en cabeza de la señora Flor de María
Ramírez de Barrera y, en consecuencia, dispondrá que en el término de 48 horas
Capital Salud E.P.S., informe el sitio, fecha y hora en la que se realizarán los
exámenes médicos ordenados a la paciente.

Adicionalmente, es necesario que Capital Salud E.P.S., programe la realización de
dichas pruebas dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la presente
decisión, en aras de no hacer nugatorias las garantías constitucionales amparadas
en esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

10 T- 517 de 2010.

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FALLA

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la salud, en conexidad con la
vida e integridad personal en cabeza de la señora Flor de María Ramírez de Barrera.

SEGUNDO: ORDENAR a Capital Salud E.P.S., que en el término de 48 horas,
computados a partir de la notificación de la presente decisión, autorice e informé el
sitio, fecha y hora en la que se realizarán los exámenes médicos ordenados a la
señora Flor de María Ramírez de Barrera.

Capital Salud E.P.S., deberá programar tales pruebas dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de la presente decisión, conforme lo expuesto en la parte
considerativa.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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