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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02291-01

Fecha
13 de agosto de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02291-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 5 de junio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, dadas las consideraciones que preceden. En su lugar, se dispone: Segundo. Rechazar la acción de tutela interpuesta por la señora Lucy Stella Navia Meneses en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, atendiendo lo expuesto en este proveído. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 11001-03-15-000-2024-02291-01 Demandante: Lucy Stella Navia Meneses Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02291-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

13 de agosto de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02291-01
Demandante: Lucy Stella Navia Meneses

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02291-01
Demandante: Lucy Stella Navia Meneses
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Tutela contra acto administrativo emitido en concurso de méritos.
Incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Subsidiariedad y
falta de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 5 de junio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que negó el amparo deprecado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Lucy Stella Navia Meneses, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al trabajo y al acceso al empleo público.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, y al Consejo Seccional

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02291-01
Demandante: Lucy Stella Navia Meneses

de la Judicatura del Valle del Cauca a unificar las listas de elegibles de los cargos de
citador de juzgado municipal, grado 3, código 262414, y citador municipal de centros
de servicios, grado 3, código 262416, teniendo en cuenta que entre estos no existe
diferencia, pues tanto los requisitos para su acceso como su remuneración salarial
son idénticos, y, por tanto, que también se le permita optar para el cargo de citador
municipal de centros de servicios del Valle del Cauca.

Asimismo, solicitó como medida provisional que se ordene a los accionados a
suspender, de manera inmediata, la oferta de las vacantes o plazas para el cargo de
citador municipal de centros de servicios, grado 3, código 262416, hasta que se
profieran los fallos de tutela de primera y segunda instancia —si llegare a recurrirse
el fallo constitucional de primer grado—, toda vez que de negarse la medida se
causaría un perjuicio irremediable tanto a la suscrita como a los demás integrantes
de la lista de elegibles del cargo de citador de juzgado municipal, grado 3, código
262414, por cuanto ya no tendrían ninguna posibilidad de elegir las plazas de los
Centros de Servicios —que ya se hayan ocupado por traslados— comoquiera que la
lista de elegibles ya se encuentra agotada.

1.1.2. Los hechos

La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) Mediante los Acuerdos CSJVAA17-71, CSJVAA17-73 y CSJVAA17-76 del 6, 11 y 23 de
octubre de 2017, respectivamente, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca dio inicio a la Convocatoria 4,1 mediante la cual convocó a concurso de
méritos para la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de
los cargos de Empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios
de los Distritos Judiciales de Cali y Buga, y Administrativo del Valle del Cauca.

ii) Se inscribió para el cargo de citador de juzgado municipal, grado 3, código
262414, aprobando satisfactoriamente todas las etapas.

1 Conforme al procedimiento previsto en el Acuerdo PCSJA17-10643 de 2017, mediante el cual el

Consejo Superior de la Judicatura dispuso que los Consejos Seccionales de la Judicatura, adelanten
los actos preparatorios, concomitantes y consiguientes, a fin de llevar a cabo el proceso de selección
para la provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de
Servicios de su circunscripción territorial.

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iii) Por medio de la Resolución CSJVAR21-203 del 24 de mayo de 2021, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca conformó el Registro Seccional de
Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales,
Juzgados y Centros de Servicios en los Distritos Judiciales de Cali y Buga.

iv) El 18 de agosto de 2023, radicó petición en la Secretaría del Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca en la que solicitó unificar las listas de elegibles
de los cargos de citador de juzgado municipal, grado 3, código 262414, y citador
municipal de centros de servicios, grado 3, código 262416, y que, en consecuencia,
también se le permitiera optar por este último, en consideración de que son pocas las
vacantes para el primero de los cargos y muy frecuentes para el segundo.

v) El 31 de agosto de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca dio respuesta a la solicitud, negando lo peticionado.

vi) La acción de tutela es el único mecanismo con que cuenta para evitar un perjuicio
irremediable, toda vez que su vinculación en propiedad a la Rama Judicial —en el
cargo en mención— garantizaría satisfacer sus necesidades básicas y las de su
familia, ya que actualmente se encuentra sin un empleo estable.

vii) La procedencia de la acción de tutela es inminente, pues aunque puede acudir
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta se torna ineficiente para
resolver el asunto con celeridad, comoquiera que la vigencia de la convocatoria está
próxima a vencer.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

La accionante presentó como fundamentos jurídicos de la acción, los siguientes:

i) Dado que la lista de elegibles para el cargo de citador de centros de servicios
municipales, código 262416, se encuentra actualmente agotada, la provisión de las
vacantes se están efectuando con nombramientos en provisionalidad, por no utilizar

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las listas de elegibles de cargos equivalentes, contraria los principios de eficacia,
economía y celeridad, consustanciales con la función administrativa.

ii) La petición que se procura no es contraria al ordenamiento jurídico, como lo
pretende hacer notar el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca —en
la respuesta al derecho de petición—, toda vez que revisadas las convocatorias
departamentales se puede apreciar, por un lado, que en la convocatoria prevista
mediante el Acuerdo CSJCAUA17-372 del 5 de octubre de 2017, el Consejo Seccional
de la Judicatura Seccional Cauca ofertó únicamente el cargo de citador municipal,
grado 3, y que en los Acuerdos CSJCAUA22-14 del 2 de febrero de 2022 y CSJCAUA-34
del 20 de marzo de 2024, dio la potestad de optar por los cargos vacantes de citador
de los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales Municipales. Tal es
el caso del aspirante Brum Styc Torres Bravo, que se inscribió para el cargo de
citador, grado 3, tanto para los juzgados municipales como para los Centros de
Servicios Judiciales para los Juzgados Penales; y, por otro, que en la Convocatoria
20, prevista para proveer los cargos de jueces civiles del circuito que conocen de
procesos laborales, el Consejo Superior de la Judicatura permitió a los aspirantes
optar también por las vacantes de los juzgados civiles del circuito, ante la ausencia
de lista para su provisión.

iii) El contexto fáctico narrado permite concluir una flagrante vulneración del derecho
a la igualdad, ya que en otras convocatorias si se ha permitido optar por vacantes de
cargos iguales o equivalentes.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 15 de mayo de 2024, el consejero de Estado Martín Bermúdez Muñoz
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar al Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y al Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, como demandados, para que dentro
del término de dos días se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la
acción de tutela; negó la medida provisional solicitada, al no advertir una
perturbación grave, inminente e irremediable de los derechos fundamentales del
accionante, pues a más de que el registro de elegibles tiene una vigencia de cuatro

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años, el cargo vacante tiene un código y denominación distinto al que la accionante
optó, por lo que se hace necesario determinar si existe o no similitud en el empleo; y
publicar la providencia en la página web de la corporación.

1.2.2. El 16 de mayo de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la señora Lucy Stella Navia Meneses, al Consejo Superior de la
Judicatura, a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y al Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, a través de su directora, Claudia M. Granados R., solicitó la
desvinculación del trámite de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva
o, en su defecto, negar el amparo invocado, dados los siguientes argumentos:

i) La función que cumple la Unidad de Administración de la Carrera Judicial en los
concursos de méritos de empleados a cargo de los Consejos Seccionales de la
judicatura es la de coordinación y apoyo, y en la etapa final, la de resolver los
recursos de apelación que se interponen contra los registros seccionales de elegibles
o las decisiones de exclusión. Por tanto, lo referente con la publicación de vacantes,
opciones de sede e integración de listas de empleados a nivel seccional le
corresponde al respectivo Consejo Seccional, en este evento, al Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca, conforme las competencias fijadas en los
artículos 101-1, 165 y 167 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA08-4856 de 2008.

ii) La accionante solo puede optar para el cargo en el que aprobó el concurso de
méritos, en las sedes vacantes que se oferten para este, en la forma prevista en el
reglamento y durante la vigencia de dicho registro. Sin perjuicio de lo anterior, es
preciso indicar que según el Acuerdo PCSJA17-10780 de 25 de septiembre de
2017,2 el cargo de citador municipal de Centros de Servicios Judiciales, Centros de

2 Por medio del cual se modifica el Acuerdo PSAA13-10039 de 2013 respecto a la inclusión en los

niveles ocupacionales establecidos en el artículo 161 de la Ley 270 de 1996 para algunos cargos de
empleados de Tribunales, Juzgados, Centros de Servicios Administrativos, Centros de Servicios
Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales, Oficinas de Servicios y de Apoyo,

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Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo, grado
3, no es equivalente al de citador del Juzgado Municipal, grado 3, por cuanto tienen
denominación y requisitos diferentes.

iii) Respecto del argumento de que se vulnera el derecho de igualdad porque hubo
otros integrantes del registro de elegibles de otras convocatorias que si se
posesionaron en otros cargos equivalentes, se hace necesario aclarar que, en el
primer caso, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca se abstuvo de dar
aplicación a la directriz como consecuencia de decisiones judiciales,3 proferidas con
posterioridad, en las que se dejó claro que el Consejo Seccional de la Judicatura no
puede permitir el acceso a los cargos de Centro de Servicios Judiciales, Centros de
Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo con el
registro de elegibles de otros cargos; y en el segundo caso, se destaca que la
convocatoria 20 no es comparable —por tratarse de situaciones y circunstancias
diferentes—, en tanto corresponde a un concurso de funcionarios con registro de
elegibles a nivel nacional, en los que los requisitos son iguales y por temas de
afinidad se permitió manifestación de opción de sede.

1.3.2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca dejó transcurrir
el término de traslado en silencio.

1.4. Sentencia impugnada

El 5 de junio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
desvinculó del trámite al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, y negó el amparo de los derechos
fundamentales del accionante, en atención a los siguientes considerandos:

i) Comoquiera que en la solicitud de amparo se cuestiona la respuesta que la
administración dio a la petición de unificar dos listas de elegibles, la accionante

(excepto en los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia Acuerdo
PSAA15-10445 de 2015.
3 Citadas en la página 2 de la Resolución CSJCAUR23-484 de 2023 expedida por el Consejo Seccional

de la Judicatura del Cauca.

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estaba en la posibilidad de demandar su legalidad ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, al no estar de acuerdo con lo allí resuelto.

ii) Sin embargo, en el caso se entiende cumplido el requisito de subsidiariedad, ya de
acuerdo con las sentencias SU-553 de 2015, T-059 de 2019, T-340 de 2020 y T-081
de 2021 de la Corte Constitucional, el referido requisito se entiende satisfecho en
casos en que las listas de elegibles están próximas a vencer, lo cual ocurre en el
asunto, toda vez que la lista de elegibles fue publicada mediante la Resolución
CSJVAR21-203 del 24 de mayo de 2021, y esta goza de una vigencia de cuatro años,

por lo que entre la fecha de presentación de la solicitud de amparo, 8 de mayo de
2024, y el cumplimiento de la vigencia de la lista de elegibles, 23 de mayo de 2025,
existe un término de aproximadamente un año, de manera que cuando se resuelva la
demanda ordinaria es muy probable que la lista de elegibles sobre la cual versa la
acción de tutela ya haya perdido vigencia.

ii) En el asunto no se advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca haya vulnerado los derechos fundamentales de la accionante al negarse a
unificar la lista de elegibles para los cargos de citador de juzgado municipal y citador
municipal de centro de servicios judiciales.

iii) En primer lugar, la accionante alega que el Consejo Seccional de la Judicatura del
Cauca equiparó —en una convocatoria— dos cargos frente a los cuales existía
equivalencia; no obstante, al revisar el Acuerdo CSJCAUCA17-372 del 5 de octubre de
2017, emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca —que convocó al
concurso de méritos al que la actora hace referencia—, se encontró que en ese
concurso únicamente se llamó a proveer el cargo de citador de juzgado municipal y
no el de citador municipal de centro de servicios judiciales, por lo que no presentó la
equivalencia alegada. Además, frente al caso particular del señor Torres Bravo Brum,
se observó que este fue nombrado para el cargo de citador de juzgado municipal,
que fue el ofertado en la referida convocatoria, por lo que no es cierto que tuviera la
opción de elegir entre el cargo de citador de juzgado municipal y el de citador
municipal de centro de servicios judiciales, ni tampoco que en la convocatoria se
realizara una equivalencia en los términos alegados por la actora.

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iv) En segundo lugar, tampoco se advierte un trato desigual en relación con la
Convocatoria 20 del nivel nacional, en la cual se permitió que personas que habían
integrado la lista de elegibles pudieran ser tenidos en cuenta para otros cargos
equivalentes no ofertados. Lo anterior, por cuanto en ese caso sí quedó demostrada
la equivalencia de los cargos en comparación, a saber, juez civil del circuito que
conoce de procesos laborales y juez civil del circuito, en cambio, en el caso de la
actora tal equivalencia no se encuentra demostrada, ya que revisado el Acuerdo
PCSJA17-10780 de septiembre 25 de 2017, en el cual se señalan los requisitos de
los cargos de citador municipal de Centro de Servicios Judiciales y citador de
Juzgado Municipal, se encontró que para el primer cargo se requiere una experiencia
de dos años en actividades administrativas o secretariales, mientras que para el
segundo se requiere una experiencia de un año en funciones relacionadas.

1.5. Impugnación

El 22 de junio de 2024, la señora Lucy Stella Navia Meneses manifestó impugnar la
decisión de primera instancia, al no estar de acuerdo con lo resuelto, sin presentar
argumentos de sustentación.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017,
según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o
al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección
que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4», en concordancia con lo dispuesto en el inciso 2, artículo 25 del Acuerdo
n.º 080 de 20194, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por
igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán

4Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Tercera de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para estudiar el acto administrativo controvertido por la
accionante y, en caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción
de la referida decisión se vulneraron los derechos fundamentales invocados, ante la
negativa de unificar las listas de elegibles.

2.3. Sobre la procedibilidad excepcional de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos

Es de amplio conocimiento dentro de la jurisprudencia constitucional que la acción de
tutela es improcedente para controvertir actos administrativos, en atención a que el
legislador ha dispuesto de otras vías judiciales ordinarias para su cuestionamiento,
de forma tal que aceptar su procedencia directa —para controvertir actos
administrativos— desdibujaría su carácter excepcional y contravendría lo previsto en
el artículo 86 constitucional, en el que se señala que el mecanismo de amparo
procede solamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial.

Sin embargo, el referido artículo abre la excepción de que la acción de tutela puede
proceder en caso de que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional, debe cumplir con las características de ser i) actual o inminente, es
decir, si está ocurriendo o está próximo a ocurrir; ii) grave, o tiene la potencialidad de
dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un
grado relevante; iii) que requiere de medidas urgentes; e iv) impostergable, a fin de
garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad.

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A más de lo anterior, la Corte también ha desarrollado como excepción adicional el
evento en que el medio judicial ordinario no sea idóneo u eficaz dadas las
circunstancias del caso concreto o las condiciones personales de vulnerabilidad o
debilidad del afectado, situaciones que de ser comprobadas procedería el
mecanismo de amparo como solución definitiva del asunto.5

Quiere decir lo anterior que el mecanismo de amparo solo tiene lugar cuando se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual
deberá probarse, o cuando dentro de los diversos medios legales existentes ninguno
resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado. De
no tenerse en cuenta dichos parámetros, el juez constitucional desconocería el
principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del
ordenamiento jurídico.

2.4. Hechos probados

De lo documentos obrantes en el expediente de tutela, la Sala establece lo siguiente:

i) El 17 de agosto de 2023, la señora Lucy Stella Navia Meneses presentó petición
ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en el que solicitó lo
siguiente:

[P]roceda a unificar las listas de elegibles del cargo con código 262416 «CITADOR
MUNICIPAL DE CENTROS DE SERVICIOS, GRADO-3» y código 262414 «CITADOR DE JUZGADO
MUNICIPAL GRADO-3».

ii) El 31 de agosto de 2023, a través del Oficio CSJVA023-993, el Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca dio respuesta en los siguientes términos:

De conformidad con lo señalado en el artículo 163 de la Ley 270 de 1996 «…los
procesos de selección serán permanentes con el fin de garantizar en todo momento la
disponibilidad para la provisión de las vacantes que se presenten en cualquier
especialidad y nivel dentro de la Rama Judicial. Todos los procesos de selección para
funcionarios y empleados de Carrera de la Rama Judicial serán públicos y abiertos.»

5 Posición reiterada en las sentencias T-396 de 2009, T-820 de 2009, T-354 de 2012, T-140 de 2013,

T-491 de 2013, T-327 de 2014, T-471 de 2014, T-222 de 2014, entre otras.

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Significando lo anterior que las convocatorias a concurso de méritos para ocupar los
cargos de funcionarios o empleados y, en el caso en concreto, la contenida en los
Acuerdos n°. CSJVAA17-71, CSJVAA17-73 y CSJVAA17-76 del 2017, es para todos
los cargos que existen en la comprensión territorial del Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca, estén o no vacantes.

En ese sentido, el Consejo de Estado ha considerado que « …La Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, determina, entre otros, que el régimen de carrera es
reglamentado y en relación con la provisión de empleos estableció que será por
convocatoria a Concurso Público y Abierto de Méritos, el cual es permanente con el fin
de garantizar en todo momento disponibilidad para la provisión de las vacantes que se
presenten en cualquier especialidad y nivel dentro de la Rama Judicial […], es decir,
que la convocatoria se produjo en virtud de los cargos a proveer, sin tener en cuenta
un número particular a suplir, y sin que exista justificación o motivación de la entidad
que advierta que en el presente caso se convocó a un número de cargos determinado,
pues se repite, la convocatoria se efectúo solamente respecto a la denominación del
empleo y no por el número de vacantes…».6

Conforme a lo expuesto, no es procedente que por ausencia de vacantes de un cargo
convocado se unifiquen los registros de elegibles con los integrantes del cargo que si
tiene opciones de sede disponibles, ello por cuanto además de lo antes referido, cada
cargo tiene unos requisitos específicos y pertenecen a una planta de personal
diferente; en el caso en concreto, uno a los despachos judiciales y el otro a los centros
de servicios.

Ahora bien, ante su inquietud por la imposibilidad de adquirir la propiedad en el cargo
de citador de Juzgado Municipal, grado 3, se le recuerda que el registro de elegibles
tiene una vigencia de cuatro (4) años,7 y en ese sentido, usted puede verificar la
publicación de las vacantes que se realiza mensualmente,8 en la página web de la
Rama Judicial.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se controvierte en el caso la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca, contenida en el Oficio CSJVA023-993 del 31 de agosto de 2023,
que resolvió negar la solicitud de unificación de las listas de elegibles de los cargos
de citador de juzgado municipal, grado 3, código 262414, y citador municipal de
centros de servicios, grado 3, código 262416, dentro de la Convocatoria la
Convocatoria 4, mediante la cual se convocó a concurso de méritos para la
conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de
Empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los
Distritos Judiciales de Cali y Buga, y Administrativo del Valle del Cauca.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente 2011-01651-01, M.P Bertha Lucía Ramírez de

Páez.
7 Artículo 165 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
8 Acuerdo PSAA08-4856 del 10 de junio de 2008, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02291-01
Demandante: Lucy Stella Navia Meneses

Alega la accionante que comoquiera que la lista de elegibles para el cargo de citador
de centros de servicios municipales se encuentra actualmente agotada, la provisión
de las vacantes para este cargo se está efectuando con nombramientos en
provisionalidad, por lo que no utilizar las listas de elegibles de cargos equivalentes,
contraria los principios de eficacia, economía y celeridad, consustanciales con la
función administrativa, a más de que vulnera su derecho a la igualdad, puesto que en
otras convocatorias si se ha permitido la unificación con cargos iguales y/o
equivalentes.

Pues bien, es de advertir, en primer lugar, que la presente acción no cumple con el
requisito de subsidiariedad, pues al ser el Oficio CSJVA023-993 del 31 de agosto de
2023, emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, un acto
de contenido particular, era susceptible de ser demandado a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
CPACA, dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación, según lo dispone el

artículo 164 ibidem, del cual no se evidencia que la accionante haya hecho uso, por
lo que es claro que perdió la instancia judicial ordinaria para plantear su desacuerdo
con lo resuelto en sede administrativa.

Y si bien se plantea como argumento que la Corte Constitucional ha dado paso a la
pretermisión de dicho requisito en tratándose de acciones de tutela dirigidas a
cuestionar actos administrativos adoptados al interior de un concurso de méritos en
los que se está próximo a que la lista de elegibles pierda vigencia, no lo es menos
que el interesado debe actuar con celeridad al acudir ante la administración de
justicia, en busca de la protección de los derechos que considera vulnerados, lo cual
no ocurrió.

Ello, por cuanto entre la adopción del acto administrativo objeto de cuestionamiento,
31 de agosto de 2023, y la interposición de la acción de tutela, 8 de mayo de 2024,
transcurrieron nueve meses, tiempo que contradice la inmediatez y urgencia con la
que debe actuar el juez constitucional, máxime cuando no se plantea ni se advierte
de lo narrado en el libelo ninguna circunstancia que sustente la inactividad para
solicitar la defensa de los derechos fundamentales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02291-01
Demandante: Lucy Stella Navia Meneses

En tal sentido, se encuentra, en segundo lugar, que la presente acción de tutela
tampoco cumple con el requisito de inmediatez, el cual no responde a motivaciones
caprichosas sino al amparo del orden judicial y social, partiendo del presupuesto de
que cuando una persona realmente encuentre afectados sus derechos
fundamentales de forma grave, acudirá inmediata y diligentemente al juez
constitucional para solicitar su restablecimiento, lo cual no se aprecia en el caso.

Así las cosas, se colige que el asunto no cumple con los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, pues además de que se dejó de utilizar el medio judicial idóneo para
controvertir la negativa de la entidad en acceder a lo solicitado, se acudió a la acción
de tutela sin una precavida inmediatez, y sin que se identificaran circunstancias
justificantes para su interposición tardía, en aras de analizar la pretermisión de los
referidos requisitos de procedibilidad, por lo que se impone su rechazo.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala revocará la sentencia de primera instancia
que negó el amparo invocado y, en su lugar, rechazará la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 5 de junio de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, que negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados, dadas las consideraciones que preceden. En su lugar, se
dispone:

Segundo. Rechazar la acción de tutela interpuesta por la señora Lucy Stella Navia
Meneses en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración
de la Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca,
atendiendo lo expuesto en este proveído.

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Demandante: Lucy Stella Navia Meneses

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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