Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02299-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02299-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02299-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de septiembre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02299 01
Accionante: Jorge de Jesús Luna Corpas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02299 01
Accionante: JORGE DE JESÚS LUNA CORPAS
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL
Tesis: No hay lugar a amparar los derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, a la vida digna, al mínimo vital,
a la dignidad humana y a la seguridad social, cuando se
alega que la autoridad accionada no expidió decretos de
reconocimiento de tiempos dobles de servicio con ocasión
de los estados de sitio y conmoción interior declarados en
el territorio nacional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 5 de junio de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que negó la solicitud de
amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jorge de Jesús Luna Corpas, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la Presidencia de la
República y el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02299 01
Accionante: Jorge de Jesús Luna Corpas
de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo, a la vida digna, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la
seguridad social, y para ello formuló la siguiente pretensión1:
“[…] Solicito con el mayor respeto del honorable juez de tutela
amparar los derechos constitucionales conculcados ordenando a los
tutelados expedir en las 48 horas siguientes al amparo de tutela EL
DECRETO EJECUTIVO Y LAS RESOLUCIONES PERTINENTES,
mediante el cual den cumplimiento al requisito exigido en la
sentencia 2014-04073 de 2020 del Consejo de Estado “3. Decreto
del Gobierno reconociendo expresamente a determinados agentes,
suboficiales, etc.” Y muy especialmente reconociendo a mi
mandante como beneficiario de los deprecados decretos aludidos de
declaración de Estado de Sitio y Conmoción interior […]”.
(Mayúsculas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que el 7 de agosto de 1980 “(…) ingresó a la escuela
de grumetes de la Armada Nacional de Barranquilla curso 107, realizado
hasta el día 7 de marzo de 1981, computable como tiempo de servicio
(siete meses), prestado a la Policía Nacional (…)”2. Agregó que,
posteriormente, el 7 de agosto de 1985 ingresó a la escuela Antonio
Nariño – ESANA, en la ciudad de Barranquilla en calidad de agente de la
Policía Nacional.
Manifestó que desde el 7 de diciembre de 1998 estuvo suspendido con
ocasión de una investigación penal y que, finalmente, el 13 de diciembre
de 2000 fue retirado de la institución por mala conducta.
Aseveró que, al momento del retiro de la Policía Nacional, contaba con
23.82 años de vinculación a dicha institución, contando los períodos de
servicio “duplicados” en virtud de los Decretos Legislativos nro. 1038 de
19843, nro. 1793 de 19924 y nro. 1900 de 19955, que declararon los
1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
2
Ibidem.
3
“Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio
de la República”
4
“Por el cual se declara el estado de conmoción interior”
5
“Por el cual se declara el estado de conmoción interior”
2
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estados de sitio y conmoción interior en el territorio nacional,
respectivamente.
Anotó que “(…) ninguno de los presidentes, ni ninguno de los ministros
de la república de Colombia, de cada época, incluida la actual, han emitido
un Decreto del Gobierno reconociendo expresamente a determinados
agentes, suboficiales, y en especial a mi mandante como ex – policía
beneficiario, del tiempo doble otorgado por ocasión y en razón [de] los
(…) decretos que declararon el Estado de sitio o la Conmoción Interior en
todo el territorio Nacional (…)”6.
Señaló que las autoridades accionadas han vulnerado sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la dignidad humana, al
mínimo vital, a la seguridad social y a la vida diga, debido a que, a pesar
de haber laborado en tiempos de estado de sitio y conmoción interior, no
está “debidamente incluido en un decreto, para que le sea reconocido el
tiempo doble para acceder a la pensión”7.
Agregó que “(…) los tutelados han violado el derecho fundamental al
debido proceso, por omisión, al no corregir los dislates de sus antecesores
de conformidad con el fallo del Consejo de Estado según sentencia 2014-
04073 de 2020 del Consejo de Estado que estableció los requisitos para
el reconocimiento de los tiempos dobles decretados en favor de policías y
militares en los Estados de Sitio o en los Estados declarados de Conmoción
interior (…)”8.
Expuso que, “(…) los requisitos establecidos por la sentencia del
honorable Consejo de Estado deprecado son los siguientes: “Para el
reconocimiento de los tiempos dobles se debe tener en cuenta el
cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Declaratoria de Estado de
sitio por turbación del orden público, hasta el decreto que levante la
medida. 2. Concepto previo del Consejo de Ministros. 3. Decreto del
6
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
3
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Gobierno reconociendo expresamente a determinados agentes,
suboficiales, etc.” (…)”9.
Indicó que “(…) ninguno de los funcionarios públicos en su orden
PRESIDENTE, MINISTROS, DIRECTORES NACIONAL DE POLICIA, de la
época de los decretos legislativos descritos (…), cumplieron con lo
ordenado por el honorable Consejo de Estado, para el reconocimiento de
los tiempos dobles definidos y prometidos a los militares y policías y por
lo tanto hoy día es competencia de los tutelados, corregir los yerros de
sus antecesores por amparo de tutela, toda vez que por omisión están
violando el derecho constitucional de los militares y policías al trabajo por
conexión nuclear al derecho a una pensión (…)”10.
Precisó que promueve la acción de tutela “como mecanismo transitorio y
para evitar un mal mayor, puesto que mi mandante ha instaurado la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el honorable juez
13 administrativo de Antioquia según radicado:
05001333301320190051100, el cual está en etapa de conciliación y
pruebas en la ciudad de Medellín, sin prueba alguna del decreto de
gobierno, reconociendo los tiempos dobles determinados en favor de
militares y policías reconocidos e individualizados por el ejercicio de su
trabajo durante la vigencia de los decretos de Estado de Sitio y Estado de
Conmoción interior, de tal manera que el accionante para obtener un fallo
favorable, que le permita acceder a la pensión debe presentar
extraordinariamente prueba de aquel”11.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
9
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
4
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Accionante: Jorge de Jesús Luna Corpas
3.1. La tutela fue radicada el 9 de mayo de 2024 a través de la ventanilla
virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Subsección B,
Sección Tercera del Consejo de Estado que por auto del 14 de mayo de
202412 la admitió y dispuso notificar13 al presidente de la República, al
ministro de Defensa Nacional y al director general de la Policía Nacional,
como parte accionada, así como vincular14 al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Medellín, como tercero interesado en el
resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Medellín para que remitiera copia digital o el hipervínculo de consulta del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 05001 33 33 013 2019 00511
00/01.
3.2. La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República – DAPRE rindió informe15 en el que solicitó la desvinculación de
dicha entidad del trámite tutelar debido a la improcedencia de la acción
de tutela por la falta de legitimación en la causa por pasiva y la falta de
cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Adicionalmente, de manera
subsidiaria, solicitó que se nieguen las pretensiones de la solicitud de
amparo respecto de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.
Señaló que el DAPRE no tiene competencia para ejecutar los reclamos
expuestos por la parte accionante, así como tampoco representa
legalmente a ninguna de las entidades accionadas o vinculadas en el
presente asunto, por lo que aseveró que es a CREMIL a quien le
corresponde pronunciarse al respecto.
12
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
13
Esta orden se cumplió el 16 de mayo de 2024. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
02299 00.
14
Ibidem.
15
Visto en los índices 12, 13 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
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Accionante: Jorge de Jesús Luna Corpas
3.3. El apoderado de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL
allegó escrito16 en el que manifestó que el Ministerio de Defensa Nacional
trasladó a dicha entidad la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge
de Jesús Luna Corpas, en contra de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.
Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva comoquiera que CREMIL
no es la entidad competente para resolver ninguna de las pretensiones de
la solicitud de amparo, teniendo en cuenta que el accionante no es titular
ni beneficiario de sustitución pensional alguna a su cargo, por lo que
solicitó su desvinculación del trámite tutelar.
3.4. El jefe encargado del área jurídica del grupo de asuntos legales de la
Secretaría General de la Policía Nacional presentó informe17 en el que
solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante ante la
improcedencia de la acción de tutela, debido a que no se evidencia la
existencia de vulneración alguna a sus derechos fundamentales
invocados.
Indicó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2014 04073 00/0118,
citado por el accionante en el escrito de tutela, “(…) [se resolvió] de
manera desfavorable las súplicas en lo referente a nulitar el acto
administrativo mediante el cual no se reconoció el tiempo doble (…) y no
como equivocadamente pretende hacer valer la parte actora a su
Honorable despacho judicial, pues aduce que el Consejo de Estado ordena
la creación o expedición del “Decreto del Gobierno reconociendo
expresamente a determinados agentes, suboficiales, etc.” (…)”.
Aseveró que “(…) lo pretendido por la parte actora es bajo un sofisma
distractor hacer incurrir en error al despacho judicial para así obtener
16
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
17
Visto en los índices 15 y 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
18
Promovido por el señor Gustavo Olaya Murillo en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional.
6
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Accionante: Jorge de Jesús Luna Corpas
resultados favorables a sus intereses constitucionales, pues nada tiene
que ver la referencia del despacho en casos análogos donde se pretende
el reconocimiento del tiempo doble o la exigencia del cumplimiento de los
tres requisitos establecidos por la misma, con las resueltas de la sentencia
citada por el señor Jorge de Jesús Lina Corpas (…)”.
Finalmente anotó que, si lo pretendido por el accionante es el
reconocimiento del tiempo doble de servicio, la acción de tutela es
improcedente, por cuanto no fue cobijado por las disposiciones
normativas establecidas para tal fin, en atención a que el último período
de estado de sitio se causó en el período comprendido desde el 26 de
febrero de 1971 hasta el 29 de diciembre de 1973 y el señor Luna Corpas
ingresó al escalafón como agente de la Policía Nacional con posterioridad
a dichas fechas.
3.5. La titular del Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín
remitió el enlace de acceso al expediente digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho solicitado, sin embargo, no se pronunció
sobre los hechos de la acción de tutela19.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de junio de 202420, negó las pretensiones de la acción de tutela al no
advertir una vulneración a los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
Para ello, expuso que “(…) el actor solicitó que por esta vía de tutela se
ordene a las autoridades demandadas que expidan los decretos
legislativos y resoluciones pertinentes para dar cumplimiento a la
sentencia de 6 de febrero de 2020 proferida por la Subsección A de la
19
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
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Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
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Sección Segunda del Consejo de Estado, que permitan el reconocimiento
de los tiempos dobles para el personal de la Policía Nacional que prestó
servicios durante los Estados de Sitio y Conmoción Interior decretados
por el Gobierno Nacional a través de los Decretos Legislativos 1038 de
1984, 1793 de 1992 y 1900 de 1995 (…)”.
Al respecto explicó que, contrario a lo afirmado por el señor Luna Corpas
en su escrito de tutela, la precitada providencia del 6 de febrero de 2020
negó las pretensiones de la demanda promovida por un agente de policía
que solicitaba el reconocimiento de tiempos dobles y dicha sentencia no
dictó un mandato específico para la expedición de decretos legislativos
por parte del gobierno; por el contrario, estableció que para el
reconocimiento de tiempos dobles se deben cumplir ciertos requisitos
específicos que no fueron demostrados por el entonces demandante.
Agregó que “(…) esa providencia indicó que no basta con la simple
declaratoria de Estado de Sitio o Conmoción Interior para el
reconocimiento automático de tiempos dobles y que es necesario que el
gobierno expida decretos específicos que reconozcan expresamente estos
tiempos y determinen las zonas en las cuales aplica dicho reconocimiento,
sin que tal afirmación constituya una orden para que el gobierno nacional
emita actos normativos de carácter general y abstracto en el marco de
sus atribuciones constitucionales y legales (…)”.
Anotó que el hoy accionante interpuso una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la cual solicitó que se declare que entre
él y la Policía Nacional existió una relación de trabajo por un período de
23.82 años, a partir del cálculo de los tiempos dobles que considera le
deben ser reconocidos por su servicio durante los estados de sitio y
conmoción interior.
En ese sentido, advirtió que “(…) a partir de la revisión del Sistema de
Gestión Judicial SAMAI, la Sala denotó que, a la fecha de expedición de
este fallo, se encuentra en trámite el proceso nro. 05001-33-33- 013-
2019-00511-00 cuyo conocimiento por reparto correspondió al Juzgado
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Trece Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, autoridad judicial
que el 8 de mayo celebró audiencia inicial y el expediente se encuentra
en etapa probatoria (…)”.
Conforme lo anterior, arguyó que actualmente el señor Jorge de Jesús
Luna Corpas tiene una demanda en curso, por lo que, si lo pretendido es
que se expidan decretos legislativos con el fin de que, a su vez, la
autoridad judicial le reconozca una pensión, ese será el escenario idóneo
para obtener el reconocimiento del beneficio prestacional que en definitiva
busca el accionante.
5. EL TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó21
reiterando que está probado que los estados de sitio y conmoción interior,
vigentes durante la prestación de su servicio, fueron los declarados
mediante (i) el Decreto Legislativo 1038 de 1984, expedido por Belisario
Betancur; (ii) el Decreto Legislativo 1793 del 8 de noviembre de 1992,
expedido por César Gaviria Trujillo; y (iii) el Decreto Legislativo 1900 del
2 de noviembre de 1995, expedido por Ernesto Samper Pizano.
Sostuvo que “(…) los requisitos establecidos por la sentencia del
honorable Consejo de Estado (2014-04073 de 2020), deprecada son los
siguientes: “Para el reconocimiento de los tiempos dobles se debe tener
en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Declaratoria de
Estado de sitio por turbación del orden público, hasta el decreto que
levante la medida. 2. Concepto previo del Consejo de Ministros. 3.
Decreto del Gobierno reconociendo expresamente a determinados
agentes, sub – oficiales, etc. (…)”. (Negrillas originales del escrito de
impugnación).
21
Visto en los índices 22, 23 y 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
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Aseveró que, aunque la precitada sentencia no ordenó a las autoridades
administrativas expedir el acto administrativo correspondiente, sí trazo
una línea jurisprudencial obligada para los jueces.
Anotó que los accionados no aportaron a la acción de tutela los decretos,
resoluciones o decisiones administrativas con las cuales hubieran dado
cumplimiento a los requisitos fijados por esta Corporación.
Señaló que “(…) el error de la honorable sala es palmario, es un error de
“bulto” porque para el caso concreto al no existir Decreto del Gobierno
reconociendo expresamente a determinados agentes, sub – oficiales, el
requisito no tiene razón de existir y por lo tanto la línea jurisprudencial,
podía cambiar bajo el principio IURA NOVIT CURIA y si por el contrario es
obligatorio, lo más razonable es amparar el derecho constitucional al
trabajo en conexidad con el derecho a la pensión, la dignidad humana, el
debido proceso, el mínimo vital, por reconocimiento tutelar del derecho al
cómputo de tiempo dobles para las fuerzas militares y de policía en
estados de excepción por conmoción interior (…)”.
Indicó que, cuando una omisión de la administración vulnera un derecho
fundamental, tal como el derecho a la pensión en conexidad con el
derecho al trabajo, el juez de tutela es competente para amparar y
proteger dichos derechos y corregir los yerros de las autoridades
administrativas, así como de las autoridades judiciales.
Finalmente solicitó que se revoque el fallo de tutela de primera instancia
proferido el 5 de junio de 2024 y que se amparen los derechos
fundamentales conculcados, “ordenando a los tutelados expedir en las 48
horas siguientes al amparo de tutela el decreto ejecutivo y las
resoluciones pertinentes mediante el cual den cumplimiento al requisito
exigido en la sentencia 2014-04073 de 2020 del Consejo de Estado “3.
Decreto del Gobierno reconociendo expresamente a determinados
agentes, suboficiales, etc.” Y muy especialmente reconociendo a mi
mandante como beneficiario de los deprecados decretos aludidos de
declaración de estado de sitio y conmoción interior o en su defecto bajo
10
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el principio IURA NOVIT CURIA, cambiar la línea jurisprudencial
eliminando los requisitos establecidos por el honorable Consejo de Estado
en la sentencia 2014-04073 de 2020 o dejándolos sin efecto”.
Por auto del 28 de junio de 2024 se concedió la impugnación22 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 11 de julio de 202423.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199124, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201525, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 26, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201927 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el señor Jorge de Jesús Luna Corpas, actuando
por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la
22
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
23
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 01.
24
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
25
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
26
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
27
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
11
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Accionante: Jorge de Jesús Luna Corpas
Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, con el fin de que amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la vida digna, al mínimo vital, a la dignidad humana
y a la seguridad social, los cuales estima conculcados por la omisión de
las autoridades accionadas al no expedir los decretos correspondientes
que le reconozcan los tiempos dobles de servicio prestado en la Policía
Nacional durante los estados de sitio y conmoción interior declarados en
el territorio nacional mediante los Decretos Legislativos nro. 1038 de
198428, nro. 1793 de 199229 y nro. 1900 de 199530.
Alegó que la vulneración de los precitados derechos se materializa al “no
estar debidamente incluido en un decreto, para que le sea reconocido el
tiempo doble para acceder a la pensión”31.
La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
proferida el 5 de junio de 2024, negó la solicitud de amparo al no advertir
una vulneración a los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
A su turno, en el escrito de impugnación, el accionante adujo, entre otras
cosas, que, “(…) al no existir Decreto del Gobierno reconociendo
expresamente a determinados agentes, sub – oficiales (…), razonable es
amparar el derecho constitucional al trabajo en conexidad con el derecho
a la pensión, la dignidad humana, el debido proceso, el mínimo vital, por
reconocimiento tutelar del derecho al cómputo de tiempo dobles para las
fuerzas militares y de policía en estados de excepción por conmoción
interior (…)”32.
28
“Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio
de la República”
29
“Por el cual se declara el estado de conmoción interior”
30
“Por el cual se declara el estado de conmoción interior”
31
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
32
Visto en los índices 22, 23 y 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02299 01
Accionante: Jorge de Jesús Luna Corpas
En igual sentido argumentó que cuando una omisión de la administración
vulnera un derecho fundamental, tal como el derecho a la pensión en
conexidad con el derecho al trabajo, el juez de tutela es competente para
amparar y proteger dichos derechos y corregir los yerros de las
autoridades administrativas.
Bajo dicho contexto, y comoquiera que el accionante insiste en que las
autoridades accionadas han vulnerado sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, a la vida digna, al mínimo vital, a la dignidad
humana y a la seguridad social, la Sala analizará si la omisión endilgada
a la parte accionada afecta los derechos invocados.
-) Frente al derecho fundamental al debido proceso
La Corte Constitucional ha indicado que el derecho al debido proceso “(…)
es un derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Carta Política,
el cual se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas con el fin de que todos los integrantes de la comunidad
nacional, en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado,
puedan defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el
preámbulo de la Constitución (…)”33.
De igual forma, ha señalado que “(…) existen unas garantías mínimas en
virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales
encontramos las siguientes: “(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a
la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la
actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la
participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a
que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno
respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi)
a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de
defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas,
33
Corte Constitucional. Sentencia T-010 del 20 de enero de 2017. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
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y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas
obtenidas con violación del debido proceso” (…)”.
En el escrito de tutela, el accionante alegó que las autoridades accionadas
“(…) han violado el derecho fundamental al debido proceso, por omisión,
al no corregir los dislates de sus antecesores de conformidad con el fallo
del Consejo de Estado según sentencia 2014-04073 de 2020 del Consejo
de Estado que estableció los requisitos para el reconocimiento de los
tiempos dobles decretados en favor de policías y militares en los Estados
de Sitio o en los Estados declarados de Conmoción interior (…)”34.
Al respecto, la Sala considera que, de lo expuesto en la solicitud de
amparo, no se evidencia una afectación a las garantías mínimas que
componen el derecho al debido proceso. Ello, comoquiera que el reproche
del actor no está encaminado a controvertir ninguna actuación
administrativa en la que se haya omitido realizar una notificación en
debida forma, o en la que se le haya impedido su participación afectando
su derecho de defensa o contradicción. De modo que, la omisión que la
parte actora endilga a las autoridades accionadas no se traduce en la
afectación del contenido de este derecho fundamental.
-) Frente al derecho fundamental al trabajo
La Corte Constitucional ha indicado que el núcleo esencial del derecho al
trabajo está compuesto por las siguientes garantías35:
“[…] La acción de tutela procede como mecanismo de protección del
derecho al trabajo cuando:
1. Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que
consiste en toda acción u omisión que impida el ejercicio de la
facultad de desarrollar una labor remunerada en un espacio y tiempo
determinado.
34
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
35
Corte Constitucional. Sentencia T – 611 del 8 de junio de 2001. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia un
desconocimiento de las condiciones dignas y justas en las que el
trabajador debe realizar su labor.
Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La
remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser
adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador,
a su preparación, experiencia, conocimiento y al tiempo durante el
cual vincule su potencial de trabajo a los fines que interesan al
patrono. No puede congelarse indefinidamente.
2. La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque
injustificado del núcleo esencial.
No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer un
oficio o cargo específico, en un lugar determinado ni la permanencia
absoluta en un cargo. El retiro del servicio no implica la prosperidad
de la acción de tutela, solamente hay lugar al estudio del caso,
cuando existe debilidad manifiesta o se trata una trabajadora
embarazada.
3. Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el salario
más la prueba de vulneración al mínimo vital del trabajador. La
situación económica de la empresa no es óbice para dejar de pagar
durante varios meses los salarios de los empleados. Las acreencias
laborales prevalecen incluso sobre cualquier crédito concordatario.
4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa pero
faltó en el procedimiento a los principios de buena fe al no expresar
los hechos precisos e individuales que provocan la justa causa de
terminación para que así, la otra parte tenga la oportunidad de
enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la
relación laboral y pueda hacer uso del derecho a la defensa y
controvertir tal decisión si está en desacuerdo.
5. Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual
salario igual. Un tratamiento diferente que vulnere este principio se
considera una discriminación, es un trato diferente sin justificación
racional ni razonable […]”.
El actor en el escrito de tutela anotó que, a pesar de haber laborado para
la Policía Nacional en tiempos de estado de sitio y conmoción interior, no
está “debidamente incluido en un decreto, para que le sea reconocido el
tiempo doble para acceder a la pensión”36, reproche que no pertenece al
núcleo esencial del derecho al trabajo, comoquiera que la presunta
36
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
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omisión en la expedición de los decretos correspondientes que reconozcan
dichos tiempos dobles de servicio, no implica un impedimento en el
desarrollo de una actividad o una labor remunerada; tampoco se
controvierte el retardo en el pago del salario; ni que un contrato se haya
terminado por justa causa sin expresar las razones de ello, o que se
desconozca el principio de trabajo igual, salario igual.
Por consiguiente, la parte actora no logró evidenciar que la omisión
consistente en que no se ha expedido un decreto en el que se le
reconozcan tiempos dobles para acceder a la pensión implica la
vulneración del derecho al trabajo.
-) Frente al derecho fundamental al mínimo vital
La jurisprudencia constitucional ha indicado que le corresponde al
accionante demostrar la vulneración del mínimo vital, señalando qué
necesidades básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital, sino que
dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes y
contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de tutela tener la
certeza de tal situación”37.
Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que para establecer si
frente a un determinado caso se ha vulnerado este derecho fundamental
“(…) el juez constitucional deberá verificar cuáles son aquellas
necesidades básicas o gastos mínimos elementales en cabeza del
individuo, indispensables para garantizar la salvaguarda de su derecho
fundamental a la vida digna, y evaluar si la persona está en capacidad de
satisfacerlos por sí mismo, o por medio de sus familiares (…)”38.
37
Corte Constitucional. Sentencia T – 237 del 26 de febrero de 2001. M.P.: Rodrigo
Escobar Gil.
38
Corte Constitucional. Sentencia T-678 del 16 de noviembre de 2017. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
16
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En el asunto bajo examen, se advierte que el señor Luna Corpas no
acreditó con prueba alguna la afectación de su derecho fundamental al
mínimo vital, por lo tanto, no se evidencia su afectación.
-) Frente a los derechos fundamentales a la vida digna y a la dignidad
humana
En relación con la vida digna, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha sostenido que es una garantía que no incluye únicamente la posibilidad
de existir del ser humano, sino que implica que esa existencia se
desarrolle a la luz del principio de la dignidad humana, así: “(…) en torno
del derecho a la vida ha hecho énfasis en que éste no hace relación
exclusivamente a la vida biológica, sino que abarca también las
condiciones mínimas de una vida en dignidad. // Así las cosas, la
efectividad del derecho fundamental a la vida, sólo se entiende bajo
condiciones de dignidad, lo que comporta algo más que el simple hecho
de existir, porque implica unos mínimos vitales, inherentes a la condición
del ser humano (…)”39.
A su turno, en lo concerniente con la dignidad humana, se tiene que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que se trata de un
derecho fundamental autónomo40 que equivale: “(…) (i) al merecimiento
39
Corte Constitucional. Sentencia T – 675 del 9 de septiembre de 2011. M.P.: María
Victoria Calle Correa.
40
Al respecto, en la sentencia T – 881 del 17 de octubre de 2002 la Corte Constitucional
se refirió al concepto de dignidad humana, así: “(…) Una síntesis de la configuración
jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión “dignidad humana” como
entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto
de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el
objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado
a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i)
La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan
vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir
bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no
patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado
al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad
humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida
como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este
sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio
constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental
autónomo”.
17
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de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii)
a la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde
con su condición humana. Por tanto, la dignidad humana se erige como
un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general
compromete el fundamento político del Estado”41.
En el caso concreto, la parte actora alega que la omisión de las
autoridades accionadas en expedir un decreto que le reconozca tiempos
dobles de servicio implica la afectación de los derechos a la vida digna y
dignidad humana; sin embargo, revisado el contenido de los precitados
derechos, la Sala no advierte la razón por la que dicha omisión implica su
afectación y la parte actora, en el escrito de tutela e impugnación,
tampoco evidenció o sustentó los motivos por los que tal omisión implica
la vulneración de los aludidos derechos.
-) Frente al derecho fundamental a la seguridad social
En cuanto al concepto de la seguridad social, la Corte Constitucional ha
sostenido que hace referencia a la totalidad de las medidas que propenden
por el bienestar de la población en lo relacionado con la protección y
cobertura de unas necesidades que han sido socialmente reconocidas42,
y ha explicado que según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “(…) el derecho a la seguridad social incluye el derecho a
obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie,
sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular
contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a
enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de
un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar
insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo (…)”43.
En el caso concreto, se tiene que el accionante argumentó la trasgresión
de este derecho fundamental por “no estar debidamente incluido en un
41
Sentencia T – 291 del 2 de junio de 2016. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
42
Corte Constitucional. Sentencia T-043 del 5 de febrero de 2019. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
43
Ibidem.
18
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decreto, para que le sea reconocido el tiempo doble para acceder a la
pensión”44, por lo que solicitó que se ordene a las autoridades accionadas
que expidan los decretos correspondientes por medio de los cuales se le
reconozca dicho tiempo doble de servicio.
Al respecto, la Sala precisa que una eventual orden de expedición de los
precitados decretos no garantiza per se el reconocimiento de la pensión a
la que el accionante considera tiene derecho, de modo que, la Sala no
advierte una vulneración del derecho fundamental a la seguridad social
en los términos expuestos tanto en el escrito de tutela, como en la
impugnación.
Aunado a lo dicho, no sobra advertir que el accionante promovió una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las hoy
accionadas, la cual se encuentra vigente, pretendiendo, entre otras cosas,
lo siguiente:
(i) Que se declare que entre la Policía Nacional y el señor Jorge de Jesús
Luna Corpas, “existió una relación de trabajo por un período de veintitrés
puntos ochenta y dos años (23.82 años) de servicio de seguridad a la
patria, mediando tiempos dobles por ocasión y en razón de los Estados
de Perturbación del orden público y sus decretos reglamentarios”45.
(ii) Que se condene a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, a reconocerle y pagarle “(…) la pensión especial por servicio a
la policía (…) las mesadas pensionales y primas que le correspondan
desde el 13 de diciembre de 2000 (…)”46.
(iii) Que se declare la nulidad del acto administrativo nro. 9670 de 2003,
proferido por la Secretaría General de la Policía Nacional, “la cual negó las
44
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02299 00.
45
Aparte del escrito de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada
con el radicado nro. 05001 33 33 013 2019 00511 00. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
02299 00.
46
Ibidem.
19
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prestaciones de retiro a mi mandante y se restablezca su derecho a recibir
una pensión”47.
En este punto se destaca que, en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la parte actora pretende que se declare que
entre la Policía Nacional y el señor Jorge de Jesús Luna Corpas, “existió
una relación de trabajo por un período de veintitrés puntos ochenta y dos
años (23.82 años) de servicio de seguridad a la patria, mediando tiempos
dobles por ocasión y en razón de los Estados de Perturbación del orden
público y sus decretos reglamentarios”, de modo que, lo que la parte
actora plantea en la acción de tutela como una omisión que implica la
vulneración de los derechos fundamentales, guarda relación con la
primera pretensión de la demanda, la cual deberá ser acreditada por las
partes del proceso ordinario.
De contera, no es de recibo que el actor persiga a través de este
mecanismo constitucional recaudar los elementos de prueba para
respaldar las pretensiones que formuló en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, bajo el argumento que se están vulnerando
los derechos fundamentales invocados por la omisión de las autoridades
accionadas en expedir un decreto que le reconozca tiempos dobles,
circunstancia que por lo demás no se traduce en la afectación de los
derechos fundamentales invocados.
En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de tutela proferido el 5 de
junio de 2024 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado,
que negó la solicitud de amparo al no advertirse una vulneración a los
derechos fundamentales invocados por el accionante.
Por último, se pone de presente que, en el escrito de impugnación, la
parte actora reiteró la pretensión de la acción de tutela en el sentido que
47
Aparte del escrito de subsanación de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho identificada con el radicado nro. 05001 33 33 013 2019 00511 00. Visto en el
índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2024 02299 00.
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como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales se ordene
a los “tutelados expedir en las 48 horas siguientes al amparo de tutela el
decreto ejecutivo y las resoluciones pertinentes mediante el cual den
cumplimiento al requisito exigido en la sentencia 2014-04073 de 2020 del
Consejo de Estado “3. Decreto del Gobierno reconociendo expresamente
a determinados agentes, suboficiales, etc.” Y muy especialmente
reconociendo a mi mandante como beneficiario de los deprecados
decretos aludidos de declaración de estado de sitio y conmoción interior”.
No obstante, en la impugnación, la parte actora añadió a dicha pretensión
que “en su defecto bajo el principio IURA NOVIT CURIA, cambiar la línea
jurisprudencial eliminando los requisitos establecidos por el honorable
Consejo de Estado en la sentencia 2014-04073 de 2020 o dejándolos sin
efecto”.
Al respecto, cabe precisar que en el escrito de acción de tutela ésta última
pretensión no fue formulada y, en ese contexto, se advierte que la
petición de amparo tampoco fue dirigida contra la mencionada sentencia
ni el Consejo de Estado; sumado a lo anterior, el principio iura novit curia
no tiene el alcance perseguido por el actor en el sentido que a través de
la acción de tutela sea posible modificar un criterio jurisprudencial, más
aún, cuando dicha decisión ni siquiera fue cuestionada en este proceso;
por el contrario, el mencionado principio se refiere a que el juez, en los
asuntos de su conocimiento, le corresponde “la aplicación del derecho con
prescindencia del invocado por las partes (…) un deber para el juzgador
a quien le incumbe la determinación correcta del derecho”48.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
48
Corte Constitucional. Sentencia T – 577 del 14 de septiembre de 2017. M.P.: Diana
Fajardo Rivera.
21
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Accionante: Jorge de Jesús Luna Corpas
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 5 de junio de 2024
por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
22
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