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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02308-00

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02308-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela de Carlos Arturo Barbosa Chavarro contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02308-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02308-00

Solicitante: CARLOS ARTURO BARBOSA CHAVARRO

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el desconocimiento negligente de términos. MORA
JUDICIAL-Por la congestión estructural de los despachos judiciales no toda dilación configura mora. TUTELA-No
procede para interferir en las decisiones que están pendientes en el proceso ordinario.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Carlos Arturo Barbosa Chavarro
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 9 de mayo de 2024, Carlos Arturo Barbosa Chavarro, en nombre propio, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, en conexidad con la seguridad jurídica, la celeridad procesal, eficacia
y confianza legítima, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, al haber incurrido en una presunta mora judicial en el trámite del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho1, que interpuso contra la Administradora
Colombiana de Pensiones-Colpensiones.

En virtud del amparo, solicita que los derechos alegados sean tutelados y, en
consecuencia, que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que

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Identificado con número de radicado: 76001-23-33-010-2017-01858-00

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02308-00
Solicitante: Carlos Arturo Barbosa Chavarro
Acción de tutela – Primera instancia

conoce del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el
solicitante, a proferir sentencia.

2. Hechos relevantes

El solicitante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Administradora Colombiana de Pensiones el 4 de diciembre de 2017, para que le sea
reconocida una pensión vitalicia de jubilación. El asunto fue repartido para su
conocimiento al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La demanda fue admitida el 13 de febrero de 2018 y esta decisión fue notificada el 27
de febrero siguiente, dándose trámite a los respectivos traslados. El 30 de abril de
2019, el proceso ingresó al Despacho para proveer sobre el trámite y el 14 de febrero
de 2020, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial para el 3 de marzo de
2020. En esta se requirió a Colpensiones para que aportara otros documentos y se
ordenó que una vez fueran aportados se correría traslado para alegar de conclusión.

El 21 de julio de 2022, la autoridad judicial profirió el auto que corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión, y el proceso ingresó al Despacho el 31 de agosto
de 2022 para emitir el fallo decisorio.

3. Fundamentos de la solicitud

El solicitante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados, pues no ha proferido fallo al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que el solicitante funge como
demandante. Afirma que durante el trámite del proceso ordinario, se ha visto sometido
a varias dilaciones injustificadas, por lo que sostiene que:

han pasado más de 6 años luego que se radicara la demanda, no entiendo la actitud
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, al dilatar el proceso de
la referencia, causándome así grandes daños al no pronunciarse sobre la sentencia
del proceso.

Estima que no se le han brindado garantías respecto de la celeridad procesal, la cual
se aplica a toda clase de actuaciones judiciales administrativas, ni respecto del debido
proceso. Este último como la garantía que tienen las partes de que se adelanten los
procesos con base en la recta y cumplida administración de justicia. Sostiene que la

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02308-00
Solicitante: Carlos Arturo Barbosa Chavarro
Acción de tutela – Primera instancia

acción de tutela, es el único medio de defensa apto para hacer efectivos sus derechos
de forma eficaz.

4. Trámite procesal

El 20 de mayo de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada, así como a la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones, en calidad de tercera con interés. También se comunicó la decisión a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hizo un
recuento del trámite del proceso. Sostuvo que el expediente ingresó al Despacho para
fallo el 31 de agosto de 2022 y a la fecha se encuentra en el turno No. 75 para proferir
la sentencia de primera instancia. Sostuvo que la tardanza en proferir el auto que
ordenó correr traslado para alegar de conclusión obedeció a la congestión de
procesos pendientes, distintas a sentencias, por parte de la Secretaría de la
Corporación, la cual está encargada de realizar ese tipo de actuaciones y se
encontraba a la espera de la recaudación de unos documentos solicitados.

Esgrimió que no es posible considerar una mora injustificada que permita hacer
procedente la acción de tutela presentada. No hay incumplimiento objetivo de algún
plazo judicial, no hay un motivo razonable que justifique alguna dilación, ni la tardanza
es imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de deberes del funcionario
judicial.

Adicional a lo anterior adujo que, si bien el actor manifiesta que es un adulto mayor de
la tercera edad, al contar con 61 años de edad, en Sentencia T-431 de 2011, de la
Corte Constitucional, se estableció que para asuntos pensionales se debe analizar la
tesis de la vida probable debiendo superar la expectativa de vida de los colombianos.
Para el año de 2024, asegura que el DANE dispuso una expectativa de vida de 77.46
años, por lo que no es superada por el actor. En atención a esto, sostiene que al
plenario no se han aportado solicitudes de impulso o de prelación de fallo, alegando
o sustentando una condición de tercera edad, o algún otro tipo de situación que hiciera
procedente alterar el sistema de turnos para fallo, priorizando el asunto en cuestión.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02308-00
Solicitante: Carlos Arturo Barbosa Chavarro
Acción de tutela – Primera instancia

La Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones solicitó su desvinculación
por carecer de legitimación en la causa por pasiva, pues la vulneración que reclama
el solicitante recae sobre el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Sostuvo que
no tiene competencia para responder sobre lo requerido y que el solicitante acudió a
la acción de tutela, sin haberlo hecho antes ante la entidad competente. Respecto de
la mora judicial, sostuvo que el accionante no acreditó que, para su caso, se pueda
predicar una dilación injustificada que constituya la vulneración de los derechos
fundamentales que considera.

Adujo que despachar favorablemente la solicitud es vulnerar los derechos de los otros
ciudadanos que han esperado por varios años a que se les resuelva un litigio, y abrir
la posibilidad para que se acuda a la acción de tutela como mecanismo alternativo
para impulsar la solución de los litigios, lo que generaría desgaste del aparato judicial.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la autoridad incurrió en una mora judicial que
haga procedente la tutela.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la C. Pol y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala
Plena de la Corporación.

Mora judicial

La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez para
resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado y
negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Esta situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02308-00
Solicitante: Carlos Arturo Barbosa Chavarro
Acción de tutela – Primera instancia

de justicia. Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto
equivale a mora o a negligencia2. En efecto, dicha situación puede producirse por
causas externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura básica
en los despachos judiciales, que limitan sus capacidades de acción3.

A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los
plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se configura
cuando el juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto
convencional de “plazo razonable” para evaluar si, al omitir resolver un proceso judicial
en término, el juez transgredió las garantías judiciales del usuario de la administración
de justicia. Dicho análisis abarca la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta del operador judicial y la afectación generada en la situación
jurídica de la persona involucrada en el proceso4.

Caso concreto

Al revisar la supuesta mora judicial esgrimida por la parte actora, conforme al recuento
de actuaciones procesales, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada ha
adelantado las actuaciones pertinentes dentro del trámite del proceso ordinario, por
ello la tardanza alegada no es atribuible al juez que conoce del proceso.

En efecto, se tiene que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el solicitante, fue admitida el 13 de febrero de 2018 y se le corrió
traslado a las partes para contestarla. El 3 de marzo se llevó a cabo la audiencia inicial
en la que se incorporaron las pruebas documentales aportadas por las partes y se
requirió a Colpensiones para que aportara los antecedentes administrativos.

El 9 de marzo de 2020 el expediente bajó a la Secretaría de la Corporación para dar
trámite a la recaudación de la prueba faltante. Revisado el aplicativo de Samai del
proceso ordinario, se evidencia que los documentos requeridos fueron aportados el 1

2
Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016-
01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
4 Sentencia SU-179 de 2021.

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Solicitante: Carlos Arturo Barbosa Chavarro
Acción de tutela – Primera instancia

de julio de 2022, por lo que el 8 de julio siguiente, el proceso ingresó al despacho. El
21 de julio de la misma anualidad, se profirió auto para alegar de conclusión. Una vez
cumplido el término anterior, el 31 de agosto de 2022 el proceso ingresó al Despacho
para proferir fallo.

El solicitante no ha manifestado ni justificado las razones por las que el Despacho
debe alterar los turnos asignados para proferir los fallos, previos al del accionante,
según considera la autoridad accionada. Adicional a lo anterior, como no se advierte
que el tribunal haya incurrido en una dilación injustificada en los términos, ni ha sido
negligente en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no se
configura una mora judicial que haga procedente el amparo.

Asimismo, no es posible que el juez de tutela interfiera en la actuación, pues esta se
encuentra vigente y bajo la dirección del juez natural del asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela de Carlos Arturo Barbosa Chavarro contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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