Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02310-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02310-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02310-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
22 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202402310-01
Actor: Germán López Guerrero
Demandada: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) buen
nombre, iv) honra y v) mínimo vital
Derechos Fundamentales Amparados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) buen
nombre, iv) honra y v) mínimo vital
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 17 de junio de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202402310-01
Actor: Germán López Guerrero
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir el auto de 1.° de febrero de 2024, en el incidente de desacato
adelantado en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de
radicación 250002341000201700429-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] Para el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de
2015 a 16 de enero de 2019, fui nombrado para desempeñar el cargo como director
de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, el 17 de enero de 2019, fui
trasladado al Comando de la Sexta División. […]”.
4. Señaló que, Juan David Romero Ostos promovió acción de tutela contra la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad
social, frente a lo cual, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 4 de abril de 2017, declaró
improcedente la solicitud de tutela.
5. Manifestó que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 5 de junio de 2017, resolvió:
“[…] Se REVOCA la sentencia del 4 de abril de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección B, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar se dispone:
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Núm. único de radicación: 110010315000202402310-01
Actor: Germán López Guerrero
1. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida en
condiciones dignas y a la seguridad social del Señor Juan David Romero Ostos, según
las consideraciones expuestas.
2. Se ORDENA a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y a su director,
brigadier general Germán López Guerrero, que proceda a adelantar las gestiones que
sean necesarias para: i) que se convoque una nueva valoración por parte de la junta
médico laboral al señor Juan Davis Romero Ostos que determine su actual estado de
salud auditiva, así como las afecciones que padece, y ii) según los resultados de dicha
calificación, proceda a prestarle los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y
farmacéuticos que requiera para sobrellevar las patologías auditivas que se le
diagnostiquen, y se recalifiquen, si fuere el caso, al pérdida de capacidad laboral. […]”.
6. Sostuvo que, con ocasión al incumplimiento de la sentencia mencionada
supra, promovió incidente de desacato, frente al cual, la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 26 de
enero de 2018, dio apertura.
7. Advirtió que, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 13 de febrero de 2018, resolvió
declarar probados los hechos objeto del incidente de desacato y sancionó a Germán
López guerrero, en calidad de Director de Sanidad del Ejército Nacional; decisión que,
en grado jurisdiccional de consulta, fue confirmada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto de 15 de marzo de 2018.
8. Advirtió que, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional presentó varias
solicitudes de inaplicación de la sanción impuesta, las cuales fueron resueltas de la
siguiente manera:
8.1. El 16 de abril de 2018, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional solicitó
la inaplicación de la sanción, porque, a su juicio, no había vulnerado los derechos
fundamentales de Juan David Romero Ostos, en la medida que, fue valorado en su
momento por parte de medicina laboral conforme lo establecido en el Decreto 1796
de 14 de septiembre de 20001. De igual forma, señaló que, no se podía proveer
servicios de medicina laboral para patologías que no hubieren sido a causa del
1 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y
aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones,
de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía
Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no
uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
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Actor: Germán López Guerrero
servicio, teniendo en cuenta que habían transcurrido más de 10 años desde que
Juan David Romero Ostos había sido retirado del servicio.
8.2. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 19 de abril de 2018, resolvió estarse a lo resuelto
en los autos de 13 de febrero y 15 de marzo de 2018.
8.3. El 10 de mayo de 2018, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional solicitó
la inaplicación de la sanción, toda vez que, había adelantado todas las gestiones
pertinentes tendientes a darle cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela,
frente a lo cual, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante auto de 16 de mayo de 2018, resolvió estarse a lo
resuelto en los autos de 13 de febrero y 15 de marzo de 2018.
8.4. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 6 de agosto de 2019, dispuso no acceder a la
petición de inaplicación de la sanción presentada por la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional y, en su lugar, se estuvo a lo resuelto en los autos de 13 de febrero
y 15 de marzo de 2018; y conminó al Director de Sanidad del Ejército Nacional para
que, en lo sucesivo, se abstuviera de realizar solicitudes reiterativas de inaplicación
de la sanción impuesta por el Tribunal, toda vez que, ya se habían proferido varios
pronunciamientos al respecto y la decisión seguiría siendo la misma.
8.5. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 4 de octubre de 2019, resolvió abstenerse de abrir
el trámite incidental presentado nuevamente por Juan David Romero Ostos en
contra de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, al indicar que, la autoridad
demanda adelantó acciones idóneas y pertinentes tendientes a cumplir en su
integridad las órdenes impartidas en la sentencia de tutela.
8.6. La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional solicitó la inaplicación de la
sanción que había sido impuesta y la inejecución del cobro coactivo, frente a lo cual,
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 26 de febrero de 2020, resolvió estarse a lo
resuelto en el auto de 4 de octubre de 2019, toda vez que, con esta última
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Actor: Germán López Guerrero
providencia había culminado el trámite incidental, sin que se hubiere resuelto
imponer sanción alguna.
8.7. Frente a nuevas solicitudes de inaplicación de la sanción presentadas por la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 15 de junio de 2023,
resolvió negarlas.
8.8. El 12 de julio, 20 de septiembre y 15 de diciembre de 2023 la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional presentó solicitudes de inaplicación de la sanción,
respecto de las cuales, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 1° de febrero de 2024, resolvió
“[…] 1°) NEGAR la solicitud de inaplicación de la sanción judicial proferida por el señor
Germán López Guerrero, en su calidad de Director de Sanidad del Ejército Nacional,
por lo expuesto en esta providencia. […]”.
8.8.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Al respecto, es preciso indicar que la sentencia de unificación SU-034 de 2018
de la Corte Constitucional estudió una situación específica y concreta en relación con
el cumplimiento de unas ordenes (sic) de tutela a cargo de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), en tanto que,
en ese contexto, se presentó un estado de cosas inconstitucional que hizo justificable
el comportamiento de la autoridad incumplida y que, por lo tanto, permitió el
levantamiento de las sanciones por desacato. Situación materialmente distinta a la
expresa en el presente asunto.
Así las cosas, al analizar los factores objetivos y subjetivos antes mencionados, se
observa que no es de recibido el argumento de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, en cuanto a que las sanciones por desacato aquí impuestas deben ser
inaplicadas, en virtud de que ya cumplió con lo dispuesto en el fallo de tutela y que,
según la sentencia de unificación en cita la finalidad de la sanción por desacato tan
solo es conminar a la autoridad la materialización de la orden más no mantener
medidas coercitivas en su contra; ello en consideración a que es totalmente absurdo
y en contravía de las garantías de protección de los derechos constitucionales
fundamentales establecidos en la Constitución Política que la autoridad no acate la
orden judicial de una sentencia de tutela en el término establecido para ello, sin una
justificación razonable de su incumplimiento o de su demora.[…]”.
[…]
“[…] Así las cosas, se evidencia que el incidente de desacato se encuentra justificado
por el incumplimiento de las órdenes judiciales proferidas en el fallo de tutela de 5 de
junio de 2017; por lo que, se advierte la demora para acatar la sentencia de tutela. Y
en ese orden-y además de que, en este caso concreto, la sanción por desacato y su
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Actor: Germán López Guerrero
confirmación fueron anteriores a la sentencia SU-034 del 03 de mayo de 2018- la Sala
encuentra que no se demuestran los factores objetivos y subjetivos por la Corte
Constitucional SU034- de 2018 para inaplicar la sanción por desacato. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Tutelar los DERECHOS al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, BUEN
NOMBRE, HONRA, MÍNIMO VITAL, los cuales han sido vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “B”.,
por negación de inaplicación de sanciones judiciales, en el marco de la acción de
tutela bajo radicado No. 25000234100020170042900, con orden de tutela cumplida.
SEGUNDA: En consecuencia, solicito que el CONSEJO DE ESTADO ordené (sic) al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN “B”., dejar sin efecto el auto de primero (01) de febrero de 2024, donde
se negó la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato y se ordene proferir
decisión de reemplazo, en la que se resuelva nuevamente sobre la solicitud de
levantamiento de la sanción de acuerdo al precedente judicial vinculante y vigente en
la sentencia SU-034 de 2018 y las demás enunciadas en el presente escrito en el
acápite 14.7.PRECEDENTE EN VIGOR ACCIONES DE TUTELA A FAVOR DEL
SANCIONADO MG. GERMÁN LÓPEZ GUERRERO asimismo , que ese despacho
informe y oficie sobre la decisión judicial impartida a las autoridades encargadas de
la ejecución de cobro, para que estas den por terminado el proceso de cobro coactivo
que actualmente se adelanta en mi contra. […]”.
10. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela advirtió que
i) respecto del requisito de la inmediatez la solicitud de tutela la presentó contra el
auto de 1.º de febrero de 2024, proferido por la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a su juicio, constituye la última
actuación que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales, por lo tanto,
solicitó tener como fundamento jurídico la sentencia de unificación SU – 050 de
2022, mediante la cual, la Corte Constitucional dio por cumplido el requisito de la
inmediatez en un caso similar; y ii) que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial 2, toda vez que,
desconoció “[…] los pronunciamientos de las altas cortes, con relación al
precedente jurídico vinculante y vigente, en el cual se da la viabilidad jurídica de
inaplicar las sanciones judiciales cuando el fallo se encuentra cumplido, así ese
2 Para tal efecto, trajo a colación una línea jurisprudencial que contiene 15 decisiones emitidas por el Alto
Tribunal Constitucional, visibles a folios 13 a 15 del escrito de tutela, entre ellas, alegó el desconocimiento de la
sentencia SU-034 de 2018.
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cumplimiento se haya dado de manera tardía […]”.
Actuación
11. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 15 de mayo de 2024: i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó, como terceros
con interés legítimo, al señor Juan David Romero Ostos y a la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran
informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
12. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela por no cumplir
con el requisito de inmediatez. Para tal efecto manifestó lo siguiente:
“[…] En este punto, es necesario precisar que, sobre el cumplimiento del fallo que le
correspondía al accionante, se adelantó un incidente de desacato que finalizó en el
respectivo grado jurisdiccional de consulta en el Consejo de Estado con la
confirmación de la sanción impuesta. Así, la solicitud de inaplicación de la sanción
proferida en el desacato fue resuelta mediante auto del 6 de agosto de 2019, es decir,
hace más de cuatro (4) años.
Como se advierte de lo anterior, los autos subsiguientes se limitaron a reiterarla y a
remitir a lo ya resuelto sobre el asunto. Las citadas providencias subsiguientes han
sido generadas a partir de las peticiones reiterativas del accionante, lo cual no puede
enervar el requisito de inmediatez, por cuanto, le bastaría a los accionantes elevar
solicitudes reiterativas para discutir mediante acción de tutela las providencias
judiciales.
En ese orden, no se cumplió con el requisito de inmediatez, por tal razón, solicito
respetuosamente se declare improcedente el amparo constitucional. […]”
13. La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional realizó un recuento de los
hechos y solicitó tenerlos en cuenta en procura de la protección de los derechos
fundamentales del actor.
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Actor: Germán López Guerrero
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó copia digital del proceso
de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
250002341000201700429-01, junto con su respectivo incidente de desacato.
15. Juan David Romero Ostos guardó silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
16. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 17 de junio de 2024, por medio de la cual resolvió
lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. […]”.
16.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Revisados los elementos de juicio obrantes en el expediente, la Sala advierte
que el presente asunto se torna improcedente por no cumplir con el requisito general
de inmediatez. Esta Corporación ha señalado que el plazo razonable para interponer
la acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses contados desde
la notificación de la decisión que se cuestiona. Lo anterior, por cuanto es desde ese
momento que el accionante conoce la decisión y puede advertir sobre la posible
vulneración de sus derechos fundamentales. […]”
[…]
“[…] Así las cosas, el cómputo del término de seis meses para promover la acción
constitucional inició el 23 de abril de 2018, al día hábil siguiente de la notificación de
la providencia que resolvió de forma definitiva la solicitud de inaplicación de la
sanción objeto de debate. En consecuencia, dicho plazo feneció el 23 de octubre de
esa misma anualidad.
29. No obstante, la demanda de tutela fue formulada solo hasta el 9 de mayo de
2024, es decir, más de seis años después, superando considerablemente el término
establecido en la jurisprudencia unificada, pacífica y reiterada por esta Corporación,
sin que se haya expresado una justificación válida y significativa para dicho retardo.
[…]”
[…]
“[…] Por lo tanto, aunque el accionante pretende que se dé por satisfecho el
presupuesto de la inmediatez con fundamento en las consideraciones expuestas en
la sentencia SU-050 de 2022, la Sala no acogerá el criterio allí adoptado. Por un
lado, no guarda identidad fáctica con el asunto objeto de estudio. En esa oportunidad
se discutía la inaplicación de las sanciones por desacato ante la imposibilidad jurídica
de dar cumplimiento al fallo, mientras que en este caso la solicitud de inaplicación
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de la sanción se presentó sobre la base de que ya se había cumplido con la orden
impartida por el juez de tutela. Por otra parte, el problema jurídico allí resuelto no
versó sobre ese asunto, ni la ratio decidendi se centró en fijar un criterio de cara a la
inmediatez como presupuesto de procedencia de la tutela contra providencia judicial
en ese tipo de casos.
32. Para la Sala adoptar una postura que permitiera flexibilizar el requisito de
inmediatez y acceder al estudio de la providencia atacada, implicaría avalar una
conducta que va en contra del principio de seguridad jurídica y el respeto a las
decisiones judiciales: que se continúen presentando solicitudes de revocatoria de la
sanción bajo los mismos argumentos, en un ejercicio abusivo del derecho, a efectos
de provocar la expedición de nuevas providencias y habilitar términos para la
interposición de nuevas acciones de tutela que finalmente estarán dirigidas a
cuestionar una decisión adoptada por el Tribunal desde el 19 de abril de 2018, frente
a la cual no se planteó oportunamente ningún reproche constitucional. […]”.
La impugnación
17. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado por las siguientes razones:
“[…] Contrario a lo señalado por el despacho, y con sorpresa observo que el mismo
Consejo de Estado en reiterados fallos de tutela, en los cuales me han sido
amparados la protección de mis derechos fundamentales, en especial el debido
proceso, han manifestado que lo señalado en la sentencia SU-050 de 2022, si se
acompasa a los hechos narrados en la presente acción; por cuanto una vez se dio
cumplimiento al fallo de tutela ordenado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Primera- Subsección “B” fueron reiterativas mis peticiones
solicitando la inaplicación de la sanción judicial, de conformidad con lo ordenado en
sentencias como la C- 367 de 2014, SU-034 de 2018, proferidas por la Honorable
Corte Constitucional, así como fallos de la Corte Suprema de Justicia y de esta
misma corporación, demostrando así que mi actuar siempre fue diligente en defensa
de mis intereses, pero los mismos nunca fueron recibidos a la luz del precedente
judicial vinculante y vigente, por parte del Tribunal, encontrando en dicha postura
una evidente violación a mi derecho fundamental al debido proceso, veamos: […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, es importante reiterar al despacho, que dentro del problema
jurídico planteado en la sentencia SU- 050 de 2022, si se tratan asuntos similares a
los expuestos en la presente acción de tutela como fueron: “(iii) características de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, donde quedó decantado que si se cumple con el requisito de inmediatez,
y (v) el incidente de desacato como mecanismo para propiciar el cumplimiento a
órdenes de tutela”. Así las cosas, ruego a su señoría, volver a analizar las situaciones
fácticas y jurídicas, que conllevan a impetrar la presente acción de tutela y se adopte
la decisión que en derecho corresponda, con el fin de preservar mis derechos
fundamentales como son: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, BUEN NOMBRE,
HONRA, MINIMO VITAL, acatando a lo establecido por la Honorable Corte
Constitucional, en la sentencia SU-034 de 2018 y las diferentes secciones del
Consejo de Estado en casos similares, con el fin de ser protegido por el principio de
SEGURIDAD JURÍDICA. […]”
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Actor: Germán López Guerrero
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
20. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al proferir el auto de 1.º de febrero de 2024, en el incidente de desacato adelantado
en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
050013333002202200426-01, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; vulnerando los derechos fundamentales
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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del actor al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la honra y al mínimo
vital.
21. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) sobre la procedencia de la acción
de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato; iv)
análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia en el caso concreto; v) el
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; vi) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad viii)
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al buen
nombre; ix) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a
la honra; x) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
al mínimo vital; xi) análisis del caso concreto; y finalmente xii) las conclusiones de
la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
23. Esta Sección7 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
25. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedencia, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado
como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de
tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”8.
26. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
27. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
8Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actor: Germán López Guerrero
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos
parámetros.
28. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
29. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.
Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato
30. La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1.°
de octubre de 201511, fijó una excepción a la regla jurisprudencial de la acción de
tutela contra providencias judiciales, para el efecto, fijó una serie de criterios de
procedencia que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela, o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.
31. Respecto a la actuación posterior a la sentencia, en dicho caso, de una tutela,
la Corte Constitucional analizó la posibilidad de que mediante tutela se cuestionen
decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato. Sobre este evento,
señaló:
“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
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Actor: Germán López Guerrero
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”12.
32. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU –
034 de 3 de mayo de 201813, profundizó sobre los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra las providencias proferidas dentro de los trámites
incidentales de desacato. En ese sentido, reiteró que debían cumplirse los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, y exigió que el
actor alegara la configuración de, por lo menos, uno de los defectos especiales.
33. De igual forma, precisó que, a fin de cumplir con el requisito de
subsidiariedad, la tutela sólo podría interponerse contra la decisión que pone fin al
trámite una vez esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar
otra decisión diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería,
ya que el ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como
“[…] la instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza […]”.
34. Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende, indicó
que no se admite invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite incidental,
y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en el curso del
desacato.
35. En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de
tutela está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial
vulneró el derecho al debido proceso.
36. Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar la procedencia de la
modificación de la orden contra la providencia que da origen al trámite incidental
consideró que el juez “[…] no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de
tutela, el alcance o contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU – 034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia:
Expediente T-6.017.539.
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Actor: Germán López Guerrero
tutela primigenia –salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para
garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado–, pues se trata de un
debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de
ceñirse al trámite incidental objeto de estudio […]”.
37. En ese orden de ideas, se advierte que la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias proferidas en los trámites incidentales de desacato está
sujeta a que: i) se controvierta la decisión que finaliza el trámite, ii) que no se
aleguen nuevos argumentos o pruebas que no hicieron parte del desacato, iii) que
además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración de
un defecto especial, iv) que se busque la protección del debido proceso y que su
trasgresión se haya originado en el curso del desacato y, que iv) la decisión no
puede cuestionar o modificar la decisión, el alcance o contenido sustancial de la
orden impartida en este caso por el juez de la acción de cumplimiento primigenia.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto
38. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.
39. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia, así:
39.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la honra y al mínimo vital.
39.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación
de los derechos fundamentales invocados supra y, además, ii) el actor cumplió con
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Núm. único de radicación: 110010315000202402310-01
Actor: Germán López Guerrero
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial.
39.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas procesales14, en el escenario del amparo
contra providencias judiciales, cuando esta próspera se afecta el principio de la cosa
juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada
de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica
del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e
irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales15.
39.4. Frente el requisito general de procedencia de inmediatez, la Sala advierte
que, contrario a lo afirmado por el A quo, la acción de tutela sí se interpuso dentro
del plazo razonable16, toda vez que, el auto cuestionado es el proferido el 1.° de
febrero de 2024, mientras que la solicitud de tutela se presentó el 9 de mayo de
2024. En efecto, los argumentos y alegaciones del actor están dirigidos a cuestionar
el auto de 1.° de febrero de 2024, por medio del cual la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de
levantamiento de la sanción, perjuicio permanente en el tiempo de acuerdo con las
pruebas allegadas que evidencian que la sanción está en trámite.
39.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
fundamentales invocados.
39.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
14 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de
2017, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
16 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio
Ramírez Ramírez).
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Actor: Germán López Guerrero
39.7. El actor identificó los hechos y el derecho cuya vulneración alega; y
39.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
40. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
41. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189617 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200119; C-816 de
201120; C-179 de 201621; y T-102 de 201422.
42. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”23 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
17 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
18 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
19 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
20 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
21 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
23 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18
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Actor: Germán López Guerrero
43. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional24, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
44. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria25, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.
45. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala26, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.
46. En efecto, la Sala27 ha reconocido que, “[…] en los eventos referidos, el juez
que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en
24 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
25 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
27 Ibidem.
19
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Actor: Germán López Guerrero
virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones
en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial28 […]”, para lo
cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta
la decisión de apartarse.
47. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, fijan reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
48. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
49. Atendiendo a que, la Corte Constitucional29 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
28 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
29 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Actor: Germán López Guerrero
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
50. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
51. Atendiendo a que la Corte Constitucional30 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
30 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: Germán López Guerrero
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
buen nombre
52. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, que establece que:
“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas […]”.
53. Atendiendo a que la Corte Constitucional31 ha entendido que el derecho al
buen nombre es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa
a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una
persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona
realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real
dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia
muestra como crédito una persona […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
honra
54. Visto el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección
[…]”.
55. Atendiendo a que la Corte Constitucional32 ha entendido que el derecho a la
honra es “[…] la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida
por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su
31 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 14 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
22
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Actor: Germán López Guerrero
dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el
fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y
frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las
personas dentro de la colectividad […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital
56. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.
57. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho33:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Análisis del caso concreto
58. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
33 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Actor: Germán López Guerrero
juicio, al proferir el auto de 1.° de febrero de 2024, en el incidente de desacato
adelantado en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de
radicación 250002341000201700429-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
59. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
60. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
61. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
61.1. Copia digital del expediente del proceso de la acción de tutela identificado
con el número único de radicación 250002341000201700429-01, junto con el
respectivo incidente de desacato.
Solución del caso concreto
Análisis de la posible configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial
62. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda
vez que su decisión se apartó de lo establecido en “[…] los pronunciamientos de las
altas cortes, con relación al precedente jurídico vinculante y vigente, en el cual se
24
Núm. único de radicación: 110010315000202402310-01
Actor: Germán López Guerrero
da la viabilidad jurídica de inaplicar las sanciones judiciales cuando el fallo se
encuentra cumplido, así ese cumplimiento se haya dado de manera tardía […]”34.
63. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que para la aplicación
del precedente judicial al caso concreto es necesario referirse a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y de esta Corporación relacionada con la inaplicación de la
sanción impuesta dentro del trámite del incidente de desacato.
64. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del
incidente de desacato es lograr el cumplimiento de la respectiva sentencia, y no la
imposición de una sanción en sí misma. Por consiguiente, pese a que el incidente
de desacato puede concluir con la imposición de una sanción, su propósito no es
este, sino alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de tutela.
65. Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de 23 de
mayo de 200335, consideró:
“[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede implicar que al
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso
de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha
desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá
acatar la sentencia.
En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por
desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá
evitar ser sancionado acatando […]”. (Resaltado por la Sala)
66. La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-512-11, T-010-12,
T-482-13 y SU 034 de 2018. En esta última, la Corte36 consideró que:
“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de
vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si
bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición
de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es
lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada37; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de
34 Para tal efecto, trajo a colación una línea jurisprudencial que contiene 15 decisiones emitidas por el Alto
Tribunal Constitucional, visibles a folios 13 a 15 del escrito de tutela, entre ellas, alegó el desconocimiento de la
sentencia SU-034 de 2018.
35 Corte Constitucional, sentencia T-421 de 23 de mayo de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
37 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González Cuervo
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la sanción en sí misma38, sino que ésta debe entenderse como una forma para
inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida
de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción
impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados39.
En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado se
persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de
la sanción.
(…)
Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones con
argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato
es un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a que el propósito
perseguido por la sanción es conminar al obligado como medio para garantizar
el goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar
por sancionar […]»40. (Resaltado por la Sala)
67. Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de 2015 41, se
refirió a la finalidad del incidente de desacato en los siguientes términos:
“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada mediante el auto de
11 de julio de 2013, dictado en el expediente núm. 2012-00364, para, en su lugar,
retomar el criterio Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr el cumplimiento
efectivo del fallo que ampara los derechos fundamentales, como claramente lo
ha dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ello, por cuanto no
existe razón alguna que justifique mantener una sanción por desacato contra quien
ha sido persuadido por la misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con posterioridad a la
resolución del Grado Jurisdiccional de Consulta […]”. (negrillas se destaca)
68. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que cuando se da el
cumplimiento íntegro a la orden impartida por el juez constitucional, la imposición
de la multa y el arresto carece de objeto, aunque haya culminado el grado
jurisdiccional de consulta.
38 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas
Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra
Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-
074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo,
39 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-092
de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
40 Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre
de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María Elizabeth García González.
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69. En ese orden de ideas, la Sala advierte que la Corte Constitucional ha
considerado que la finalidad o propósito del incidente de desacato no es sancionar
a quien incumple la sentencia de tutela, sino el cumplimiento mismo de la orden que
el juez constitucional dispuso para el caso concreto; razón por la cual, negar el
levantamiento de la sanción, argumentando que la misma se encuentra en firme,
desconoce dicha finalidad.
70. Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar que la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no acogió las pautas que la jurisprudencia constitucional ha establecido en cuanto
a la finalidad del incidente de desacato, toda vez que negó la solicitud de
levantamiento de la sanción, limitándose a indicar que la misma se encontraba
debidamente ejecutoriada y, por tanto, las órdenes allí impuestas eran de obligatorio
cumplimiento, absteniéndose de esta forma de analizar el fondo del asunto, con el
fin de verificar el cumplimiento de la orden contenida en la sentencia de tutela de 5
de junio de 2017 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
71. De ahí la importancia de que la autoridad judicial accionada analice si, en
efecto, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional dio cabal cumplimiento a la
sentencia de tutela mencionada supra, tal como lo señala el actor, aplicando las
reglas expuestas por la jurisprudencia constitucional respecto de la finalidad
perseguida con el incidente de desacato.
72. La Sala advierte que, en un caso de similares supuestos, esta Corporación
consideró que42:
“[…] La Unidad para las Víctimas, a través de su representante legal, solicitó la
inaplicación de la sanción impuesta al señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade,
con fundamento en los pronunciamientos que en la materia ha reiterado la Corte
Constitucional e incluso el Consejo de Estado, en el sentido de que el fin del
incidente de desacato no es la sanción en sí misma, sino lograr el
cumplimiento de la orden dictada en sede constitucional.
Con auto de fecha 22 de febrero de 2018, el Juzgado cuestionado resolvió
denegar dicha solicitud, en consideración a que en sede del grado jurisdiccional
de consulta el Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia de 16 de
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación núm: 11001-03-15-000-2018-02048-00.
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enero de 2017 decidió modificar la sanción de 5 a 1 salario mínimo legal mensual
vigente, y que, en virtud de ello, se debía atener a lo resuelto por el superior,
toda vez que dicha decisión se encontraba en firme. […]
En ese orden de cosas, a la luz de los postulados constitucionales y de la nueva
evidencia que demuestre el posterior cumplimiento por parte de la entidad
tutelada, se impone que el conductor del trámite incidental, a estas alturas,
declare la inaplicación de la sanción, aun cuando su imposición hubiese
estado justificada; y de tal suerte, así lo haga saber a los encargados de su
ejecución.
Ello se explica también en que el desacato es un instrumento persuasivo
para el cumplimiento de la orden de amparo, mas no una herramienta de
carácter punitivo, por tanto, al desaparecer los supuestos que dieron lugar
a ella, resulta incoherente mantener la vigencia de sus efectos en el orden
jurídico43 […]. (Resaltado por la Sala).
73. Sumado a lo anterior, la Sala precisa que, en una acción de tutela44 con
identidad fáctica a la presente, promovida igualmente por el actor, se ampararon los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la
honra, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia al considerar que
el Tribunal desconoció los lineamientos propuestos por la Corte Constitucional
expuestos supra.
74. En ese sentido, la Sala considera que la decisión de confirmar la sanción
impuesta al actor configura un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, en la medida en que desconoce las reglas expuestas por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, relacionados con la
inaplicación de la sanción impuesta dentro del trámite del incidente de desacato, al
abstenerse de analizar de fondo las múltiples solicitudes elevadas por la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional, bajo el argumento de que la decisión ya se
encontraba debidamente ejecutoriada, por lo que al no haberse demostrado en su
debida oportunidad el cumplimiento de la sentencia de tutela no era posible evitar
la sanción impuesta.
75. Lo expuesto por la autoridad judicial accionada desconoce la regla
jurisprudencial analizada, toda vez que, el estudio de las solicitudes de
levantamiento de la sanción elevadas por la Dirección de Sanidad del Ejército
43 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-421 de 2003 y T010 de 2012.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de abril de 2023, número único
de radicación 11001-03-15-000-2023-01197-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Nacional, debió realizarse atendiendo la finalidad y carácter persuasivo del incidente
de desacato, para, de esta manera, concluir que no existe razón alguna que
justifique mantener una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por
la misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar correspondiente, aun cuando esto
se produzca, inclusive, con posterioridad a la resolución del grado jurisdiccional de
consulta.
76. En ese sentido, la Sala i) revocará la sentencia de tutela de 17 de junio de
2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar,
concederá el amparo de los derechos fundamentales del actor al debido proceso, a
la igualdad, al buen nombre, a la honra y al mínimo vital, por encontrarse
configurado el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial;
ii) dejará sin efectos el auto de 1.° de febrero de 2024 proferido por la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción de tutela identificado
con el número único de radicación 250002341000201700429-01,
iii) ordenará a dicho Tribunal que, de conformidad con el artículo 120 del Código
General del Proceso, en el término de diez (10) días, contados a partir de la
notificación de esta sentencia profiera la providencia de reemplazo, teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Conclusiones de la Sala
77. En suma, la Sala revocará la sentencia de tutela de 17 de junio de 2024
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar,
amparará los derechos fundamentales del actor al debido proceso, a la igualdad, al
buen nombre, a la honra y al mínimo vital.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 17 de junio de 2024 proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar,
AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen
nombre, a la honra y al mínimo vital, invocados por Germán López Guerrero los
cuales fueron vulnerados por la autoridad judicial accionada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto de 1.° de febrero de 2024 proferido por
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del incidente de desacato adelantado en el proceso de la
acción de tutela identificado con el número único de radicación
250002341000201700429-01, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Actor: Germán López Guerrero
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Ausente con permiso
Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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