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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02317-00

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02317-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación presentadas por Fiduprevisora S.A. y el departamento de Norte de Santander. Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Lucy Estella Gamboa Caicedo, quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona, por las razones aquí expuestas. 17 M.P.: Carlos Bernal Pulido. 18 Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger. 19 M.P. Natalia Ángel Cabo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00 Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02317-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de junio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Demandante: LUCY ESTELLA GAMBOA CAICEDO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
PAMPLONA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. Requisito general
de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia
adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Lucy Estella Gamboa Caicedo, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona, en la que pide el
amparo constitucional del derecho fundamental a la igualdad, así como el principio
de favorabilidad, supuestamente vulnerados con las decisiones de 18 de enero de
2024 y 22 de abril de 2022, en su orden, mediante las cuales se le negó las
pretensiones tendientes al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación que
solicitó en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Norte de Santander
(radicado No. 54518-33-33-001-2017-00245-01).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que nació el 7 de enero de 1961, laboró como docente en el
departamento de Norte de Santander durante 28 años y mediante Resolución No.
051 de 11 de mayo de 2010, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante Fomag), le reconoció una pensión por invalidez efectiva a
partir del 7 de enero de 20101.

Afirmó que el 30 de julio de 2018 solicitó a la Secretaría de Educación
Departamental de Norte de Santander el reconocimiento y pago de la pensión de

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Enfermedad de origen común por luxación congénita bilateral de caderas con prótesis total en ambas caderas y osteólisis
fémur derecho que genera una pérdida de la capacidad laboral del 96%.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

jubilación, sin embargo, por medio de oficio de 4 de septiembre de 2018, la
petición fue despachada desfavorablemente.

Sostuvo que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fomag y el departamento de Norte de Santander, con el fin de que se anulara el
precitado oficio de 4 de septiembre de 2018, y a título de restablecimiento del
derecho se reconociera y pagara la pensión de jubilación de conformidad con lo
establecido en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y la Ley
91 de 1989.

Indicó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona en fallo de
22 de abril de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no
era procedente gozar simultáneamente las pensiones de invalidez y de jubilación,
por lo que el beneficiario puede optar por la que le resulte más favorable.

Finalmente, manifestó que interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander
por medio de sentencia de 18 de enero de 2024, en la que se confirmó
íntegramente esa determinación.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa del derecho fundamental a la
igualdad, así como el principio de favorabilidad, supuestamente vulnerados con las
decisiones de 18 de enero de 2024 y 22 de abril de 2022, mediante las cuales las
autoridades judiciales accionadas negaron el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación porque es incompatible con la pensión de invalidez.

En primer término, se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, específicamente,
mencionó el de relevancia constitucional en el sentido de indicar que “se cumple a
cabalidad, pues las sentencias que ataco en el presente asunto involucran
Derechos Fundamentales, como lo es el derecho a la igualdad, principios
constitucionales y precedentes judiciales”.

De otra parte, la accionante afirmó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que “la Corporación desconoció las
normas de rango legal y la jurisprudencia, aplicables al caso por absoluta
inadvertencia, pues estaba en la obligación de aplicar los Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1968, 1045 de 1978, la Ley 91 de 1989, la Sentencia del Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección
“A” Exp. 25-000-23-42-000-2012-00275-01 Rad, Interno 1078-23014 y la
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral Rad 33558
de Dic. 01 de 2009”.

En tercer término, aseguró que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, porque las autoridades judiciales accionadas inaplicaron la sentencia de
unificación de 21 de junio de 20182 de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
“pues en las consideraciones tanto del Juzgado como del Tribunal no se hace
referencia alguna a la jurisprudencia, que hacen claridad sobre la compatibilidad
de la pensión de jubilación con la pensión de invalidez, cuando esta es de origen
común y por tanto la decisión hubiera sido contrario sensu la de ordenar el
reconocimiento del derecho que le asuste a mi representada”. Así mismo, se

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Radicado No. 25000-23-42-000-2013-04683-01, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

desconocieron la decisión de 16 de marzo de 20173 de la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado y la de 1 de diciembre de 2009 de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

En cuarto lugar, indicó que con las sentencias objetadas se configuró una
violación directa de la Constitución, en razón a que se vulneró el derecho a la
igualdad “consagrado en la Convención Interamericana de Derechos humanos”.
Agregó que “en el presente caso prevalece el estado de salud de mi representada,
quién se encuentra en estado de invalidez, calificada con un 98%”.

Por último, expresó que “inexplicablemente, para tomar la decisión no se
profundizó en el análisis de las normas y la jurisprudencia en las cuales se
fundamentó la pretensión las que de forma clara e inequívoca reglamentan sobre
la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la pensión de invalidez de origen
común”.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:
“PRIMERA: Se admita la presente Acción de Tutela, como único medio efectivo, que le
queda a la perjudicada para la protección de sus Derechos Fundamentales de rango
constitucional, vulnerados en las sentencias proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Pamplona, como del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.

SEGUNDA: Sea tutelado el derecho a la IGUALDAD, considerado como fundamental
por nuestra Constitución Política.

TERCERA: Se revoque totalmente las Sentencias Proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Pamplona, del 22 de Abril de 2022, confirmada por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 18 de Enero de 2024.

CUARTA: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Juzgado Primero
Administrativo Oral de Pamplona, como al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que en el término de ley, procedan a emitir nueva sentencia dentro del
proceso referido, acorde con la constitución y la ley, y los precedentes Judiciales del
Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia aplicables al caso concreto.

QUINTA: Se ordene realizar las comunicaciones del caso para el cumplimiento de lo
ordenado”.

4. Pruebas relevantes

Por medio de oficio de 21 de mayo de 2024, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Pamplona remitió el enlace de acceso al expediente digital que
contiene las actuaciones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que adelantó la señora Lucy Estella Gamboa Caicedo contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fomag y el departamento de Norte de
Santander (radicado No. 54518-33-33-001-2017-00245-01).

5. Trámite procesal

Por auto de 15 de mayo de 2024, la magistrada sustanciadora admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así como a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag y el departamento de Norte de
Santander, en calidad de terceros, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

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Radicado No. 25000-23-42-000-2012-00275-01, C.P.: William Hernández Gómez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 204903 a 204911
de 17 de mayo de 20244, con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Norte de Santander

En escrito de 21 de mayo de 2024, el magistrado ponente de la decisión de
segunda instancia pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela.

Afirmó que el régimen pensional aplicable a la accionante, en lo relacionado con el
riesgo de invalidez es el regulado por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
marco normativo que se refiere a la incompatibilidad entre la pensión de invalidez
y la de jubilación, y en el que se precisa que el ejercicio de la profesión de docente
como servicio público a cargo del Estado tiene un tratamiento especial,
reconociendo las condiciones particulares que requiere para el cumplimiento de
sus cometidos, pero ello no implica que los docentes puedan percibir varias
prestaciones al amparo de una misma normatividad y por las mismas causas, ya
que en materia pensional se someten al régimen prestacional de los empleados
del nivel central, que expresamente consagra la incompatibilidad de la pensión de
invalidez con la de jubilación.

Resaltó que “la prohibición de erogar dos asignaciones con cargo al tesoro público
tiene excepciones, en especial para el sector docente, pues conforme con las
definiciones expresas de ley y dentro de las salvedades previstas en el Decreto
Ley 1278 de 2002, corresponden a la posibilidad de percibir la pensión gracia y la
de jubilación, y la compatibilidad de ésta con el salario siempre que el docente no
tenga edad de retiro forzoso y mantenga aptitud mental y física; por ello se
consideró que negarle el derecho de la pensión de jubilación a la señora Lucy
Estella Gamboa Caicedo por ser incompatible con la de invalidez que ya tiene
reconocida, puesto que ninguna de las disposiciones prestacionales o pensionales
aquí analizadas le permite el goce de ambas y, además, porque no existe conflicto
de normas aplicables a su situación, que solo está gobernada por el régimen de
los empleados públicos del orden nacional”.

Finalmente, indicó que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
demandante cuenta con la posibilidad de optar por la pensión que más le
convenga económicamente.

6.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

Por medio de oficio de 20 de mayo de 2024, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir
con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

Sostuvo que no se demuestra que las vulneraciones a las garantías procesales y
fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia
de la accionante ni de acceso a la administración de justicia, además que la
controversia es de naturaleza económica que involucra intereses privados,
situación que excede la competencia del juez de tutela.

4
La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: carlosmoraa1@hotmail.com, sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co; agencia@defensajuridica.gov.co, gobernacion@nortedesantander.gov.co;
judiciales: secjuridica@nortedesantander.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co; notjudicial2@fiduprevisora.com.co,
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, junapmpam@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin01pln@notificacionesrj.gov.co y
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
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6.3. Respuesta de Fiduprevisora S.A.

En oficio de 22 de mayo de 2024, la Coordinación de Tutelas pidió que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no estar legitimada en la
causa por pasiva y, en consecuencia, se debe desvincular a la entidad del trámite
constitucional.

6.4. Respuesta del departamento de Norte de Santander

En escrito de 21 de mayo de 2024, la apoderada de la entidad territorial pidió que
se desvinculara en razón a que el reconocimiento de prestaciones sociales a los
docentes está a cargo de la Secretaría de Educación Departamental de Norte de
Santander. Por consiguiente, existe falta de legitimación en la causa por pasiva.

6.5. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona, aun
cuando se le notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela y
allegó el link de acceso al expediente del proceso ordinario, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión previa

Fiduprevisora S.A. y el departamento de Norte de Santander solicitaron que se
desvincularan de la acción de tutela, por configurarse la figura de la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, se debe precisar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política faculta a toda persona para reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por acción u
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que
así se autoriza.

Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales
la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.

No obstante, se hace exigible como requisito indispensable, además de la
legitimación e interés del interesado de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991, que la persona o entidad contra quien se dirige la solicitud
de amparo tenga un interés legítimo, de la siguiente manera:

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción
se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.

De conformidad con lo anterior, la Sala negará las solicitudes de desvinculación
formulada por Fiduprevisora S.A. y el departamento de Norte de Santander, en
tanto fueron parte demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se dictó la providencia objetada, razón por la cual se
vincularon a este trámite constitucional como tercero con interés.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona, con las
decisiones de 18 de enero de 2024 y 22 de abril de 2022, en su orden, en las que
se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por ser incompatible
con la de invalidez, vulneraron el derecho fundamental a la igualdad y el principio
de favorabilidad, al incurrir en los defectos i) sustantivo, por desconocimiento de
los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1968, 1045 de 1978 y la Ley 91 de 1989, ii)
desconocimiento del precedente judicial, porque se inaplicó la sentencia de
unificación de 21 de junio de 20185 de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
la decisión de 16 de marzo de 20176 de la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado y la de 1 de diciembre de 2009 de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral y iii) violación directa de la Constitución, en
razón a que se vulneró el derecho fundamental a la igualdad.

De manera previa, en razón a que fue invocado por el Ministerio de Educación
Nacional, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional.

4. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones7.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20058, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las

5
Radicado No. 25000-23-42-000-2013-04683-01, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.
6
Radicado No. 25000-23-42-000-2012-00275-01, C.P.: William Hernández Gómez.
7
Sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional9.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala10, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la
obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no
se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La señora Lucy Estella Gamboa Caicedo presentó acción de tutela con el fin
de que se proteja su derecho fundamental a la igualdad y el principio de
favorabilidad, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona con
las decisiones de 18 de enero de 2024 y 22 de abril de 2022, en su orden, al
incurrir en los defectos i) sustantivo, por desconocimiento de los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1968, 1045 de 1978 y la Ley 91 de 1989, ii) desconocimiento
del precedente judicial, porque se inaplicó la sentencia de unificación de 21 de
junio de 201811 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el fallo de 16 de

9
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
10
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
11
Radicado No. 25000-23-42-000-2013-04683-01, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

marzo de 201712 de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado y
la decisión de 1 de diciembre de 2009 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral y iii) violación directa de la Constitución, en razón a que se
vulneró el derecho fundamental a la igualdad.

5.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
la intención de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

La señora Lucy Estella Gamboa Caicedo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fomag y al departamento de Norte de Santander, con el fin de que se anulara el
oficio de 30 de julio de 2018 y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación con el 75% del promedio mensual de todos los
valores percibidos durante el último año de servicio.

Lo anterior, con fundamento “en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045
de 1978 y la Ley 91/89, que establece el reconocimiento de la Pensión de
Jubilación para los docentes. Sentencia Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Segunda Subsección “A” Exp. 25-000-23-
42-000-2012-00275-01 Rad. Interno 1078-2014 Consejero Pte. WILLIAM
HERNÁNDEZ GÓMEZ (…). Sentencia Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral Rad. 33558 de Dic. 01/09”.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona en sentencia de 22
de abril de 2022, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en que la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en fallo de 1 de julio de 202113,
estableció que resultan incompatibles las pensiones de jubilación e invalidez, sin
perjuicio del origen de la enfermedad, aunado al hecho de que las Leyes 91 de
1989 y 33 de 1985, así como los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969
establecen dicha prohibición. Adicionalmente, aclaró que la demandante podrá
escoger entre una u otra prestación y reiteró que no se puede acceder a las dos
prestaciones de forma concurrente.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
para lo cual insistió en los mismos fundamentos de la demanda. Adicionalmente,
sostuvo que la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, la Sección
Segunda del Consejo de Estado estableció que la pensión de invalidez es
concedida por el Fomag con recursos de la Nación, mientras que la pensión de
jubilación solicitada se reconoce con recursos del departamento por tratarse de un
docente del orden territorial, por lo que indicó se trata de prestaciones que son
compatibles.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en sentencia de 18 de enero de
2024, confirmó la decisión del a quo, para lo cual, en primer lugar se refirió al
régimen pensional de la demandante en su calidad de docente, el cual es el
desarrollado en la Ley 33 de 1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
2003, para luego reiterar el hecho de que existe una incompatibilidad entre las
pensiones de invalidez con la de jubilación de acuerdo con lo establecido en el
artículo 31 del Decretos 3135 de 196814 y el artículo 88 del Decreto 1848 de

12
Radicado No. 25000-23-42-000-2012-00275-01, C.P.: William Hernández Gómez.
13
Radicado No. 25000-23-42-000-2013-06901-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández.
14
ARTÍCULO 31. Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o
trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

196815. Después de valorar las pruebas que conforman el expediente ordinario,
consideró que se debía negar la pensión de jubilación solicitada por la parte
actora, con sustento en lo siguiente:

“En el presente asunto, la demandante alega que la causa por la cual se le reconoció
pensión de invalidez fue por enfermedad de origen común, no por el ejercicio de su
profesión, por lo tanto, considera que dicha prestación es compatible con la pensión
de jubilación.

Al respecto, debe reiterar la Sala que los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio son destinatarios de la normatividad pensional
de los empleados del orden nacional, en virtud de la exclusión que hizo la Ley 100 de
1993, y por la remisión prevista en las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003. En
consecuencia, el régimen pensional aplicable a la actora, en particular lo concerniente
a la pensión de invalidez, es el regulado por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969, normas que señalan la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la de
jubilación.

La Sala no desconoce que el ejercicio de la profesión docente, como servicio público
a cargo del Estado, tiene un tratamiento especial de parte del legislador,
reconociendo las condiciones particulares que requiere para el cumplimiento de sus
cometidos, pero ello no implica que los docentes pueden percibir varias prestaciones
al amparo de una misma normatividad y por las mismas causas, ya que como hemos
visto, en materia pensional, se someten el régimen prestacional de los empleados de
nivel central, que expresamente consagra la incompatibilidad de las pensiones de
invalidez y jubilación.

Tampoco es ajena la Sala que la prohibición de erogar dos asignaciones con cargo al
tesoro público tiene excepciones, en especial para el sector docente, pues conforme
con las definiciones expresas de ley dentro de las salvedades previstas en el Decreto
Ley 1278 de 2002, corresponden a la posibilidad de percibir la pensión gracia y la de
jubilación, y la compatibilidad de ésta con el salario siempre que el docente no tenga
edad de retiro forzoso y mantenga aptitud mental y física.

Por lo anterior, negarle el derecho de la pensión de jubilación a la señora Lucy Estella
Gamboa Caicedo por ser incompatible con la de invalidez que ya tiene reconocida, en
ningún momento desconoce los derechos que considera vulnerados, puesto que
ninguna de las disposiciones prestacionales o pensionales aquí analizadas le permite
el goce de ambas y, además, porque no existe conflicto de normas aplicables a su
situación, que solo está gobernada por el régimen de los empleados públicos del
orden nacional.
16
En la sentencia previamente citada , el Consejo de Estado en un caso similar al
presente indicó:

‘Por consiguiente, de acuerdo con las normas precitadas, tanto para los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 como para los que se
vincularon a partir de ella, la pensión de invalidez es incompatible con la pensión de
jubilación de tal forma que no se pueden devengar las dos simultáneamente. Así lo ha
reconocido esta Sección de manera consistente y reiterada en la medida que: 1.-
Tienen su origen en una misma relación laboral; 2.- Están condicionadas a los
aportes que la demandante realice al Sistema General de Seguridad Social; 3.- Su
finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez o jubilación tiene como
objeto cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona a la
vejez, la pensión de invalidez se encamina a cubrir la pérdida de la capacidad laboral
pero ya en razón de la invalidez, es decir cumplen la misma función protectora para
permitir la subsistencia de la persona sea por su condición de vejez o invalidez’.

No obstante, debe advertir la Sala, que conforme en la reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado, la señora Lucy Estella Gamboa Caicedo tiene ante la
administración la posibilidad de optar por la pensión que más le convenga
económicamente, siendo una actuación administrativa ajustada al ordenamiento
jurídico, pues es facultad de aquella escoger cuál de esas pensiones le era más

15
ARTÍCULO 88.- Incompatibilidad. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En
caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente.
16
Fallo de 1 de julio de 2021, radicado No. 25000-23-42-000-2013-06901-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

favorable, ello de conformidad a lo consagrado en los artículos 31 y 88 de los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente y por tanto no se vulneran
principios constitucionales como el de favorabilidad o derechos adquiridos.

Así las cosas, al verificarse la incompatibilidad entre las dos prestaciones solicitadas
por la demandante, se concluye que la sentencia apelada está acorde a la normativa
reguladora de la materia y la jurisprudencia del Consejo de Estado citada, razón por
la cual se confirmará la sentencia proferida por el A Quo que negó las pretensiones
de la demanda”.

De lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
estableció el marco normativo aplicable para las pensiones de jubilación e
invalidez, y luego de estudiarlo concluyó que existe una incompatibilidad entre la
pensión de jubilación y la de invalidez porque así lo establece la ley, aunado al
hecho de que la Sección Segunda del Consejo de Estado de manera reiterada ha
considerado que existe esa prohibición en el ordenamiento jurídico.

5.3. Bajo el escenario expuesto, la Sala observa que la parte demandante emplea
la acción de tutela para dar continuidad al debate superado en el trámite del
proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto
como se evidenció, los reproches planteados en la acción de tutela relacionadas
con los defectos sustantivos, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución, por el supuesto desconocimiento de los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1968, 1045 de 1978 y la Ley 91 de 1989 y del precedente
judicial del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, fueron propuestos
en el curso del proceso ordinario en lo relacionado con el reconocimiento de la
pensión de jubilación de manera concomitante con la pensión de invalidez, por lo
que carecen de la relevancia constitucional necesaria para ser estudiados por el
juez de tutela, pues son un aspecto que ya fue objeto de estudio por el juez natural
del asunto.

En efecto, se observa que la parte actora alega un supuesto desconocimiento de
los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1968, 1045 de 1978 y la Ley 91 de 1989, así
como la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, el fallo de 16 de marzo de 2017 de la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado y la decisión de 1 de diciembre de 2009 de
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona analizaron el marco
normativo de las pensiones de jubilación e invalidez, entre esos la Ley 91 de 1989
y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1968, así como la jurisprudencia del órgano
de cierre relacionada con las mencionadas prestaciones, a partir de lo cual
concluyeron que son incompatibles por expresa disposición de ley, aunado al
hecho de que tienen la misma finalidad que es proteger a la persona por la
pérdida de la capacidad laboral -una por vejez y la otra por invalidez-.

Cuestión diferente es que la accionante, al no estar de acuerdo con la apreciación
que hicieron las autoridades judiciales accionadas, presentara la solicitud de
amparo constitucional bajo la supuesta vulneración del derecho fundamental a la
igualdad y el principio de favorabilidad, lo que no es razón suficiente para omitir el
hecho de que se está utilizando como una instancia adicional, lo que desconoce el
requisito de la relevancia constitucional.

La accionante expone que las autoridades judiciales accionadas desconocieron
los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1968, 1045 de 1978 y la Ley 91 de 1989 e
inaplicó la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, el fallo de 16 de marzo de 2017 de la Sección Segunda,

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Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

Subsección “A” del Consejo de Estado y la decisión de 1 de diciembre de 2009 de
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, argumentos que se
plantearon de manera similar en la demanda y en el recurso de apelación, los
cuales fueron analizados por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 201917, estableció
que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”18 (Negrilla y
resalta de la Sala)

En la sentencia SU-215 de 202219, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe
limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y
no a problemas de carácter legal”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de su derecho fundamental a
la igualdad, así como al principio de favorabilidad, en este caso, a la manera de
una instancia adicional, toda vez que insiste en el mismo debate legal y litigioso
relacionado con el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de manera
concurrente con la pensión de invalidez.

Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
no cumplir el presupuesto de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación presentadas por
Fiduprevisora S.A. y el departamento de Norte de Santander.

Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Lucy Estella Gamboa Caicedo, quien actúa mediante apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pamplona, por las razones aquí expuestas.

17
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
18
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
19
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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11

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02317-00
Actora: Lucy Estella Gamboa Caicedo

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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