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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02323-00

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02323-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Bogotá. SEGUNDO: NEGAR la medida provisional realizada por la señora Jenyfer Andrea Lemus Medina. TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora Jenyfer Andrea Lemus Medina contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Bogotá. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02323-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de junio de 2024

Demandante: Jenyfer Andrea Lemus Medina
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02323-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02323-00
Demandante: JENYFER ANDREA LEMUS MEDINA
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia
por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por la señora Jenyfer Andrea Lemus
Medina contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Jenyfer Andrea Lemus Medina, instauró acción de tutela1 contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá, con el fin de que se protejan sus derechos al debido proceso, al trabajo y a la
defensa.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 17 de abril de 2024, por medio de la cual la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial confirmó la decisión de 7 de julio de 2023, en la que la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá sancionó a la tutelante, en el marco del
proceso disciplinario identificado con radicado 11001-2502-000-2021-01572-00/01
que promovió el señor Eynar Fabián Rincón Murillo.

1 Mediante escrito radicado el 9 de mayo de 2024, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha a la Secretaría General del
Consejo de Estado.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jenyfer Andrea Lemus Medina
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02323-00

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

Con la presente acción comedidamente solicito señor Juez, ordenar a los accionados al
deber de garantizar y resguardar mis derechos fundamentales de manera inmediata,
con la finalidad de resolver mi situación jurídica teniendo en cuenta que me afecta
laboralmente.

Por lo anterior, respetuosamente solicito al Honorable Juez de Tutela que:

Primero. SUSPENDER PROVISIONALMENTE LA APLICACION DE LA SANCIÓN
DISCIPLINARIA, NOTIFICADA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS de la Abg.
Jenyfer Andrea Lemus Medina, para evitar un perjuicio irremediable con la suspensión
del ejercicio de la profesión, situación que vulnera los derechos fundamentales hasta
tanto no se defina la situación jurídica de mi representada.

Segundo: TUTELAR; los derechos fundamentales al debido proceso; el derecho a la
defensa y el derecho fundamental al trabajo.

Tercero: DECLARAR, que la providencia Judicial 11001250200020210157201 del
17/abril/2024 “la cual sanciona disciplinariamente a la Abg. Jenyfer Andrea Lemus
Medina” proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL y la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL respectivamente, han transgredido
los derechos fundamentales y constitucionales.

Cuarto. ORDENAR a los accionados procedan a dar aplicación al concepto jurídico y
lineamiento jurisprudencial establecido en el SALVAMENTO DE VOTO, el cual busca
garantizar los derechos fundamentales de mi representada. Para el efecto trae a
colación las sentencias T - 316 de 2019 y C 354 de 2022.

Quinto: REVOCAR la sentencia del 17/abril/2024, a fin de que se garanticen los
derechos fundamentales tutelados, conforme el material probatorio contentivo en el
proceso disciplinario. Sexto. ARCHIVAR las diligencias con respecto a la aplicación de
la sanción de la abogada acciónate y ordenar las notificaciones a las entidades
correspondientes, dejando indemne la conducta, honra y buen nombre de la aquí
tutelante.

Séptimo. DECLARAR, Que la abogada JENYFER A. LEMUS MEDINA no cometió
ninguna falta disciplinaria a la luz de la Ley 1123 de 2013, y ningún otro ordenamiento
jurídico de nuestra nación.

Octavo: Que se reconozca el derecho que tiene mi representada a su buen nombre y
honra, derecho a ejercer su profesión para garantizar el derecho fundamental al trabajo.2

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales
son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

2
Transcripción literal con posibles errores.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jenyfer Andrea Lemus Medina
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02323-00

El señor Eynar Fabián Rincón Murillo promovió una queja ante la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá para que se investigara la posible falta disciplinaria en
la que, a su juicio, incurrido la abogada Jenyfer Andrea Lemus Medina por incumplir la
gestión profesional que le fue encomendada para adelantar un proceso ordinario
laboral contra la empresa Motor Group Colombia S.A.S, ante el despido sin justa causa
del que fue objeto el quejoso.

Mediante sentencia de 7 de julio de 2023 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bogotá la declaró disciplinariamente responsable por «la injustificada infracción del
deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales contemplado en el
numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, dando lugar con su conducta a la
realización de la falta contenida en el numeral 1º del artículo 37 del CDA, ilicitud
consumada a título de culpa». Por lo tanto, la sancionó con la suspensión en el ejercicio
profesional por el término de 3 meses.

La anterior decisión fue apelada y en sentencia de segunda instancia de 17 de abril de
2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó lo determinado en primer
grado, dado que se encontró probado que «la accionante firmó un contrato de mandato
para adelantar un proceso ordinario laboral contra la empresa Motor Group Colombia
S.A.S, no obstante, pese a que impetró la demanda ordinaria laboral en dos
oportunidades, en la primera de ellas no la subsanó en indebida forma y en la segunda
oportunidad no acató a cabalidad las observaciones del Juzgado Noveno Municipal de
pequeñas Causas Laborales, por lo cual ambas fueron rechazadas»3.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Jenyfer Andrea Lemus Medina señaló que las decisiones demandadas
incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental, por las razones que se
sintetizan a continuación:

Adujo que tales providencias le causan un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta
que se pone en riesgo su única fuente de ingreso económico, esto es, su actual
vinculación laboral con Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. en la que
desarolla el objeto contractual de prestación de servicios profesionales como asesora
jurídica de apoyo a la Subgerencia Técnica y a la Dirección de Gestión Contractual.

Aseguró que en la decisión de 17 de abril de 2024 la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial resolvió negar una supuesta solicitud de nulidad que se presentó en el trámite,
pese a que esta nunca fue elevada por ella.

Advirtió que en los fallos no se definió con claridad la causa de la sanción y tampoco
se valoraron las pruebas allegadas por la investigada, en el desarrollo de la tipificación
de la conducta y la consecuente sanción aplicada. Textualmente, destacó:

3
Transcripción literal del texto original.

3

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Demandante: Jenyfer Andrea Lemus Medina
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02323-00

De las situaciones fácticas y material probatorio aportadas por la defensa dentro del
proceso disciplinario, se puede evidenciar que la sala no dio el valor probatorio suficiente
para desarrollar la tipificación de la conducta, razón por la cual no es consecuente con
la sanción aplicada.

Razón por la cual, se evidencia una indebida calificación de la actuación conllevando al
error en la formulación de cargos, el cual genera una evidente violación al derecho de
defensa y debido proceso, toda vez que no se estableció con claridad si se trató de una
conducta o de dos, y no se indicó plenamente si se demoró, dejó de hacer, se descuidó
o abandonó, lo que constituía un cargo ambiguo e inconcreto.

Agregó que se desconoció el precedente aplicado por la Corporación demandada en
la sentencia del 19 de agosto de 2021. No obstante, no indicó el proceso en el que se
profirió dicha decisión.

Indicó que en la sentencia de 17 de abril de 2024 no se tuvieron en cuenta las
inconformidades plasmadas en el recurso de apelación, que se sustentaban con el
material probatorio que fue aportado al proceso, situación que denota la indebida
calificación de la actuación, la errada formulación de los cargos y la vulneración de sus
derechos fundamentales.

Consideró que la autoridad accionada no estudió todos los elementos del tipo
disciplinario del que fue objeto de imputación bajo la falta prevista en el numeral 1.º del
artículo 37 de la Ley 1123 de 2007. Así mismo, que en relación con la conducta
alternativa de «dejar de hacer oportunamente», la jurisprudencia de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial ha señalado que este supuesto está integrado por dos
elementos: «(i) el comportamiento omisivo consistente en “dejar de hacer” y, (ii) el
aditamento “oportunamente”. Lo que significaría que, a falta de uno de ellos, se
presenta atipicidad de la conducta».

Alegó que en su caso, la sanción no se determinó adecuadamente, porque no se probó
el perjuicio causado al mandante dado que este no se causa solo por la falta de
diligencia. Así, era necesario que se estudiara el mencionado perjuicio y su relación
de causalidad con la conducta que le fue endilgada.

Reiteró que hubo una indebida calificación de la actuación y un error en la formulación
de cargos, comoquiera que no se estableció con claridad si fue una o dos conductas y
además el cargo imputado fue ambiguo e incompleto puesto que no se indicó si se
esta consistió en una demora, en dejar de hacer, en un descuido o en un abandono.

Resaltó que en la mencionada providencia se plasmó un salvamento de voto por parte
de 2 magistrados, el cual no fue apreciado al momento de imponersele la sanción. En
este se señaló que se desconoció el precedente establecido por esa Corporación en
una sentencia de 19 de agosto del 2021.

Finalmente, sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, explicó:
4

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Demandante: Jenyfer Andrea Lemus Medina
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
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En este caso se cumple con este requisito pues se presenta claridad sobre el
fundamento de la afectación de derechos de carácter humano y fundamental, los cuales
se configuraron por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial: 1. no tiene en cuenta el
verdadero sentido del contenido de la prueba documental que exonera de cualquier
conducta a la abogada JENYFER ANDREA LEMUS MEDINA; 2. no valora la totalidad
de las pruebas allegadas al expediente disciplinario, conculcando el principio de la
necesidad de la prueba y el derecho de defensa del sancionado; 3. se aparta de nuestro
ordenamiento jurídico, que protege el principio de seguridad jurídica y el debido proceso.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 15 de mayo de 2024, el magistrado sustanciador admitió la solicitud de
amparo y dispuso tener como autoridades judiciales accionadas a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Bogotá.

Así mismo, negó la medida provisional invocada por la actora, al considerar que no
cumplía con el requisito de urgencia por alto grado de afectación o inminencia de la
ocurrencia de un daño mayor, dado que no se desarrolló cuál era la necesidad de su
decreto en esa etapa procesal.

De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951
de 1991, vinculó al señor Eynar Fabián Rincón Murillo 4 [quejoso dentro del proceso
disciplinario], así como las demás partes, personas y/o entidades que hayan participado
en el proceso con radicado número 11001-2502-000-2021-01572-00/015.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:

1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

El magistrado ponente de la decisión reprochada solicitó que se declare improcedente
la presente acción o que, en su defecto, se niegue el amparo deprecado por la actora
al no existir violación de sus derechos fundamentales.

Luego de hacer un recuento de las diferentes actuaciones procesales que se surtieron
al interior del proceso disciplinario, consideró que no hubo ningún vicio de nulidad en
relación con el debido proceso, comoquiera que se realizaron las notificaciones en
debida forma, la disciplinada tuvo la oportunidad de nombrar apoderado, ejerció su
derecho a la defensa en cada una de las etapas procesales y se resolvió su recurso
de apelación de manera oportuna.

4 Notificado al correo eynar_frm@hotmail.com.
5 En el índice 15 de Samai, la Secretaría General dejó la siguiente constancia: «Se hace constar que

revisado el proceso disciplinario 11001250200020210157200, se evidenció que además de los sujetos
vinculados en el auto admisorio, EYNAR FABIAN RINCON MURILLO actuó como quejoso y el señor
JAIRO ENRIQUE CORREA RANGEL actuó como agente del Ministerio Público». Así, el procurador
judicial Jairo Enrique Correa Rangel fue notificado al buzón electrónico jecorrea@procuraduria.gov.co.
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Puso de presente que tanto la imputación fáctica como jurídica fueron claras al
momento de formular los cargos, puesto que se le atribuyó la falta establecida en el
numeral 1.° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que la actora dejó de
hacer las diligencias propias de la actuación profesional y faltó al deber objetivo de
cuidado en sus prácticas profesionales.

Asimismo, explicó que al proferirse el fallo se analizaron todos los elementos
materiales probatorios allegados al proceso, que dieron certeza sobre la existencia de
la falta en la que incurrió la tutelante al dejar de hacer oportunamente las diligencias
propias de su actuación profesional.

De otro lado, sobre la nulidad resuelta en el fallo, agregó lo siguiente:

Ahora bien, respecto de lo que manifestó en el escrito de tutela la accionante, donde
mencionó, que la providencia con el número de radicado 11001-25-02-000-2021-01572-
01, emitida por ésta Corporación en la parte motiva y resolutiva resolvió la nulidad, la
cual nunca fue solicitada por la apoderada y por tal razón no se ha resuelto el recurso;
se advierte que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de manera unánime ha
venido sosteniendo que cuando la parte investigada al interior de un recurso de
apelación, decante en su sustentación alguna muestra de violación a los derechos
procesales; se debe resolver la nulidad en aras de garantizar el derecho a la defensa y
contradicción.

Aclaró que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1123 de 2007, la sanción
disciplinaria no se contrapone al derecho al trabajo, teniendo en cuenta que esta es la
consecuencia de un reproche ético que cobija a quienes ejercen la abogacía.

Igualmente, destacó que en la providencia reprochada se tuvieron en cuenta (i) los
criterios establecidos por el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, para la aplicación
objetiva de la dosimetría de la sanción, (ii) los hechos y las circunstancias de su
ocurrencia, (iii) la gravedad, el perjuicio causado y la modalidad de la conducta en
grado de culpa, y (iv) los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la
sanción de que trata el articulo 13 ibidem.

Por último, concluyó que la sanción impuesta en la sentencia del 7 de julio de 2023
cumple con los criterios legales y constitucionales.

1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Bogotá

El magistrado que sustanció el fallo disciplinario de primera instancia pidió su
desvinculación de la acción de tutela, dado que no hay algún derecho fundamental de
la accionante que haya sido vulnerado o se encuentra comprometido, máxime cuando
no observa la causación de un perjuicio irremediable.

6

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02323-00

Hizo un resumen sobre el trámite adelantado en el proceso que llama la atención de
la Sala, para concluir que en este no se desatendió alguna obligación constitucional y
que, por el contrario, la accionante tuvo todas las garantías para el ejercicio de su
defensa.

Además, aclaró que dicha decisión se sustentó en las pruebas allegadas en su
oportunidad y valoradas en conjunto conforme a la sana crítica y de acuerdo con su
autonomía funcional.

En ese sentido, consideró que el descontento de la tutelante se dirige contra la decisión
de 17 de abril de 2024, emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al haber
confirmado la sanción que le fue impuesta, lo cual no debe ser objeto de estudio a
través de la acción de tutela, pues este no es el mecanismo idóneo para tal fin.

Destacó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es la entidad que tiene
injerencia directa en la inconformidad de la accionante y por ello es la que debe
contestar la acción de tutela, así como remitir las copias solicitadas, puesto que el
proceso está en esa Corporación.

1.6.3. Jenyfer Andrea Lemus Medina

Mediante memorial allegado el 17 de mayo de 2024, la accionante reiteró su solicitud
de medida provisional, al señalar que la acción de tutela es el último mecanismo con
el que cuenta para salvaguardar sus derechos fundamentales, principalmente el del
trabajo, dado que la sanción disciplinaria se encuentra inscrita desde esa fecha a
través del certificado 4427186 de 17 de mayo de 2024.

Puso de presente que con la aplicación de la sanción se encuentra en un riesgo de
perder su trabajo pues no puede ejercer su profesión como representante judicial a
favor de la empresa que asesora.

Informó que es madre cabeza de familia de una menor y proveedora del hogar y que
su único ingreso es el que percibe como asesora jurídica.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Jenyfer Andrea Lemus Medina, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Solicitud de desvinculación

El magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Bogotá solicitó su
desvinculación de la acción de tutela, al señalar que no hay derecho fundamental
alguno que haya sido vulnerado o se encuentra amenazado. La Sala negará tal
pretensión, comoquiera que fue la autoridad judicial accionada que dictó el fallo de
primera instancia en el marco del proceso disciplinario que se reprocha en esta
instancia, razón por la cual le asiste interés en las resultas de este trámite
constitucional.

2.2.2. Solicitud de medida provisional

La accionante reiteró su petición relacionada con el decreto de la medida provisional
de suspensión de la aplicación de la sanción disciplinaria que le impuesta. Ello, con
fundamento en que es madre cabeza de hogar de una menor y su ingreso como
asesora jurídica de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. será suspendido
como consecuencia de la sanción.

La Sala negará esta solicitud, toda vez que en el presente proveído estudiará los
cargos elevados por la accionante a través de su escrito de tutela, por lo que de
accederse a sus pretensiones la medida provisional perdería su razón de ser en la
medida que la finalidad de estas es que, ante la urgencia se adopte una decisión
perentoria mientras se dicta fallo definitivo y, justamente, en este momento procesal
se está dictando este último.

A todo lo anterior se suma que, junto con su memorial de 17 de mayo de 2024, la
tutelante no aportó alguna prueba siquiera sumaria que permitiera colegir a primera
vista, como sucedió en el auto admisorio, el perjuicio que alega.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia
de 17 de abril de 2024 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por medio de la
cual confirmó la providencia de 7 de julio de 2023 dictada por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá que sancionó a la tutelante, en el marco del proceso
disciplinario identificado con radicado 11001-2502-000-2021-01572-00/01.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y,
de encontrase superado, junto con los demás, y (iii) el caso concreto.

8

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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8. Sin
embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, comoquiera
que la solicitud de amparo elevada por la señora Jenyfer Andrea Lemus Medina no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación 215 de 16 de junio de 2022.

2.5.2. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9

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Demandante: Jenyfer Andrea Lemus Medina
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Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.10

Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

10
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
10

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Demandante: Jenyfer Andrea Lemus Medina
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02323-00

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».12

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”13. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental».14

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso15, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

2.5.3. Ahora bien, al descender al análisis del escrito inicial, esta colegiatura no avizora
que las inconformidades de la accionante contengan la carga argumentativa requerida.
Es decir, al tratarse de una tutela contra providencia judicial, es indispensable que la
parte actora, además de identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así
como las garantías superiores que considera vulneradas, debe cumplir con el deber
de exponer con suficiencia las razones del porqué el asunto implica la intervención del
fallador de esta sede.

11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Ibídem.
14
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
15
Sentencia SU-573 de 2019.
11

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Si bien la accionante en su escrito de tutela relató las irregularidades en las que, a su
juicio, incurrió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al proferir el fallo de 17 de
abril de 2024, lo cierto es que estas no satisfacen la carga desde la perspectiva
constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte
Constitucional, SU-215 de 2022.

Tal afirmación deviene de manera indiscutible, del hecho notorio correspondiente a
que la controversia propuesta por la tutelante se circunscribe a un debate de
interpretación meramente legal y probatorio, toda vez que sus reproches se
circunscriben a señalar que la autoridad judicial accionada: (i) hizo una indebida
calificación de la actuación investigada, toda vez que no estableció con claridad si se
trataba de una o de dos conductas, lo que conllevó al error en la formulación de los
cargos que le fueron endilgados; (ii) no se valoró adecuadamente el material probatorio
allegado al proceso; (iii) no estudió todos los elementos del tipo disciplinario del que
fue objeto de imputación bajo la falta prevista en el numeral 1.º del artículo 37 de la
Ley 1123 de 2007; y (iv) desconoció el precedente establecido en una sentencia de la
Comisión Nacional de Disciplina judicial de 19 de agosto de 2021.

Al respecto, es importante precisar que para esta Sala de Decisión los alegatos de la
accionante fueron dirimidos en el marco de la causa disciplinaria debido a que fueron
propuestos por ella en ese proceso, concretamente en el recurso de apelación que dio
lugar a la sentencia de 17 de abril de 2024.

En esa providencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial aseguró que «tanto la
imputación fáctica como jurídica fueron claras al momento de formular cargos, pues se
le atribuyó la falta establecida en el artículo 37, numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, por
dejar de hacer las diligencias propias de la actuación profesional». Además, sobre las
pruebas aportadas al proceso, precisó que estas dieron cuenta de la comisión de la
falta que le fue imputada:

[…] teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios decretados, practicados y
valorados por el a quo, quedó demostrado que la abogada JENYFER ANDREA LEMUS
MEDINA, incurrió en la falta establecida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123
de 2007, a título de culpa, y con ello incumplió el deber consagrado en el numeral 10º
del artículo 28 ibidem; lo anterior teniendo en cuenta que se firmó un contrato de
mandato, para adelantar un proceso ordinario laboral contra la empresa Motor Group
Colombia S.A.S, no obstante, pese a que impetró la demanda ordinaria laboral en dos
oportunidades, en la primera de ellas no la subsanó en indebida forma y en la segunda
oportunidad no acató a cabalidad las observaciones del Juzgado Noveno Municipal de
pequeñas Causas Laborales, por lo cual ambas fueron rechazadas.

En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo se empleó como una
tercera instancia debido a que no va más allá de la iteración de las inconformidades
que se debatieron en el trámite disciplinario y, en consecuencia, no cuenta con un
ejercicio de sustentación desde la esfera constitucional y de la violación de las
garantías que alegó como desatendidas, que demuestren lo imperioso de la
intervención del juez de tutela y de su pronunciamiento en el asunto de la referencia.
12

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No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester que
quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el concepto de la
violación que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de los
postulados constitucionales, que implique en esta sede un análisis de fondo frente a la
decisión cuestionada, máxime si es dictada por el órgano de cierre en la materia.

En este punto, se recuerda que la acción de tutela no puede ser empleada como una
sede adicional del trámite disciplinario que ya fue agotado, con el fin de que se deje
sin efectos el proveído dictado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que
se ordene proferir una decisión en el sentido que la señora Jenyfer Andrea Lemus
Medina considera es el correcto, dado que ello atenta con los principios de autonomía
judicial, debido proceso y legalidad que son pilares en el ejercicio de la función
jurisdiccional.

De igual manera, esta Sala de Decisión no advierte una transgresión palmaria, sino
una simple inconformidad de la tutelante frente a la desestimación de sus argumentos
de defensa, razones que permiten reiterar que este medio de amparo carece de la
carga argumentativa suficiente a través de la cual la señora Lemus Medina justifique
la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la violación, lo cual
implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita a esta colegiatura
advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas superiores con ocasión de la
providencia dictada por la autoridad censurada, en el sentido riguroso que señaló la
Corte Constitucional en las citadas sentencias de unificación 573 de 2019, 215 y 103
de 2022.

En resumen, la sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la infracción de
garantías constitucionales invocadas, que amerite superar el requisito de relevancia
constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el escrito de tutela carece de la carga argumentativa elevada a un
rango constitucional; y (ii) no se evidencia una vulneración palmaria o un perjuicio
irremediable derivado de la providencia de 17 de abril de 2024, que implique la
intervención del juez de tutela.

Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de Decisión declare la improcedencia de la
solicitud de amparo de la referencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

13

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FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Bogotá.

SEGUNDO: NEGAR la medida provisional realizada por la señora Jenyfer Andrea
Lemus Medina.

TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por
la señora Jenyfer Andrea Lemus Medina contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Bogotá.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

14

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