Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-02326-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-02326-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-02326-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
22 de agosto de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02326-00
Demandante: Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02326-00
Demandante: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CALCORP LTDA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIONES SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “B” Y QUINTA
Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Cosa juzgada
constitucional fraudulenta - Fraus omnia corrumpit -. Reglas
precisadas en la jurisprudencia constitucional para su análisis.
Requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp limitada, quien
actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad,
vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 2 de noviembre de 2023,
mediante la cual revocó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones y,
en su lugar, declaró la improcedencia de la solicitud por falta del requisito de
relevancia constitucional, en el marco de la acción constitucional que promovió
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, con el fin de que
se dejara sin efectos la sentencia de 4 de julio de 2023, proferida en el proceso de
reparación directa que promovió contra la Fiscalía General de la Nación, para que
se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, dentro de un trámite de asistencia
judicial, en una investigación penal que por el delito de lavado de activos se inició
contra la empresa Confexcol limitada.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La sociedad accionante afirmó que promovió demanda de reparación directa
contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la indemnización de
los perjuicios por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por
la no devolución de unos dineros incautados que fueron apropiados
subrepticiamente por funcionarios de esa entidad, en virtud de una asistencia
judicial del gobierno de los EE.UU., denominada Operación Casablanca, en una
investigación penal que por el delito de lavado de activos se inició contra la
empresa Confexcol limitada.
1
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Demandante: Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp
Sostuvo que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia denegó
las pretensiones de la demanda, decisión que fue objeto de recurso de apelación
que correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, que en
sentencia de 4 de julio de 2023 revocó el fallo de primer grado, declaró la
responsabilidad civil y extracontractual de la demandada por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, y condenó al pago a su favor de la
suma de $346.600.951,58 como lucro cesante, “dejando de lado los rendimientos
financieros a tasa comercial que ordena el artículo 12 de la ley 793 de 2002”.
Adujo que pese a que dicha decisión judicial fue parcialmente favorable a sus
intereses, dejó de lado ordenar la entrega de los rendimientos financieros que para
asuntos de extinción de dominio contempla el artículo 12 de la Ley 793 de 2002,
por lo que formuló acción de tutela contra esta última autoridad judicial.
Refirió que, en primera instancia, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo
de Estado, en sentencia de 30 de agosto de 2023, denegó las pretensiones de la
demanda bajo el argumento de que se estaba utilizando la tutela como una tercera
instancia, pues la decisión judicial atacada estaba debidamente razonada y
justificada.
Por último, aseveró que luego de que interpusiera impugnación contra el precitado
fallo, la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió sentencia el 2 de noviembre
de 2023, en la que revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró la
improcedencia de la solicitud por no haberse superado el requisito de la relevancia
constitucional, en tanto i) se trataba de un aspecto de índole legal y económico, ii)
reprochaba la interpretación normativa, y iii) no hizo alusión a los elementos de
convicción que, a su juicio, fueron desconocidos o indebidamente valorados.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que la sentencia de tutela de 2 de noviembre de 2023,
mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó el fallo de
primera instancia y, en su lugar, declaró la improcedencia de la solicitud por no
haberse superado el requisito de la relevancia constitucional, en el marco de la
acción de tutela que promovió contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “A”, vulnera sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad.
Aun cuando no es explícito en el escrito de tutela, de su lectura sistemática se
entiende que la accionante considera que la sentencia objetada incurre en
desconocimiento del precedente judicial aplicable, contenido en la sentencia
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” de 16 de noviembre de
20211, en la que se “consideró superado el requisito de la relevancia
constitucional”.
Afirmó que, en cuanto al tema de la relevancia constitucional, “el mismo Consejo
de Estado, Sección Segunda –Subsección A, ha preceptuado que “….Contrario a
lo señalado en primera instancia, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia del defecto procedimental y el
desconocimiento del precedente en que presuntamente incurrieron las autoridades
judiciales demandadas y frente a la cual, la parte actora alega la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva e igualdad
…”, como defectos también advertidos en la tutela que aquí ataco”.
1 M.P. Fredy Ibarra Martínez, expediente: 11001-03-15-000-2021-06765-00, demandante: Comercializadora
Joval Internacional. 2
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Demandante: Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp
Agregó que como el concepto de la relevancia constitucional admite
interpretaciones diversas de los jueces de tutela, se pregunta “será que los
derechos fundamentales invocados como vulnerados de acceso a la justicia, a la
tutela judicial efectiva e igualdad por no tener en cuenta el precedente judicial, por
el sólo hecho de ser derechos fundamentales no son relevantes
constitucionalmente hablando, independientemente que versen sobre aspectos
económicos o de legalidad?”.
Para finalizar, señaló que en la sentencia SU-627 de 2015 la Corte Constitucional
precisó que para que proceda una tutela contra tutela se requiere que “a) La
acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno de cosa
juzgada. b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que
atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit).
c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un
carácter residual”, y sostuvo que la presente acción constitucional que ataca un
fallo de tutela no comporta identidad procesal, “ya que el objeto de la tutela inicial
fue de lograr la anulación de lo dispuesto por el juez colegiado de la reparación
directa; diferente a la aquí planteada que tiene por objeto que tanto la Sección
Segunda –Subsección B, como la Sección Quinta del Consejo de Estado,
resuelvan la tutela considerando superado el requisito de la relevancia
constitucional”.
3. Pretensiones
La accionante plantea las siguientes:
“PRIMERA.- AMPARAR a la sociedad comercial CI Calcorp Ltda sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva e igualdad, por cuanto las accionadas estimaron la no vulneración de
los derechos fundamentales invocados, más la inexistencia del requisito de la
relevancia constitucional dentro de la tutela con radicado 11 001 03 15 000
2023 03943 00.
SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR a la corporación accionada que
dentro del término improrrogable de diez (10) día contado a partir de la
notificación del fallo que así lo disponga, decida de fondo tomando en
consideración los argumentos de la presente demanda de tutela”.
4. Pruebas relevantes
Al trámite de la tutela se allegó copia digital de las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas en el marco de la acción de tutela radicada con el Nº
2023-03943-00/01, actora: Calcorp limitada.
5. Trámite procesal
Por auto de 4 de julio de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al
accionante, a las autoridades judiciales accionadas, así como al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “A” y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.
3
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La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
228794 a 228709 de 9 de julio de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Quinta
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, en tanto, sostuvo, cuando se cuestionan
sentencias de la misma naturaleza por regla general no es procedente, no
obstante, de forma excepcional es viable contra un fallo de la misma naturaleza
cuando se pueda predicar una irregularidad cometida por el juez de la primera
solicitud que vulnera gravemente el derecho fundamental al debido proceso, en
casos de posible fraude, cuya ocurrencia se descarta en el presente caso.
6.2. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
El titular del despacho que profirió la sentencia de tutela de primera instancia
objetada, rindió informe en el que solicitó que se declare improcedente la solicitud,
en tanto, sostuvo, se cuestiona una decisión de similar naturaleza, respecto de la
cual el ordenamiento jurídico estableció su eventual revisión por parte de la Corte
Constitucional, como mecanismo de control para evitar la vulneración de derechos
fundamentales.
Agregó que, si bien la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015
precisó en qué eventos excepcionales procede la solicitud de tutela contra
sentencias de igual naturaleza, lo cierto es que de acuerdo con los lineamientos
expuestos por esa corporación, en el asunto bajo estudio no se evidencia que
haya existido fraude por lo que la misma es improcedente.
6.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, aun cuando fue
debidamente notificado del auto admisorio de la acción de tutela, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Aun cuando la acción de tutela se admitió respecto de las Secciones Segunda,
Subsección “B” y Quinta del Consejo de Estado, autoridades que conocieron la
acción de tutela 2023-03943-00/01, el análisis se circunscribirá a la decisión
proferida por esta última, en tanto fue la que, en instancia, resolvió la discusión
propuesta en ese trámite constitucional.
2 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: edgarguillermoparracamargo@yahoo.es;
javilas@consejodeestado.gov.co; kossaa@consejodeestado.gov.co;
notifcpalomino@consejodeestado.gov.co; mzubiriatutelas@gmail.com;
notiflalvarezp@consejodeestado.gov.co; acardenasr@consejodeestado.gov.co;
notifggomez@consejodeestado.gov.co; ces5secr@consejodeestado.gov.co,
notifmmarin@consejodeestado.gov.co; kdiazl@consejodeestado.gov.co;
cmartinezg@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co. 4
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Así las cosas, la Sala debe determinar si la acción constitucional es procedente
para cuestionar la sentencia de tutela de 2 de noviembre de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en tanto, a juicio de la parte demandante,
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, contenido en la sentencia
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” de 16 de noviembre de
20213, en la que se “consideró superado el requisito de la relevancia
constitucional”.
3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza
La Sala, en un primer momento, había sostenido que la acción de tutela contra
fallos de la misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes
sentencias de la Corte Constitucional que tuvieron como sustento la SU-1219 de
2001.
Sobre el particular, esa corporación judicial en la sentencia T-272 de 20144, indicó
“no es procedente la tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir
un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no
fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas,
con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el
mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte
Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues ‘quedaría
indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera
no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar
que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento,
seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta
volver a vencer”’.
Con posterioridad, la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 20155
rectificó su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela
procede contra sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude,
supuesto que se agrega a los dos que habían sido contemplados por la
jurisprudencia: irregularidad grave en el curso de una acción de tutela e incidente
de desacato, con la precisión de que la improcedencia absoluta, sin ninguna
excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala Plena o las Salas de
Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:
“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
3 M.P Fredy Ibarra Martínez, expediente: 11001-03-15-000-2021-06765-00, demandante: Comercializadora
Joval Internacional.
4 M. P. María Victoria Calle Correa.
5 Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de
una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.”
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
20186, consideró que la acción de tutela es procedente contra la providencia que
rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al respecto,
sostuvo:
“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de
tutela, sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La
Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015,
en la que consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones
arbitrarias de los jueces de tutela, que se hubieran realizado antes o después
de proferir el fallo, por lo que este requisito de procedencia se encuentra
superado”.
El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso
concreto y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las
autoridades públicas.
De otra parte, en la sentencia T-322 de 20197, la Corte Constitucional resaltó que
previó a la verificación de la existencia de un fraude, es pertinente constatar si el
fallo de tutela reprochado ya fue objeto de la eventual revisión que le ha sido
atribuida a esa corporación judicial, pues de lo contrario tornaría improcedente la
solicitud de amparo.
Ahora bien, superada la revisión ante la Corte Constitucional, ya sea porque fue
seleccionado o, en su defecto, porque no se seleccionó, le corresponde a la parte
accionante demostrar el fraude en la sentencia de tutela. Sobre este particular, la
Corte Constitucional en la referida sentencia T-322 de 20198, con el fin de
identificar los criterios seguidos por las diferentes Salas de Revisión, precisó de
manera indicativa en qué casos existe una situación de fraude, para lo cual
elaboró el siguiente cuadro:
6 M.P. Carlos Bernal Pulido.
7 M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
8 M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
6
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Jurisprudencia constitucional y cosa juzgada constitucional fraudulenta
Improcedencia Procedencia de la acción de tutela
de la acción
de tutela
• La acción de Condiciones necesarias
tutela no se Actuación prima facie dolosa o Decisión judicial Indicios de la existencia de una
soporta en gravemente culposa. evidentemente incorrecta situación de fraude.
hechos
objetivos (T- Esta calificación puede Esta calificación puede - Evidencia de que el fallo de tutela fue
951/13). fundamentarse fundamentarse proferido sin que se verificaran las
condiciones de procedibilidad de este
• El accionante - En la decisión de autoridad - En la existencia de una mecanismo excepcional (T-218/12, T-
discrepa sobre competente donde se declare la interpretación normativa 399/13, T-272/14 y T-073/19)
una conducta dolosa del juez (T- abiertamente contraria a los
interpretación 218/12) postulados constitucionales - Ausencia de certeza del derecho
sustantiva o y a la buena fe judicial (T- reconocido (T-218/12, T-399/13)
probatoria (T- - En la apertura de 073/19).
373/14, T- investigaciones disciplinarias o - Protección de un elevado número de
093/18 y T- penales acerca de la - En la afectación del peticionarios, cuya situación individual
470/18) configuración del delito (T- patrimonio público (T- no alcanza a ser debidamente
399/13) 218/12, T-399/13, T-272/14 examinada dentro del término de diez
• Se incumple y T-073/19). (10) días del que dispone el juez para
con la carga de - En la materialización del dolo en decidir (T-272/14).
demostrar la la sentencia judicial (T-218/12, T-
existencia de 951/13, T-373/14, T-427/17 y T- - Se presenta acción de tutela contra
fraudulenta (T- 470/18) una entidad que, por estar sumida en
072/18). un estado de cosas inconstitucional,
presenta una limitada capacidad para
ofrecer respuesta oportuna a las
demandas de sus afiliados y
beneficiarios (T-272/14).
• El cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias
descritas amenaza el goce efectivo de
derechos fundamentales de terceros
(T-272/14).
• El reconocimiento de una prestación
de forma manifiestamente ilegal.
A partir de lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado que quien pretenda
la revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan
a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y ii) que el fallo de tutela objetado no pueda ser
admitido debido a que resulta evidentemente incorrecto, implicando, además, una
afectación grave del patrimonio público.
Así mismo, “la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos
claros, ciertos, serios y coherentes la situación de fraude alegada, la
incidencia en la decisión adoptada, la evidente violación de un derecho
fundamental y que la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir
de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán de recibo
razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del
solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el
principio de seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional”.
Con todo, la jurisprudencia constitucional ha precisado las subreglas que
determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la providencia
acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional (ii) que la decisión superó el trámite de la revisión ante esa
corporación judicial, es decir, que no hubiera sido seleccionada para revisión y (iii)
que en ésta configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, a partir de las
particularidades mencionadas en precedencia, bajo el cumplimiento de una
importante carga argumentativa que permita demostrar el fraude alegado.
7
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4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp limitada considera que la
sentencia de tutela de 2 de noviembre de 2023, mediante la cual la Sección Quinta
del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia que había denegado las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la improcedencia de la solicitud
por no haberse superado el requisito de la relevancia constitucional, en el marco
de la acción de tutela que promovió contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “A” (rad. 2023-03943-00/01), incurre en desconocimiento del
precedente judicial, contenido en la decisión de tutela del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B” de 16 de noviembre de 20219, en la que se
“consideró superado el requisito de la relevancia constitucional”.
4.2. De conformidad con las consideraciones jurídicas expuestas, como primera
medida, la Sala debe indicar que la sentencia de tutela de 2 de noviembre de
2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, fue radicado en la
Corte Constitucional bajo el número T-9901726, expediente que superó el trámite
de selección y eventual revisión ante la Corte Constitucional, en el que no fue
seleccionado para revisión mediante auto de 13 de febrero de 2024, condición de
procedencia que ha sido precisada por la Corte Constitucional en el marco de la
acción de tutela contra decisiones de la misma naturaleza. De ello da cuenta la
siguiente imagen:
En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-245 de 202110 indicó que “el
carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce únicamente cuando ha
vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando ha vencido el
término para que esta sea seleccionada, o cuando se ha producido la decisión de
revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible hablar de cosa
juzgada fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal estabilidad no se
ha alcanzado y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte Constitucional
se pronuncie, revisando las decisiones de instancia”.
4.3. No obstante lo anterior, de conformidad con las consideraciones jurídicas
expuestas en precedencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, en tanto la misma no tiene la relevancia constitucional necesaria para su
estudio de fondo, condición establecida por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-627 de 2015, para la procedencia de la tutela contra sentencias de esa misma
naturaleza.
En efecto, como se anotó, la Corte Constitucional ha considerado que para que
proceda la acción contra una tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, se debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar que el juez de tutela incumplió deberes básicos
9 M.P. Fredy Ibarra Martínez, exp. 11001-03-15-000-2021-06765-00, demandante: Comercializadora Joval
Internacional.
10 M.P. Diana Fajardo Rivera.
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en la tarea de administrar justicia, argumentación mínima que no se evidencia en
el caso.
En el presente asunto, no se vislumbran fundamentos claros, ciertos y serios que
pretendan evidenciar una situación de fraude y la evidente violación de un
derecho fundamental, pues la argumentación está dirigida a solicitar la aplicación
del criterio mediante el que se consideró en otra acción de tutela que la solicitud
cumplía con el requisito de relevancia constitucional, análisis que no corresponde
al exigido para que proceda de la tutela contra tutela, el cual debe evidenciar de
manera clara una situación de fraude y su incidencia en el sentido de la decisión
objetada, en tanto están en juego los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada.
Para la Sala la sola mención de la sentencia de tutela que supuestamente se
desconoció, no es suficiente para superar el requisito general de procedibilidad de
la trascendencia constitucional, mismo que se hace aún más exigente cuando se
cuestiona una sentencia de tutela.
De la sentencia de tutela objeto de tutela, se observa que en esta se determinó
que “el monto de los rendimientos financieros que pudo haber ocasionado como
consecuencia de la recaudación del dinero en el marco de la «Operación
Casablanca», es un asunto de naturaleza eminentemente legal y económica y,
por ende, no está sujeto a la revisión por parte del juez constitucional en el marco
de la acción de tutela”, argumentación contra la que no se propone ninguna tesis
dirigida a evidenciar una situación de fraude en la presente solicitud, lo que
refuerza la falta de relevancia constitucional.
En suma, la presente solicitud se observa carente de la relevancia constitucional
que haga procedente la tutela contra una decisión de esa misma naturaleza, la
cual requiere que se evidencie una situación excepcionalísima de fraude.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela promovida por la Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp limitada,
quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado,
Secciones Segunda, Subsección “B” y Quinta.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp limitada, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02326-00
Demandante: Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) AUSENTE EN COMISIÓN
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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