Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02330-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02330-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02330-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
3 de julio de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, tres (3) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
Demandante: JAIME ALBERTO LÓPEZ MEJÍA
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
INMEDIATEZ.
Síntesis del caso: el actor reclamó que se vulneraron sus derechos fundamentales por
motivo de la providencia en la cual se negaron sus pretensiones en un proceso de
reparación directa. La Sala confirmará la decisión que declaró que el amparo no superó el
requisito de inmediatez pues, se interpuso por fuera del término considerado como
razonable, motivo por el cual se declara improcedente.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de la
sentencia de 28 de mayo de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la que se resolvió:
“Primero: Declarar improcedente la acción de tutela, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. (...)”. (negrillas del
original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).
II. ANTECEDENTES
La parte actora promovió proceso de acción de tutela1 en contra de la providencia
del 10 de marzo de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa con radicación no.
05001-23-31-000-2006-00063-01 (45.893), por cuanto, a su juicio, vulneró sus
derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad.
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Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 10 de mayo de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
Demandante: Jaime Alberto López Mejía
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la autoridad demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) Entre febrero de 1998 y junio de 2004 se celebraron varios contratos de
arrendamiento entre el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y los señores Jaime
Alberto López Mejía, Jaime de Jesús Ramírez Posada y la sociedad Todo Pollo &
Cía Ltda sobre terrenos que serían utilizados como sitios de acopio temporal de
materiales extraídos del túnel de occidente, dentro del proyecto de interconexión
vial Aburrá – Río Cauca.
2) Los contratos de arrendamiento tenían una duración inicial que venció y fueron
prorrogados hasta junio de 2004, fecha a partir de la cual el INVIAS no devolvió los
terrenos ni pagó los cánones de arrendamiento correspondientes, además que
modificó la geografía y la destinación de los terrenos sin autorización,
transformándolos de sitios de acopio temporal a depósitos permanentes de material.
3) El 29 de septiembre de 2005, el actor y otros presentaron una demanda de
reparación directa contra el INVÍAS por los perjuicios derivados de la ocupación
permanente de los inmuebles.
4) Mediante sentencia del 29 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa por considerar que los demandantes no acreditaron la condición de
propietarios de los inmuebles presuntamente ocupados2.
5) Los demandantes apelaron la decisión 3 y el conocimiento del recurso
correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que
con providencia de 10 de marzo de 2023 revocó la sentencia del tribunal y, en su
2
La autoridad se pronunció sobre el valor probatorio de las copias simples y concluyó que la parte
actora no aportó las copias auténticas de las escrituras públicas que acreditaran la adquisición de
los inmuebles.
3
Al respecto, consideraron que el tribunal debió apreciar, cuando menos como indicios, las pruebas
que se aportaron con la demanda, en particular, el original de los certificados de libertad y tradición
y las copias simples de las escrituras públicas, en conjunto con los contratos de arrendamiento
celebrados con el INVIAS.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
Demandante: Jaime Alberto López Mejía
Acción de tutela – Impugnación de fallo
lugar, declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia de la acción por considerar que el daño alegado por los
demandantes provino del incumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de
arrendamiento y, en dicha medida, la acción de reparación directa no era la vía
adecuada para reclamar los perjuicios derivados por la ocupación de los terrenos.
6) Uno de los magistrados integrantes de la Sala de Decisión salvó el voto por
considerar que la indebida escogencia del medio de control no se encuentra
enlistada por el artículo 169 CPACA como causal de rechazo de la demanda ni
constituye impedimento para pronunciarse de fondo; además, en atención a que el
14 de abril de 2005 el INVIAS informó al actor que no le entregaría los bienes
inmuebles, a pesar de que el plazo de los contratos había finalizado y la demanda
se interpuso el 29 de septiembre de 2005, no operó la caducidad del medio de
control de controversias contractuales y, por ello, se debía estudiar de fondo la
controversia
2. Los fundamentos de la vulneración
El actor afirmó que la sentencia de 10 de marzo de 2023 vulneró sus derechos
fundamentales y para ello afirmó que acogería los planteamientos del salvamento
de voto manifestado por el magistrado disidente, según los cuales la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda únicamente se estructura cuando la demanda
adolece de alguno de los requisitos legales previstos en los artículos 162 a 166 de
la Ley 1437 de 2011, esto es, el contenido del escrito de demanda, el deber de
individualizar las pretensiones y los eventos en los cuales se pueden acumular y los
anexos que deben adjuntarse, lo cual no ocurrió en su caso.
Según el demandante, el medio de control de reparación directa era el adecuado en
atención a que los daños sufridos fueron consecuencia de la ocupación de hecho
de sus terrenos por parte del INVIAS.
Para el actor se presentó un desconocimiento de los siguientes precedentes
judiciales:
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
Demandante: Jaime Alberto López Mejía
Acción de tutela – Impugnación de fallo
• Sentencia del Consejo de Estado del 8 de marzo de 2017 (Radicación no.
40001-23-31-000-1993-03394-01(15883), MP Mauricio Fajardo Gómez: la
cuál definió que si se termina el contrato de arrendamiento por vencimiento
del plazo se hace exigible la obligación del arrendatario de restituir o devolver
el bien objeto del arrendamiento y la del arrendador de recibirlo.
• Sentencia C-864 de 2004 de la Corte Constitucional: por medio de la cual se
estableció que las autoridades públicas tienen el deber constitucional de
respetar los derechos de los particulares sobre toda clase de bienes, así,
cuando las autoridades requieren inmuebles para cumplir los fines del Estado
deben actuar con sujeción al principio de legalidad y garantizar el derecho
fundamental del debido proceso.
• Sentencia de 28 de abril de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado (Radicación número: 68001-23-33-000-2016-
01173-01(68951), MP María Adriana Marín: en esta se reiteró que la indebida
escogencia de un medio de control no da lugar a la excepción previa de
ineptitud de demanda por cuanto solo se configura cuando el escrito de
demanda adolece de alguno de los requisitos legales contenidos en los
artículos 162 a 166 del CPACA.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1. Que se tutelen los derechos al debido proceso y acceso a la justicia
del señor JAIME ALBERTO LÓPEZ MEJÍA vulnerados con la decisión de
segunda instancia emitida por la sala accionada, al no definir de fondo la
controversia propuesta, teniendo el deber legal de interpretar los hechos
y pretensiones de la demanda.
2. Como consecuencia de lo anterior, déjese sin efecto la sentencia de
segunda instancia emitida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 10 de marzo de 2023, en el proceso referenciado.
3. Que se ORDENE a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado dictar sentencia de fondo, aplicando el principio de
interpretación de la demanda y acogiendo el medio de control que
encuentre pertinente, sin que pueda dejarse sin definir el litigio, tal como
lo solicito el magistrado disidente, en su salvamento de voto.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
Demandante: Jaime Alberto López Mejía
Acción de tutela – Impugnación de fallo
4. Actuación en primer grado
Mediante auto de 14 de mayo de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela, notificó a los magistrados
integrantes de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
vinculó al INVIAS por asistirle interés en el resultado del proceso.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada
El magistrado ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque no cumplió
con los requisitos generales de inmediatez y relevancia constitucional, dado que la
providencia cuestionada se notificó mediante edicto fijado el 14 de julio de 2023 y la
acción de tutela se presentó el 10 de mayo de 2024 y porque el propósito del actor
fue el de convertir este mecanismo de protección de derechos fundamentales en
una instancia adicional del proceso ordinario y continuar con un debate jurídico que
ya fue decidido de manera razonable.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 28 de mayo de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de inmediatez.
El a quo contabilizó el término de inmediatez a partir del 24 de julio de 2023 por ser
la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia cuestionada y consideró que el
demandante no expuso algún argumento para explicar la tardanza en la
presentación de la acción de tutela.
7. Impugnación
La parte actora presentó impugnación y le fue concedida en auto de 13 de junio de
2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
Demandante: Jaime Alberto López Mejía
Acción de tutela – Impugnación de fallo
El demandante argumentó que la acción de tutela se sustentó en las
consideraciones del magistrado disidente de la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en el salvamento de voto a la sentencia de 10 de marzo de
2023, por lo cual el término razonable para presentar la demanda debía contarse
desde la publicación de dicho salvamento, la cual se surtió el 23 de noviembre de
2023.
En lo demás, reiteró los fundamentos de vulneración de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
Demandante: Jaime Alberto López Mejía
Acción de tutela – Impugnación de fallo
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 10 de marzo de 2023, proferida por esa autoridad judicial, por
cuanto, a su juicio, incurrió en un desconocimiento del precedente judicial.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse
con el requisito de inmediatez por las razones que procederán a exponerse:
2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de
una correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador
de los derechos fundamentales.
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos
con el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las
situaciones que vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en orden a
que se puedan tomar medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales
derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata4” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir
su cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni
desproporcionado que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad
judicial por vía de la acción de tutela.
4
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.”. (negrillas adicionales).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
Demandante: Jaime Alberto López Mejía
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario
la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del
derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con
anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del
tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una
providencia judicial, puede afectar además el principio de seguridad jurídica;
de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 5”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa
judicial la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se
exija a los afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento
de la vulneración o amenaza.
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso se pretende es dejar sin efectos
una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o
ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so
pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad
jurídica el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide
sus efectos y se legitime.
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las
decisiones con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los
derechos de los terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de
manera indefinida a que su contraparte no haga uso de esta herramienta o
someterse a procesos sempiternos, lo cual desde luego desdibuja la esencia de
este mecanismo e implicaría sacrificar principios tan valiosos de cualquier
ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha
sido enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser
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Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las
acciones ordinarias, pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente
es erigirse en la primera herramienta de protección y defensa ante acciones u
omisiones que pongan en riesgo o vulneren garantías iusfundamentales en
ocasiones aplicar de manera estricta el término de 6 meses puede resultar en una
decisión excesivamente rigurosa.
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede
llevar al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía
ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen
que la demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que
demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son
permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que
deben analizarse en cada caso concreto en orden a racionalizar la exigencia de la
inmediatez, a saber:
“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición 6”.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe
valorar si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones
jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad de la parte
actora, hipótesis en las cuales el amparo constitucional siempre será procedente.
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso
concreto
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Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
Demandante: Jaime Alberto López Mejía
Acción de tutela – Impugnación de fallo
1) La Sala encontró que en el presente asunto no se cumplió con el requisito de
inmediatez por cuanto la providencia atacada fue proferida el 10 de marzo de 2023
y notificada por edicto desfijado el 19 de julio de 2023, mientras que la acción de
tutela se interpuso ante esta Corporación el 10 de mayo de 2024 lo cual denota que
se ejerció extemporáneamente.
2) Esta Sala reconoce que aplicar de manera estricta el término de seis meses
puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa por lo cual no siempre el
simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la acción de tutela
se ha presentado de forma tardía ante la posibilidad que existan circunstancias
especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en
un término razonable sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el
derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la
violación sea siempre actual.
3) No obstante para esta Sala resulta claro que el actor no demostró alguna
situación personal que demuestre que esa exigencia sea desproporcionada máxime
cuando de los planteamientos del escrito de tutela es posible inferir que lo
pretendido es revivir una discusión que ya fue zanjada.
4) Para esta instancia no es posible considerar que el término de contabilización del
término de inmediatez de la acción de tutela contra providencias judiciales pueda
hacerse a partir de la fecha de publicación del salvamento de voto presentado por
uno de los magistrados integrantes de la Sala de decisión que profirió la sentencia
cuestionada demandada, en atención a que la finalidad de esa figura es la de
documentar la disidencia y ofrecer una perspectiva alternativa frente a una
determinada providencia, no así la de alterar la ejecutoria o los términos procesales
de una decisión mayoritaria ni tampoco la de modificar los plazos establecidos para
la interposición de acciones judiciales.
5) En suma, la Sala no avizoró un perjuicio irremediable que ameritara la
intervención del juez constitucional y que atenuara la interposición tardía de la
acción de tutela del demandante y en esa medida se debe confirmar la sentencia
de primera instancia que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02330-01
Demandante: Jaime Alberto López Mejía
Acción de tutela – Impugnación de fallo
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónicamente, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Por Secretaría, publíquese la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Ausente con excusa
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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