RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02334-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02334-00

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02334-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente respecto de la solicitud de tutela presentada por los actores contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 14 Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00 Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02334-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro1
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura2

Tema: Carencia actual de objeto por hecho sobreviniente dentro del marco de la
acción de tutela

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) “[…] libre ejercicio de la
profesión […]”.

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Catalina Cáceres Barbosa y
Wilson Barajas Neuta contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores, en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, porque, a su juicio, al no expedir la tarjeta
profesional de abogado con carácter definitivo sin la exigencia de aprobación del

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 28 de junio de 20183, vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestaron que, en el mes de agosto de 2018 iniciaron la carrera de
derecho en la Fundación Universitaria los Libertadores y que, el 21 de abril de 2023,
recibieron el título de abogados.

4. Señalaron que, el 27 de abril de 2023, Wilson Barajas Neuta realizó la
preinscripción del trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados – SIRNA;
y el 2 de mayo de 2023 remitió, a través del canal digital
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la documentación requerida para la expedición
de su tarjeta profesional como abogado.

5. Sostuvieron que, el 26 de mayo de 2023, Catalina Cáceres Barbosa realizó
la preinscripción del trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados – SIRNA;
y el 31 de mayo de 2023 remitió, a través del canal digital
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la documentación requerida para la expedición
de su tarjeta profesional como abogada.

6. Sostuvieron que, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acta núm. 13065 de
28 de junio de 2023 y el Acta núm. 9719 de 11 de mayo de 2024, por medio de las
cuales realizó la inscripción en el Registro Nacional de Abogados y les asignó la
tarjeta profesional de abogados con vigencia provisional a Catalina Cáceres
Barbosa y a Wilson Barajas Neuta, respectivamente.

3 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

7. El 28 de diciembre de 2023, los actores realizaron la inscripción para la
presentación del examen de Estado que trata la Ley 1905; por lo que, mediante la
Resolución núm. URNAR24-18 de 16 de febrero de 2024, fueron admitidos para la
aplicación del examen de Estado al cumplir con los requisitos señalados en la Ley
mencionada supra y el Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de diciembre de 20234.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. Los actores solicitaron en su escrito de tutela5:

“[…] 1. Generar la expedición de las tarjetas profesionales de abogado, con carácter
definitivo para los presentes accionantes, y sin la exigencia de aprobación del exámen
de Estado reglamentado en la 1905 de 2018.

2. Efectuar el retiro de los presentes accionantes de la lista de convocados al exámen
de Estado reglamentado en la 1905 de 2018 […]”.

9. Los actores en su escrito de tutela indicaron lo siguiente6:

“[…] Mediante Sentencia C-126/24 del 17 de abril de 2024, la Corte Constitucional
inaplicó por inconstitucional el artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162, del
9 de abril del 2024 del Consejo Superior de la Judicatura, que prevé la categoría de
tarjeta profesional provisional para los destinatarios de la Ley 1905 del 2018, y otorgó
efectos inter pares a su decisión, bajo los siguientes requisitos:

(i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la
Ley 1905 de 2018 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido
tarjeta profesional provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las
cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió
las inscripciones para la primera aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas las
personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018
que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del
26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes
para la expedición de la tarjeta profesional […]”.

[…]

“[…] Referente a los hechos que motivan la presente acción de tutela, encontramos
jurisprudencia emitida por la honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-
126/24 […]”7.

4 “Por el cual se da apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del examen de Estado señalado

en la Ley 1905 de 2018 – Aplicación 2024-I”.
5 Transcripción literal del texto.
6 Idem pie de página núm. 4 supra.
7 La Sala precisa que, pese a que los actores hicieron referencia a la sentencia “[…] C-126/24 […]”, el contenido

expuesto al respecto corresponde al de la sentencia SU-128 de 18 de abril de 2024.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

Actuación

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de mayo de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la
Judicatura y al Director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia; y iii) vinculó a la Fundación Universitaria Los Libertadores, en calidad
de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

11. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitó negar la solicitud de tutela, por las
siguientes razones:

“[…] Los accionantes pretenden que, esta Unidad proceda a expedirles la tarjeta
profesional con vigencia definitiva y sin la exigencia de la presentación y aprobación
del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, con fundamento en el
“Comunicado 16 – Abril 17 y 18 de 2024”, publicado el 23 de abril de 2024 por la Corte
Constitucional en la página web oficial de la Corporación, en el cual se hace mención
a la sentencia de unificación 128 de 18 de abril de 2024 (expediente T-9.201.808.
A.C., Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo).

Dicho comunicado indica que, en la sentencia SU – 128 de 2024, la Corte amparó
“(…) el derecho a la libre escogencia y ejercicio de la profesión de abogados a quienes
el consejo superior de la judicatura expidió tarjetas profesionales de carácter
provisional, antes de que dicha entidad cumpliera con su deber de implementar el
examen de estado previsto en la ley 1905 de 2018” […]”.

[…]

“[…] Con ocasión a la disposición descrita, si bien, la sentencia parece tener como
objetivo primordial proteger los derechos de los abogados destinatarios de la Ley
1905 de 2018 que hubiesen solicitado o se les haya expedido tarjeta profesional antes
de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, lo cierto es que, la mencionada
providencia no ha sido notificada al Consejo Superior de la Judicatura o sus
unidades; de esta manera, es necesario conocer la totalidad del fallo y argumentos
expuestos por la Corte Constitucional para determinar los alcances o mandatos y
proceder con diligencia a atender las órdenes que allí se establezcan.

Ahora bien, es preciso resaltar que, numerosos pronunciamientos de la Corte
Constitucional8 han señalado que los comunicados de prensa no son sentencias, ni
responden a las características propias de las providencias judiciales, motivo por el
cual, su propósito es eminentemente informativo y no les confiere fuerza vinculante
de ninguna índole […]”.

[…]

8 Al respecto se encuentra el Auto 201/2013 y A597/2023 de la Corte Constitucional.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

“[…] Lo anterior, evidencia que, los comunicados de prensa, solo, tienen el propósito
de informar las decisiones adoptadas por sus salas, pero no deben interpretarse, por
un lado, como fundamento para la exigencia de derechos y, por otro, como una orden
que deba cumplirse al momento de su publicación.

No obstante, una vez la sentencia SU – 128 de 2024 sea debidamente notificada, esta
Unidad informará a los correos electrónicos registrados por los abogados en el
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados (SIRNA), las decisiones
a que haya lugar, con el propósito de dar cumplimiento a la mencionada decisión
judicial.

Actualmente, esta Unidad exige la aprobación del examen de Estado de idoneidad de
abogados con fundamento en la sentencia C – 594 de 20199, que reiteró lo señalado
en la sentencia C – 138 de 2019, en la cual se aclaró que, éste es un requisito
razonable y proporcional para los abogados que iniciaron la carrera de derecho
después del 28 de junio de 2018, al tratarse de una profesión cuyo ejercicio implica
un alto riesgo social, por lo tanto, se encuentra cobijada a lo dispuesto en el artículo
26 de la Carta Política […]”.

[…]

“[…] Así mismo, la mencionada Corporación ha indicado que, la acción de tutela es
un mecanismo judicial excepcional al que debe acudirse solo cuando exista una real
vulneración de garantías fundamentales y, siempre que no exista otro mecanismo (o
este ya haya sido agotado) para su protección. Por lo anterior, deber (sic) ser utilizada
por los ciudadanos de manera razonable y justificada, pues el uso indiscriminado e
injustificado de esta acción constitucional, desvirtúa su finalidad y genera un desgaste
en el aparato judicial del país.

En este sentido, se advierte que, a la fecha, esta dependencia no ha recibido petición
o recurso legal alguno por parte de los accionantes para controvertir el acto
administrativo que les otorgó la tarjeta profesional de abogado con anotación de
vigencia provisional […]”.

12. La Fundación Universitaria Los Libertadores guardó silencio en esta
oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199110, por el

9 “exigir la aprobación del examen de estado, este tribunal no encuentra razones para modificar lo que acaba

de sostener hace apenas unos meses en la Sentencia C-138 del 28 de marzo de 2019, al referirse a las actuales
condiciones del ejercicio de la profesión de abogado en Colombia. En efecto, en dicha sentencia se dijo, y ahora
se reafirma, que: 1) tanto la educación jurídica como el ejercicio profesional han desbordado la capacidad
reguladora del Estado, con resultados que no han sido favorables, pues de esto se ha seguido “una pérdida
sustancial de calidad de los estudios de derecho; un desprestigio de los juristas (…); [y] un menoscabo de la
cultura jurídica y de la autorregulación”; 2) no existen controles estatales para obtener el título de profesional
abogado, ni para el ingreso a la profesión”.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

6

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202111 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 12, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las
autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados.
Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

15. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en i) determinar si se configuró una carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente; y si la respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde
establecer si se deben proteger los derechos fundamentales a la igualdad y al “[…]
libre ejercicio de la profesión […]” invocados por los actores, los cuales consideran
vulnerados con ocasión a la falta de expedición de la tarjeta profesional de abogados
con carácter definitivo sin la exigencia de aprobación del Examen de Estado previsto
en la Ley 1905.

16. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente dentro del marco de
la acción de tutela, ii) análisis del caso concreto, y finalmente iii) las conclusiones
de la Sala.

11 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
12 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

Carencia actual de objeto por hecho sobreviniente dentro del marco de la
acción de tutela

17. Frente a la figura de la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, la
Corte Constitucional13 consideró que:

“[…] El hecho sobreviniente es un tercer tipo de configuración de la carencia
actual de objeto, diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las
categorías originales. Se trata de un concepto más reciente y más amplio, el
cual fue propuesto por primera vez con la Sentencia T-585 de 201014, en un
caso originado por las trabas administrativas impuestas por una EPS para
impedir la interrupción voluntaria del embarazo. En sede de revisión, la Sala fue
avisada que la accionante “no había continuado con el embarazo”. No se trataba
entonces de un hecho superado, pues la pretensión de la actora de acceder a
una IVE dentro del sistema de salud en condiciones de calidad fue rechazada,
pero tampoco de un daño consumado en vista de que el nacimiento tampoco se
produjo. La Sala Octava de Revisión explicó entonces que existen “otras
circunstancias” en las que la orden del juez resultaría inocua dado que el
accionante perdió “el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o ésta
fuera imposible de llevar a cabo”15.

45. El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena16 como
por las distintas Salas de Revisión17. Es una categoría que ha demostrado ser
de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su
amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de
daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier
“otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo
tanto caiga en el vacío”18. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha
declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la
carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora19; (ii) un
tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la
pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental20; (iii) es imposible proferir

13 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 5 de noviembre de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
14 M.P. Humberto Sierra Porto.
15 Sentencia T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto. En la misma dirección, la Sentencia T-841 de 2011

M.P. Humberto Sierra Porto, señala que “es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia
de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto”.
16 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
17 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-319

de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-379 de 2018.
M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
18 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
19 Por ejemplo, cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en el suministro del medicamento

que solicitó vía tutela, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios. Sentencia T-481 de 2016.
M.P. Alberto Rojas Ríos. Son también los casos en los que las accionantes, ante las trabas y demoras
injustificadas, deciden practicarse la interrupción voluntaria al embarazo, en establecimientos particulares (Ver
T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto y T-988 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
20 En Sentencia T-025 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos, un inmigrante venezolano, portador de VIH, solicitó a

la Secretaría de Salud de Santa Marta entrega de unos medicamentos indispensables para el tratamiento de su
enfermedad. En el trascurso del proceso de tutela, el accionante logró regularizar su situación en el país y
acceder al régimen contributivo en salud. Fue entonces EPS Sanitas la que hizo entrega de los medicamentos
solicitados inicialmente en la tutela. Ver también T-152 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada21; o
(iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis22.

46. En resumen, la carencia actual de objeto es un concepto desarrollado
jurisprudencialmente en respuesta a casos en los que, por circunstancias
acaecidas durante el trámite de la tutela, esta ha perdido su sustento, así como
su razón de ser como mecanismo de protección inmediata y actual23. Ante tales
escenarios, no se justifica que el juez de tutela profiera órdenes inocuas o
destinadas a caer al vacío. Hasta el momento, la jurisprudencia ha formulado
tres categorías en las que estos casos podrían enmarcarse: hecho superado,
daño consumado y hecho sobreviniente […]”.

[…]

“[…] En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio
que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y
especialmente tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de
revisión, podrá emitir un pronunciamiento de fondo cuando lo considere
necesario para, entre otros24: a) llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los
hechos vulneradores no se repitan25; b) advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes26; c) corregir las decisiones
judiciales de instancia27; o d) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental28 […]”. (Resaltado del texto original)

18. Ahora bien, esta Sección ha aplicado la figura de la carencia actual de objeto
por hecho sobreviniente en aquellos casos en los que ha advertido que lo
pretendido en la acción de tutela se satisfizo con ocasión del cumplimiento de una
sentencia judicial dictada en otro proceso. Al respecto, esta Sección29 consideró:

21 Son casos relacionados, por lo general, con el fallecimiento del accionante. En Sentencia T-401 de 2018.

M.P. José Antonio Lizarazo Ocampo, la Sala conoció una demanda para que se reconociera la pensión de
invalidez. Sin embargo, en sede de revisión se constató el fallecimiento del demandante, “circunstancia que no
necesariamente puede endilgarse a las actuaciones desplegadas por las entidades demandadas, y que
imposibilita conceder el amparo solicitado”. Ver también T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
22 En Sentencia T-200 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, la Sala evidenció que “como consecuencia del trámite

de su pensión de invalidez, desaparece el interés en lo pretendido mediante la tutela relativo a que se ordene
nuevamente su traslado como docente al municipio de Arjona o a uno cercano a la ciudad de Cartagena, y por
ende cualquier orden emitida en este sentido por la Corte caería al vacío”. Ver también T-319 de 2017. M.P.
Luis Guillermo Guerrero.
23 Entre otras, sentencias T-308 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-170 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto;

T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
24 Este no es un listado cerrado y dependiendo de las particularidades del caso pueden ser necesarios otro tipo

de pronunciamientos. Por ejemplo, en Sentencia T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger, luego de
advertir un hecho sobreviniente, la Sala se abstuvo de referirse sobre el objeto de la tutela, pero sí reprochó la
actitud del juez de instancia que no fue diligente para surtir la notificación de la entidad demandada incumpliendo
así “sus deberes como rector del proceso”.
25 Ver las sentencias T-387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-039 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
26 Ver las sentencias T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-236 de 2018. M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado; T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-152 de 2019. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
27 Sentencias T-842 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-155 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
28 Sentencias T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y T-152 de 2019. M.P. José Fernando

Reyes Cuartas.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de junio de

2023, Exp. núm. 11001-03-15-000-2023-01791-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

"[…] 15. En este contexto, se pone de presente que estando en trámite la acción de
tutela de la referencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mediante fallo de tutela proferido el 31 de mayo de 2023, dentro del proceso radicado
bajo el número 11001023000020230033500, dejó sin efecto parcialmente la CJR23-
0061 del 8 de febrero de 2023 y, en consecuencia, le ordenó a la Unidad de Carrera
Judicial, proferir un nuevo acto administrativo, en el que admitiera los aspirantes
rechazados exclusivamente por la causal 3.5. atinente a la presentación de la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibiliades, en los
siguientes términos […]”.

[…]

“[…] 17. Teniendo en cuenta lo anterior, y en consideración a que el objeto del
presente proceso radica en que se suspendan los efectos de la Resolución número
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para la Sección es claro que en el presente
caso se configura la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.

18. Téngase en cuenta que el acto administrativo que presuntamente vulneró los
derechos fundamentales de la accionante no está surtiendo efectos jurídicos en
virtud de la orden judicial proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia de 31 de mayo de 2023.

19. En ese orden, para la Sala resulta evidente la carencia actual de objeto de la
presente acción de tutela por un hecho sobreviniente, pues la Resolución CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023 dejó de surtir efectos, en virtud de una orden judicial.

20. Cabe resaltar que, en cumplimiento de dicha orden, la autoridad accionada
profirió la Resolución N° CJR23-0213 de 8 de junio de 2023, mediante la cual se
admitió a la accionante dentro de la convocatoria número 27, adelantada con
fundamento en el Acuerdo Número PCSJA18-11077 de 2018 […]”.

19. Así las cosas, la Sala considera que la carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente en la acción de tutela se configura en aquellos eventos en los cuales,
por circunstancias acaecidas durante el trámite de la acción de tutela, distintas a
aquellas que dan lugar a un daño consumado o a un hecho superado, este
mecanismo constitucional de protección inmediata y actual de los derechos
fundamentales pierde su sustento, es decir, su razón de ser; sin que se trate de
una figura homogénea y completamente delimitada.

Análisis del caso concreto

20. Los actores, en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, porque, a su juicio, al no expedir la tarjeta
profesional de abogado con carácter definitivo sin la exigencia de aprobación del
Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 28 de junio de 2018, vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

21. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

22. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

23. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

23.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.

23.2. Informe rendido por la autoridad demandada, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

24. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, si lo requerido por los actores a través de la
acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por la Nación – Rama Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia.

25. En efecto, los actores pretenden que mediante el ejercicio de la acción de
tutela se le protejan sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, al no haber expedido sus tarjetas

11

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

profesionales definitivas, en los términos de la sentencia SU-128 de 18 de abril de
202430.

26. La Sala advierte que en el trámite de esta acción de tutela31 el Consejo
Superior de la Judicatura informó lo siguiente:

"[…] El Consejo Superior de la Judicatura informa que el día de hoy, 21 de mayo de
2024, a las 3:40 p.m., la Corte Constitucional notificó a la Corporación la Sentencia
SU – 128 de 2024, mediante la cual ordena expedir la tarjeta profesional de
abogado con carácter definitivo y sin la exigencia de aprobación del Examen
de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018 a:

i. Los abogados graduados, destinatarios de la Ley 1905 de 2018, a quienes el
Consejo Superior de la Judicatura les expidió previamente tarjeta profesional
provisional, y que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de
diciembre de 2023, y

ii. A los abogados graduados, destinatarios de la Ley 1905 de 2018, que presentaron
la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre
de 2023.

Para la expedición de la tarjeta profesional definitiva, los abogados que se
encuentren en uno de esos dos supuestos deberán cumplir con los demás requisitos
previstos en el artículo 6, “Duplicado y cambio de formato de tarjeta profesional de
abogado”, del Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024, que puede ser consultado en la
página web del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados
(SIRNA) https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

También se recuerda que la aplicación del primer examen de Estado para Abogados
se realizará el próximo domingo 26 de mayo de 2024 […]”.32 (Resaltado del texto
original)

27. Igualmente, la Sala observa que el artículo 6 del Acuerdo núm. PCSJA24-
12162 de 9 de abril de 2024 señala lo siguiente:

"[…] Artículo 6. Trámite para el duplicado y cambio de la tarjeta profesional.
Para el trámite de duplicado de la tarjeta profesional de abogado, el interesado
deberá realizar la solicitud en la página web https://sirna.ramajudicial.gov.co, y
remitir los siguientes documentos:

a. Formulario único para múltiples trámites totalmente diligenciado, para lo cual
deberá seguirse lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 3 de este Acuerdo.

b. Copia legible, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería
vigente o permiso por protección temporal (PPT) vigente.

c. Recibo de consignación por el valor establecido y vigente para la tarjeta
profesional de abogado.

30 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 18 de abril de 2024, C.P. Natalia Ángel Cabo.
31 La acción de tutela se presentó el 9 de mayo de 2024.
32 Cfr: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/comunicado.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

Para el cambio de la tarjeta profesional, adicionalmente se deberá adjuntar:

i. Si es por cambio de datos básicos (nombres, apellidos o documentos de
identificación): la escritura pública, el registro civil o el documento expedido por
autoridad competente que soporte legalmente el cambio.

ii. Si es por actualización de información (cambio de fotografía, firma o universidad):
una (1) fotografía digital reciente tipo documento, fondo azul, preferiblemente en
formato JPG, JPEG, PNG o BMP, o Copia legible del acta de grado, cuando el título
haya sido otorgado por universidades extranjeras, se requiere del documento que
acredite la convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional o la
Autoridad competente y la fecha de grado corresponderá a la de expedición del
documento de convalidación del título.

iii. Si es por aprobación del examen de la Ley 1905 de 2018: Una (1) fotografía de la
tarjeta profesional de abogado con la denominación "Provisional" preferiblemente en
formato JPG, JPEG, PNG o BMP.

iv. Si es por cambio de formato: una (1) fotografía de la tarjeta profesional de
abogado expedida en formato antiguo [...]”. (Resaltado del texto original)

28. Precisado lo anterior, la Sala advierte que en el trámite de esta acción de
tutela33 la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento de la sentencia SU-128 de 18
de abril de 2024, expidió la Resolución núm. URNARN24-85 de 23 de mayo de
2024, por medio de la cual dispuso lo siguiente:

"[…] RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia de unificación SU-128 de
2024 de la Corte Constitucional y REQUERIR a los abogados relacionados en
el anexo adjunto para iniciar el trámite previsto en el artículo 6° del Acuerdo
PCSJA24 – 12162 de 2024, con el fin de proceder a la expedición de la tarjeta
profesional de abogado sin anotación provisional y sin la exigencia de
aprobación del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.

PARÁGRAFO. Los abogados que cuenten con tarjeta profesional de abogado
con vigencia provisional que no se encuentren relacionados en el anexo
adjunto de este acto, pero hayan iniciado el trámite de inscripción y
expedición de tarjeta profesional de abogado antes de las cero horas (0:00)
del 26 de diciembre de 2023, deberán dar cumplimiento a lo señalado en este
artículo.

ARTÍCULO 2°. DEJAR SIN EFECTOS la anotación de vigencia provisional en
las actas de registro de las tarjetas profesionales de los abogados que
presentaron la solicitud del trámite de Inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de
2023, relacionados en el archivo adjunto.

ARTÍCULO 3°. REALIZAR las anotaciones pertinentes en el Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados –SIRNA.

33 La acción de tutela se presentó el 9 de mayo de 2024.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR esta decisión, a través del correo electrónico de los
abogados señalados en el artículo primero de este acto y PUBLICAR este acto a
través del micrositio de la Ley 1905 de 2018 de la página web del Registro Nacional
de Abogados https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/LEY19052018.aspx
[…]”. (Resaltado por la Sala)

29. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que se configuró una
carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, en la medida en que, en el trámite
de este proceso constitucional, la autoridad accionada en cumplimiento de la
sentencia SU-128 de 18 de abril de 2024, expidió la Resolución núm. URNARN24-
85 de 23 de mayo de 2024, mediante la cual dispuso que se procediera con la
expedición de la tarjeta profesional de abogado sin anotación provisional y sin la
exigencia de aprobación del examen de estado de idoneidad previsto en la Ley 1905
de 2018 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura les hubiere expedido tarjeta
profesional provisional y que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00)
del 26 de diciembre de 2023, tal y como es el caso de los actores.

Conclusiones de la Sala

30. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente
respecto de la solicitud de tutela presentada por los actores contra la autoridad
accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202402334-00
Actores: Catalina Cáceres Barbosa y otro

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.