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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02339-00

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02339-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Luz Marina Fierro Fierro para cuestionar las sentencias proferida en los procesos con radicado 2015-00649-00/01 y 2020-00022-00, por las razones expuestas. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Marina Fierro Fierro con respecto al medio de control de repetición núm. 2023-00128-00. 3. Negar la solicitud de desvinculación elevada por el ICBF conforme con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. 4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02339-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

20 de junio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-00
Demandante: Luz Marina Fierro Fierro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-00
Demandante: LUZ MARINA FIERRO FIERRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO –SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial – requisitos generales de
procedencia

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por la señora Luz
Marina Fierro Fierro contra el Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección B y
el Tribunal Administrativo del Caquetá de conformidad con lo establecido en el artículo
1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de mayo de 2024, la señora Luz Marina Fierro Fierro ejerció acción de tutela
contra el Consejo de Estado –Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal
Administrativo del Caquetá, por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos solicito a los honorables
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (o quien le corresponda) que se tutelen los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA,
EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS y demás que puedan resultar vulnerados y/o
amenazados, en consecuencia:

PRIMERO: CONCEDER la tutela para mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS y demás que
puedan resultar vulnerados y/o amenazados.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias de segunda instancia del 30 de agosto
de 2019 emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, y la de (sic)
impugnación a través del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado proferida el 23 de marzo de 2023, por haber
incurrido estas decisiones en los defectos procedimental y fáctico, de conformidad con los
argumentos planteados.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CAQUETÁ resolver el proceso valorando integralmente todos los elementos de prueba
obrantes en el plenario conforme a las tesis esbozados.

CUARTO: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
que disponga la suspensión de términos dentro del proceso seguido en mi contra en la
acción de repetición.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-00
Demandante: Luz Marina Fierro Fierro

QUINTO: Que se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados
como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su función de guardián de la
Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y/o vulnerados».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se observa que la demandante presentó la solicitud de
amparo con la finalidad de cuestionar tres trámites procesales distintos, esto es, el
proceso de reparación directa con radicado número 2015-00649-00/01 de
conocimiento del Tribunal Administrativo del Caquetá; el recurso extraordinario de
unificación de Jurisprudencia con radicado número el 2020-00022-00, que
correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el trámite del
proceso de repetición con radicado número 2023-00128-00; cuyos fundamentos
fácticos se pasan a relacionar, de manera independiente, en el siguiente orden:

Proceso de reparación directa con radicado número 2015-00649-00/01:

Los señores Ruth Nelly Esquivel Ríos y otros 1 ejercieron medio de control de
reparación directa en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en
adelante ICBF), con el fin que se le declarara administrativa y patrimonialmente
responsable por los perjuicios causados con ocasión a la desaparición forzada del
entonces menor David Barreiro Esquivel, mientras se encontraba bajo su protección.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Primero
Administrativo de Florencia, que, en sentencia del 8 de abril de 2019, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la parte actora no cumplió con la carga
de acreditar probatoriamente la ocurrencia del daño por el que reclamaba
indemnización, pues, no demostró que el menor haya sido asesinado o reclutado por
un grupo al margen de la Ley, en razón a que no se probó la existencia del daño,
concluyó que no era posible deducir responsabilidad en cabeza de la demandada.

La parte actora interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del
Caquetá, en sentencia del 30 de agosto de 2019, revocó la decisión de primera
instancia, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró
administrativa y patrimonialmente responsable al ICBF 2, por considerar que, de las
pruebas allegadas al proceso se concluyó que la desaparición del menor obedeció al
irregular funcionamiento del servicio público a cargo del ICBF, porque la misma ocurrió
mientras vivía en un hogar sustituto a su cargo.

Dicha providencia se notificó el 30 de agosto de 2019 mediante correo electrónico.

1 Esto son, los señores David Barreiro Muñeton, en nombre propio y en representación de los menores David Barreiro Esquivel, Adelaida

Barreiro Esquivel, Elias Barreiro Esquivel, Leticia Barreiro Esquivel; Iván Alexis Barreiro Esquivel, Karla Yisela Barreir o Esquivel y Nelly
Barreiro Esquivel.
2 Puntualmente resolvió: “PRIMERO: REVOCASE la sentencia del 08 de abril de 2019, proferida por el Juzgado Primero Administrativo

del Circuito de Florencia, por las razones expuestas. SEGUNDO: DECLARASE administrativa y patrimonialmente responsable a la Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la desaparición del menor David
Barreiro Esquivel. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENASE al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
-ICBF, a pagar con cargo a su presupuesto y en favor de los demandantes, las siguientes sumas de dinero: Por perjuicios morales: - Cien
(100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha del pago a RUTH NELLY ESQUIVEL RIOS y DAVID BARREIRO MUÑETON,
en su condición de padres del desaparecido, para cada una de ellas. -Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la
fecha del pago a Adelaida Barreiro Esquivel, Elías Barreiro Esquivel, Leticia Barreiro Esquivel, Iván Alexis Barreiro Esquivel, Karla Yisela
Barreiro Esquivel y Nelly Barreiro Esquivel, en su condición de hermanos del desaparecido, para cada una de ellas . Por perjuicios derivados
de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos convencional y constitucionalmente amparados. Cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a Adelaida Barreiro Esquivel, Elías Barreiro Esquivel, Leticia Barreiro Esquivel, Iván Alexis Barreiro Esquivel,
Karla Yisela Barreiro Esquivel y Nelly Barreiro Esquivel, para cada uno de ellos. Por Daño a la Salud: Cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a David Barreiro Muñeton y Ruth Nelly Esquivel Ríos, para cada uno de ellos. CUARTO: NIEGASE las demás
pretensiones de la demanda. QUINTO: CONDÉNASE EN COSTAS por esta instancia a la parte demandada fijándose como agencias en
derecho el equivalente al 2% sobre el total de las pretensiones reconocidas, de conformidad con el articulo 6 numeral 3.1.3. del Acuerdo
1887 de 2003, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, las cuales se liquidarán por la secretaria del Juzgado de Origen.”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-00
Demandante: Luz Marina Fierro Fierro

Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con radicado número
2020-00022-00:

El ICBF interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la
sentencia del 30 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, por considerar que se declaró la responsabilidad patrimonial sin acreditar la
ocurrencia del delito de desaparición forzada. Según la entidad recurrente, el tribunal
desconoció varias sentencias de unificación dictadas: el 17 de septiembre de 2013, en
el expediente 45092; el 7 de septiembre de 2015, en el expediente 47671 y, el 28 de
agosto de 2014, en el expediente 32988.

El conocimiento del mecanismo correspondió al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B que, en sentencia del 23 de marzo de 2023 declaró la
prosperidad parcial del recurso extraordinario, en consecuencia, anuló el
reconocimiento de perjuicios relativos a la vulneración o afectación a derechos
convencional y constitucionalmente amparados y modificó el reconocimiento de
perjuicios morales, por daño a la salud, así como la condena en costas 3.

Lo anterior por considerar que, en efecto, como lo planteó la entidad recurrente, se
desconocieron las sentencias proferidas en los expedientes 26251 y 32988, porque el
daño a bienes constitucional y convencionalmente amparados, en principio, se repara
con medidas no pecuniarias únicamente a la víctima directa y al cónyuge o compañero
permanente, sus hijos y sus padres y la sentencia recurrida incluyó como beneficiarios
a los hermanos de la víctima directa, al respecto, preciso que frente a estos
demandantes (hermanos de la víctima), el tribunal no expuso alguna argumentación
para tratarlos como víctimas directas.

Dicha providencia fue notificada mediante estado electrónico del 14 de abril de 2023.

Proceso de repetición con radicado número 2023-00128-00:

El 6 de septiembre de 2023, el ICBF – Regional Caquetá interpuso demanda de
repetición en contra de la señora Luz Marina Fierro Fierro como responsable a título
de culpa grave por omisión inexcusable en el ejercicio de las funciones, en virtud de la
condena que le fue impuesta al ICBF dentro del proceso de reparación directa
promovido por David Barreiro Muñetón y otros, con radicado 18001-33-33-001-2015-
00649-00.

Lo anterior, en razón a que la señora Fierro Fierro laboró, desde el 6 de julio de 2012
hasta el 14 de septiembre de 2014, como Defensor de Familia Código 2125 Grado 15
de la Planta Global del ICBF, asignada en el Centro Zonal de Puerto Rico (Caquetá) y
porque, a su juicio, omitió que, por recomendación de la psicóloga que atendió al
menor, era necesario el traslado a un centro de atención especializado en
reinsertados, no obstante, la Defensora de Familia Luz Marina Fierro no solicitó la
3 Resolvió textualmente: “PRIMERO: DECLÁRASE LA PROSPERIDAD parcial del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

interpuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contra la sentencia dictada el 30 de agosto de 2019 por la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá. SEGUNDO: ANÚLASE el aparte denominado <<Por perjuicios derivados de
vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos convencional y constitucionalmente amparados >> del ordinal tercero de la parte
resolutiva de la sentencia dictada el 30 de agosto de 2019 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá. Ese
ordinal quedará así: «TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF a pagar con cargo a su presupuesto y en favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero: Por perjuicios
morales: - Cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha del pago a RUTH NELLY ESQUIVEL RÍOS y DAVID
BARREIRO MUÑETÓN en su condición de padres del desaparecido, para cada una de ellas. - Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales
legales vigentes a la fecha del pago a Adelaida Barreiro Esquivel, Elías Barreiro Esquivel, Leticia Barreiro Esquivel, Iván Alexis Barreiro
Esquivel, Karla Yisela Barreiro Esquivel y Nelly Barreiro Esquivel, en su condición de hermanos del desaparecido, para cada una de ellas.
Por daño a la salud: - Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes a David Barreiro Muñetón y Ruth Nelly Esquivel Ríos,
para cada uno de ellos.» TERCERO: ABSTIÉNESE de condenar en costas a la parte recurrente. CUARTO: ORDÉNASE al Tribunal
Administrativo de Caquetá que, en el auto de obedecimiento de esta sentencia, cancele la caución que aprobó en la providencia del 29 de
enero de 2020”.
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Demandante: Luz Marina Fierro Fierro

inclusión en el programa, razón por la que, a su juicio, omitió los lineamientos técnicos
a seguir cuando un menor debe ser incluido en el programa especializado para la
atención a niños, niñas y adolescentes que se desvinculan de grupos armados
organizados al margen de la ley, el cual establece que la restauración de la dignidad e
integridad de estos menores debe realizarse mediante la atención de modalidades
como: hogar transitorio, hogar gestor, hogar tutor, centro de atención especializada –
cae o casa juvenil.

El conocimiento del proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Caquetá,
que, en providencias del 22 de marzo de 2024, admitió la demanda y negó la medida
cautelar solicitada. A la fecha el proceso se encuentra en trámite.

3. Argumentos de la acción de tutela

Los argumentos de la demandante fueron expuestos de manera general y en ellos
aseguró que las providencias dictadas en los procesos 2015-00649-00/01 y 2020-
00022-00 vulneran el derecho fundamental al debido proceso, porque incurren en los
defectos fáctico y procedimental, lo que, a su juicio, conllevo a que en la actualidad se
adelante en su contra un proceso de repetición identificado con el radicado 2023-
00128-00.

Adujo que las referidas decisiones edificaron una condena en pruebas insuficientes e
inexistentes, pues, tanto el Tribunal Administrativo del Caquetá como el Consejo de
Estado dieron por probado un suceso que en realidad no sucedió, a su juicio “no existe
dentro del plenario prueba que permita determinar la existencia de un daño cierto y
actual, presente o futuro, determinado o determinable y anormal o una situación
jurídicamente protegida”.

Resaltó que “no era posible que el Tribunal afirmara que en el trámite del proceso se
probó la responsabilidad patrimonial por la desaparición del menor dado que no se
tuvo certeza del hecho sobre el que se solicitó la reparación”.

Afirmó que el ICBF en el marco de la reparación directa no asumió la debida defensa
técnica y científica porque fue ausente la actividad probatoria, además no convocó a
quienes conformaban el grupo interdisciplinario para confrontar el verdadero
desempeño institucional, lo que tuvo como consecuencia que se profirieran las
decisiones objeto de debate sin soporte probatorio.

Expuso que el ICBF, en sede de reparación directa, desistió de su declaración y con
dicho medio probatorio se hubiera demostrado una situación diferente a la que es
objeto del presente reparo constitucional, pues, su ausencia en el trámite procesal tuvo
como consecuencia la actual acción de repetición violatoria de garantías
fundamentales, puntualmente manifestó:

«Se presentó negligencia al desistir de mi declaración dentro de la acción de reparación directa, no
hubo actividad o proactividad en conseguir medios de convicción para establecer si DAVID
BARREIRO ESQUIVEL aún vivía o su desaparición fue voluntaria ya que posterior al suceso de
evadirse del hogar sustituto se inscribió al sistema de salud régimen subsidiado en la Macarena Meta
y desde el año 2013 al año 2020 se encontraba activo. Que se inscribió con un documento con el
cual aparece su nombre y número de identificación, al punto que su documento de identidad aparece
activo».

Indicó que, una vez fue notificada de la demanda de repetición, radicó peticiones ante
el Instituto de Medicina Legal, Capital Salud, la Registraduría Nacional del Estado civil
y el ICBF, con el fin demostrar que no existe registro de defunción del entonces menor
David Barreiro Esquivel, que, ni él ni sus familiares están incluidos en calidad de
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víctimas en la base de datos personas desaparecidas y que estuvo registrado en el
régimen subsidiado de salud en el periodo comprendido entre el 1º de abril de 2014 y
el 30 de octubre de 2020, pruebas que de haber sido aportadas a los procesos objeto
de debate hubiesen cambiado, sin duda, el sentido de la decisión.

En todo caso, aseguró que, las acciones que realizó como defensora de familia del
ICBF estaban amparadas en las facultades que habían sido atribuidas en razón de su
cargo, sin incumplir con los lineamientos técnicos debidamente aprobados y utilizados,
razón por la que considera que no existe fundamento fáctico suficiente para endilgar
culpa grave en la responsabilidad por la evasión del entonces menor David Barreiro
Esquivel, por lo que, considera que no hay lugar a que continúe en curso el trámite de
repetición.

Finalmente, sostuvo que la solicitud de la referencia cumple el requisito de inmediatez
dado que, tuvo conocimiento de las sentencias proferidas el 30 de agosto de 2019 y
23 de marzo de 2023, solo hasta el 11 de abril de 2024 cuando fue notificada como
demandada en sede del proceso de repetición, es decir, no ha transcurrido ni un mes
desde que fue notificado el auto admisorio de la acción de repetición en su contra.

4. Trámite previo

Mediante auto del 16 de mayo de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes, a los señores Ruth Nelly Esquivel Ríos, David Barreiro Muñetón,
David Barreiro Esquivel, Adelaida Barreiro Esquivel, Leticia Barreiro Esquivel, Elías
Barreiro Esquivel, Iván Alexis Barreiro Esquivel, Karla Yisela Barreiro Esquivel y Nelly
Barreiro Esquivel, al titular del Juzgado Primero Administrativo de Florencia y al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como terceros interesados, a quienes se
les remitió copia de la demanda.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B por conducto del ponente
de la decisión proferida en el trámite del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, con radicado 11001-03-26-000-2020-00022-00, informó que no
participaría en la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero con
interés. Sin embargo, indicó que acataría estrictamente las disposiciones adoptadas
en el presente trámite constitucional.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Caquetá no se pronunció sobre los
hechos que dieron origen a la presente acción.

6. Intervenciones

El ICBF – Regional Caquetá solicitó que se declare falta de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que no se puede establecer que el instituto afectó los
derechos fundamentales invocados por la demandante.

Por su parte, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia indicó que no había
lugar a pronunciarse sobre lo alegado por la actora, porque los reproches de la acción
de tutela no están dirigidos contra el trámite y decisión de primera instancia, razón por
la que allegó copia del expediente de reparación directa y no se pronunció frente a los
hechos alegados por la demandante.

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Demandante: Luz Marina Fierro Fierro

Los señores Ruth Nelly Esquivel Ríos, David Barreiro Muñetón, David Barreiro
Esquivel, Adelaida Barreiro Esquivel, Leticia Barreiro Esquivel, Elías Barreiro
Esquivel, Iván Alexis Barreiro Esquivel, Karla Yisela Barreiro Esquivel y Nelly
Barreiro Esquivel guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
4
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
5 6
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Luz Marina Fierro Fierro
cuestiona: (i) la sentencia del 30 de agosto de 2019 dictada en el proceso de
reparación directa con radicado núm. 2015-00649-00/01, mediante la que el Tribunal

4
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
5
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y,
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
6
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno d e
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
6
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-00
Demandante: Luz Marina Fierro Fierro

Administrativo del Caquetá declaró patrimonialmente al ICBF por la desaparición del
menor David Barreiro Esquivel mientras se encontraba bajo su protección; (ii) la
sentencia del 23 de marzo de 2023, por medio de la que la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado declaró parcialmente fundado el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia que ejerció el ICBF contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá bajo el radicado núm. 2020-00022-00 y, (iii) el proceso de
repetición ejercido en su contra con radicado núm. 2023-00128-00.

En el anterior contexto, corresponde a la Sala determinar si la señora Luz Marina Fierro
Fierro le asiste legitimación en la causa por activa para cuestionar las providencias del
30 de agosto de 2019 y del 23 de marzo de 2023, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Caquetá y la Sección Tercera, Subsección B del Consejo, solo en
caso afirmativo, procederá con el estudio de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y los demás previstos por la
jurisprudencia.

Seguidamente, la Sala verificará el cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad para cuestionar el proceso de repetición adelantado bajo el radicado
número 2023-00128-00, en que obra como demandada.

Sin embargo, de manera previa, se pronunciará en relación con la falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Falta de legitimación en la causa por pasiva del ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar alega falta de legitimación en la causa
por pasiva. Al respecto, se tiene que la vinculación de la referida entidad se dio en
condición de tercero con interés y no como demandado, en atención a que intervino
en el trámite de los procesos cuestionados, razón por la que se consideró necesaria
su participación dentro del presente asunto para que expusieran ante el juez de tutela
su conocimiento y documentación sobre el particular y porque eventualmente podrían
verse afectados sus intereses. En consecuencia, se negará la solicitud de
desvinculación elevada.

De la legitimación en la causa por activa 7 en el presente caso
En el presente asunto, la señora Luz Marina Fierro Fierro sustenta la vulneración
alegada en el trámite del medio de control de reparación directa con radicado 2015-
00649-00/01 y del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 2020-00022-
00, que ejerció el ICBF contra el Tribunal Administrativo del Caquetá.

7
Los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que
se le han vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la representación legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante
el juez de tutela para representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en esos casos debe acreditarse la calidad en la que se actúa.
Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la Corte Constitucional en la T – 552 de 2006 ha señalado lo siguiente: «Esta
Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la acción de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de
procedibilidad, dentro de ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad para promoverla.
En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general, solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado
para solicitar el amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio de su representante o apoderado. Según los enunciados
del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales resulten
vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo
10 del decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por
medio de representante. En esta disposición también se contempló́ la posibilidad de la agencia de derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos en
que el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá́ un tercero presentar acción de tutela en su nombre.
La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los
titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de
las normas de la Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de
tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la
legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela».
En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa,
(ii) por intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado
judicial (abogado titulado con poder judicial o mandato expreso) o, (iv) a través de agente oficioso (cuando el titular del derecho no está en condiciones de
promover su propia defensa). Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los personeros municipales estarán legitimados para
ejercer la acción de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-00
Demandante: Luz Marina Fierro Fierro

A juicio de la parte actora, las decisiones proferidas en los referidos trámites,
concretamente, la condena proferida en contra del ICBF, vulneran derechos y
garantías constitucionales, porque, es con fundamento en dichos pronunciamientos
que la entidad inició proceso de repetición en su contra, al efecto, mediante el ejercicio
de la presente acción de tutela señala que en los mencionados procesos no se probó
la negligencia de la entidad y, fundamentalmente, su responsabilidad en el daño por el
que se le atribuyó responsabilidad patrimonial a la administración.

Sin embargo, en el caso objeto de estudio, la Sala anticipa que a la señora Luz Marina
Fierro no le asiste legitimación en la causa por activa para cuestionar las sentencias
proferidas en el marco del proceso de reparación directa con radicado 2015-00649-
00/01 ni del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, con radicado 2020-
00022-00, por las siguientes razones.

Visto el expediente, se anota que la señora Luz Marina Fierro no estuvo vinculada
como parte ni tercera con interés en los mencionados procesos, pues fue el ICBF quien
intervino en el trámite de reparación directa en calidad de demandado y en el del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, como demandante.

Es por esa razón, por la que no es procedente que la actora acuda a reclamar la
vulneración de derechos fundamentales en dos procesos en los que no hizo parte y en
los que, en todo caso, las decisiones proferidas no contienen órdenes a su cargo, sin
que se pueda desconocer el derecho que le asiste a la entidad de acudir al medio de
control de repetición.

Conforme con lo anterior, es evidente que la señora Luz Marina Fierro carece de
legitimación en la causa por activa, toda vez que no tiene interés directo en el hecho
del que deriva la presunta vulneración alegada, porque no demostró el interés legítimo.
Vale destacar que la Sala ya se ha pronunciado en el sentido similar en casos con
similitud fáctica al caso objeto de estudio 8.

A juicio de la Sala, el interés directo en la situación descrita en la demanda de tut ela
recaería exclusivamente en el ICBF, pues fue quien resultó condenado en el proceso
de reparación directa y quien ejerció el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, luego, eventualmente, sería quien directamente pudo verse afectado
con la decisión.

De manera que, la señora Luz Marina Fierro carece de legitimación en la causa por
activa para cuestionar las sentencias proferidas en el marco del proceso de reparación
directa con radicado 2015-00649-00/01 y del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, con radicado 2020-00022-00.

Por el contrario, sí le asiste interés en el proceso de repetición con radicado 2023-
00128-00, porque, en ese trámite judicial sí fue vinculada como parte y, por lo tanto, la
Sala pasa a estudiar si los argumentos de inconformidad propuestos en su contra
superan los requisitos generales de procedencia.

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Sentencia del 25 de noviembre de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-03712-01 C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto, Sentencia del 3 de junio de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-00802-00 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez,
Sentencia del 18 de noviembre de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-06949-00 C.P. Milton Chaves García,
sentencia del 23 de marzo de 2023 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2023-00244-00 C.P. Milton Chaves García, sentencia
del 7 de diciembre de 2023 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2023-04575-01 C.P. Milton Chaves García.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-00
Demandante: Luz Marina Fierro Fierro

Del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad 9 en el caso concreto

En estricto sentido, la señora Luz Marina Fierro Fierro cuestiona la vinculación como
demandada al proceso de repetición con radicado 2023-00128-00. Al efecto, señala
que no hay lugar a que se repita en su contra y eventualmente se declare la culpa
grave, porque, en su momento, actuó bajo los lineamientos técnicos debidamente
aprobados y utilizados para el desempeño de su cargo. A juicio de la parte actora, la
autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta que las decisiones dictadas en el
marco del proceso de reparación directa y del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia se condenó al ICBF con insuficiencia probatoria, lo que, aduce, vulnera
los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa.

Al respecto, la Sala advierte que, en el presente caso la acción de tutela es
improcedente porque el proceso de repetición, que se cuestiona por esta vía, se
encuentra en curso y, por lo tanto, no resulta procedente la intervención del juez de
tutela, ni siquiera de manera excepcional.

Asimismo la Sala recuerda que, los argumentos del escrito de tutela dirigidos a
acreditar el cumplimiento de sus funciones como Defensor de Familia Código 2125
Grado 15 de la Planta Global del ICBF, asignada en el Centro Zonal de Puerto Rico
(Caquetá) y en la indebida defensa técnica del ICBF en el proceso de reparación
directa, con fundamento en lo cual afirma que, no hay lugar a ser declarada
responsable por culpa grave, son alegatos propios del proceso de repetición, pues, es
en esta instancia procesal y ante el juez natural de la causa que, deberá ejercer el
derecho a la defensa, sin que sea la acción de tutela el escenario procesal adecuado
para ventilar esa controversia de manera paralela al medio de control que se está
surtiendo.

En coherencia con lo anterior, debe señalarse su vinculación a la acción de repetición
interpuesta por el ICBF no constituye, por sí mismo, vulneración del derecho al debido
proceso, dado que aún no se cuenta con una decisión definitiva y será, precisamente,
en ese proceso que podrá poner de presente todos los argumentos que plantea en
ejercicio de la presente acción, con la garantías del derecho de defensa y
contradicción.

Por las mismas razones, la Sala tampoco advierte la urgencia y la inminencia en la
intervención del juez de tutela de manera excepcional porque no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable.

En suma, en el presente caso, se impone declarar la falta de legitimación en la causa
por activa de la demandante para cuestionar las sentencias proferidas en los procesos
2015-00649-00/01 y 2020-00022-00 y declarar improcedente la solicitud de amparo
que ejerció la señora Luz Marina Fierro Fierro en relación con el proceso de repetición,
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

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La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como descono cer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. D e
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan
en la acción de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-00
Demandante: Luz Marina Fierro Fierro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Luz Marina
Fierro Fierro para cuestionar las sentencias proferida en los procesos con radicado
2015-00649-00/01 y 2020-00022-00, por las razones expuestas.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Marina
Fierro Fierro con respecto al medio de control de repetición núm. 2023-00128-00.
3. Negar la solicitud de desvinculación elevada por el ICBF conforme con lo expuesto
en la parte considerativa de la presente providencia.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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