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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02339-01

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02339-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de junio de 2024, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la falta de legitimación en la causa por activa y estableció la improcedencia del mecanismo Constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02339-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de agosto de 2024

Demandante: Luz Marina Fierro Fierro
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera
• Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintidós [22] de agosto de dos mil veinticuatro [2024]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-01
Demandante: LUZ MARINA FIERRO FIERRO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial - Reparación Directa -
Confirma decisión de primera instancia - Análisis de
presupuestos de procedibilidad – legitimación en la causa y
agotamiento de los medios de defensa judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 20
de junio de 2024, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró
la falta de legitimación en la causa por activa frente a dos cargos y determinó la
improcedencia del mecanismo constitucional en lo demás.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 10 de mayo de 2024, la señora Luz Marina Fierro Fierro presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión y el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la «defensa».

Las garantías constitucionales enunciadas las estimó vulneradas por las
autoridades judiciales en mención con ocasión de las providencias del 30 de agosto
de 2019 y 23 de marzo de 2023, proferidas al interior del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 18001-33-33-001-2015-00649-01 y
del recurso extraordinario de revisión 11001-03-26-000-2020-00022-00 [65.729].

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

PRIMERO: CONCEDER la tutela para mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS y
demás que puedan resultar vulnerados y/o amenazados.

1
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Demandante: Luz Marina Fierro Fierro
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera
• Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-01

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias de segunda instancia del 30
de agosto de 2019 emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Caquetá, y la de impugnación a través del recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferida el 23
de marzo de 2023, por haber incurrido estas decisiones en los defectos
procedimental y fáctico, de conformidad con los argumentos planteados.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL CAQUETÁ resolver el proceso valorando integralmente todos los
elementos de prueba obrantes en el plenario conforme a las tesis esbozados.

QUINTO [sic]: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL CAQUETÁ que disponga la suspensión de términos dentro del proceso
seguido en mi contra en la acción de repetición.

SEXTO [sic]: Que se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no
invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su
función de guardián de la Constitución, pueda establecer como violados,
amenazados y/o vulnerados1.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.3.1. Proceso de reparación directa2

• La señora Ruth Nelly Esquivel Ríos y otros3 ejercieron el medio de control de
reparación directa contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [en
adelante ICBF], por los perjuicios causados con ocasión de la desaparición forzada
del entonces menor David Barreiro Esquivel, mientras se encontraba bajo su
protección.

• El 8 de abril de 2019, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia negó las pretensiones de la demanda, al exponer que no se acreditó la
ocurrencia del daño reclamado.

• El 30 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Caquetá revocó la
decisión del a quo, para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, al
considerar que, según el material probatorio aportado al proceso, era posible
concluir que la desaparición obedeció al irregular funcionamiento del servicio
público a cargo de la entidad, porque la misma ocurrió mientras el menor vivía en
un hogar sustituto a su cargo4.

1.3.2. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con radicado
número5

1
Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
2
Expediente 18001-33-33-001-2015-00649-01.
3
David Barreiro Muñeton, en nombre propio y en representación de los menores David Barreiro
Esquivel, Adelaida Barreiro Esquivel, Elias Barreiro Esquivel, Leticia Barreiro Esquivel; Iván Alexis
Barreiro Esquivel, Karla Yisela Barreiro Esquivel y Nelly Barreiro Esquivel.
4
Esta providencia se notificó el 30 de agosto de 2019.
5
Expediente 11001-03-26-000-2020-00022-00 [65.729].

2
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• El ICBF interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra
la sentencia de 30 de agosto de 2019, al exponer que en el proceso contencioso no
se acreditó la ocurrencia del delito de desaparición forzada y por el hecho de que
se reconocieron perjuicios que la jurisprudencia ha determinado solo frente a
algunas personas. Las providencias que consideró desconocidas fueron de: 17 de
septiembre de 2013, en el expediente 45.092; 7 de septiembre de 2015, en el
expediente 47.671 y, 28 de agosto de 2014, en el expediente 32.988.

• El conocimiento del mecanismo correspondió a la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que, en sentencia del 23 de marzo de 2023, declaró
la prosperidad parcial del recurso extraordinario, en consecuencia, anuló el
reconocimiento de los perjuicios relativos a la vulneración o afectación a derechos
convencional y constitucionalmente amparados, y modificó el reconocimiento de
perjuicios morales, por daño a la salud, así como la condena en costas.

• Lo anterior por considerar que se desconocieron las sentencias proferidas en los
expedientes 26.251 y 32.988, porque el daño a bienes constitucional y
convencionalmente amparados, en principio, se repara con medidas no pecuniarias
y únicamente a la víctima directa y al cónyuge o compañero permanente, sus hijos
y sus padres, pero la sentencia recurrida incluyó como beneficiarios a los hermanos
de la víctima directa. Al respecto precisó que, frente a los hermanos de la víctima,
el tribunal no expuso alguna argumentación para tratarlos como víctimas directas.

• Dicha providencia fue notificada el 14 de abril de 2023.

1.3.3. Proceso de repetición6

• El 6 de septiembre de 2023, el ICBF interpuso el medio de control de repetición
en contra de la señora Luz Marina Fierro Fierro como presunta responsable de la
condena impuesta7 al interior del expediente de reparación directa con radicado
18001-33-33-001-2015- 00649-00. Particularmente se alegó que la servidora
pública omitió la recomendación de la psicóloga que atendió al entonces menor, en
cuanto a que era necesario el traslado a un centro de atención especializado en
reinsertados, no obstante, la defensora de familia no solicitó la inclusión en el
programa, lo que, en sentir de la entidad, permite colegir que se omitieron los
lineamientos técnicos a seguir.

• El 22 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá, en autos
independientes, admitió la demanda y negó la medida cautelar solicitada8, y el 25
de julio de 2024 decidió las excepciones previas formuladas, sin que se declarara
probada alguna de ellas, razón por la cual el proceso se encuentra en trámite.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La tutelante consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos: fáctico y procedimental, en atención a la trasgresión al debido proceso,

6
Expediente 18001-23-33-000-2023-00128-00.
7
A título de culpa grave por omisión inexcusable en el ejercicio de las funciones.
8
Los autos en mención fueron notificados el 2 de abril de 2024.

3
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porque pretermitieron medios de prueba y dieron mayor valor probatorio a otras que
no tenían la facultad, sin especificar a cuáles se refería, para declarar la
responsabilidad administrativa y extracontractual del ICBF, donde inclusive se
omitió practicar pruebas de oficio que eran «obvias».

Resaltó que las citas jurisprudenciales empleadas en ambas instancias no se
adecuan al supuesto de hecho, máxime cuando en el proceso no se contó con el
registro civil de defunción del menor desaparecido, ni se demostró que se estaba
adelantando un proceso de muerte presunta, solo se constató que se interpuso una
denuncia por unos hechos que al día de hoy resultan ser «falsos».

Precisó que se omitió allegar los lineamientos elaborados por la institución para los
casos como el expuesto en la acción de reparación directa y no se convocó a
quienes conformaban el grupo interdisciplinario que conllevó a tomar la decisión de
investigación administrativa de restablecimiento de derechos a favor del joven
indocumentado, siendo ubicado como medida provisional de protección en un hogar
sustituto a cargo del ICBF, porque no había más oferta institucional vinculada al
Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Indicó que su actuar en el trámite administrativo a su cargo obedeció a los
protocolos de la entidad, sin que hubiera prueba de la cual se pueda inferir que
existe un fundamento fáctico suficiente para endilgar una culpa grave en la
responsabilidad por la evasión del menor.

Expuso que el ICBF fue negligente al desistir de su declaración al interior de la
acción de reparación directa, sin preocuparse por establecer si el menor aún vivía
o si su desaparición fue voluntaria, ya que posterior al suceso de evadirse del hogar
sustituto éste se inscribió al sistema de salud en el régimen subsidiado en la
Macarena Meta.

Señaló que el Bloque Oriental de las FARC, al cual le atribuye el hecho de la
desaparición forzada o muerte del menor, no ha tenido ni tiene incidencia en el
sector del departamento de Caquetá, por lo que el hecho expuesto y presuntamente
probado por la defensa de los intereses de las presuntas víctimas se basa en un
hecho «falso» al que le dieron plena validez, sin mayor motivación.

Destacó que se satisface el requisito de inmediatez, comoquiera que las
providencias controvertidas si bien fueron proferidas el 30 de agosto de 2019 y 23
de marzo de 2023, solo se enteró cuando se le notificó el auto admisorio del medio
de control de repetición, el 11 de abril de 2024.

En este punto resulta pertinente destacar que si bien no se controvierte o se
pretende dejar sin efectos alguna de las providencias proferidas al interior del
proceso de repetición 18001-23-33-000-2023-00128-00, en la tutela se alegó que
con «la acción de repetición se […] ocasiona un perjuicio no buscado de manera
activa u omisiva de mi parte sino por negligencia probatoria de las partes y del
Tribunal […]».

4
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1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 16 de mayo de 2023 el magistrado sustanciador de la primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandados al Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión y al Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.

Por su parte, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a los
señores David Barreiro Muñetón, Ruth Nelly Esquivel Ríos, David Barreiro Esquivel,
Adelaida Barreiro Esquivel, Leticia Barreiro Esquivel, Elías Barreiro Esquivel, Iván
Alexis Barreiro Esquivel, Karla Yisela Barreiro Esquivel y Nelly Barreiro Esquivel,
así como al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia y al
ICBF.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B por intermedio del
magistrado a cargo del despacho sustanciador de la providencia controvertida,
manifestó: «no participaré en la acción de tutela de la referencia como parte ni como
tercero y acataré estrictamente las disposiciones que se adopten en ella».

1.6.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, a
través del ponente de la sentencia de primera instancia del proceso ordinario, se
limitó a detallar la actuación procesal del medio de control de reparación directa
18001-33-33-001-2015-00649-00.

1.6.3. El ICBF se pronunció frente a cada uno de los hechos de la solicitud de tutela
y requirió declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.7. Fallo impugnado

El 20 de junio de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la falta de
legitimación en la causa por activa frente a los cargos endilgados en contra de las
providencias que definieron el proceso de reparación directa y el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, en atención a que la señora Fierro
no fue parte o estuvo vinculada a esos procesos9.

Por su parte, consideró que a la accionante sí le asistía interés en el proceso de
repetición con radicado 2023-00128-00 porque, en ese trámite judicial, sí fue
vinculada como parte. Sin embargo, estableció que el mecanismo constitucional no
era procedente, comoquiera que el «proceso de repetición, que se cuestiona por
esta vía, se encuentra en curso y, por lo tanto, no resulta procedente la intervención

9
Se precisó que la Sala ya se ha pronunciado en sentido similar en casos con similitud fáctica,
sentencias proferidas al interior de los expedientes «[…] 11001-03-15-000-2021-03712-01 […]
11001-03-15-000-2021-00802-00 […] 11001-03-15-000-2021-06949-00 […] 11001-03-15-000-2023-
00244-00 […] 11001-03-15-000-2023-04575-01 […]».

5
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del juez de tutela, ni siquiera de manera excepcional».

Destacó que en todo caso los argumentos expuestos en el mecanismo
constitucional «son alegatos propios del proceso de repetición, pues, es en esta
instancia procesal y ante el juez natural de la causa que, deberá ejercer el derecho
a la defensa, sin que sea la acción de tutela el escenario procesal adecuado para
ventilar esa controversia de manera paralela».

Señaló que la vinculación de la señora Fierro a la acción de repetición no constituye,
por sí sola, una vulneración al derecho al debido proceso, dado que aún no se
cuenta con una decisión definitiva.

Por último, negó la solicitud de desvinculación del ICBF porque su llamado se hizo
porque eventualmente podría verse afectado con la sentencia que definiría la
controversia.

1.8. Impugnación10

La accionante manifestó que sí está legitimada en la causa por activa para
controvertir las providencias que definieron el proceso de reparación directa y el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia ya enunciados, en atención
a que esas decisiones repercuten directamente en sus intereses

Destacó que se acreditaron los presupuestos del artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 y artículo 86 de la Constitución, porque la tutela fue radicada de manera directa
por ella, quien es la accionada en el medio de control de repetición ejercido por el
ICBF, a raíz de una decisión carente de elementos materiales probatorios y con
violación a los derechos de defensa y contradicción, a quien no se le permitió ser
escuchada en los hechos que dieron origen a la condena.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por la señora Luz Marina Fierro Fierro, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 20 de junio de 2024, proferida por la Sección Cuarta de esta
Corporación, que declaró la falta de legitimación en la causa por activa frente a dos
cargos y determinó la improcedencia del mecanismo constitucional en lo demás.

10
El fallo fue notificado el 27 de junio de 2024, la impugnación se presentó el 3 de julio de 2024.

6
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Para el efecto, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) legitimación en la causa por activa, y (iii) estudio del caso
concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Legitimación en la causa por activa

En el presente caso se tiene que la señora Luz Marina Fierro Fierro pretende
controvertir las providencias el 30 de agosto de 2019 y 23 de marzo de 2023,
proferidas al interior del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 18001-33-33-001-2015-00649-01 y del recurso extraordinario de revisión
n. º 11001-03-26-000-2020-00022-00 [65.729].

Ahora bien, lo primero a resaltar es que la accionante no figura como parte o tercera
interviniente en los expedientes 18001-33-33-001-2015-00649-01 y 11001-03-26-
000-2020-00022-00 [65.729], por lo que justifica su legitimación en la causa por
activa para controvertir las providencias que definieron esos asuntos en el hecho de
que el proceso de repetición 18001-23-33-000-2023-00128-00, que cursa en su
contra, se originó con ocasión de la condena impuesta en el medio de control de
reparación directa.

11
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

7
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En este punto, la Sala recuerda que la legitimación en la causa es un elemento
esencial para el ejercicio de la acción de tutela, no solo por constituir un requisito
que permite vislumbrar la afectación directa y clara frente a los derechos de la
accionante y que justifican el ejercicio de la acción constitucional, sino, además,
porque está intrínsecamente relacionada con el cumplimiento de las exigencias
generales de procedibilidad.

Por ejemplo, contra la sentencia de primera instancia y el auto que remitió el
expediente para la unificación en el proceso 18001-33-33-001-2015-00649-01
procedían los recursos de apelación y reposición, respectivamente, los cuales
obviamente no ejerció la señora Fierro, justamente porque no era parte.

Así las cosas, se evidencia que, como lo expuso el a quo Constitucional, la señora
Luz Marina Fierro Fierro carece de legitimación en la causa por activa para discutir
lo resuelto tanto en el proceso ordinario de reparación directa, como al interior del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, por lo tanto, así será
declarado sin que haya lugar a ahondar en el estudio del amparo deprecado.

En este punto conviene precisar que, si la tutelante considera que debió ser llamada
a la litis, o que se omitió decretar una prueba que por disposición legal debía
practicarse, esta puede hacer uso de la solicitud de nulidad procesal de conformidad
con el artículo 6115, y los numerales 5. º y 8. º del artículo 13316, ambos
contemplados en la Ley 1564 de 2012 [CGP].

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva frente al alegato
restante

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una

15
«Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio […]».
16
«Artículo 133. Causales de nulidad […] 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar,
decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley
sea obligatoria […] 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes […]»

8
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providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201417, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia18.

Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primer lugar, se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela.

En este orden de ideas, para esta Sala el alegato que se refiere a que con la acción
de repetición se «ocasiona un perjuicio no buscado de manera activa u omisiva de
mi parte […]», por sí solo, no cuenta con la carga argumentativa ius fundamental
para ser estudiado, en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales,
máxime cuando los defectos desarrollados en la solicitud de tutela se imputaron a
las providencias que definieron el proceso reparación directa identificado con el
radicado 18001-33-33-001-2015-00649-01 y el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia 11001-03-26-000-2020-00022-00 [65.729].

En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de la tutelante ante la continuidad del
proceso de repetición 18001-23-33-000-2023-00128-00.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
18
Énfasis de la Sala.

9
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Demandante: Luz Marina Fierro Fierro
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera
• Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-01

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante en cuanto a la existencia y trámite de la
demanda de repetición en mención, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»19 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.5.2. Agotamiento de todos los medios de defensa judicial

Por su parte, la Sala considera, tal y como lo expuso el a quo constitucional, que no
se cumple el requisito de agotamiento de todos los medios de defensa judicial
frente a los cargos que pretenden acreditar el debido actuar de la señora Luz Marina
Fierro Fierro al interior del ICBF, comoquiera que son alegatos que deben elevarse
en el medio de control de repetición, y es ante el juez natural de la causa que se
debe ejercer el derecho a la defensa y contradicción.

En efecto, la forma como la accionante puede desvirtuar la presunta culpa grave por
omisión inexcusable en el ejercicio de las funciones, es precisamente con los
argumentos que hoy expone en sede de tutela.

Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la presencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen […]20».

De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables21. Entonces,

19
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
20
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
21
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna
[…] Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de
la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y
garantías básicos para el equilibrio social».

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Demandante: Luz Marina Fierro Fierro
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera
• Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02339-01

corresponde a la Sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de
manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.

Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la parte actora se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni la demandante lo advierte.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró la falta de
legitimación en la causa por activa y estableció la improcedente el mecanismo
Constitucional por «subsidiariedad», y además se establecerá que tampoco se
acreditó el presupuesto de la relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de junio de 2024, por medio de la cual
la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la falta de legitimación en la
causa por activa y estableció la improcedencia del mecanismo Constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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