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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02361-00

Fecha
25 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02361-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la presente acción de tutela interpuesta por la señora Luz Daisy Velásquez, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno, remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02361-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02361-00
Accionante: Luz Daisy Velásquez
Accionados: Presidencia de la República y otros

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de petición, vida, dignidad humana, libertad y seguridad.

Decisión: Se niegan las pretensiones de la tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La señora Luz Daisy Velásquez, actuando a nombre propio, radicó acción de
tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección
Social y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, vida, dignidad
humana, libertad y seguridad.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

Del confuso escrito de tutela se advierten los siguientes hechos:

2.1.1. La señora Luz Daisy Velásquez manifiesta que es madre cabeza de familia
con dos hijos que se encuentran en condición de discapacidad, que ha perdido
todo, vive en la miseria y no cuenta con recursos económicos ni el apoyo
gubernamental, pese a ser desplazada forzosamente desde hace más de 20
años.

2.1.2 La accionante menciona que posee un radicado de desplazamiento forzado
(3557138-15462419); sin embargo, no ha recibido información clara ni ayuda
efectiva.

2.2. Pretensiones:

2.2. La parte accionante solicita que se le reconozca la indemnización por
ser víctima del desplazamiento y que se le dé la facilidad de pagar a
cuotas una vivienda.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02361-00
Accionante: Luz Daisy Velásquez

2.3. Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida a través del auto del 14 de mayo
de 2024. En este se ordenó notificar como accionados a la Presidencia de la
República, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas.

Posteriormente, a través de la providencia del 30 de mayo de 2024, se requirió a
la señora Luz Daisy Velásquez para que allegara con destino a este proceso las
copias de las solicitudes presentadas ante la Presidencia de la República, el
Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, particularmente, la solicitud con radicado 3557138-
15462419.

2.3.1 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas sostuvo
que como requisito indispensable para que una persona pueda acceder a las
medidas previstas en la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras, debe haber presentado declaración ante el Ministerio Público y estar
incluida en el Registro Único de Víctimas -RUV-; sin embargo, la accionante no
presentó ningún escrito petitorio que permita a la entidad desplegar el
procedimiento establecido para atender sus requerimientos.

En ese sentido, señaló que la señora Luz Daisy Velásquez, sin mediar derecho
de petición alguno, acudió a la acción de tutela reclamando la protección de un
derecho, cuando no le ha dado la oportunidad a la entidad de pronunciarse sobre
el trámite establecido y sin acreditar la existencia de perjuicio irremediable.

Por tal razón, solicitó rechazar por improcedente la presente acción de tutela, por
cuanto la accionante no acreditó la totalidad de los requisitos de procedibilidad,
en especial la subsidiariedad o agotamiento de los recursos o medios
administrativos.

2.3.2 El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República requirió
ser desvinculado proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto no es la entidad responsable de la presunta conducta omisiva que genera
la vulneración de los derechos invocados en protección.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

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Accionante: Luz Daisy Velásquez

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados
por la señora Luz Daisy Velásquez.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3.4. Del derecho fundamental de petición

Conforme al artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. Este derecho fundamental es
de aplicación inmediata según lo dispone el artículo 85 ibidem y la vulneración
de su núcleo esencial es objeto de protección a través de la acción de tutela.

En relación con el alcance y contenido del derecho de petición, la Corte
Constitucional ha señalado:

«a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además,
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo
decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho
constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

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Accionante: Luz Daisy Velásquez

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto
es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine (…)»1. (Resaltado
original).

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, es claro que la respuesta a una
petición debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con lo solicitado, para
efectos de garantizar el derecho de petición. No obstante, ha de tenerse en
cuenta que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado, por lo que una
contestación negativa, el señalamiento del procedimiento administrativo que se
debe seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de
estudiar la procedencia de la solicitud no implican vulneración del derecho
fundamental de petición.

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
misma sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la contestación soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido2.

Ahora bien, el artículo 14 del CPACA establece que, salvo norma especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción.

Sin embargo, peticiones tales como las de documentos y de información, y
aquellas mediante las cuales se formula una consulta a las autoridades, están
sometidas a un término especial.

Así las cosas, las peticiones de documentos y de información, deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en este lapso no se
responde la respectiva solicitud, «se entenderá, para todos los efectos legales,
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes».

En caso en que la autoridad ante quien se dirige la petición no sea la competente,
el artículo 21 ibidem, dispone lo siguiente:

«Funcionario sin competencia Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de
no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para

1 Sentencia T-917 del 2 de septiembre de 2005, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño.
2 Sentencia T-587 del 27 de julio de 2006, magistrado ponente: Jaime Araujo Rentería.

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decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente».

3.4.1 Análisis de la presunta vulneración del derecho de petición en el caso
concreto

La señora Luz Daisy Velásquez interpuso la acción de tutela con el fin de obtener
respuesta sobre el radicado que posee por desplazamiento forzado, del cual no
ha recibido ningún tipo de información ni ayuda efectiva.

En ese orden de ideas, pretende que se le reconozca la indemnización por su
condición de víctima del desplazamiento forzado y se le facilite una ayuda para
pagar a cuotas una vivienda.

Ahora bien, del informe presentado por La Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, se afirmó que la accionante no presentó ningún escrito
petitorio que permita a la entidad desplegar el procedimiento establecido para
atender sus requerimientos.

Así las cosas, el despacho sustanciador a través de la providencia del 30 de mayo
de 2024, requirió a la señora Luz Daisy Velásquez para que allegara con destino
a este proceso las copias de las solicitudes presentadas ante las entidades
accionadas, particularmente, la solicitud con radicado 3557138-15462419.

De los documentos aportados por la señora Luz Daisy Velásquez, se evidencian
escritos en word con fechas del 27 y 28 de octubre de 2023, dirigidos a la
Presidencia de la República de Colombia, el Ministerio de Protección Social, la
Unidad de Reparación de Víctimas, con el fin de realizar la reclamación de
indemnización por desplazamiento forzado.

No obstante, la accionante no allegó ningún soporte de radicación de los escritos
referenciados, por lo que, al no existir prueba que permita demostrar la posible
vulneración de los derechos fundamentales que invoca en protección, esta Sala
de Subsección negará las pretensiones de la presente acción de tutela.

Sin embargo, se pone de presente a la accionante que, si a bien lo tiene, puede
acudir ante la Defensoría del Pueblo o las Personerías Municipales y Distritales,
a fin de que sea asesorada sobre sus condiciones particulares, la asistan en la
elaboración de la petición indemnización por ser víctima del desplazamiento, o la
presenten en su nombre.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02361-00
Accionante: Luz Daisy Velásquez

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la presente acción de tutela interpuesta por
la señora Luz Daisy Velásquez, por lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno, remítase
el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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