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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02375-00

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02375-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por la señora Andrea Carolina Sanabria Galán de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02375-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02375-00
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Andrea Carolina
Sanabria Galán contra la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 9 de mayo de 20241 la señora Andrea Carolina Sanabria Galán, en nombre
propio, interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad, acceso a la
administración de justicia, salud e integridad física y trabajo en condiciones dignas
que consideró vulnerados con ocasión de las resoluciones 070 del 30 de noviembre
de 2023 y 017 del 14 de marzo de 2024 proferidas por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja, a través de las cuales la entidad accionada negó la
solicitud de traslado elevada por la accionante en condición de Juez Quince Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, para ser asignada
como titular del Juzgado Primero Penal Municipal de Chiquinquirá Boyacá y, en su
lugar, aprobó la que presentó el señor Williams Felipe Ibáñez Jurado en condición
de Juez Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales –
Caldas.

1 Obra acta de reparto en el certificado FB2A85C5A183B0D2 A58B49A92BB45DFF 3F12F49269BA0889
F33FC891A110F62A, índice 2, expediente de tutela digital.
2 Obra en el certificado 5DDC8C0EE8CA67BD 44EE591D34007A0F 8ECBD26C2AEFFF4E
436AE084567226D0, índice 2, expediente de tutela digital.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02375-00
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja

1.1. Hechos

1.1.1. La señora Andrea Carolina Sanabria Galán, el 31 de agosto de 2018, fue
nombrada en propiedad en el cargo de Juez Quince Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bucaramanga3.

1.1.2. El 28 de agosto de 2023 la señora Sanabria Galán elevó solicitud de traslado
al Juzgado Primero Penal Municipal de Chiquinquirá Boyacá4, respecto de la cual
la Unidad de Carrera Judicial emitió concepto favorable5.

1.1.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, a través de resolución 070
del 30 de noviembre de 20236, luego de ponderar los factores objetivos de (i) puntaje
de ingreso a la carrera judicial y (ii) calificación integral de servicios presentada al
momento de la radicación de las solicitudes de traslado, resolvió aprobar la solicitud
de traslado en propiedad del señor Williams Felipe Ibáñez Jurado en su condición
de Juez Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales –
Caldas, para el cargo de Juez Primero Penal Municipal de Chiquinquirá – Boyacá,
y negar las solicitudes de traslado elevadas por Andrea Carolina Sanabria Galán y
Flor del Carmen Mora Muñoz.

En cuanto a la fórmula a aplicar se indicó que la calificación de ingreso a la carrera
judicial se tomó en 1000 puntos y la calificación de servicios se niveló al mismo
valor, sin embargo, frente a este último ítem únicamente se tomó el porcentaje
diferencial aprobatorio, es decir, entre 60 y 100, lo que equivalía al 40%, cuyo
resultado se tomó al mismo nivel frente al puntaje de ingreso a carrera judicial, para
darle igual proporción.

1.1.4. En contra de la anterior decisión la señora Sanabria Galán interpuso recurso
de reposición7, el que fue resuelto a través de la resolución 017 del 14 de marzo de
20248, en la que se precisó que no existía un argumento que permitiera reconsiderar
la posición asumida en Sala Mayoritaria sobre la forma de ponderar los valores

3 Obra en el archivo PRUEBA_2_4_2024, 1_13_15 p. m., certificado DA6AFBF92C065648
9D108190C2956DCA 33369428345B71B4 5A30A2B0A765F964, índice 2, expediente de tutela digital.
4 Folio 58, archivo PRUEBA_2_4_2024, 1_17_21 p. m., certificado DA6AFBF92C065648
9D108190C2956DCA 33369428345B71B4 5A30A2B0A765F964, índice 2, expediente de tutela digital.
5 Folios 49-51, Ibídem.
6 Obra en el archivo PRUEBA_2_4_2024, 1_13_32 p. m., certificado DA6AFBF92C065648

9D108190C2956DCA 33369428345B71B4 5A30A2B0A765F964, índice 2, expediente de tutela digital.
7 Obra en el archivo PRUEBA_2_4_2024, 1_09_24 p. m., certificado DA6AFBF92C065648

9D108190C2956DCA 33369428345B71B4 5A30A2B0A765F964, índice 2, expediente de tutela digital.
8 Obra en el archivo PRUEBA_2_4_2024, 1_07_51 p. m., certificado DA6AFBF92C065648

9D108190C2956DCA 33369428345B71B4 5A30A2B0A765F964, índice 2, expediente de tutela digital.

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asignados por ingreso a la Rama Judicial y calificación de servicios para las
personas que aspiren a ser trasladados a los cargos disponibles en carrera judicial.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

1.2.1. La accionante asegura que la entidad demandada vulneró sus derechos
fundamentales, en la medida que dejó de aplicar, en condiciones de igualdad, los
factores de ingreso a la carrera y la calificación de servicios, con lo cual se
desconocieron las pautas fijadas por la Corte Constitucional en materia de traslados,
pues otorgó valores disímiles a los factores referidos.

Explicó que los resultados de las evaluaciones de desempeño como funcionarios
muestran un verdadero compromiso, eficiencia, calidad, organización en el ejercicio
de la labor judicial, por tanto, estimó que la postura del Tribunal Superior de Tunja
carece de objetividad, pues fijó los porcentajes de evaluación más allá de lo
autorizado por la ley y la jurisprudencia.

Enfatizó que la autoridad accionada estableció una fórmula que privilegia el puntaje
de ingreso a la carrera judicial, sin tener en cuenta que el porcentaje a otorgar a
cada uno de los factores debe ser igualitario, pues ya no se trata de aspirantes a
nombramiento, sino a un traslado, en el que tiene equivalencia en su relevancia la
calificación obtenida durante cada año de servicios.

1.2.2. Adicionalmente, hizo alusión a su salud física y mental con ocasión de las
patologías que sufre como son la “faringitis crónica y disfonía crónica”, aspecto que
ha limitado el uso de su voz para realizar audiencias, por lo que la solicitud de
traslado busca mejorar sus actuales condiciones laborales, horarios, cantidad y nivel
de exigencia.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad,
acceso a la administración de justicia, salud e integridad física, y trabajo en condiciones dignas.

SEGUNDO: Se deje sin efectos la Resolución Nro. 070 del 30 de noviembre de 2023 y la
Resolución Nro. 017 del 14 de marzo de 2024, proferidas por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, y en su lugar se proceda a APROBAR mi solicitud de traslado al Juzgado
Primero Penal Municipal de Chiquinquirá- Boyacá de acuerdo al resultado obtenido de la

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ponderación efectuada en porcentaje de 50% 50% en los factores INGRESO A CARRERA y
CALIFICACIÓN DE SERVICIOS que ya fue objeto de estudio por esa H. Corporación en sesión
ordinaria del 30 de noviembre de 2023.”9.

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 5 de abril de 202410 la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal
Superior de Tunja, en calidad de demandado, así como a la Sala Administrativa y a
la Dirección Ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional
de la Judicatura de Boyacá, al señor Williams Felipe Ibáñez Jurado y a la señora
Flor del Carmen Mora Muñoz, en condición de terceros con interés.

2.1. Contestaciones

2.1.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura11 explicó que la acción de tutela corresponde a actuaciones
administrativas de competencia del Tribunal Superior de Tunja en su calidad de
autoridad nominadora para proveer el cargo de Juez Primero Penal Municipal de
Chiquinquirá ─ Boyacá, por lo que no tiene injerencia en este asunto.

2.1.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare12 manifestó que
de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017, la decisión de llevar a cabo el nombramiento en el cargo
de Juez Primero Penal Municipal de Chiquinquirá corresponde exclusivamente a la
autoridad nominadora, esto es, el Tribunal Superior de Tunja.

2.1.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja13 señaló que la Resolución
070 del 30 de noviembre de 2023 tuvo como fundamento el puntaje para ingreso a
la carrera judicial y la calificación integral de servicios presentada al momento de la
radicación de la solicitud de traslado, para lo cual aplicó la siguiente fórmula: (i) se
toma el puntaje de ingreso a la carrera judicial, para cada uno de los aspirantes al

9 Folio 19, certificado 5DDC8C0EE8CA67BD 44EE591D34007A0F 8ECBD26C2AEFFF4E
436AE084567226D0, índice 2, expediente de tutela digital.
10 Obra en el certificado 70F9449AFE0AA542 8DABCFFEC84CC19D 434D20210B071F9A
FA7BF3AC996C3739, índice 2, expediente de tutela digital.
11 Obra en el archivo 0008Memorial, carpeta 0005Expediente_remitido.zip, certificado 3C8A1BB64FC6BC53

75C809C0949CC5BC AE5CC9C3F6E0D98F AF3DF6004009F2CC, índice 2, expediente de tutela digital.
12 Obra en el archivo 0010Memorial, carpeta 0005Expediente_remitido.zip, certificado 3C8A1BB64FC6BC53

75C809C0949CC5BC AE5CC9C3F6E0D98F AF3DF6004009F2CC, índice 2, expediente de tutela digital.
13 Obra en el archivo 0012Memorial, carpeta 0005Expediente_remitido.zip, certificado 3C8A1BB64FC6BC53

75C809C0949CC5BC AE5CC9C3F6E0D98F AF3DF6004009F2CC, índice 2, expediente de tutela digital.

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traslado, equiparándolos a la misma escala todos, este puntaje equivaldrá a la mitad
de la calificación definitiva, por eso se multiplica por 0.5, que equivale al 50% del
puntaje definitivo; (ii) se toma la calificación integral de servicios presentada al
momento de la radicación de la solicitud de traslado, como la calificación
satisfactoria se toma de 60 a 100 puntos únicamente se toma el valor satisfactorio
que está entre 60 y 100 puntos, que corresponde a 40%, equiparándolos a la misma
escala todos, este puntaje equivaldrá a la mitad de la calificación definitiva, por eso
se multiplica por 0.5, que equivale al 50% del puntaje definitivo; (iii) se suman los
dos puntajes, el de ingreso a la carrera judicial y el de la calificación integral de
servicios, que corresponden cada uno a la mitad, para obtener el resultado
definitivo.

2.1.4. El señor Williams Felipe Ibáñez14 manifestó que el amparo es improcedente,
toda vez que la accionante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Además, refirió que los actos administrativos
atacados no desconocieron los derechos fundamentales de la actora.

2.1.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial15 indicó que los derechos
alegados como vulnerados no son consecuencia de una acción u omisión atribuible
a esa entidad.

3. Actuaciones surtidas ante la Corte Suprema de Justicia

3.1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de
sentencia del 16 de abril de 202416, negó la acción de tutela instaurada al considerar
que los reparos hechos a las resoluciones son improcedentes por vía de tutela, pues
la mera discrepancia no habilita al juez constitucional a conceder lo pedido, más
aún cuando la decisión atacada goza de plena legalidad.

3.2. Inconforme con la anterior decisión la parte actora la impugnó17. Una vez el
asunto fue remitido a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en

14 Obra en el archivo 0014Memorial, carpeta 0005Expediente_remitido.zip, certificado 3C8A1BB64FC6BC53

75C809C0949CC5BC AE5CC9C3F6E0D98F AF3DF6004009F2CC, índice 2, expediente de tutela digital.
15 Obra en el archivo 0017Memorial, carpeta 0005Expediente_remitido.zip, certificado 3C8A1BB64FC6BC53

75C809C0949CC5BC AE5CC9C3F6E0D98F AF3DF6004009F2CC, índice 2, expediente de tutela digital.
16 Obra en el certificado 5F55FDC87A902361 54D7429239E25A74 529EA49D0FF892D2
EEF45CB83ADBB80C, índice 2, expediente de tutela digital.
17 Obra en el archivo 0021Memorial, carpeta 0005Expediente_remitido.zip, certificado 3C8A1BB64FC6BC53

75C809C0949CC5BC AE5CC9C3F6E0D98F AF3DF6004009F2CC, índice 2, expediente de tutela digital.

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Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
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calidad de juez de segunda instancia, por medio de auto del 10 de mayo de 202418
anuló el trámite adelantado por la Sala de Casación Penal, al entender que esa
Corporación carecía de competencia y remitió las diligencias al Consejo de Estado.

4. Trámite de la acción de tutela ante el Consejo de Estado

Mediante auto del 15 de mayo de 202419 la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado: (i) asumió la competencia de la acción de tutela; (ii) notificó a la
autoridad accionada y a los sujetos vinculados; (iii) dio validez al auto proferido el 5
de abril de 2024, a las contestaciones otorgadas por la autoridad demandada y los
demás sujetos vinculados, así como a las pruebas recibidas en el trámite adelantado
ante la Corte Suprema de Justicia.

4.1. Intervenciones ante el Consejo de Estado

4.1.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura20 reiteró que carece de competencia para asumir orden alguna en
relación con la solicitud de amparo.

4.1.2. El señor Williams Felipe Ibáñez21 se ratificó en el escrito previamente
aportado en este trámite constitucional, en el cual solicitó a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia declarar la improcedencia de la acción de
tutela por no superar el requisito de subsidiariedad, ya que la accionante pretende
sustituir el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para hacer
prevalecer su subjetiva interpretación sobre la forma en que se debió resolver la
solicitud de traslado presentada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja.

18 Obra en el archivo 0007Auto, certificado 3C8A1BB64FC6BC53 75C809C0949CC5BC AE5CC9C3F6E0D98F

AF3DF6004009F2CC, índice 2, expediente de tutela digital.
19 Obra en el certificado 2E081E1D00BC5397 A25074C10FBA21A9 2CA7E671F6D43425
9CC7624A7EF2415F, índice 4, expediente de tutela digital.
20 Obra en el certificado 7FC5F142CAE43B2A 0DAFD148B9F6250F 99359589FC52CB9A
13D2816A049F921B, índice 10, expediente de tutela digital.
21 Obra en el certificado C276B7EBA8CE60FD 9ADFA8911E57AFFD FFF4E90A3804CAF9
FB23A39AC0F41E2C, índice 12, expediente de tutela digital.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la tutela actual.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela para cuestionar los actos administrativos en
traslados de servidores públicos. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales invocados.

3. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

3.1. La subsidiariedad como requisito general de procedibilidad de la acción de
tutela aparece claramente expresada en el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución Política22 y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 199123,
normatividad conforme con la cual dicha acción solo resulta procedente cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que la ejerza como
mecanismo transitorio para evitar la causación de un perjuicio irremediable24. De
haber lugar al amparo, en el primero de los casos la orden de protección sería
definitiva y, en el segundo, transitoria.

3.2. La Corte Constitucional explicó que la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional contra actos administrativos que decidan el traslado de
funcionarios judiciales, aun cuando aquellos podrían recurrirse a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y ser objeto de las medidas

22 Artículo 86. Numeral 3º. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
23 Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
24 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013. Al respecto, el alto Tribunal ha precisado que el perjuicio

irremediable “se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que
afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que
lo neutralicen”. Corte Constitucional, sentencia T-634 de 2006. Sobre las características del perjuicio
irremediable, la Corte Constitucional, en sentencia T-1316 de 2011, señaló que este debe ser inminente o
próximo a suceder, grave, que requiera de medidas urgentes para superar el daño y, por último, las medidas de
protección deben ser impostergables.

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cautelares previstas en los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ─ CPACA, en caso que el juez de
tutela advierta que dicho acto presuntamente está afectando los derechos que se
derivan de la carrera judicial25.

3.3. En este caso, el contenido de las resoluciones mediante las cuales el Tribunal
Superior de Tunja negó a la accionante el traslado de la ciudad de Bucaramanga a
Chiquinquirá puede ser demandado ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del CPACA e incluso puede solicitarse las
medidas cautelares consagradas en los artículos 229 y 230 del mismo código.

3.4. Además, en este asunto no se configura un perjuicio irremediable en la medida
que la accionante continúa vinculada a la Rama Judicial como Juez Quince Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, y si bien alegó
afectaciones en su salud, el examen de salud ocupacional practicado el 26 de
febrero de 2024 expresamente indicó:

“Recomendaciones Generales:
CUMPLIR MANEJO ESTABLECIDO POR MEDICOS ESPECIALISTAS TRATANTES.
CONTINUAR REHABILITACION DE VOZ. USO DE MICROFONO TECNICAMENTE
ADECUADO PARA SU VOZ. PRACTICA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD
FÍSICA DIRIGIDA MÍNIMO 3 A LA SEMANA. NO CONSUMO DE ALCOHOL NI CIGARRILLO,
PRACTICA DIARIA DE HIGIENE ALIMENTARIA HIGIENE VOCAL DEL SISTEMA DE
VIBRACION Y ARTICULAR. HIGIENE DE SUEÑO. HIGIENE MENTAL. HIGIENE POSTURAL.
EVITAR Y CONTROLAR EXPOSICION A ALERGENOS RESPIRATORIOS. CONTINUAR
PROCESO DE CALIFICACION DE ORIGEN POR MEDICINA LABORAL DE SU EPS.

Recomendaciones Ocupacionales:
PUEDE REALIZAR SU LABOR Y FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA. SOLO EN
HORARIO DIURNO. EVITAR JORNADAS LABORALES MAYORES A 8H DIARIAS, PUEDE
EJECUTAR LABORES QUE NO REQUIERAN INMEDIATEZ. PUEDE EJECUTAR LABORES
EN DONDE EL USO D E LA VOZ NO SEA MAYOR AL 50% DEL TIEMPO DE LA JORNADA DE
MANERA CONTINUA. REALIZAR PAUSAS DE RECUPERACION AL MENOS UNA EN CADA
JORNADA LABORAL. QUE INCLUYAN VOZ Y ESTIRAMIENTO MUSCULAR COMPLETO CON
CAMBIO DE POSICIÓN SEDENTE /BÍPEDO. RECOMENDACIONES POR 180 DIAS A PARTIR
DE LA FECHA DE SU EXPEDICION. SOLICITAR CONTROL POSTERIOR A ESTE PERIODO
DE TIEMPO POR MEDICINA LABORAL EN ESTA IPS. ACUDIR CON HISTORIA CLINICA
ACTUALIZADA.”26.

Al respecto, esta Subsección advierte que el concepto ocupacional no indica que la
accionante deba ser trasladada a otro despacho judicial con ocasión de las
patologías de “faringitis crónica y disfonía crónica”, así como tampoco hace alusión
a que no pueda seguir desempeñándose como juez en la ciudad de Bucaramanga.

25 Corte Constitucional, sentencia T-302 de 2019.
26Obra a folio 4, archivo PRUEBA_2_4_2024, 1_09_38 p. m., certificado DA6AFBF92C065648
9D108190C2956DCA 33369428345B71B4 5A30A2B0A765F964, índice 2, expediente de tutela digital.

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En tal sentido, no se encuentra una afectación inminente y grave, que requiera
medidas urgentes, a fin de evitar un perjuicio a partir de la implementación de
acciones impostergables.

3.5. Finalmente, este caso no plantea un problema constitucional que desborde el
marco de competencias del juez administrativo, ya que, en principio, no se advierte
que los actos administrativos estén afectando los derechos que se derivan de la
carrera judicial, toda vez que se pretende controvertir la interpretación hecha por la
autoridad accionada en relación con la ponderación del puntaje de ingreso a la
carrera judicial y la calificación integral de servicios, con ocasión de las solicitudes
de traslado de los jueces respecto a las vacantes en ese distrito judicial.

En tal sentido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en los actos
administrativos atacados, determinó que: (i) la calificación de ingreso a la carrera
judicial se haría en 1000 puntos y la calificación de servicios se nivelaría al mismo
valor, sin embargo, frente a este último ítem únicamente se tomaría el porcentaje
diferencial aprobatorio, es decir, entre 60 y 100, lo que equivaldría al 40%, cuyo
resultado se tomaría al mismo nivel 50 – 50 frente al puntaje de ingreso a carrera
judicial, de tal manera que es tomado en igual proporción; y (ii) a partir del cálculo
anterior se otorgó un puntaje de 51.32 al señor Williams Felipe Ibáñez Jurado y a la
actora se le dio un puntaje de 51.00, de acuerdo con el siguiente cuadro:

FUNCIONARIO PUNTAJE PORCENTAJE CALIFICACIÓN PORCENTAJE PUNTAJE TOTAL
JUDICIAL INGRESO INTEGRAL DE
SOLICITANTE CARRERA SERVICIOS
Williams Felipe 662.42 662.42/1000 = 91 91*40/100 36.40 66.24*0.5=33.12
Ibáñez Jurado 66.24 36.40*0.5=18.2
33.12+18.2= 51.32
Andrea Carolina 640.08 640.08/1000 = 95 95*40/100 38.00 64.00*0.5=32
Sanabria Galán 64.00 38.00*0.5= 19 32+19=
51.00
Flor del Carmen 596.14 596.14/1000 = 98 98*40/100 39.02 59.61*0.5= 29.80
Mora Muñoz 59.61 39.02*0.5= 19.51
29.80+19.51= 49.32
*Información tomada de la Resolución 017 del 14 de marzo de 202427

En atención a lo expuesto, las inconformidades propuestas no desbordan la
competencia propia del juez administrativo, en orden a determinar la manera en que
se debe hacer la ponderación del puntaje de ingreso a la carrera judicial y la
calificación integral de servicios, a fin de evaluar las solicitudes de traslado respecto
del distrito judicial de Tunja, máxime si se tiene en cuenta que en esta sede no se

27 Folio 6, archivo PRUEBA_2_4_2024, 1_07_51 p. m., certificado DA6AFBF92C065648
9D108190C2956DCA 33369428345B71B4 5A30A2B0A765F964, índice 2, expediente de tutela digital.

10
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02375-00
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja

advierte una evidente afectación de los derechos que se derivan de la carrera
judicial.

4. En consecuencia, el presupuesto de subsidiariedad, como se expuso, no se
encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por la
señora Andrea Carolina Sanabria Galán de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Ausente con excusa

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