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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02384-00

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02384-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición del señor José Imer Corrales Ñañez, quien actúa en causa propia. En consecuencia, Segundo.- ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, otorgue una respuesta clara, precisa y congruente con lo solicitado el 18 de abril de 2024, en la que considere la situación fáctica expuesta en la petición, sin que la misma implique acceder a lo pedido, y se proceda con su notificación en los términos precisados por la Ley 1437 de 2011. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02384-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de junio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02384-00
Demandante: José Imer Corrales Ñañez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02384-00
Demandante: JOSÉ IMER CORRALES ÑAÑEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición. Fórmulas elusivas y respuesta incongruente de conformidad
con la sentencia C-951 de 2014

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor José Imer Corrales Ñañez1, contra el Consejo Superior de
la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
de petición, igualdad, equidad, trabajo, “libre desarrollo a la profesión” y el principio
de favorabilidad, que considera vulnerados con la falta de respuesta a la solicitud
presentada el 18 de abril de 2024, por medio de la cual pidió la exoneración de la
presentación del examen de Estado implementado mediante la Ley 1905 de 2018
y que continúe la vigencia de la tarjeta profesional definitiva expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que el 18 de abril del 2024, en ejercicio del derecho
fundamental de petición presentó solicitud ante la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, en el que pidió la exoneración de la
presentación del examen de Estado contemplado en la Ley 1905 de 2018 y que
continúe la vigencia de la tarjeta profesional No. 385.085, expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura.

Indicó que a la fecha de interposición de la acción de tutela la entidad accionada
no ha dado respuesta a lo solicitado, ni siquiera dando acuso de recibido de la
petición.

1 La acción de tutela se presentó el 14 de mayo de 2024.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02384-00
Demandante: José Imer Corrales Ñañez

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, igualdad,
equidad, trabajo, “libre desarrollo a la profesión” y el principio de favorabilidad, por
la falta de respuesta a la solicitud presentada el 18 de abril de 2024, por medio de
la cual pidió la exoneración de la presentación del examen de Estado previsto en
la Ley 1905 de 2018 y que continúe la vigencia de su tarjeta profesional definitiva
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

Refirió que la autoridad accionada no ha resuelto la solicitud, para lo que trajo
consideración el artículo 23 de la Constitución Política y los artículos 7, 13 y 14 de
la Ley 1755 de 2015, para precisar el objeto y las modalidades del derecho de
petición, así como el término para su resolución.

En igual sentido, citó apartes de las sentencias T-301 de 1998, T-077 de 2018, C-
951 de 2014 y T-219 de 1994, con el fin de mencionar que el plazo máximo para
dar respuesta a lo solicitado venció el 10 de mayo de 2024, sin que a la fecha
exista contestación, a lo que agregó que “sin dejar de un lado que, el derecho de
petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa, además porque mediante el mismo se garantizan otros derechos
constitucionales como los derechos a la información, participación democrática y libertad
de expresión. Por lo que, el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues no sirve de nada dirigirse ante una
autoridad, si esta no resuelve o se reserva para sí, el resuelve de lo decidido”.

3. Pretensiones

La parte demandante en el escrito de tutela formuló las siguientes:

“PRIMERA: Con el fin de garantizar restablecer el derecho fundamental de petición del
suscrito, respetuosamente solicito al Juez de la República, ordenar la UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, localizada en carrera 8 número 12b -82
piso 2 Bogotá Colombia, que en el término máximo de (48) Cuarenta y Ocho Horas,
contado a partir de la Notificación del fallo de primera instancia, proceda a resolver de
fondo el Derecho de Petición fecha 18 de abril de 2024, toda vez que no fue contestado
dentro del término establecido por la Ley.

SEGUNDA: En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito al Juez de la
República, el ordenar todo lo que el despacho considere pertinente para garantizar el
restablecimiento de mi derecho fundamental de Petición”.

4. Pruebas relevantes

El accionante aportó copia de la solicitud presentada el 18 de abril de 2024, ante
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, junto con
sus anexos y constancia de radicación.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de mayo de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad administrativa
demandada -Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
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Abogados y Auxiliares de la Justicia-, así como a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 206793 a 206796
de 22 de mayo de 2024, con el fin de notificar a las partes2.

6. Oposición

Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

A través de memorial de 24 de mayo de 2024, el director de la Unidad solicitó que
se nieguen las pretensiones formuladas en la demanda de tutela, al considerar
que no existe vulneración de los derechos fundamentales del actor.

Indicó que el demandante presentó solicitud con data 18 de abril de 2024, por la
cual requirió la exoneración de la presentación del examen de idoneidad y que
continúe la vigencia de la tarjeta profesional de abogado No. 385.085, frente a la
que se dio respuesta por oficio de 17 de mayo de 2024, a través del cual se le
indicó lo siguiente:

“(...)

El trámite de inscripción y expedición de tarjeta profesional de abogado, se
realizó con los documentos que el usuario remite por correo electrónico y con
las fechas de inicio de estudios de la carrera de derecho y de grado que remite
directamente la institución de educación superior a esta Unidad.

Desde la expedición de la Ley 1905 de 28 junio 2018, “[p]ara ejercer la
profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales
vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen
de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura”; sin
embargo, de acuerdo con el artículo 2 de esta ley, este requisito únicamente se
exigirá a quienes hayan iniciado la carrera de derecho con posterioridad a la
promulgación de dicha norma.

Por lo anterior, esta Unidad debe despachar negativamente su petición y
resalta que la tarjeta profesional de abogado no constituye ninguna limitante o
impedimento para la vinculación laboral de sus titulares en entidades públicas o
privadas, teniendo en cuenta que, dicha condición radica única y
exclusivamente en el requisito de aprobar el examen de Estado, con el que
deben cumplir los graduados de las facultades de derecho del país que hayan
iniciado la carrera de derecho con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 1905 de 2018”.

Sostuvo que a la fecha en que se otorgó la anterior respuesta al accionante, la
sentencia SU-128 de 2024 no le había sido notificada por parte de la Corte
Constitucional, sin embargo, refirió que dicha comunicación se llevó a cabo el 21
de mayo de 2024, por lo que al día siguiente se puso en conocimiento del actor el

2 El accionante y la autoridad demandada fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico:

paolacorralesv@gmail.com, joseicorrales1970@gmail.com, presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co,
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificacionesjudiciales@defensoriajuridica.gov.co

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comunicado que dispone el trámite para expedir la tarjeta profesional de abogado
con vigencia definitiva, en cumplimiento de la sentencia de unificación.

Por último, aludió que por medio de correo electrónico enviado el 24 de mayo de
2024, se puso en conocimiento del demandante la Resolución No. URNAR24-85
de 23 de mayo de la presente anualidad, con la que se procederá a dar
cumplimiento a la sentencia SU-128 de 2024.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala debe determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró al accionante
los derechos fundamentales a la igualdad, equidad, trabajo, “libre desarrollo a la
profesión” y el principio de favorabilidad, con la falta de respuesta a la solicitud
presentada el 18 de abril de 2024, por medio de la cual pidió la exoneración de la
presentación del examen de Estado implementado por medio de la Ley 1905 de
2018 y que continúe la vigencia de su tarjeta profesional definitiva expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura.

3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
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‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”3. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de

3 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20114.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Jose Imer Corrales Ñañez, quien actúa en causa propia, interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de que se acceda al
amparo constitucional de los derechos fundamentales de petición, igualdad,
equidad, trabajo, “libre desarrollo a la profesión” y el principio de favorabilidad, los
cuales considera vulnerados por la falta de respuesta a la solicitud presentada el
18 de abril de 2024, en la que pidió la exoneración de la presentación del examen
de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018 y que continúe la vigencia de la tarjeta
profesional definitiva No. 385.085, expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura.

El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, en el escrito de contestación de la solicitud de amparo
constitucional solicitó negar las pretensiones de la demanda, luego de considerar
que no existió vulneración alguna y que la respuesta a la petición fue entregada
por medio de oficio de 17 de mayo de 2024.

4.2. De las pruebas allegadas al asunto se evidencia que el demandante en
ejercicio del derecho fundamental de petición, el 18 de abril de 2024 formuló las
siguientes solicitudes:

“Conforme a los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios que son puestos de
presente en este derecho de petición solicito lo siguiente:

PRIMERA: Respetuosamente señores UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, solicito que mediante resolución me EXONEREN de la presentación del
examen de idoneidad para abogados.

SEGUNDO. En consecuencia, de lo anterior, continuar con la vigencia de mi tarjeta
profesional número 385085 Expedida por el Consejo Superior de la Judicatura”.

Para efectos de lo anterior, el actor expuso la siguiente situación fáctica:

“PRIMERO: Con fecha 19 de abril del 2022, mediante acta de grado # 535 expedida
por la Institución universitaria POLITECNICO GRANCOLOMBIANO, incorporado
dentro del acta se puede observar: abro comillas “...Entrega de diploma en que
consta el título académico de ABOGADO, programa que fue aprobado por medio de
la resolución 16034 del 18 de diciembre del 2019 del Ministerio de Educación
Nacional, a CORRALES ÑAÑEZ JOSE IMER” (Anexo acta en mención).

SEGUNDO: El día 20 de abril del 2022, a las 14:53 horas, tramité ante el correo
electrónico (regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co), desde mi correo
joseicorrales1970@gmail.com, la solicitud de la expedición de mi Tarjeta Profesional

4 La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado

por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente
a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.

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de Abogado, la cual quedó radicada bajo No. 13256, previa acreditación de los
requisitos que el Honorable Consejo Superior de la Judicatura exigía para esa época,
tales como, 06 archivos en formato PDF, en el siguiente orden: a) fotografía 3x4 en
formato JPG, b) Formulario, c) cedula ciudadanía, d) acta de grado; e) diplomada
abogado y f) pago bancario (todos los documentos antes enunciados a mi nombre).

TERCERO: Con fecha 24 de mayo del 2022, y como quiera que no había avance en
el trámite, procedí́ a comunicarme a la línea telefónica No. 6015658500, ext. 7515,
7511, 7519, y después de muchos intentos, fui atendido por la Doctora Janeth a quien
le solicité información sobre el proceso, respondiendo que este último se encontraba
en pausa, puesto que la Universidad Politécnico Grancolombiano, de la cual soy
egresado, debía remitir ante el Consejo Superior de la Judicatura una constancia en
donde se evidenciara la fecha de inicio de la carrera para dar paso a la expedición de
la Tarjeta Profesional, toda vez que, de acuerdo a la Ley 1905 del 2018 se adoptó el
Examen de Estado como requisito para el ejercicio de la Profesión Jurídica.

CUARTO: El pasado 03 de junio del 2022, radiqué derecho de petición, del cual
adjunto al presente proceso, solicitando la expedición de la tarjeta profesional, a lo
cual obtuve una respuesta vacía en fundamento, toda vez que se manifestó́ lo
siguiente: (...)

SEXTO: mediante comunicado de fecha 23 de junio de 2022, el Consejo Superior de
la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia, da
contestación a la acción de tutela Radicado número 11001-03-15-000-2022-03227-
00, Dando alcance al oficio del día 23 de mayo de 2022, con ocasión de la Acción de
Tutela de la referencia, interpuesta contra este organismo, en donde se informa:

“de manera atenta, me permito informar que el Politécnico Gran Colombiano
sede Medellín, reportó el día 22 de junio de 2022, la confirmación del título, así
como la fecha de inicio del carrera de derecho del Dr. JOSÉ IMER CORRALES
ÑAÑEZ, al correo electrónico wrincons@cendoj.ramajudicial.gov.co, del
Ingeniero William Alexander Rincón, Auxiliar Judicial de esta Unidad, quien es la
persona encargada de cargar ante el Sistema de Información -SIRNA, todos los
reportes de los títulos de las Universidades del país, tal como se acredita con el
registro de pantalla, cuya copia se adjunta.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Unidad con todos los documentos
aportados, inscribe en el registro de abogados al Dr. JOSÉ IMER CORRALES
ÑAÑEZ, identificado con la C.C. No. 94307427, asignándole la Tarjeta
Profesional de Abogado No 385.085, mediante el Acta No. 12349 de 2022,
cuya copia se anexa.

Los respectivos documentos fueron enviados al contratista para la elaboración
del plástico de la Tarjeta Profesional de Abogado y, una vez sea entregada a
esta Unidad, se remitirá́ a través del servicio de correo certificado de 472, al
domicilio (residencia) registrado por el accionante.

Carrera 8 No. 12B - 82 Piso 4 PBX: 3817200 Ext. 7519 – Fax: 2842127
www.ramajudicial.gov.co

De igual manera, el accionante podrá́ acceder a la certificación de vigencia de la
tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la
internet, a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder
cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en
el link https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx, escogiendo la
calidad de “Abogado” y verificar así la titularidad y vigencia del documento.

Así mismo, anexo copia del oficio enviado al Dr. JOSÉ IMER CORRALES ÑAÑEZ,
mediante el cual se le informa sobre el trámite y expedición de la Tarjeta Profesional
de Abogado, cuya copia adjunto.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02384-00
Demandante: José Imer Corrales Ñañez

Finalmente, esta Unidad considera que no existe vulneración a ningún derecho
fundamental en la actuación realizada por parte de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, por lo que de manera respetuosa se debe negar
el amparo solicitado, por tratarse de un hecho superado.”

SEPTIMO: No obstante, con fecha 16 de enero del 2024, recibo en mi correo
electrónico joseicorrales1970@gmail.com, documento adjunto, a través del correo
electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual se denominaba “94307427
Oficio – Presentación examen Ley 1905 de 2018” mediante el cual se solicitaba
realizar la Inscripción a la primera aplicación de examen de Estado de idoneidad de
abogados – Población sujeta a la Ley 1905 del 2018 adjuntando Oficio con fecha del
15 de enero del 2024 (...)

NOVENO: Con el debido respeto, quiero enfatizar a la UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que mi tarjeta profesional de abogado fue
expedida el 23 de junio del 2022, asignaron el número 385085, luego de que
mediante acción de TUTELA con Radicado número 11001-03-15-000-2022-03227-00,
del 23 de mayo de 2022, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA, diera
contestación al honorable consejero ponente, abro comillas “Teniendo en cuenta lo
anterior, esta Unidad con todos los documentos aportados, inscribe en el registro de
abogados al Dr. JOSÉ IMER CORRALES ÑAÑEZ, identificado con la C.C. No.
94307427, asignándole la Tarjeta Profesional de Abogado No 385.085, mediante el
Acta No. 12349 de 2022, cuya copia se anexa......”

Por tal condición y al observar que la tarjeta profesional en mención no contiene
ninguna condición y/o excepción, no tiene vigencia limitada, ni tampoco contiene la
condición de provisional (se anexa copia tarjeta profesional referida), pues así se
evidencia en el acta de registro de tarjeta profesional número 12349 (...)”.

En virtud de lo anterior, se encuentra que mediante correo electrónico remitido el
16 de enero de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, le solicitó al actor la inscripción a
la primera aplicación de examen de Estado por haber iniciado sus estudios con
posterioridad al 28 de junio de 2018. Adicional a ello, por comunicado del 12 de
abril de 2024, le envío el reglamento y guía de orientación para la presentación de
la prueba.

En la petición el accionante indicó que la tarjeta profesional no contiene ninguna
condición, excepción, vigencia limitada o la anotación de provisional y que los
Acuerdos PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 y PCSJA23-12127 de 23 de
diciembre de 2023, desmejoraron las condiciones que ya le habían sido otorgadas
como abogado.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia por medio
de oficio de 17 de mayo de 2024, en el curso de la acción de tutela, le respondió al
accionante lo siguiente:

“(...)

Se acusa recibido [a] su petición remitida vía correo electrónico el día 18 de abril de
2024, en la que solicita la exoneración de la presentación del examen de idoneidad
para abogados y en consecuencia continuar con la vigencia de la tarjeta profesional
de abogado No. 385.085. Nos permitimos dar respuesta en los siguientes puntos:

El trámite de inscripción y expedición de tarjeta profesional de abogado, se realizó
con los documentos que el usuario remite por correo electrónico y con las fechas de

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Demandante: José Imer Corrales Ñañez

inicio de estudios de la carrera de derecho y de grado que remite directamente la
institución de educación superior a esta Unidad.

Desde la expedición de la Ley 1905 de 28 junio 2018, “para ejercer la profesión de
abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el
graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que
para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura”; sin embargo, de acuerdo
con el artículo 2 de esta ley, este requisito únicamente se exigirá a quienes hayan
iniciado la carrera de derecho con posterioridad a la promulgación de dicha norma.

Por lo anterior, esta Unidad debe despachar negativamente su petición y resalta que
la tarjeta profesional de abogado no constituye ninguna limitante o impedimento para
la vinculación laboral de sus titulares en entidades públicas o privadas, teniendo en
cuenta que, dicha condición radica única y exclusivamente en el requisito de aprobar
el examen de Estado, con el que deben cumplir los graduados de las facultades de
derecho del país que hayan iniciado la carrera de derecho con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018”.

Adicional a lo anterior, se encuentra que con el informe rendido el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, puso en conocimiento que en virtud de la comunicación allegada el
22 de mayo de 2024 por la Corte Constitucional sobre la sentencia SU-128 de
2024, le remitió al accionante la Resolución No. URNAR24-85 de 23 de mayo de
2024, “Por la cual se da cumplimiento a la sentencia SU-128 de 2024 de la Corte
Constitucional”, en la que resolvió lo siguiente:

“ARTÍCULO 1°. DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia de unificación SU-128 de 2024
de la Corte Constitucional y REQUERIR a los abogados relacionados en el anexo
adjunto para iniciar el trámite previsto en el artículo 6° del Acuerdo PCSJA24 – 12162
de 2024, con el fin de proceder a la expedición de la tarjeta profesional de abogado sin
anotación provisional y sin la exigencia de aprobación del examen de Estado previsto
en la Ley 1905 de 2018.

PARÁGRAFO. Los abogados que cuenten con tarjeta profesional de abogado con
vigencia provisional que no se encuentren relacionados en el anexo adjunto de este
acto, pero hayan iniciado el trámite de inscripción y expedición de tarjeta profesional de
abogado antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, deberán dar
cumplimiento a lo señalado en este artículo.

ARTÍCULO 2°. DEJAR SIN EFECTOS la anotación de vigencia provisional en las actas
de registro de las tarjetas profesionales de los abogados que presentaron la solicitud
del trámite de Inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado antes de las
cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, relacionados en el archivo adjunto.

ARTÍCULO 3°. REALIZAR las anotaciones pertinentes en el Sistema de Información
del Registro Nacional de Abogados –SIRNA.

ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR esta decisión, a través del correo electrónico de los
abogados señalados en el artículo primero de este acto y PUBLICAR este acto a través
del micrositio de la Ley 1905 de 2018 de la página web del Registro Nacional de
Abogados https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/LEY19052018.aspx.

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición”.

4.3. De conformidad con lo expuesto y conforme con las consideraciones jurídicas
expuestas en precedencia, la Sala observa que si bien en el curso de la acción de
tutela el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, entregó una respuesta a la solicitud de 18 de
abril de 2024, lo cierto es que la misma es elusiva e incongruente y no analiza la
situación expuesta por el accionante en su escrito en el que puso de presente que
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“la tarjeta profesional en mención no contiene ninguna condición y/o excepción, no tiene vigencia
limitada, ni tampoco contiene la condición de provisional (se anexa copia tarjeta profesional
referida), pues así se evidencia en el acta de registro de tarjeta profesional número 12349 (...)”,
por lo que se entiende que el actor plantea que cuenta con una situación jurídica
consolidada que conllevaría la exoneración de la prueba de Estado, a lo que no se
dio respuesta de fondo.

Según se vio en precedencia, la respuesta brindada indica que el requisito de
presentación de la prueba obedece a lo establecido en la Ley 1905 de 2018, sin
hacer alusión alguna a si la tarjeta profesional de abogado No. 385.085 expedida
por medio de acta No. 12349 de 23 de junio 2022 continúa vigente. Por el
contrario, la autoridad accionada le comunica al demandante con posterioridad la
Resolución No. URNAR24-85 de 23 de mayo de 2024, sin que de la misma se
desprenda que se resuelve lo pretendido por el accionante.

Sobre el contenido de la respuesta al derecho de petición, en concreto, que las
respuestas no sean elusivas e incongruentes, la Corte Constitucional en sentencia
C-951 de 2014, sostuvo que “la respuesta de los derechos de petición debe observar
las siguientes condiciones para que sean consideradas válidas en términos
constitucionales: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar
en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas;
(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de
manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado
dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere
la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición
aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha
surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”. (negrillas por
fuera del texto original).

De igual manera, en la sentencia T-329 de 20215, al resolver un caso en el que se
negó el acceso a la información, dispuso que “el accionado está obligado a responder
la petición de entrega de información en forma precisa, completa y de fondo. En efecto, la
solicitud incluía una petición puntual de entrega del video que dicen tener, en lugar de
ello, presentó una respuesta general en la que se limita a indicar que no era procedente
acceder a la información, puesto que se trataba de información sometida a reserva por
tener carácter de confidencial. Ello implicó la ausencia de una respuesta específica y por
ende evasiva, ya que, no se explicó a qué obedecía tal reserva y la imposibilidad de
entrega, pese a que se trataba de la información de la cual era titular el peticionario en su
calidad de trabajador”.

En igual sentido, en sentencia SU-191 de 20226, trajo a consideración el contenido
de una respuesta de fondo a una petición y al resolver el caso allí estudiado
señaló que “la respuesta carece de precisión y es elusiva, pues pretende hacer que el
ciudadano busque en otras entidades la información que posee, con el agravante de que
esta opción tiene escasa o nula posibilidad de éxito”.

De conformidad con lo anterior, se entiende que una respuesta general no
constituye una manifestación de fondo sobre lo pedido, puesto que resulta evasiva

5 M.P. Alberto Rojas Ríos.
6 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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en tanto carece de precisión cuando no atiende con detalle el objeto de la petición,
como ocurre en el presente asunto.

Sumado a ello, debe recordarse que la Corte Constitucional en sentencia T-051 de
20237, señaló que “la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta
favorable a lo solicitado, por lo que hay contestación incluso si la respuesta es en sentido
negativo y se explican los motivos que conducen a ello. De ahí que se diferencie el
derecho de petición del “derecho a lo pedido”, que se usa para destacar que “el ámbito de
protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener
una contestación para la misma, y en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud
como tal”.

En esos términos, en el caso bajo examen al no atenderse de manera precisa lo
pedido, esto es, lo relativo a la exoneración del examen de Estado dispuesto en la
Ley 1905 de 2018 y a si continúa la vigencia de la tarjeta profesional definitiva No.
385.085, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala advierte que la
autoridad accionada vulneró el derecho fundamental de petición, al pronunciarse
de manera elusiva e incongruente frente a lo solicitado.

Se reitera que analizada la situación fáctica expuesta en la petición objeto de
reproche, el debate gira en torno a la vigencia de la tarjeta profesional de abogado
expedida el 23 de junio de 2022 y al desconocimiento de la situación surtida con
antelación a la solicitud realizada por la accionada sobre la inscripción a la primera
aplicación de examen de Estado, circunstancias frente a las cuales el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, otorgó una respuesta general como destinatario de la Ley 1905 de
2018.

Por último, la Sala se relevará de analizar la vulneración a los derechos
fundamentales a la igualdad, equidad, trabajo, libre desarrollo a la profesión y el
principio de favorabilidad, atendiendo que se accederá al amparo del derecho
fundamental de petición, frente al que se circunscribió la argumentación de la
acción de tutela por la falta de respuesta a la solicitud presentada el 18 de abril de
2018.

Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del señor Jose
Imer Corrales Ñañez, quien actúa en causa propia. En consecuencia, se ordenará
al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de esta providencia, otorgue una respuesta clara, precisa
y congruente con lo solicitado el 18 de abril de 2024, en la que considere la
situación fáctica expuesta en la petición, sin que la misma implique acceder a lo
pedido, y se proceda con su notificación en los términos precisados por la Ley
1437 de 2011.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y

7 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición del señor José Imer
Corrales Ñañez, quien actúa en causa propia. En consecuencia,

Segundo.- ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, otorgue
una respuesta clara, precisa y congruente con lo solicitado el 18 de abril de 2024,
en la que considere la situación fáctica expuesta en la petición, sin que la misma
implique acceder a lo pedido, y se proceda con su notificación en los términos
precisados por la Ley 1437 de 2011.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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