Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02389-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
18 de julio de 2024
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02389 01
Demandante: Juan Manuel Pérez Ramos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02389 01
Demandante: Juan Manuel Pérez Ramos
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Temas: Tutela por la presunta violación de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso al sistema de seguridad social en pensiones, a la
igualdad, al mínimo vital y a una vida digna. Relevancia constitucional y
ausencia de los defectos invocados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por el señor Juan Manuel Pérez Ramos
contra la sentencia de tutela del 4 de junio de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente el amparo.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Juan Manuel Pérez Ramos, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso al sistema de seguridad social en pensiones, a la igualdad, al mínimo vital y
a una vida digna.
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Demandante: Juan Manuel Pérez Ramos
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 11
de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000
23 42 000 2018 00775 01 y, en su lugar, que se ordene a la referida corporación
proferir una nueva decisión en la que se le reconozca la pensión de vejez.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Por conducto de apoderado, acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que se le
reconociera, liquidara y pagara la pensión de vejez. El proceso fue conocido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, bajo el
radicado 25000 23 42 000 2018 00775 00, el cual resolvió favorablemente las
pretensiones mediante sentencia del 28 de febrero de 2020.
ii) La entidad demandada, Administradora Colombiana de Pensiones,1 interpuso
recurso de apelación que fue concedido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, posteriormente, admitido por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado.
iii) El 11 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
revocó la sentencia de primera instancia y realizó un análisis independiente de los
requisitos establecidos en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir del accionante, el fallo del 11 de octubre de 2023, proferido por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en violación directa de la
constitución, defecto sustantivo y defecto por desconocimiento del precedente
constitucional, en atención a las siguientes circunstancias:
1 En adelante, Colpensiones.
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i) Vulnera el debido proceso, toda vez que realizó una indebida interpretación del
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y, además, no aplicó el
mandato del artículo 53 de la Constitución Política respecto de los principios de
constitucionalidad y favorabilidad, pues no analizó en conjunto el ordenamiento
jurídico, el cual requiere una valoración sistemática con las otras normas.
ii) Se presentó un defecto asociado a una irregularidad procesal, al no tener en cuenta
los alegatos de conclusión en segunda instancia, debido a que en la providencia se
indicó que la parte demandante guardó silencio.
iii) Por otro lado, desconoce el precedente horizontal, que tiene fuerza vinculante,
puesto que el juez natural se apartó de lo decidido en sus propias providencias, y no
justificó o motivó las razones por las cuales lo hizo. Asimismo, el precedente
constitucional, porque no aplicó «que los adultos mayores son sujetos de especial
protección constitucional», dado que el accionante, en primer lugar, se encuentra
próximo a cumplir 67 años, en segundo lugar, no tiene trabajo hace varios años y, en
tercer lugar, no tiene ingresos para satisfacer sus necesidades vitales, en tal sentido,
se encuentra en una debilidad manifiesta.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. Mediante auto del 15 de mayo de 2024, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó i) notificar a la accionada para que en el término de dos (2)
días contados desde su recibo, ejerza su derecho a la defensa, asimismo, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado; ii) vincular al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, para que en el término de dos (2)
días contados desde su recibo se pronuncie sobre el contenido de la acción, si lo
considera necesario; iii) al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, remitir en calidad
de préstamo el expediente digital del proceso con radicado 25000 23 42 000 2018
00775 00/01; iv) suspender los términos del proceso desde el 15 de mayo de 2014,
inclusive, hasta que reingrese el expediente al despacho; y v) tener como pruebas las
arrimadas con la solicitud de amparo.
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Demandante: Juan Manuel Pérez Ramos
1.2.2. El 23 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, remitió por correo electrónico el expediente digital con
radicado 25000 23 42 000 2018 00775 00/01.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B.
El magistrado Alberto Espinosa Bolaños, dio respuesta a la acción de tutela en la cual
señaló que estará a la expectativa de las resultas del proceso, en aras de adoptar las
decisiones que sean del caso, toda vez que la decisión del superior es contraria a lo
resuelto por la Sala del tribunal, razón por la cual no tiene vocación para alegar
cuestión adicional sobre los aspectos debatidos en la acción de tutela.
1.3.2. Colpensiones
La directora de las acciones constitucionales de la Administradora Colombiana de
Pensiones, Adriana Constanza Ríos Melgarejo, solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela, debido a que no se ha materializado ningún vicio, defecto o
vulneración de derechos fundamentales por parte del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Adicionalmente, índico que i) con fundamento en el artículo
4 de la Constitución Política y la Ley 472 de 1998, el patrimonio público debe ser
protegido, así como también la sostenibilidad financiera del sistema pensional; ii) el
juez constitucional no puede exceder su órbita de competencia y convertir la acción de
tutela en una tercera instancia; y iii) deben prevalecer los principios de cosa juzgada,
seguridad jurídica y autonomía e independencia judicial.
1.4. Sentencia impugnada
El 4 de junio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró
improcedente el amparo solicitado, en atención a que no satisface el requisito de la
relevancia constitucional, al considerar que lo pretendido por el accionante es que se
realice un nuevo estudio respecto de la decisión adoptada por el juez natural.
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1.5. Impugnación
El 4 de junio de 2024, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia en
orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones. Para ello indicó
que debe fallarse de fondo la acción de tutela, porque la vulneración de los derechos
fundamentales fue sustentada en debida forma y se acreditó sumariamente que el
derecho fundamental al mínimo vital es afectado, por ser un adulto mayor.
Igualmente, señaló que el propósito de la acción de tutela nunca fue reabrir el debate
jurídico ya concluido, sino que se analizara la denegatoria de la pensión de vejez a
partir de los derechos fundamentales, debido a que la sentencia cuestionada revoca
la providencia proferida en primera instancia que había accedido al reconocimiento de
dicha prestación.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20192, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Tercera, Subsección A de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 11 de octubre de 2023,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-42-000-
2Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Juan Manuel Pérez Ramos
2018-00775-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la
adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso al sistema de seguridad social en pensiones, a la igualdad,
al mínimo vital y a una vida digna.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
3 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-42-
000-2018-00775-00 [01], la Sala establece lo siguiente:
i) El 31 de julio de 2017, presentó a Colpensiones la solicitud de pensión de vejez, la
cual fue identificada con el radicado 201_7907404 de la misma fecha.
ii) Colpensiones, mediante Resolución SUB 246474 del 2 de noviembre de 2017, negó
el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al señor Juan Manuel Pérez Ramos.5
iii) Respecto de la anterior decisión, el hoy accionante interpuso recurso de apelación
que fue resuelto por la Resolución DIR 22327 del 6 de diciembre de 2017, en la cual
Colpensiones confirmó su decisión.
iv) El 9 de abril de 2018, el señor Juan Manuel Pérez Ramos presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se reconociera, liquidara y
pagara la pensión de vejez. Proceso en el cual, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en fecha 28 de febrero de 2020,
accedió a las pretensiones de la demanda. Tal decisión, fue recurrida por
Colpensiones.
vi) El 11 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
revocó la decisión del tribunal y negó las pretensiones de la demanda.
5
Visible en el folio 83 de índice 11 del aplicativo SAMAI del Consejo de estado.
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2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. Sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela
i) «Se cumple el requisito de relevancia constitucional». La Sala considera que en el
caso concurre el requisito de relevancia constitucional para analizar la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados, por a) presunto defecto
sustantivo b) defecto por desconocimiento del precedente judicial, y c) violación directa
de la Constitución, eventos que de hallarse acreditados conducirían a encontrar
lesionados los intereses de la parte actora.
Por consiguiente, se revocará la sentencia del 4 de junio de 2024, proferida por la
Sección Tercera, Subsección A de esta colegiatura y, de encontrarse satisfechas las
demás exigencias de procedencia, se analizarán los defectos especiales invocados
por la parte actora.
ii) «Se presentó con inmediatez», toda vez que la acción de tutela se interpuso dentro
de un término razonable,6 que no supera los 6 meses después de la ejecutoria de la
sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, proferida el
11 de octubre de 2023, dentro del proceso 25000 23 42 000 2018 00775 01.
iii) «Se cumple con el requisito de subsidiariedad», ya que de los hechos y argumentos
narrados no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión
previstas en el artículo 250 del CPACA.
iv) «Se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se
alegó vulneración, en tanto la parte actora narró de manera clara los hechos sujetos a
examen, los derechos que estima vulnerados y, de las inconformidades planteadas,
6 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
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puede advertirse la controversia del defecto sustantivo, el desconocimiento de
precedente jurisprudencial y el defecto por violación directa de la Constitución.
v) «No se cuestionó una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.5.2. Sobre la procedencia del amparo invocado
El accionante, alega que en la sentencia de segunda instancia se incurrió en un defecto
sustantivo al vulnerar el derecho al debido proceso y al mínimo vital, toda vez que i)
no se aplicó lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política; ii) no realizó
una interpretación correcta del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; y iii) no
valoró sistemáticamente todas las normas del ordenamiento jurídico.
Conforme con lo anterior, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al estudiar el recurso de apelación, determinó en primer lugar, que en el caso
no estaba en discusión la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, pues si era aplicable al demandante, y señaló que esta «estuvo dirigida a las
expectativas legítimas de sus beneficiarios, que pese a ser objeto de protección, en
todo caso debían consolidarse para convertirse en derechos adquiridos conforme a los
límites que para el efecto dispuso el legislador».
Pues bien, en el análisis del caso, la Subsección B de esta corporación señaló que, si
bien el demandante en sus pretensiones solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez con fundamento en la Ley 33 de 1985, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca le otorgó el derecho según lo establecido en la Ley 71 de 1988.
Así las cosas, en segundo lugar, estudió la pensión de vejez del señor Juan Manuel
Pérez Ramos, a partir de cada una de las leyes analizadas en el proceso ordinario y,
en ese sentido, respecto de la Ley 33 de 1985, indicó que para acceder a este régimen
debía acreditar 55 años de edad y 20 años de servicio, continuos o discontinuos. No
obstante, el señor Juan Manuel Pérez Ramos, aunque cumplía con la edad, solo
acreditó 861 semanas laboradas en entidades públicas, es decir, 16 años y 9 meses,
razón por la cual no le asistía derecho a la prestación con fundamento en dicha ley.
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Por otro lado, al realizar el estudio de la pensión de vejez a partir de la Ley 71 de 1988,
que permite pensionarse con cotizaciones de tiempos públicos y privados, resaltó los
requisitos para el caso en particular, los cuales responden a haber cumplido 20 años
de aportes y 60 años de edad. Y señaló, lo siguiente:
Aclara la Sala, que con el Acto Legislativo No. 1 de 2005 el régimen de transición
extendió su aplicación hasta el 31 de julio de 2010, o, hasta el 31 de diciembre de 2014;
excepcionalmente, en el caso de que los beneficiarios contaran con 750 semanas de
cotización o su equivalente en tiempo de servicios al momento de su entrada en
vigencia[,] que lo fue [el] 25 de julio de 2005.
Puestas, así las cosas, cotejando la anterior norma con las pruebas avizoradas en el
plenario, esta Subsección precisa que al demandante tampoco le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a la Ley 71 de 1988 (por
aportes); dado que, nació el 21 de julio de 1957; es decir, que al 31 de diciembre de
2014 (fecha de expiración del régimen de transición de acuerdo a lo consignado en el
Acto Legislativo 01 de 2005) no cumplía el requisito de la edad, pues para ese
preciso momento solo contaba con 57 años, y no con 60 como lo exige dicha norma.
(Negrilla fuera del texto)
De lo anterior, se colige que aunque el régimen de transición le era aplicable por
cumplir los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, respecto de
la Ley 33 de 1985, el accionante no cumplió con el requisito del tiempo de servicio en
el sector público, y con la Ley 71 de 1989, el régimen de transición ya había expirado
para el momento de consolidar su derecho.
Así las cosas, se concluye que en el caso sub examine, no se configura el defecto
sustantivo, toda vez que, en primer lugar, el juez de instancia no podía aplicar lo
establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, debido a que no había un
régimen pensional más favorable que otro, puesto que en cada uno de los regímenes
estudiados, el accionante no cumplía con uno de los requisitos; en segundo lugar, la
interpretación que se realizó del régimen de transición es correcta, pues el derecho del
accionante se consolidó aproximadamente 3 años después de que esta expirara, y en
tercer lugar, los jueces del proceso ordinario estudiaron y analizaron todas las normas
aplicables al caso.
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Adicionalmente, en sentir del accionante, se presentó un defecto asociado a una
irregularidad procesal, porque la segunda instancia no tuvo en cuenta sus alegatos de
conclusión, debido a que en la providencia se indicó que la parte demandante guardó
silencio. Así, para sustentar su argumento, adjuntó el pantallazo de la constancia de
envío, de fecha 23 de septiembre de 20227, dirigido al correo electrónico
<cese02@notificacionesrj.gov.co>.
Ahora bien, conforme al estudio realizado del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, la Sala establece lo siguiente:
i) El despacho del magistrado ponente, en el proceso ordinario, en fecha 25 de agosto
de 2022, profirió auto que corrió traslado por diez (10) días para que las partes
alegaran de conclusión.8
ii) El auto descrito en el inciso anterior, fue notificado por la Secretaría de la Sección
Segunda de esta corporación, al señor Juan Manuel Pérez Ramos, a través del correo
electrónico de su apoderado9, el día 14 de septiembre de 2022,10 en el cual se le indicó
que por medio del correo electrónico <ces2secr@consejodeestado.gov.co> debía
remitir su respuesta.
7 Visible en índice 2 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
8
Visible en el índice 13 del proceso con radicado 25000 23 42 000 2014 01139 01, en la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado.
9
<suarezcas2@hotmail.com>
10
Visible en el índice 16 del proceso con radicado 25000 23 42 000 2014 01139 01, en la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado.
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Demandante: Juan Manuel Pérez Ramos
En este contexto, se advierte entonces que el accionante en el proceso ordinario
remitió sus alegatos de conclusión a una dirección de correo electrónico que no
correspondía a la indicada por la Secretaría de la Sección Segunda de esta
corporación, por lo tanto no existió la posibilidad de que dicha actuación fuera conocida
por el magistrado sustanciador.
Por otro lado, el accionante señaló como precedente horizontal desconocido la
sentencia proferida el 26 de octubre de 2017, por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, con radicado 25000 23 42 000 2014 01139 01, sobre este
particular, la Sala establece que en dicha sentencia i) no se debatió la expiración del
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, razón por la cual son negadas
las pretensiones en el sub juice; y ii) tampoco se cuestionó la aplicación del principio
de favorabilidad sino el de congruencia, toda vez que la demandante solicitó que le
fuera reconocida la prestación con fundamento en el Decreto 546 de 1971 11 y no era
acreedora de tal régimen, pues pertenecía al general de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva, consagrado en las Leyes 33 y 62 de 1985.
11
Régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional,
del Ministerio Público y de sus familiares.
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Conforme con lo anterior, la Sala concluye que a pesar de que la sentencia
mencionada guarda similitud con el caso objeto de estudio, respecto de la diferencia
entre la ley que el demandante invoca para acceder al derecho y la ley que estudia el
juez, lo evidente es que, en el presente caso, lo que evitó el reconocimiento de la
pensión de vejez del señor Juan Manuel Pérez Ramos, fue que la transición que lo
cobijaba había expirado para el momento en que consolidó su derecho.
En consecuencia, se concluye, en primer lugar, que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, no vulneró los derechos fundamentales invocados por el
accionante y, en segundo lugar, que no se configuran ninguno de los defectos
invocados la parte actora.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la
existencia de Los defectos invocados por la parte actora y, en tal sentido, denegará
el amparo de tutela invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero.- Revocar el fallo de tutela del 4 de junio de 2024, proferido por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, a través del cual se declaró
improcedente la presente acción de tutela porque no superaba el requisito de
relevancia constitucional.
Segundo.- Denegar el amparo invocado por el señor Juan Manuel Pérez Ramos, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído..
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14
Radicado: 11001 03 15 000 2024 02389 01
Demandante: Juan Manuel Pérez Ramos
Tercero.- Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
ACVF
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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