Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02405-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02405-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02405-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 24 de julio de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02405-00
Demandante: Juan David Villa Romero
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA |
Subsidiariedad.
Síntesis del caso: La parte actora instauró acción de tutela para que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, carrera judicial y unidad familiar, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de los actos administrativos mediante los que se
resolvieron desfavorablemente unas solicitudes de traslado.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Juan David Villa
Romero contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura
de Risaralda.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 15 de mayo de 2024, Juan David Villa Romero, en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Risaralda, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, carrera judicial y unidad
familiar, presuntamente vulnerados con ocasión de los conceptos y
resoluciones expedidas por las autoridades accionadas, a través de las
cuales se resolvieron desfavorablemente sus solicitudes de traslado para los
Juzgados 8 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, 8
Penal Municipal con función de Control de Garantías de Pereira y 13 Penal
Municipal de Conocimiento de Pereira.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02405-00
Demandante: Juan David Villa Romero
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1. Que se amparen mis derechos fundamentales al derecho al debido
proceso, la igualdad, la Carrera Administrativa y Unidad familiar que han sido
vulnerados por las entidades accionadas.
2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO los actos administrativos que dieron
concepto desfavorable de mis peticiones de traslado, expedidas por el
Consejo Seccional de la Judicatura Risaralda.
3. Que se ordene al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA,
que en el término improrrogable de CUARENTAY OCHO (48) horas, se pronuncie
nuevamente frente a mis peticiones de traslado.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Juan David Villa Romero fue nombrado en propiedad como
secretario nominado del Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Belén de
Umbría (Risaralda), mediante Resolución No. 20 de 17 de mayo de 2023 y se
posesionó el 26 de julio del mismo año.
5. 2) El 5 de octubre de 2023, el señor Villa Romero radicó, ante la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, una
solicitud de traslado para el cargo de secretario en el Juzgado 8 Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, que se encontraba
en vacancia definitiva.
6. 3) El Consejo Seccional de la Judicatura, mediante Oficio CSJRIO23-
1454 de 12 de octubre de 2023, dio respuesta desfavorable a la solicitud de
traslado presentada por el accionante, tras considerar que se omitió allegar
la calificación integral de servicios; requisito que, según lo establecido en el
Acuerdo PCSJA17-10754 del 2017, modificado por el Acuerdo PCSJA22-
11956 del 17 de junio de 2022, del Consejo Superior de la Judicatura, era
necesario para otorgar conceptos favorables a los traslados.
7. 4) Frente a la anterior decisión, el accionante presentó recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, en el que argumentó que (a) la
exigencia de allegar la calificación integral de servicios no se encontraba
establecida en la Ley 270 de 1996; (b) en la Sentencia de 24 de abril de 2020
del Consejo de Estado, Rad. 11001-03-25-000-2015-01080-00, se estableció
que las Leyes 270 de 1996 y 771 de 2002 no fijaron como requisito allegar tal
documento para emitir un concepto favorable frente a una solicitud de
traslado de un empleado de carrera; y (c) el numeral 4 del concepto
desfavorable, de forma expresa, se mencionó que esa exigencia no era
necesaria para las solicitudes de traslado. Por último, solicitó que se aplicara
el principio de igualdad consagrado en la Ley 1437 de 2011 y la Constitución
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Política, ya que, a su parecer, a pesar de que los servidores y empleados
judiciales del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda tenían
conocimiento de la normatividad que regulaba las solicitudes de traslado,
no se le dio un trato igual a otras personas que habían solicitado traslados
previamente, respecto de quienes no se les exigió tal requisito.
8. 5) El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante
Resolución CSJRIR23-0598 de 16 de noviembre de 2023, decidió no reponer
la decisión contenida en el Oficio CSJRIO23-1454 de 12 de octubre de 2023,
con base en que el Acuerdo PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de 2017
(artículo 13) estableció que era obligatorio contar con la última evaluación
de servicios en firme respecto del cargo y despacho desde el que se solicitó
el traslado. Adicionalmente, en el caso concreto, se estableció que no se
había llevado a cabo la calificación de servicios del accionante porque
este llevaba poco tiempo de haber ingresado a la Rama Judicial. Como
consecuencia, se concedió el recurso de apelación solicitado.
9. 6) Mediante Resolución CJR23-0494 de 18 de diciembre de 2023, la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura confirmó el concepto desfavorable, con fundamento en que el
traslado, como derecho de los servidores en carrera judicial, se encontraba
condicionado al cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo
134 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 771 de 2002, y los
reglamentos, esto es, el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, modificado por
Acuerdo PCSJA22-11956 del 17 de junio de 2022.
10. 7) El 17 de enero de 2024, el accionante presentó una nueva solicitud
de traslado para el cargo de secretario para los Juzgados 8 Penal Municipal
con función de Control de Garantías de Pereira y 13 Penal Municipal de
Conocimiento de Pereira, y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Risaralda, mediante Oficio CSJRIO24-0090 de 25 de enero de 2024, volvió a
proferir un concepto desfavorable debido a que este no contaba con
calificación de servicios por haberse posesionado el 26 de julio de 2023.
Frente a esta decisión, el accionante no presentó recurso alguno.
11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que las
negativas frente a las solicitudes de traslado por parte del Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda y de la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura han vulnerado sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, carrera judicial y
unidad familiar.
12. Adujo que presentó las solicitudes de traslado con la intención de
poder estar cerca de su compañera permanente, su hija de 3 años y su
bebé próxima a nacer. Además, también buscaba acompañar a su pareja
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Decisión: Declara improcedencia
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en su periodo de gestación y hacerse parte en las tareas del hogar y el
cuidado de la menor.
13. Alegó que (1) las decisiones enjuiciadas impusieron requisitos
adicionales que no se encontraban establecidos en las Leyes 270 de 1996 y
771 de 2002, en lo que respecta a los traslados de los empleados judiciales
de carrera; (2) los traslados constituyen un derecho legítimo del personal
vinculado en propiedad, razón por la cual las autoridades accionadas
excedieron sus facultades reglamentarias y ejecutivas; y (3) se han realizado
pronunciamientos, en casos similares al suyo, sin exigir el requisito de allegar
la calificación de servicios.
14. Finalmente, el demandante consideró que, pese a que podría
interponer una demanda contra los actos que negaron su traslado, ese
mecanismo no sería idóneo en la medida en que la resolución de esa
controversia tardaría bastante con ocasión de la congestión judicial
existente. Aunado a ello mencionó que la acción de tutela era procedente
ante la configuración de un perjuicio irremediable ya que, de un lado, los
actos cuestionados fueron proferidos en contravía de las disposiciones
legales que reglamentan los traslados y, de otro lado, el traslado se trataba
de una oportunidad para estar más cerca de sus seres queridos.
1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados2
15. El Juzgado 8 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira
señaló que no ha recibido, por parte del Consejo Seccional de la Judicatura
de Risaralda, concepto favorable de traslado para proveer el cargo
vacante o realizar el análisis pertinente de los aspirantes que están en lista
de elegibles.
16. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda manifestó que la
acción de tutela era improcedente. Señaló que, al no existir acción u
omisión que le fuera imputable de cara a la vulneración alegada, debía
desvinculársele del proceso. Indicó que no violó derecho fundamental
alguno del señor Villa Romero, ya que la entidad se limitó a aplicar las
normas que regían la materia de traslados de empleados judiciales.
17. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura solicitó que se negara la solicitud de amparo porque las
decisiones administrativas enjuiciadas no vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora. Señaló que (1) no se cumplió con el
2 Mediante Auto de 20 de mayo de 2024, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la solicitud de
amparo, (2) tener como accionados al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, (3) vincular a los Juzgados 2 Promiscuo Municipal de
Belén de Umbría, 8 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Pereira, 13 Penal Municipal con funciones
de conocimiento de Pereira y 8 Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira, y (4) se negó una
solicitud de medida provisional.
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requisito de subsidiariedad, ya que el señor Villa Romero no presentó
recursos contra la Resolución CSJR024-0090 de 25 de enero de 2024; (2) se
tuvieron en cuenta fundamentos de hecho y derecho que regían la materia;
y 3) el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de su potestad
reglamentaria, expidió los Acuerdos PSAA16-10618 de 2016, que
reglamentaron la calificación de servicios de los servidores judiciales, y
PCSJA17-10754 de 2017, por el cual se compilaron los reglamentos sobre los
traslados de los servidores judiciales; normas que debían leerse e
interpretarse de forma conjunta.
18. El Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Pereira (antes Juzgado 8 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Pereira3) indicó que, mediante Oficio CSJRIO24-388 del
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, se le remitió lista de
elegibles y conceptos favorables de traslado para el cargo de secretario
nominado del despacho, dentro del cual no se relacionó el nombre de Juan
David Villa Romero. Finalmente, manifestó que mediante Resolución No. 5
de 14 de mayo de 2024, se hizo un nombramiento en propiedad en el
mencionado cargo y, para la fecha de presentación del informe (27 de
mayo de 2024), se encontraba dentro del periodo de aceptación de dicha
designación.
19. El Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Belén de Umbría guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
20. La Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda en su contestación,
comoquiera que dicha autoridad fue demandada en la presente acción
de tutela y, adicionalmente, contra ella se presentó una pretensión
específica, asistiéndole, de esta manera, interés en lo que se decida.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
21. En el presente caso, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela por no superar el requisito de subsidiariedad.
3 “[El] Juzgado 08 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira, creado por el Acuerdo
PCSJA23-12124 de 2023 y aclarado por el Acuerdo PCSJA24-12134 del 10 de enero de 2024 como Jugado 14 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira”.
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22. Para estudiar el aludido requisito, debe considerarse que la parte
demandante pretende que, por vía de tutela, se ordene al Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda que acceda a la solicitud de traslado
presentada.
23. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
24. La Corte Constitucional4 ha sostenido que es un deber de la parte
demandante desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales.
25. En ese orden de ideas, la Sala considera que, en el presente caso, no
se configuró el mencionado requisito (subsidiariedad) porque: a) no se ha
ejercido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, respecto de los actos que
negaron la solicitud de traslado, y, b) no se acreditó un perjuicio irremediable.
26. a) La Sala advierte que, como lo solicitado por el señor Villa Romero
fue que se accediera a una solicitud de traslado, dicha pretensión, junto con
la nulidad de los actos administrativos que le negaron esa solicitud,
conforman las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, que es el mecanismo procesal idóneo y eficaz
para la consecución de dichas pretensiones.
27. Habida cuenta de que el demandante no ha agotado ese
mecanismo que le otorgó el ordenamiento jurídico, la acción de tutela se
torna en improcedente, pues este mecanismo constitucional no fue instituido
para reemplazar los medios judiciales ordinarios dispuestos por el legislador.
28. Adicionalmente, debe mencionarse que, pese a que el demandante
consideró que el referido medio de control no era idóneo en virtud de la
actual congestión judicial, lo cual haría que su proceso tarde demasiado en
resolverse, lo cierto es que, al interior de ese mecanismo ordinario, también
podría solicitar el decreto de medidas cautelares, tal como lo dispone el
artículo 229 del CPACA5, las cuales pueden ser preventivas, conservativas,
4 Corte Constitucional, Sentencia T-252 de 2021.
5 “Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante
esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
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anticipativas o de suspensión6. En el mismo sentido, podría hacer uso de la
figura de medidas cautelares de urgencia, contempladas igualmente, en el
CPACA, si consideraba que la situación lo ameritaba.
29. b) Además, el actor solicitó la intervención del juez de tutela para
evitar que se consumara un perjuicio irremediable.
30. Pese a ello, el demandante no señaló con claridad en qué consistía tal
perjuicio, sino que mencionó que se fundamentaba en la aparente
trasgresión al ordenamiento jurídico por parte de los actos que negaron su
traslado, y la pérdida de la posibilidad de estar más cerca de su familia.
31. Para la Sala esas afirmaciones no constituyen como tal un perjuicio
irremediable que permitiera entrar a realizar un estudio de fondo de la acción
de tutela, pues los aspectos mencionados constituyen unos fundamentos por
los cuales el demandante considera que se debería acceder a su traslado,
que deberían exponerse y estudiarse por el juez natural encargado de revisar
la legalidad de los actos administrativos objeto de cuestionamiento.
32. Por lo anterior, en el presente caso no se expuso con claridad y mucho
menos se evidenció la existencia de un perjuicio irremediable, pues más allá
de las afirmaciones del demandante sobre la trasgresión del ordenamiento
jurídico y la cercanía con su familia, no se expuso ninguna situación que
permitiera tener por superado el requisito de procedencia bajo estudio.
33. En consecuencia, la Sala concluye que la parte demandante tiene
otro medio de defensa judicial que torna en improcedente la acción de
tutela, que no puede ser entendida como un mecanismo complementario
y/o anterior a los procesos ordinarios.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
PARÁGRAFO. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los
derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.“
6 “Artículo 230. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y
deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:// 1. Ordenar que se mantenga la
situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante,
cuando fuere posible. // 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter
contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para
que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. // 3. Suspender
provisionalmente los efectos de un acto administrativo. // 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa,
o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus
efectos. // 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer. // Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la
decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto
en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos
para ello en el ordenamiento vigente.”
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Demandante: Juan David Villa Romero
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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Decisión: Declara improcedencia
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2.3. Conclusión
34. Con fundamento en las razones dadas, la Sala declarará
improcedente la tutela de la referencia por no superar el requisito de
subsidiariedad.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda, conforme con los argumentos
expuestos.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por
Juan David Villa Romero, por los motivos mencionados en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
7 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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