Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02407-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02407-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02407-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02407-00
Accionante: Sebastián López Betancur y otro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición.
Decisión: Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
Los señores Sebastián López Betancur y Juan José Patiño Betancourt, radicaron
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por la presunta vulneración del
derecho fundamental de petición.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
Los accionantes manifiestan que el 25 de abril de 2024 radicaron derecho de
petición ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados, a través del cual solicitaron que se les reconozcan los efectos de
la sentencia de unificación SU-128 del 2024 como derecho adquirido, con el fin
de que no se les ordene presentar el examen de idoneidad de abogacía
establecido en la Ley 1905 de 2018.
El 10 de mayo de 2024, la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura dio respuesta a la petición en el sentido de informarles
que no era posible atender la solicitud, por cuanto la sentencia SU-128 del 2024,
fue informada a través de un comunicado de prensa pero no había sido notificada.
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Accionante: Sebastián López Betancur y otro
En ese orden de ideas, les indicó que una vez notificado con el fallo, les
comunicaría a los correos electrónicos suministrados, las decisiones adoptadas
con el propósito de dar cumplimiento a los derechos fundamentales amparados
en la decisión judicial.
Los señores Sebastián López Betancur y Juan José Patiño Betancourt
consideran que la respuesta otorgada por la entidad accionada no resolvió de
fondo la situación planteada y solicitada, pues no indicó una fecha cierta para la
expedición de las tarjetas profesionales y su respectivo registro.
2.2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitaron:
«PRIMERO: Que se declare que el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA ha vulnerado nuestro derecho fundamental
de petición, por no responder de fondo.
SEGUNDO: Que se tutele nuestro derecho fundamental de petición.
TERCERO: Como consecuencia, se ordene que se dé respuesta
satisfactoria a la petición hecha por nosotros, donde el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA– UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL
DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA, indique los efectos de
la sentencia SU-128/24 Expediente: T-9.201.808 AC del 18 de abril de 2024,
como derecho adquirido y en consecuencia se declaren las acciones
administrativas necesarias por parte de la entidad, para el cumplimiento de
la misma y la no presentación del examen de idoneidad de abogacía
establecida en la Ley 1905 de 2018, así mismo que explique las
consecuencias de no presentar la prueba o fallar la prueba una vez tenida
en cuenta la sentencia SU-128/24.
CUARTO: Que se nos concedan los derechos otorgados en la Sentencia
SU-128/24 Expediente: T-9.201.808 AC del 18 de abril de 2024, dado que
esta tiene efectos inter pares y somos destinatarios de los beneficios
establecidos en ella.
QUINTO: Que CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA– UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
o quien corresponda nos otorgue la Tarjeta Profesional definitiva, ya que
nos acogemos a la Sentencia SU-128/24 Expediente: T-9.201.808 AC del
18 de abril de 2024.
SEXTO: Como consecuencia, se ordene a CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA– UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA o quien corresponda, que dentro de las
Cuarenta y ochos (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela,
se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la
jurisprudencia colombianas».
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2.3. Intervenciones
La acción de tutela de la referencia fue admitida a través del auto del 20 de mayo
de 2024. En este se ordenó notificar como accionados al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
2.3.1 La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura informó que el 1 de mayo del
2024 a las 3:40 p.m. recibió oficio STC-150/2024, remitido por la Sala de Revisión
C de la Corte Constitucional, mediante el cual le puso en conocimiento la
sentencia SU -128 de 18 de abril de 2024, que dispuso:
«Sexto. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en el término
de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia,
proceda a expedir a los señores Gustavo Adolfo Grajales Granada, Giovanni
López Giraldo y José Humberto Gómez Herrera la tarjeta profesional de
abogado con carácter definitivo y sin la exigencia de aprobación del Examen
de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, conforme a lo dispuesto en esta
providencia. Adicionalmente, la entidad accionada deberá eliminar cualquier
referencia al carácter provisional de la tarjeta profesional de los accionantes
en las respectivas actas de registro y certificados de vigencia. En virtud de
los efectos inter pares de esta providencia, las mismas órdenes deberán
cumplirse frente a (i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo
Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional provisional, y
que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de
diciembre de 2023 y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud
de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de
2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la
expedición de la tarjeta profesional».
En ese orden de ideas, mediante comunicado del 21 de mayo de 2024 informó
que, para la expedición de la tarjeta profesional de abogado definitiva, los
abogados debían cumplir con el trámite y requisitos previstos en el artículo 6 del
Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024.
Así las cosas, mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2024 puso en
conocimiento a los accionantes dicho comunicado, en cumplimiento de la
sentencia del SU-128 de 2024, por lo que, una vez los accionantes realicen el
trámite de duplicado y cambio de la tarjeta profesional de abogado, la unidad
procederá a expedirlas.
Finalmente, mediante correo electrónico del 24 de mayo de 2024 remitió a los
accionantes la Resolución URNAR24-85 de 23 de mayo de 2024 con su
respectivo anexo que evidencia la lista de los abogados amparados por la
sentencia SU-128 de 2024, dentro de los cuales se encuentran los señores
Sebastián López Betancur y Juan José Patiño Betancourt.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho fundamental de petición de
los accionantes.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3.4. Del derecho fundamental de petición
Conforme al artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. Este derecho fundamental es
de aplicación inmediata según lo dispone el artículo 85 ibidem y la vulneración
de su núcleo esencial es objeto de protección a través de la acción de tutela.
En relación con el alcance y contenido del derecho de petición, la Corte
Constitucional ha señalado:
«a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además,
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo
decidido.
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c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho
constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto
es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine (…)»1. (Resaltado
original).
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, es claro que la respuesta a una
petición debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con lo solicitado, para
efectos de garantizar el derecho de petición. No obstante, ha de tenerse en
cuenta que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado, por lo que una
contestación negativa, el señalamiento del procedimiento administrativo que se
debe seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de
estudiar la procedencia de la solicitud no implican vulneración del derecho
fundamental de petición.
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
misma sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la contestación soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido2.
Ahora bien, el artículo 14 del CPACA establece que, salvo norma especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción.
Sin embargo, peticiones tales como las de documentos y de información, y
aquellas mediante las cuales se formula una consulta a las autoridades, están
sometidas a un término especial.
Así las cosas, las peticiones de documentos y de información, deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en este interregno no
se responde la respectiva solicitud, «se entenderá, para todos los efectos legales,
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes».
1 Sentencia T-917 del 2 de septiembre de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
2 Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de
julio de 2006.
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En caso en que la autoridad ante quien se dirige la petición no sea la competente,
el artículo 21 ibidem, dispone lo siguiente:
«Funcionario sin competencia Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de
no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para
decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente».
3.4.1 Análisis de la presunta vulneración del derecho de petición en el caso
concreto
Los señores Sebastián López Betancur y Juan José Patiño Betancourt acuden a
la acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental
de petición, cuya vulneración se origina, en su consideración, por la falta de
respuesta clara y de fondo por parte de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura a su
solicitud de reconocimiento de los efectos de la sentencia SU-128/24 como
derecho adquirido y de otorgamiento de la tarjeta profesional definitiva.
Se advierte que el 7 de mayo de 2024, la entidad accionada otorgó respuesta a
través de la cual les indicó que, si bien se emitió un comunicado de prensa, la
sentencia SU-128/24 no había sido notificada al Consejo Superior de la
Judicatura, siendo necesario conocer la totalidad del fallo y los argumentos
utilizados por la Corte Constitucional para así obedecer los mandatos y proceder
con diligencia.
En ese orden de ideas, indicó a los accionantes que, una vez notificado el fallo,
les indicaría a sus correos electrónicos las decisiones adoptadas con el fin de dar
cumplimiento a lo ordenado en la providencia referenciada.
Así las cosas, se tiene que la Sala de Revisión C de la Corte Constitucional, a
través de la sentencia SU -128 de 18 de abril de 2024, ordenó:
«Sexto. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en el término
de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia,
proceda a expedir a los señores Gustavo Adolfo Grajales Granada, Giovanni
López Giraldo y José Humberto Gómez Herrera la tarjeta profesional de
abogado con carácter definitivo y sin la exigencia de aprobación del Examen
de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, conforme a lo dispuesto en esta
providencia. Adicionalmente, la entidad accionada deberá eliminar cualquier
referencia al carácter provisional de la tarjeta profesional de los accionantes
en las respectivas actas de registro y certificados de vigencia. En virtud de
los efectos inter pares de esta providencia, las mismas órdenes deberán
cumplirse frente a (i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo
Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional provisional, y
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que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de
diciembre de 2023 y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud
de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de
2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la
expedición de la tarjeta profesional».
Posteriormente, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución URNAR24-
85 del 23 de mayo de 2024, notificada a los accionantes el 24 de mayo de 2024,
a través de la cual dio cumplimiento a la sentencia SU-128 de 2024 de la Corte
Constitucional y resolvió lo siguiente:
«ARTÍCULO 1°. DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia de unificación SU-
128 de 2024 de la Corte Constitucional y REQUERIR a los abogados
relacionados en el anexo adjunto para iniciar el trámite previsto en el artículo
6° del Acuerdo PCSJA24 – 12162 de 2024, con el fin de proceder a la
expedición de la tarjeta profesional de abogado sin anotación provisional y
sin la exigencia de aprobación del examen de Estado previsto en la Ley 1905
de 2018.
PARÁGRAFO. Los abogados que cuenten con tarjeta profesional de
abogado con vigencia provisional que no se encuentren relacionados en el
anexo adjunto de este acto, pero hayan iniciado el trámite de inscripción y
expedición de tarjeta profesional de abogado antes de las cero horas (0:00)
del 26 de diciembre de 2023, deberán dar cumplimiento a lo señalado en
este artículo.
ARTÍCULO 2°. DEJAR SIN EFECTOS la anotación de vigencia provisional
en las actas de registro de las tarjetas profesionales de los abogados que
presentaron la solicitud del trámite de Inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre
de 2023, relacionados en el archivo adjunto.
ARTÍCULO 3°. REALIZAR las anotaciones pertinentes en el Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados –SIRNA.
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR esta decisión, a través del correo electrónico de
los abogados señalados en el artículo primero de este acto y PUBLICAR
este acto a través del micrositio de la Ley 1905 de 2018 de la página web
del Registro Nacional de Abogados
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/LEY19052018.aspx».
Como anexo de la Resolución, la entidad accionada emitió la lista de abogados
amparados por la sentencia SU-128 de 2024, dentro de los cuales se encuentran
los accionantes.
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En ese orden de ideas, los señores Sebastián López Betancur y Juan José Patiño
Betancourt deben realizar los trámites correspondientes para la expedición de su
tarjeta profesional definitiva; no obstante, es importante resaltar que en la
sentencia SU-128 de 2024 se estableció que «Mientras el C. S. de la J. expide las
tarjetas profesionales definitivas a los accionantes y las personas cobijadas con los
efectos inter pares de esta providencia, se entenderá que las tarjetas profesionales
provisionales que actualmente portan tienen carácter de permanentes”, por tanto, las
tarjetas profesionales de abogado que, actualmente portan los accionantes, tienen los
efectos de una tarjeta definitiva».
Conforme con lo anterior, se advierte que a los accionantes ya les fue informada
la forma en la que se ha de cumplir con lo previsto en la sentencia SU – 128 de
2024, por lo que hay lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues la circunstancia que reportaba la conculcación del derecho ha
desaparecido, por lo que las medidas que podría adoptar el juez de tutela
carecerían de efecto.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en
los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza
o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la
acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado
y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese
adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y
por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta
acción»6.
En conclusión, en el presente asunto se configura una situación en la cual el
amparo constitucional sería ineficaz, razón por la que esta Sala de Subsección
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela
presentada por los señores Sebastián López Betancur y Juan José Patiño
Betancourt contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
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Accionante: Sebastián López Betancur y otro
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela presentada por los señores Sebastián López Betancur y Juan
José Patiño Betancourt contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno,
remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente en comisión
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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