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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02410-01

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02410-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 4 de julio de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02410-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

23 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02410-01
Accionante: Antonio García Ramos
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro1
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – legitimación en la causa. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia.

La Sala decide la impugnación 2 presentada, en calidad de convocante, por Antonio
García Ramos en contra del fallo de tutela proferido el 4 de julio de 20243 por la Sección
Primera del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

El 15 de mayo de 2024 4 Antonio García Ramos presentó tutela 5 en procura de la
protección de sus garantías fundamentales de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la honra, a la dignidad humana, así
como al principio de favorabilidad, las cuales considera vulneradas con las providencias
proferidas el 10 de abril de 2024 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el 30
de agosto de 2023 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, mediante
las cuales se dispuso la terminación del proceso disciplinario No.

1
Aunque el accionante dirigió la tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo cierto es que en sus pretensiones
busca que se dejen sin efectos todas las actuaciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, por lo que se tendrá
como convocadas a ambas autoridades.
2
Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 24, con certificado A2E11A7FC3E79A4E 22F530F97D03954C
630079CAA44E084B 204F0E37641DFDEF.
3
Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 20, con certificado 7838D505564386AC 6C3A40B8B5769404
FBCE04928DEA72ED 1F8BB712A6654E90.
4
Obra correo electrónico en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 318B42302028428A
7586722A313D6893 2B8F8BAFCE6BAF11 B346E7042DB9C22E.
5
Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado BD0F6718DC0C3988
13373F32E32B3C0F 543E1FF7DDDAB479 13787A1A480259F6.

2

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02410-01
Accionante: Antonio García Ramos
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

73001110200020180012900/02, seguido en contra de Leonel Fernando Giraldo Roa,
como juez 12 civil municipal de Ibagué.

1.2.- Hechos

1.2.1.- Antonio Giraldo Ramos elevó queja disciplinaria en contra del juez 12 civil
municipal de Ibagué, por presuntas irregularidades 6 ocurridas al interior del trámite
ejecutivo No. 2015-00495. El conocimiento de este asunto le correspondió a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Tolima bajo el radicado No.
73001110200020180012900.

1.2.2.- Por auto del 30 de agosto de 2023 7 el referido juez disciplinario decretó la
terminación del proceso, porque advirtió que existía una obligación de crédito insoluta por
parte del quejoso, descartó la alegada coexistencia de 2 pagarés y afirmó que no se
acreditó la existencia de los abonos que supuestamente fueron ignorados; así, concluyó
que las decisiones emitidas por el funcionario investigado no desbordaron el
ordenamiento jurídico y atendieron todos los argumentos de García Ramos.

1.2.3.- Inconforme, el ahora accionante propuso recurso de apelación en contra de la
aludida decisión. Por providencia del 10 de abril de 2024 8 la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial confirmó el auto criticado. Para ello, adujo que había prescrito la acción
disciplinaria, por cuanto la última conducta censurada ocurrió el 14 de diciembre de 2017,
por lo que el plazo de 5 años previsto en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, el cual
era aplicable al caso por el principio de favorabilidad, había fenecido.

1.2.4.- El quejoso formuló petición de aclaración frente a la determinación confirmatoria.
En auto del 26 de abril de 2024 9 la comisión negó la referida solicitud, en tanto el
reclamante pretendió agregar hechos nuevos y modificar lo decidido, lo que desconoce
la naturaleza de las peticiones aclaratorias.

6
Estas irregularidades están enlistadas a folios 1-3 del archivo denominado “005PROVIDENCIA” subido en SAMAI, en el índice 16,
con certificado 888AC28CD3FEA9DA 836AAFC86E777BC1 98F6BEDDB10F4CF8 45A5CC11C1AD4C35.
7
A folios 6-9 del archivo denominado “005PROVIDENCIA” subido en SAMAI, en el índice 16, con certificado 888AC28CD3FEA9DA
836AAFC86E777BC1 98F6BEDDB10F4CF8 45A5CC11C1AD4C35.
8
Obra providencia en el archivo denominado “005PROVIDENCIA” subido en SAMAI, en el índice 16, con certificado
888AC28CD3FEA9DA 836AAFC86E777BC1 98F6BEDDB10F4CF8 45A5CC11C1AD4C35.
9
Obra providencia en el archivo denominado “13 RESUELVE ACLARACIÓN” subido en SAMAI, en el índice 16, con certificado
888AC28CD3FEA9DA 836AAFC86E777BC1 98F6BEDDB10F4CF8 45A5CC11C1AD4C35.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02410-01
Accionante: Antonio García Ramos
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante considera que se vulneraron sus derechos, puesto que, en su criterio, la Ley
1952 de 2019 no podía aplicarse retroactivamente, ya que la sentencia SU-126 de la
Corte Constitucional establece que los casos deben resolverse bajo la normativa vigente
al momento de los hechos. Argumenta que, al resolverse el asunto con la norma más
reciente, se le negó el principio de favorabilidad y quedó en una situación de
desprotección.

Asimismo, el convocante señala que las comisiones criticadas emitieron dos fallos que
desconocieron las normas y, además, tardaron 6 años en estudiar el caso. También
menciona que, según el artículo 29 de la Constitución Política, las personas deben ser
juzgadas conforme a las leyes existentes en el momento de los hechos, y sostiene que
el proceso afectó sus garantías adjetivas y sustanciales.

Seguidamente expuso el marco conceptual de los derechos al debido proceso, a la
dignidad humana y a la igualdad.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) tutelar los derechos cuya trasgresión se denuncia;
(ii) revocar el ordinal 1º de la providencia del 4 de agosto de 2023; y (iii) dejar sin efectos
todas las actuaciones del proceso disciplinario, incluyendo las acaecidas en la primera
instancia.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 20 de mayo de 2024 la Sección Primera del Consejo de Estado
requirió al actor para que precisara en contra de cuál decisión se formulaba la tutela; en
escrito del 24 de mayo siguiente, García Ramos indicó que la dirigía en contra de la
providencia del 10 de abril de 2024. Con base en ello, la sección aludida, en auto del 4
de junio de 2024, admitió la tutela y vinculó a Leonel Fernando Giraldo Roa y a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.

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Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

2.2.- La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó declarar improcedente esta vía
constitucional y manifestó que el demandante no justificó adecuadamente los cargos y
tampoco logró demostrar la relevancia constitucional o la existencia de una vulneración
grave de derechos. Señaló que García Ramos busca reabrir un debate jurídico ya
resuelto en sede disciplinaria.

La colegiatura afirmó que la decisión emitida el 10 de abril de 2024 se fundamentó en los
principios y en la normativa vigente, e incluyó la aplicación del principio de favorabilidad.
Rechazó la solicitud de aclaración del accionante sobre la providencia, ya que esta no
proporcionaba bases suficientes para reabrir el caso, dado que los hechos estaban
prescritos.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Primera de esta corporación, mediante fallo del 4 de julio de 2024, declaró
improcedentes las súplicas del accionante. Para ello, precisó que no se cumplía con el
presupuesto de relevancia constitucional, pues la tutela se estaba usando como si fuese
una tercera instancia.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, la parte actora presentó impugnación, en la cual
reiteró que se vulneraron sus derechos y que no cuenta con otro mecanismo para
salvaguardarlos; seguidamente, insistió en que se presentaron una serie de
irregularidades en el trámite ejecutivo y que las comisiones disciplinarias pasaron por alto
distintos elementos de prueba; pidió que se evaluara la posibilidad de remitir este asunto
ante alguna corte internacional de derechos humanos.

5.- Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Estando en curso el recurso de alzada, Giraldo Ramos allegó un acta de conciliación
entre él y el Banco GNB Sudameris, en la cual dicha entidad financiera se comprometió
a entregar el pagaré en el que consta la obligación 009699; además, adjuntó copia del

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referido título valor y del oficio con la constancia de su entrega. Al respecto, afirmó que
estos documentos correspondían a unas pruebas sobrevinientes, las cuales son de
altísima importancia, pues dilucidan las numerosas irregularidades, falacias e
inconsistencias en las que incurrió Cooafin, entidad que fungió como demandante en el
ejecutivo.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 4 de julio de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591
de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Cuestión preliminar

Es importante destacar que el convocante pretende hacer valer, en esta instancia, una
prueba que atañe directamente al proceso ejecutivo y, según su dicho, incide en el
disciplinario. Sin embargo, se debe destacar que, si se trata de elementos demostrativos
que no pudieron ser aportados con anterioridad, era menester que el convocante
acudiera a las vías legales para hacerlos valer ante los jueces naturales. Además, se
observa que el pagaré en comento se entregó con ocasión de un trámite seguido ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, iniciado en el 202310, por ende, Giraldo Ramos
pudo haber informado sobre la existencia de ese trámite a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial para que, si esta lo consideraba de valor, adoptara las medidas
correspondientes para incorporar el título ejecutivo a la causa disciplinaria.

En tal medida, como la tutela no puede usarse para suplir la negligencia o incuria de la
parte interesada, se advierte desde este momento que tales documentos no serán
valorados, pues no está acreditado que el accionante hubiese agotado los mecanismos

10
El radicado del proceso es 2023120331-032-000.

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establecidos en el ordenamiento jurídico para lograr su incorporación a los procesos
ordinarios.

Por otra parte, si, en gracia de discusión, se aceptara la posibilidad de tener los elementos
aludidos como pruebas en esta sede iusfundamental, incluso sin haberse agotado otras
vías legales, tampoco ostentarían relevancia constitucional, ya que el proceso
disciplinario se terminó por haber operado la prescripción y no con base en algún aspecto
probatorio. Por consiguiente, no reúnen la condición de pertinencia que debe verificarse
previo al decreto de cualquier medio de convicción.

3.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

4.- Verificación del cumplimiento del requisito de legitimación en la causa en el
caso concreto

4.1.- La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción
sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien
deben reclamarse y controvertirse estas. Así estarían definidas la legitimación en la causa
por activa y por pasiva, respectivamente.

En materia de tutela, la legitimación en la causa tiene fundamento en el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991, que dispone que toda persona amenazada o vulnerada en sus
derechos fundamentales podrá ejercer la aludida acción, por sí mismo o a través de un
representante judicial, o mediante un agente oficioso, cuando el titular de las
prerrogativas no esté en condiciones de promover su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por activa es un
requisito sine qua non para que el juez de tutela pueda pronunciarse de fondo sobre el

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asunto puesto en su conocimiento11 y ha hecho énfasis en la titularidad de los derechos
fundamentales reclamados12.

En esa línea argumentativa, la acción de tutela busca la vigencia efectiva de los derechos
inalienables, inherentes y esenciales al ser humano13, por lo que se dirige a solventar en
forma inmediata la situación de hecho que está generando la vulneración o amenaza de
aquellos, con el fin de restablecer su goce. Por ende, el titular de los derechos
fundamentales, quien es el legitimado para intentar el amparo constitucional, puede ser
una persona natural o jurídica, cuya condición de sujeto de derechos y obligaciones
estará vigente durante el transcurso de su vida o existencia14. En palabras de la Corte
Constitucional, “[q]uien no tenga la condición de persona - natural o jurídica - propiamente
hablando, no es sujeto de derechos fundamentales (…)” 15 , salvo que se acredite
debidamente la sucesión procesal16.

4.2.- En materia de procesos disciplinarios, el artículo 89 de la Ley 734 de 2002
determinaba que únicamente tienen la calidad de partes el investigado, el defensor y el
Ministerio Público, sin que esta condición le esté otorgada al quejoso, como se observa:

“Artículo 89. Sujetos Procesales en la Actuación Disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación
disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando
la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso
de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política.
(…)”.

Tal regulación fue reiterada en el artículo 109 de la Ley 1952 de 2019, el cual previó
textualmente:

“(…) Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su
defensor, el Ministerio Publico, cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y las Comisiones Secciona les de Disciplina Judicial (…) Esta misma condición
la ostentarán las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, así como de acoso laboral.”.

11
Sentencia T-416 de 1997.
12
Sentencias T-086 de 2010, T-176 de 2011 y T-511 de 2017.
13
Sentencia T-02 de 1992.
14
Sentencias T-269 de 1993 y T-249 de 1998.
15
Sentencia T-269 de 1993.
16
Sentencia T-236 de 2018.

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En el mismo sentido, esta corporación, actuando como juez de tutela, esgrimió la tesis
que sigue:

“30. De lo anterior se concluye que en el proceso disciplinario no hay víctimas, en consideración
a la imputación que en él se formula, por lo que se diferencia claramente el papel del denunciante
en el proceso penal del que cumple el quejoso en el disciplinario.

31. En efecto, una persona que actúa en calidad de víctima en un proceso penal concurre como
titular de los derechos conculcados con la conducta punible que es investigada y al mismo tiempo
puede hacerlo en calidad de sujeto procesal, y tiene la facultad de intervenir para que se
garanticen sus derechos al conocimiento de la verdad, a la realización de la justicia y a la
reparación del daño. Por el contrario, no puede concurrir en el proceso disciplinario porque este
‘remite a una imputación que se basa en la infracción de deberes funcionales y no en la
vulneración de derechos de terceros’.

32. En virtud de las consideraciones expuestas en precedencia, esta Sala advierte que, así como
los derechos del quejoso se encuentran limitados en sede disciplinaria, por no tener la calidad
víctima, sujeto procesal o interviniente en el mismo, la perspectiva de análisis del juez de tutela
debe restringirse a los derechos expresamente consagrados en su favor”17.

4.3.- En el caso concreto, Antonio García Ramos, quien formuló la queja que originó el
proceso disciplinario, funda su depreco constitucional en que supuestamente la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial no podía aplicar retroactivamente la Ley 1952 de 2019,
pues las personas deben ser juzgadas conforme a las normas vigentes al momento de
ocurrencia de los hechos; igualmente, cuestiona que él no quedó cubierto por el principio
de favorabilidad y fue dejado en un estado de desprotección; y, a lo largo de su escrito,
reiteró que sus garantías constitucionales fueron conculcadas.

4.4.- Pese a lo expuesto, el convocante carece de legitimación en la causa por activa,
pues no identificó la forma en que la decisión de terminación proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial vulnera o puede llegar a conculcar sus derechos
fundamentales. En punto de ello, esta Sala, por considerarla ajustada al ordenamiento
jurídico, acogerá la postura uniforme del Consejo de Estado18, según la cual el quejoso,
en el marco de un proceso disciplinario, es titular del derecho al debido proceso y está
legitimado para incoar un trámite constitucional para reclamar esa garantía únicamente
cuando se le cercena la posibilidad de (i) formular o ampliar la queja, (ii) aportar pruebas,
o (iii) recurrir la decisión de archivo o el fallo absolutorio.

17
Consejo de Estado, sentencia del 29 de agosto de 2019, rad. 11001-03-15-000-2019-03676-00, CP. Rocío Araujo Oñate.
18
Ver en sentencias del 28 de mayo de 2020, rad. 11001-03-15-000-2019-05072-01; del 3 de octubre de 2019, rad. 11001-03-15-
000-2019-03946-00; y del 9 de marzo de 2006, rad. 76001-23-31-000-2005-04341-01.

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Accionante: Antonio García Ramos
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

4.5.- En esa medida, la Sala estima que no se dan los presupuestos propios de la
legitimación en la causa por activa en materia de tutela, pues la parte actora no denunció
ni demostró estar inmersa en alguna de las causales puntuales en las que se habilita su
intervención en el proceso disciplinario, a contrario sensu, se observa que las autoridades
judiciales le dieron trámite a su queja y le permitieron elevar recursos.

5.- En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, pero por los motivos expuestos
en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 4 de julio de 2024 por la Sección Primera
del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

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