Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02438-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02438-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02438-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
28 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02438-00
Demandante: FAUSTINO DE JESÚS HOLGUÍN ANAYA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo por incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La parte actora pretende
convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso disciplinario,
amén de discutir argumentos no debatidos en la apelación / SUBSIDIARIEDAD – El
recurso de apelación era el medio idóneo para alegar la falta de certeza de
autenticidad y la presentación extemporánea de ciertas pruebas obrantes en la
actuación disciplinaria.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Faustino de Jesús Holguín
Anaya contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Córdoba.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 16 de mayo de la presente anualidad1, el señor Faustino de Jesús Holguín Anaya
presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (en
adelante, la Comisión Nacional o la CNDJ) y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba (la Comisión Seccional, en adelante), por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al trabajo, al
mínimo vital y al debido proceso, con ocasión de las sentencias dictadas el 28 de
1 Se advierte que, el 7 de junio de 2024, el expediente ingresó al Despacho de la magistrada ponente
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02438-00
Actor: Faustino de Jesús Holguín Anaya
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
julio de 2021 y el 22 de noviembre de 2023, en el proceso disciplinario con radicado
23001-11-02-000-2018-00120-00/01. Formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se tutelen mis derechos fundamentales violados, tales como
el debido proceso, acceso a una recta administración de justicia, derecho al
trabajo, mínimo vital, exceso de ritualidad manifiesta y demás derechos
fundamentales comprometidos con las decisiones objeto de reproche
constitucional por ser violatorias de que dan cuenta la Sentencia de Primera
Instancia de fecha 28 de Julio de 2021 y la Sentencia de Segunda Instancia de
fecha 22 de Noviembre de 2023.
SEGUNDO: Que, en consecuencia, se ordene dejar sin efectos jurídicos las
decisiones de que dan cuentan la Sentencia de Primera Instancia de fecha 28
de Julio de 2021 y la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 22 de
Noviembre de 2023, para que en su lugar se ordene a la COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL emitir una nueva decisión
ABSOLUTORIA DE REEMPLAZO dentro del radicado No.
23.001.11.02.001.2018.00120.01 con observancia de la debida valoración
probatoria que deben tener las documentales allegadas en debida forma al
plenario con las cuales se demuestra la inexistencia de conducta y de
responsabilidad del suscrito.
TERCERO: Que, como consecuencia, se ordene en forma inmediata, la
suspensión de las sanciones impartidas, incluida la sanción pecuniaria, hasta
tanto NO se dicte una nueva decisión dentro del radicado No.
23.001.11.02.001.2018.00120.01 con observancia de la debida valoración
probatoria que deben tener las documentales allegadas en debida forma al
plenario con las cuales se dicte una sentencia absolutoria de reemplazo en mi
favor.
1.2. Hechos
Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes hechos
relevantes:
El señor Gonzalo Rafael Olave Hernández presentó queja disciplinaria contra el
abogado Faustino de Jesús Holguín Anaya, por las gestiones adelantadas en el
trámite de unos procesos ejecutivos por alimentos iniciados en su contra por la
señora Berenice Cifuentes Tapias, materia en la cual le había encomendado la
gestión profesional.
El quejoso censuró que el abogado no le hubiera entregado oportunamente el saldo
de los dineros restantes por concepto de embargo de sus salarios, que conciliara el
proceso sin autorización y que adelantara el trámite sin la información y diligencia
necesarias.
La Comisión Seccional dio trámite al proceso disciplinario contra el abogado Holguín
Anaya y, mediante sentencia del 28 de julio de 2021, lo declaró disciplinariamente
responsable, por incurrir, a título de dolo, en la falta disciplinaria prevista en el
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02438-00
Actor: Faustino de Jesús Holguín Anaya
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
numeral 4 del artículo 352 de la Ley 1123 de 2007, y por incumplimiento del deber
consagrado en el numeral 83 del artículo 28 ejusdem. Como consecuencia, le
impuso una sanción de suspensión de cinco (5) meses en el ejercicio de la profesión
y una multa de cinco (5) SMLMV.
Contra esa decisión, el disciplinable interpuso recurso de apelación y, en
providencia del 22 de noviembre de 2023, la CNDJ la confirmó.
1.3 Argumentos de la tutela
La parte actora sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto fáctico y en exceso ritual manifiesto, como consecuencia del ejercicio de
valoración probatoria realizado en el proceso disciplinario.
Alegó que no se analizó la totalidad de los elementos de convicción que obraban en
el expediente, concretamente, los recibos que acreditaban que los dineros sí fueron
entregados oportunamente a la señora Berenice Cifuentes, y conforme a las
autorizaciones que le dio su cliente, Gonzalo Rafael Olave Hernández.
Indicó que la segunda instancia no estaba limitada a los motivos y razones del
recurso de apelación, debido a que es una garantía del derecho al debido proceso
realizar un análisis detallado de las pruebas. Además, la autoridad omitió ejercer la
facultad oficiosa para decretar pruebas y para resolver los «actos ilegales» en el
proceso.
En suma, la parte actora reprochó que no se valoraron las pruebas aportadas del
pago oportuno y que no se decretaran de oficio, con el fin de determinar «la verdad
2 ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
(…)
4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos
recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.
3 ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado:
(…)
8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre
otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y
proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y
suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.
Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los
costos, la contraprestación y forma de pago.
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Actor: Faustino de Jesús Holguín Anaya
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
material de los hechos», circunstancia que permitía concluir con la inexistencia de
la falta y de la responsabilidad disciplinarias atribuidas.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 22 de mayo de 2024, el Despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran tanto la CNDJ
como la Comisión Seccional, como parte demandada, al señor Gonzalo Rafael
Olave Hernández y al director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, como terceros con interés. Asimismo, se dispuso informar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.1. La Comisión Seccional argumentó que no se vulneró ninguno de los derechos
alegados por la parte actora, dado que se le otorgaron todas las oportunidades para
ejercer el derecho de contradicción, amén de que la sanción fue consecuencia de
lo que se acreditó en el respectivo proceso.
2.2. La magistrada ponente de la CNDJ señaló que no se configuró el defecto fáctico
alegado, toda vez que la sentencia de primera instancia dictada en el proceso
disciplinario explicó las razones por las que consideró improcedente valorar las
pruebas referidas en la tutela, esto es, por extemporáneas y por falta de claridad de
su autenticidad.
Agregó que, al recurrir la decisión, la parte actora no controvirtió esos argumentos,
y que, al desatarse la segunda instancia, la Comisión explicó que no acogía el
argumento de que los dineros fueron entregados a la señora Berenice, según las
instrucciones del quejoso, dado que ellos ratificaron en la declaración los valores
que recibieron del disciplinable, sin reconocer consenso alguno entre mandante y
mandatario sobre ese punto.
También negó la existencia del defecto por exceso ritual manifiesto, porque «las
razones expuestas por la primera y la segunda instancia en relación con el mérito
probatorio de las probanzas que echa de menos el tutelante, fueron consistentes de
cara a las demás pruebas obrantes en el proceso, en especial, las declaraciones
juradas de la señora Cifuentes y del propio quejoso, quienes no dieron fe de lo que
el abogado investigado pretendía probar a través de los recibos de pago».
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Expuso que, en todo caso, las pruebas alegadas en la tutela no eran determinantes
en el resultado de la decisión, porque esos recibos de pago fueron expedidos con
posterioridad a la presentación de la queja disciplinaria, y que, conforme se expuso
en la sentencia, la sanción se generó por no haber devuelto a la menor brevedad
posible las sumas de dinero producto de la gestión encomendadas.
Por último, indicó que el decreto oficioso de pruebas es una potestad discrecional
de la autoridad disciplinaria, y que en el caso bajo estudio no fue necesario su
ejercicio, debido al resultado de las otras pruebas del proceso.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De acreditarse, se
abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si la CNDJ y la Comisión
Seccional incurrieron en defecto fáctico y en exceso ritual manifiesto, al dictar las
sentencias del 28 de julio de 2021 y del 22 de noviembre de 2023, en el proceso
disciplinario con radicado 23001-11-02-000-2018-00120-00/01, y si, como
consecuencia, vulneraron los derechos fundamentales del señor Holguín Anaya.
2. De los requisitos generales de procedibilidad
2.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 22 de noviembre de 2023 y notificada el 17 de
enero de 2024, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 16 de mayo de
2024, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta razonable.
2.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.3. Subsidiariedad: aunque se interpuso el recurso de apelación en el proceso
disciplinario, la Sala analizará si se ejerció adecuadamente, a partir de algunos de
los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.
Se recuerda que la subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que
tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
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Actor: Faustino de Jesús Holguín Anaya
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos4.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados
a los derechos fundamentales.
2.1.4. De la relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en
estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a
señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.
Sobre este requisito, en sentencia del 5 de agosto de 2014 5, la Sala Plena de esta
Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e
independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una
solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos.
Esta tesis se ajusta al precedente6 reiterado de la Corte Constitucional que, de
manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario
4 Al respecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se
destacan las sentencias T-222 de 2017, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T-464 de
2019 y T-451 de 2022.
5 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación
propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es
inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección,
de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.
3. Análisis de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad en
el caso concreto
En criterio de esta Sala, la solicitud de amparo no cumple el requisito de relevancia
constitucional debido a que, en primer lugar, el argumento expuesto por la parte
actora sobre la ausencia de responsabilidad disciplinaria está dirigido a convertir la
tutela en una instancia adicional al proceso de disciplinario, para debatir un aspecto
que ya fue zanjado por los jueces naturales, luego se trata de un mero desacuerdo
con el razonamiento y la definición que del juicio disciplinario hicieron las
autoridades judiciales accionadas y, en segundo lugar, se enarbolan argumentos
que no fueron propuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia dictada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba.
Así pues, se observa que tanto la Comisión Seccional como la CNDJ analizaron el
deber contenido en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la falta
contemplada en el numeral 4 del artículo 35 de la misma ley –sobre la falta a la
honradez–, y las pruebas del proceso, para concluir razonablemente que el abogado
Faustino Holguín Anaya incurrió en la falta disciplinaria allí contenida, porque
retardó sin una justificación atendible la entrega de una parte de los dineros
recibidos por la gestión contratada con el señor Gonzalo Rafael Olave Hernández.
La sentencia del 28 de julio de 2021, dictada por la Comisión Seccional, muestra un
análisis de las pruebas en las que se refleja la explicación de que el abogado
Holguín Anaya recibió la suma de $14.196.839, como consecuencia del embargo
del salario de su cliente, y que hasta el momento de la formulación de cargos,
solo había prueba de la entrega de una parte de ese dinero, por lo que, restándole
la suma de $9.248.839, dinero que sí estaba dirigido a pagar las cuotas alimentarias
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
cobradas a su mandante, seguía pendiente de ser entregado a la señora Berenice
Cifuentes Tapias.
La providencia explicó con suficientes pruebas que al momento de interposición de
la queja disciplinaria la totalidad de los dineros no se habían entregado al cliente ni
a la señora Cifuentes Tapias, de suerte que el abogado desatendió el deber de
«actuar con honradez en el ejercicio de su profesión, al no entregar a quien
corresponde en el menor tiempo posible la suma de dinero fruto de su gestión
profesional».
De otra parte, en esa decisión se descartó la falta atribuida a la ausencia de claridad
e información en el desarrollo de la gestión, pero fue clara en establecer la falta por
omisión del deber de entrega de los dineros de forma oportuna.
Aunque el demandante aportó unos recibos con fechas de agosto, septiembre y
octubre de 2019, así como otros del año 2021, la autoridad sostuvo que no los
tendría en cuenta:
[P]orque no existe en esta instancia forma de corroborar y tener certeza que
efectivamente tales dineros hayan sido recibidos por la señora Berenice
Cifuentes como reposa en los mismos, pues contrario a ello, tenemos que
cuando la señora Cifuentes declaró en audiencia en etapa de pruebas y
calificación provisional, fue clara y precisa en manifestar y de esta forma se
probó con documentos (recibos) que el investigado entregó a la señora
Berenice Cifuentes Tapias la suma total de $2.448.000.oo, como pago de
cuatro meses de cuota alimentaria (…).
Igualmente, la Comisión Seccional dijo que el demandante pretendía introducir
«unos elementos probatorios de los cuales no se puede determinar su
autenticidad», con mayor razón si la señora Cifuentes Tapias nunca expuso
haberlos recibido. Resaltó que la parte «bien pudo allegar [la prueba] con
anterioridad, a efectos de corroborar la veracidad de su contenido», de manera que
no podía valorarlos porque «no se trata de una prueba sobreviniente la que se
encuentra reglada en el artículo 344 del C.P.P.».
El disciplinable apeló la sentencia y alegó que la falta disciplinaria referida en el
artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2017 se refiere, en el primer segmento, a la conducta
consistente en no entregar los dineros, la cual no se configuró porque se acreditó la
entrega a sus destinatarios. Que, además, el segundo aspecto de la falta prevé la
conducta de no entregar el dinero en el menor tiempo posible y, según los
testimonios de Luz Dary Tafur, Melisa Arbeláez Álvarez, Berenice Cifuentes Tapias,
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Javier Trespalacios Padrón y Juan Carlos Caldera, «se sabe que el abogado le
entregaba el dinero a la señora Berenice cuando el quejoso, señor Olave autorizaba
la entrega».
Agregó el censor que para que se configurara la falta se requería que los dineros se
obtuvieran en virtud de la gestión profesional, elemento que no se acreditó porque
no fueron producto de la gestión del abogado en los procesos a su cargo, sino de
otros profesionales en los procesos ejecutivos, por lo que la conducta era atípica.
También argumentó la ausencia de prueba de la ilicitud sustancial y del dolo.
Al desatar la apelación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló que el
abogado no cumplió con el deber de entregar los dineros encomendados en el
menor tiempo posible, puesto que del cotejo de los documentos se desprendía que
solo entregó la suma de $4.948.000, y que al momento de la actuación disciplinaria
tenía en su poder $9.248.839. Además, la sentencia rechazó como justificación que
la entrega no se hubiera efectuado a la espera de la autorización del cliente.
En tal sentido, la CNDJ precisó que, si el abogado no había obtenido la autorización
del mandante, contaba con otros medios para proceder con la entrega como era
hacer un depósito judicial o acudir al pago por consignación:
En ese contexto, si el letrado no veía la autorización de su cliente (señor Olave),
lo correcto era que se los entregara a él (quejoso), por cuanto los depósitos
judiciales eran producto del embargo y descuento por nómina que le realizaba
la empresa Cerro Matoso al señor Olave por orden judicial, en tanto que el
mandante tuvo que pagar de su peculio lo que su propio mandatario concilió
con las ejecutantes Cifuentes Tapias y Olave García.
En tal sentido, es menester recordarle al apelante, que era su deber concretar
con su cliente la entrega del dinero que obtuvo de los títulos judiciales
enunciados en precedencia, porque tenía una carga deontológica de efectuar
la entrega a la mayor brevedad posible, ya que así se lo ordena la codificación
disciplinaria y, en caso que no obtuviera respuesta favorable, bien podía acudir
a la figura del depósito judicial o el pago por consignación en los términos del
artículo 1657 del Código Civil.
El juez de segundo grado adujo que se acreditó el conocimiento que tenía el
disciplinable de sus deberes y de las obligaciones derivadas del ejercicio de la
profesión, y que ninguno de los testigos mencionados en la apelación afirmó tener
conocimiento «de cómo el disciplinado tenía que realizar los pagos y si requería
autorización o no por parte del inconforme». Que el testimonio de la señora Berenice
Cifuentes Tapias dejó claro que el señor Olave le decía que fuera a cobrarle las
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
cuotas de alimentos al abogado que tenía el dinero, pero esa circunstancia no era
impedimento para que no lo reintegrara a quien correspondía.
Por último, la CNDJ descartó los argumentos de que los dineros no fueran producto
de la gestión como abogado en esos procesos, y que no estaban acreditadas la
ilicitud sustancial y el dolo.
Como puede verse, los puntos que propuso el disciplinable fueron decididos en la
alzada contra el fallo disciplinario. No hay duda de que la autoridad judicial despachó
desfavorablemente los argumentos del recurso de apelación, previo análisis de las
pruebas documentales, de la versión del investigado y de los testimonios
recaudados. A partir de un análisis integral de los elementos de convicción, los
jueces disciplinarios concluyeron que existió la falta, debido a la tardanza
injustificada en la entrega de los dineros que tenía el abogado como consecuencia
de la gestión profesional encomendada.
En ese juicio, las demandadas encontraron acreditada la conducta reprochable, la
ilicitud sustancial y el dolo del profesional y, por el contrario, descartaron alguna
justificación razonable del incumplimiento de sus deberes, porque a pesar de tener
los dineros en su poder, retardó su entrega al interesado.
Vistas las cosas de esa perspectiva, esta Subsección encuentra que, si bien la
demanda de tutela cumple el requisito de carga argumentativa, los reparos se
edifican en clave de instancia adicional al proceso disciplinario, por el desacuerdo
con la interpretación de las accionadas y, como se verá más adelante, para revivir
un aspecto que no fue alegado en la oportunidad procesal correspondiente.
Como se sabe, el papel del juez constitucional no es hacer las veces de superior
funcional de los jueces ordinarios en sus respectivas materias, ni realizar juicios de
corrección7 de las decisiones judiciales proferidas por estos.
Téngase en cuenta que el juez natural es una garantía del debido proceso que
dimana del artículo 29 constitucional, cuando este se refiere al derecho de ser
juzgado «ante juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución
preserva la labor de cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras
usurpen o asuman funciones que no les han sido encomendadas o que
corresponden a otra entidad.
7 En tal sentido, puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02438-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
La ley, en desarrollo de la Carta Política, prevé un proceso y unas autoridades para
dirimir determinadas controversias o litigios, por ende, no podría una autoridad que
no esté investida de competencia resolver debates judiciales que no le han sido
asignados. El juez constitucional no es el juez disciplinario de los abogados por las
faltas en el ejercicio de la profesión, razón por cual no tiene el papel de definir, salvo
casos excepcionalísimos derivados de una vulneración de derechos fundamentales,
aspectos que hayan sido discutidos en el respectivo proceso. Pero, en línea de
principio, no es su labor determinar la existencia o no de la comisión de la falta ni
ninguno de los elementos o presupuestos de la responsabilidad disciplinaria:
cualquier intención dirigida a ese fin debe ser contenida. De lo contrario, la justicia
constitucional se antepondría a los principios del juez natural, independencia y
autonomía judiciales.
Resulta evidente que el escenario que propone la parte actora, exigiría a la Sala
examinar nuevamente la tesis del recurso de apelación presentado en el proceso
disciplinario contra la decisión proferida por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba, o resolver puntos que no fueron apelados, aun cuando el
debate lo clausuró la CNDJ con argumentos que responden razonablemente a los
aspectos apelados por el disciplinable.
Las inconformidades que cimentaron el recurso de apelación contra la sanción, son
las mismas que soportan las pretensiones de la acción de tutela, cual si se tratara
de una tercera o instancia adicional a las que se surtieron de conformidad con el
procedimiento previsto por el legislador.
Valga destacar que el actor nunca reprochó, como era su deber si estaba
inconforme, las razones por las cuales la Comisión Seccional no valoró los recibos
de pago aportados por fuera de la oportunidad probatoria.
No puede el accionante pretender suplir la deficiencia en la carga argumentativa del
recurso de apelación, y plantear en sede de tutela, como si fuera un escenario para
mejorar la defensa o revivir oportunidades que se dejaron precluir, aspectos que
tuvo la oportunidad de cuestionar y no lo hizo.
Carece de justificación que, si se interpuso el recurso de apelación contra la decisión
de la Comisión Seccional, la parte guardara silencio sobre las razones por las cuales
descartaron valorar las pruebas de los recibos de los años 2019 en adelante, esto
es, por falta de certeza de su autenticidad y por su presentación extemporánea, y
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02438-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
ahora se aleguen en la tutela bajo la premisa de que hubo un defecto fáctico, de
que la autoridad desconoció el deber oficioso en el decreto de pruebas o de que
existe un exceso ritual manifiesto, cuando dicha determinación no le mereció ningún
reproche. Para la Sala, tal omisión o falencia de la parte actora desemboca
claramente en un incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en la medida en
que no utilizó adecuadamente el recurso de apelación.
En efecto, cuando se trata de procesos de doble instancia, la apelación es el
escenario natural para pretender un juicio de corrección de una sentencia que se
estima equivocada o para obtener su revocatoria si existió un yerro que ponga en
evidencia la falta de análisis racional, crítico e integral de las pruebas, al punto que
abra paso a un cambio en el sentido de la decisión. La tutela no puede suplir la
omisión de la parte que no recurrió algunos aspectos del fallo ni ser el escenario
para trasladar, sin justificación, la responsabilidad a la autoridad por supuesto
desconocimiento del deber de ejercicio de sus facultades oficiosas en materia
probatoria.
Al apelar únicamente parte de los argumentos de la sentencia, la consecuencia no
es distinta a que el quejoso se mostró conforme y satisfecho con las razones no
atacadas, luego no son aceptables los embates que sobre esos puntos plantea en
la tutela.
Con todo, los elementos que se alegaron en la apelación fueron abordados de
manera razonable, conforme al marco y a los límites competenciales de la segunda
instancia8, según se explicó en apartados precedentes. Por tanto, es inadmisible
que por vía de tutela se alegue la omisión o incumplimiento del deber de decretar
pruebas de oficio, si la parte no discutió el fundamento por el cual fueron rechazados
los documentos con los que pretendía acreditar la ausencia de responsabilidad
disciplinaria.
Dicho sea de paso, los recibos objeto de debate fueron expedidos con posterioridad
a la fecha de formulación de la queja disciplinaria, pues corresponden a los años
2019 y 2021, mientras que la denuncia data del año 2018. Además, en la tutela se
aportan con unos sellos de autenticación notarial adiados de mayo de 2024, es
8 Así señala el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002 aplicable por la remisión normativa
de que trata el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007:
«PARÁGRAFO. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia
para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente
vinculados al objeto de impugnación».
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02438-00
Actor: Faustino de Jesús Holguín Anaya
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
decir, después de que se definió el juicio disciplinario. En definitiva, no solo resulta
tardío sino contradictorio plantear una defensa, a partir de conductas realizadas con
posterioridad a la fecha de la falta endilgada y de la ejecutoria de la sanción
impuesta.
Para la Sala, la motivación de las accionadas corresponde al ejercicio legítimo y
propio de sus funciones, pues se trata de los órganos que constitucional y
legalmente fueron establecidos para investigar y/o sancionar a los abogados en el
ejercicio de la profesión y, por consiguiente, tienen plena competencia para analizar
racionalmente las pruebas dentro del proceso disciplinaria contra los profesionales
del Derecho.
Que la parte actora esté inconforme con ese raciocinio no es un hecho que
concierna al juez constitucional, pues por la forma en que se presentaron los
argumentos queda claro que la demanda contiene un desacuerdo con el
razonamiento de las autoridades judiciales accionadas, y un ejercicio tardío de
nuevos argumentos de defensa, que no justifican la intervención del juez de tutela,
porque lo pretendido es insistir en ese debate, a fin de obtener a toda costa una
alternativa de decisión en la que se resuelva favorablemente su visión del litigio y,
compártase o no la decisión de los jueces naturales, la Sala no advierte que sus
conclusiones se tornen irracionales, absurdas o caprichosas.
Si bien los reparos que se presentan contra una providencia judicial, desde luego y
necesariamente, deben estar relacionados con los temas debatidos, no puede ser
con miras a que el juez constitucional asuma el papel de los jueces naturales, ni que
se agregue una instancia más a las que el legislador, dentro de su margen de
configuración legislativa, a bien tuvo prever; mucho menos si se trata de un asunto
que culminó ante un órgano de cierre, caso en el cual los requisitos de procedencia
de la acción de tutela se tornan más rigurosos, en el sentido de que se debe
acreditar que la decisión contraríe abiertamente un postulado constitucional o que
se desconozca la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que se hubiera
dado alcance a algún derecho fundamental, circunstancias que en este caso no se
presentan.
Conviene considerar que en la sentencia de unificación SU-215 de 2022 la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario
para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, con el objetivo de impedir
que este mecanismo constitucional se convierta en instancia adicional a los
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02438-00
Actor: Faustino de Jesús Holguín Anaya
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
procesos o el escenario en el que se resuelvan aspectos legales, económicos o sin
trascendencia constitucional, que no son propios del juez de tutela. En dicha
providencia, se resaltó que el estudio de este requisito se torna más estricto cuando
se discuten decisiones de una alta corte:
[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales9. Para determinar si
este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente,
cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta
corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales10.
Al examinar los criterios señalados, el presente asunto no es de aquellos en los que
exista la necesidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o darle
alcance a un derecho fundamental, ni siquiera por el hecho de que se alegue la
vulneración de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela —
De lo contrario, todos los procesos judiciales habrían de ser definidos por el juez
constitucional—. Se insiste, en el fondo es una discusión sobre las pruebas y las
oportunidades probatorias en materia de responsabilidad disciplinaria. Ninguno de
estos elementos por sí solos son de relevancia constitucional, en el sentido de que
autoricen al juez de tutela para adentrarse en la selección de una interpretación o
valoración en favor de otra.
Los argumentos expuestos en la tutela no constituyen razón suficiente ni valedera
para que el juez de tutela intervenga puesto que, mientras la parte actora no soporte
con argumentos constitucionales desconocidos por las autoridades judiciales
accionadas, el contenido de las providencias es razonable, goza de presunción de
acierto y se acompasa con los principios de independencia y autonomía judiciales
que no pueden ser desconocidos por el juez de tutela.
9 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, «la Corte resumió los escenarios en
los que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional;
(ii) no se emplea como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a
resolver aspectos que trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el
criterio de los árbitros para decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas
constitucionales; y (vi) busca evitar la afectación del patrimonio público cuando se cumplen
determinadas condiciones».
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02438-00
Actor: Faustino de Jesús Holguín Anaya
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Así pues, como el demandante no discutió las razones por las cuales la Comisión
Seccional descartó los recibos elaborados a partir del año 2019 –y ahora
autenticados en el 2024–, ni se advierte irracionalidad en el examen de la
responsabilidad disciplinaria por retardar la entrega de dineros recibidos como
consecuencia de la gestión profesional del abogado Faustino Holguín Anaya, la Sala
declarará improcedente la tutela por incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad y de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la presente acción de tutela presentada por el
señor Faustino de Jesús Holguín Anaya, de acuerdo con lo señalado en las
consideraciones.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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