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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02440-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio de fondo

Fecha
31 de julio de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02440-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 13 de junio de 2024, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02440-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

31 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02440-01
Demandante: STELLA VICTORIA PEÑA CUÉLLAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de fondo
porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO SUSTANTIVO
/ VIOLACIÒN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN– No se configuran en el sub lite, dado que
se aplicó en debida forma el régimen especial que gobierna la situación jurídica de la
accionante y no se advirtió la transgresión de los principios establecidos en el artículo 53
Superior.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 13 de junio de 20241, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que negó la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 16 de mayo de 2024, la señora Stella Victoria Peña Cuéllar, en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, con el objeto
de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al trabajo y de acceso a la administración de justicia, que estima vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2023, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Superintendencia de
Notariado y Registro, con radicado 18001333300220150002601. Formuló las
siguientes pretensiones (transcripción textual):

PRIMERO: Sean tutelados mis derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de Justicia, igualdad, y al Trabajo, y en concordancia,

1 Se advierte que, el 11 de julio de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02440-01
Demandante: Stella Victoria Peña Cuéllar
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

los principios fundamentales que la Constitución consagra en materia laboral
que me fueron vulnerados producto de las irregularidades expuestas.

SEGUNDO: Se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida
Tribunal Administrativo de Caquetá el 22 de noviembre de 2023 en el medio de
control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, tramitado bajo
radicado 18001333300220150002601, a través de la cual se revocó la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo
de Florencia.

TERCERO: Que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo de Caquetá
proferir sentencia de fondo que corresponda en derecho se ajuste al amparo,
garantía real y efectiva protección de los derechos fundamentales incoados,
analizando integralmente las disposiciones normativas, y los precedentes
jurisprudenciales relacionados.

CUARTO: Respetuosamente solicito se decreten las demás que se consideren
pertinentes para la protección y amparo de mis derechos fundamentales,
atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales,
imploro a su despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice mis
derechos vulnerados.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, la señora Stella Victoria Peña Cuéllar
narró que, en el año 2007 fue nombrada en el cargo de registradora seccional de
Instrumentos Públicos de San Vicente, para el cual cumplía los requisitos que, en
ese momento, eran tener título profesional de abogado o, en su defecto, acreditar 5
años de experiencia.

Posteriormente, mediante la Ley 1579 de 2012, por la cual se expidió el Estatuto de
Registro de Instrumentos Públicos, se modificaron los requisitos para acceder al
cargo, y se exigió el título de abogado.

Mediante la Resolución 5886 de 26 de mayo de 2014 la accionante fue removida
del cargo de registradora Seccional de Instrumentos Públicos y nombrada en el
empleo de técnico administrativo de la Planta Global de la Superintendencia de
Notariado y Registro, dado que no cumplía el requisito exigido por la Ley 1579 de
2012, toda vez que no ostenta el título de abogada.

En el sentir de la accionante, la decisión se tomó sin tener en cuenta que cuando
fue designada en el empleo, cumplía el requisito de experiencia exigido para
entonces; además su desvinculación tuvo lugar en vigor de la Ley de Garantías; y,
desconoció por completo su condición de madre cabeza de familia, puesto que su
esposo había fallecido.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02440-01
Demandante: Stella Victoria Peña Cuéllar
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Por todo lo anterior, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro, que en primera
instancia fue decidido favorablemente por el Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia. No obstante, la entidad vencida presentó recurso de apelación, que se
desató por el Tribunal Administrativo del Caquetá en sentencia del 22 de noviembre
de 2023, en la que se revocó el fallo apelado y, en consecuencia, se negaron las
pretensiones.

1.3. Argumentos de la tutela

Tras considerar que la tutela cumple los requisitos generales de procedencia
exigidos para censurar providencias judiciales por esta vía, la señora Stella Victoria
Peña Cuéllar señaló que el Tribunal accionado incurrió en los siguientes defectos:

Violación directa de la Constitución. Se desconoció lo establecido en los
artículos 25 y 53 de la Carta Superior, toda vez que no se aplicaron los principios
fundamentales allí consagrados, en especial el de estabilidad laboral, dado que la
accionante cumplía con los requisitos exigidos para acceder al cargo, de
conformidad con la normativa que estaba en vigor para el momento de su
nombramiento, motivo por el cual, tenía derechos adquiridos y a su juicio, no podía
ser retirada en aplicación de una norma posterior que aumentó las exigencias para
ocupar el empleo.

Adicionalmente, adujo que la providencia censurada no consideró su condición de
madre cabeza de familia y tampoco dio aplicación al principio de especial protección
a la mujer y a la maternidad.

Defecto sustantivo. La autoridad judicial accionada no aplicó la situación más
favorable al trabajador, la cual, debió prevalecer en virtud de lo señalado en el
artículo 53 Superior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 del Código
Sustantivo del Trabajo.

Así pues, en su sentir, la demandada debió considerar que la actora tenía 11 años
de experiencia específica cuando fue nombrada en el cargo, y que, para ese
entonces, solo se exigía contar con 5 años de experiencia registral, para ejercer el
empleo de registrador Seccional de Instrumentos Públicos, de conformidad con el
régimen previsto en los Decretos 960 y 1250 de 1970.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02440-01
Demandante: Stella Victoria Peña Cuéllar
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Es cierto que, con la entrada en vigor de la Ley 1579 de 2012 se implementó el
título de abogado como requisito para ejercer cargo, no obstante, en su parecer, no
podía ser retirada del cargo por falta de requisitos y la única forma de desvincularla
era que se designara una persona previo concurso de méritos.

Reprochó que mediante la providencia censurada se desconoció el principio de
irretroactividad de la ley, dado que se permitió que una ley posterior afectara una
situación consolidada bajo el imperio de normas anteriores.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 20 de mayo de 2024, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la demanda y dispuso que se notificara a la autoridad
judicial accionada, para que se pronunciara al respecto. También ordenó que se
notificara, como terceros interesados, al titular del Juzgado Segundo Administrativo
de Florencia y a la Superintendencia de Notariado y Registro.

2.2. La Superintendencia de Notariado y Registro señaló que la tutela es
improcedente porque no existe afectación a derecho fundamental alguno, y además,
no se cumple con el requisito de subsidiariedad, porque existe un mecanismo
ordinario para controvertir este tipo de actos administrativos. Asimismo, no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable frente a los derechos indicados.

Agregó que en el presente asunto se plantea una controversia absolutamente legal,
que en nada afecta los derechos fundamentales invocados, y por lo tanto, la tutela
no satisface el requisito de relevancia constitucional.

2.3. Las autoridades judiciales no se pronunciaron en esta oportunidad.

3. Fallo impugnado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 13 de junio de
2024, negó el amparo solicitado por la señora Stella Victoria Peña Cuéllar.

Tras estimar satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, el a quo consideró que la decisión cuestionada
fue debidamente motivada y sustentada con argumentos razonables y ajustados a
derecho, que responden a las alegaciones formuladas por la parte actora.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02440-01
Demandante: Stella Victoria Peña Cuéllar
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Es así como, el Tribunal accionado no pasó por alto que la actora hubiera ingresado
al cargo por cumplir los requisitos establecidos en la Ley 960 de 1970, sino que
precisó que, «(…) aunque el ingreso y permanencia de la demandante en el cargo
de registradora en interinidad, en principio, fue regido por el Decreto 960 de 1970,
no era posible omitir el hecho de que esta norma fue derogada por la Ley 1579 de
2012 y en esa medida, la permanencia en el cargo dependía del cumplimiento de
los nuevos requisitos previstos en la nueva norma».

Además, explicó que los nombramientos en interinidad deben conservar los
requisitos de ley para su permanencia, los cuales, en este caso, variaron con la Ley
1579 de 2012.

El a quo señaló que en este caso no es de aplicación del principio de favorabilidad,
por cuanto no se está frente a dos normas vigentes, sino que se trató precisamente
de atender a la disposición vigente que derogó la anterior.

Descartó el argumento esgrimido por la accionante, según el cual, solo podía ser
removida si en su reemplazo se designaba a una persona con derechos de carrera,
al señalar que bastaba con que la persona que se nombrara cumpliera los requisitos
para el cargo.

4. Impugnación

El accionante insistió en que no pretende convertir la tutela en tercera instancia del
contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero sí busca que se revise
la decisión del Tribunal accionado, dado que, considera que la providencia
censurada incurrió en violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente (sic).

Reiteró que la sentencia cuestionada desconoció los principios consagrados en el
artículo 53 de la Carta, tales como la estabilidad laboral, el in dubio pro operario, la
aplicación de la situación más favorable al trabajador, y la protección a la mujer y a
la maternidad.

Asimismo, insistió en los argumentos expuestos en la demanda para sustentar el
defecto sustantivo alegado, referentes a la aplicación indebida (retroactiva) de la
Ley 1579 de 2012.

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 13 de junio de 2024, proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se negó el amparo
solicitado.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
de los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
acreditarse, se abordará el estudio de fondo, con el fin de establecer si la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos alegados y, por ende, vulneró los
derechos fundamentales invocados por la accionante.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia
atacada fue proferida el 22 de noviembre de 2023 y la notificación se surtió el 19 de
diciembre del mismo año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 16 de
mayo de 2024, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta
razonable.

2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.3. Subsidiariedad: la parte actora interpuso los recursos disponibles dentro del
proceso ordinario, sin que las inconformidades enunciadas en la tutela encuadren
en algunos de los recursos extraordinarios establecidos en la Ley 1437 de 2011.

2.1.4. De la relevancia constitucional: la Sala encuentra satisfecha esta exigencia,
dado que los cargos se encuentran justificados, pues la actora explicó las razones
por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Caquetá vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y de acceso a
la administración de justicia, prerrogativas tradicionalmente relevantes en la
institución de la acción de tutela. Adicionalmente, porque, aunque el asunto fue
abordado por los jueces naturales, existen argumentos que revelan una tensión

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entre la razonabilidad de la decisión enjuiciada y el alcance de los derechos
fundamentales invocados.

No se trata, pues, de un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa,
sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez
constitucional porque, valga insistir, se está frente a una duda sobre la potencial
afectación de derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces
naturales.

De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la acción de tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de reparación directa o un medio para resolver
desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto
que tiene «la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» y se justifica en la medida de
una posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales».

2.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora

La accionante manifestó que el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en los
defectos sustantivo y violación directa de la Constitución Política. Sobre el particular,
desde ya, la Sala anticipa que coincide con la decisión impugnada, en cuanto no
encontró la configuración de dichos vicios, por las razones que pasa a exponer:

Como bien lo dilucidó el a quo, para fundamentar los defectos invocados, la señora
Stella Victoria Peña Cuéllar, esencialmente alega que: i) la providencia censurada
no respetó su estabilidad laboral, ni los derechos adquiridos (situación jurídica
consolidada) originada en el nombramiento en interinidad que se le hizo por cumplir
los requisitos para desempeñar el cargo, señalados en los Decretos 1250 y 960 de
1970; ii) desconocimiento del principio de favorabilidad, por cuanto se prefirió aplicar
retroactivamente una ley, que además resultó lesiva a los intereses de la servidora;
iii) desconocimiento de su condición de madre cabeza de familia.

Frente al primer argumento, la Subsección encuentra que no le asiste razón a la
accionante, toda vez que, como bien lo expuso la autoridad judicial accionada, la
Ley 1579 de 2012 (art. 76) exigió un requisito para la «permanencia» en el cargo
(título de abogado), que ella no acreditó, y por ende, no existen tales derechos

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adquiridos, puesto que pese a haber satisfecho las exigencias para el nombramiento
bajo el imperio de los Decretos 1250 y 960 de 1970, lo cierto es que, a partir de la
nueva legislación, para mantener su vinculación en el empleo requería ostentar el
título profesional.

El cumplimiento de la exigencia implementada con la Ley 1579 de 2012 no puede
señalarse como lesiva a la estabilidad laboral de la actora, pues dada la naturaleza
del servicio público que ejerce el cargo de registrador de instrumentos públicos, es
apenas conveniente que por razones de interés general, el mismo sea ocupado por
una persona que haya culminados sus estudios profesionales, y así lo consagró el
legislador, haciendo ahínco en que, el requisito se exige no solo para el ingreso sino
también para la permanencia en el empleo.

Así lo explicó la autoridad judicial accionada en la sentencia objeto de reproche:

Sea lo primero indicar que el registro de instrumentos públicos es la institución
a través de la cual se realiza la tradición de los derechos reales que recaen
sobre bienes inmuebles, mediante la inscripción del título documental en el
correspondiente folio de matrícula inmobiliaria -artículo 756 del Código Civil;
estando concebido para darle publicidad a los actos jurídicos que se
produzcan respecto de los bienes inmuebles y para que los mismos sean
oponibles frente a terceros, a la vez para informar respecto de la situación
jurídica de un bien inmueble.

De ahí la importancia del servicio público registral, puesto que a través de éste
se cumplen trascendentales funciones que contribuyen a garantizar la
seguridad jurídica en relación con la constitución, modificación y extinción de
los derechos reales y la publicidad que respecto de estas actuaciones debe
otorgarse a la comunidad en general, en desarrollo del principio de la fe
pública registral.

Ahora bien, se tiene que mediante resolución No. 6974 del 12 de octubre de
2007 la demandante fue nombrada en el cargo de registradora de
instrumentos públicos de San Vicente del Caguán, código 2173, grado 16, en
interinidad, habiendo tomado posesión de dicho cargo el 25 de octubre.

Como sustento de su nombramiento, se señaló por el Superintendente de
Notariado y Registro hacerlo conforme a las facultades conferidas por el
artículo 13, numeral 12 del Decreto 412 de 2007 "Por el cual se reestructura
la Superintendencia de Notariado y Registro” 12 que a la letra reza: (…)

Lo anterior, por cuanto en vigencia del Decreto Ley 1250 de 1970 y por
expresa remisión que al Decreto Ley 960 de la misma anualidad hiciere el
artículo 67 de aquella normativa, los requisitos de ley para ser registrador, en
este caso de San Vicente del Caguán, a parte de las exigencias generales,
eran: (i) ser nacional colombiano, (ii) ciudadano en ejercicio y (iii) tener más
de treinta (30) años de edad, y cumplir con alguna de las siguientes dos
condiciones, a saber:

1. Ser abogado titulado.
2. No siendo abogado -caso de la actora-, haber sido Notario por tiempo no
inferior a dos años, o haber completado la enseñanza secundaria o normalista
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

y tenido práctica judicial, notarial o registral por espacio de tres años, o tener
experiencia judicial, notarial o registral por término no menor de cinco años -
supuesto de la accionante-

De ahí que mediante Resolución No. 6974 del 12 de octubre de 2007 se
hubiera nombrado a la demandante como registradora de instrumentos
públicos de San Vicente del Caguán, código 2173, grado 16, en interinidad,
tomando posesión del cargo el 25 de octubre de esa anualidad, al acreditar
experiencia por 11 años en la registraduría de esa municipalidad, esto es, la
adquirida cuando se desempeñó en el cargo de cajera, código 5095, grado
10, de la planta global de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos
del país (Resolución N° 0356 del 5 de febrero de 1996); y, posteriormente, la
adquirida como auxiliar administrativa, código 5120, grado 14 (Resolución N°
0776 del 27 de febrero de 2004), la que, al parecer, le fue suficiente para ser
nombrada como registradora de instrumentos públicos.

Lo anterior, por cuando sin ser abogada titulada, el artículo 155 del Decreto
960 de 1970, le permitía encajar dentro del segundo supuesto.

No obstante, con la entrada en vigencia de la Ley 1579 de 2012 -artículo 76-
, el título de abogado titulado se hizo obligatorio (requisito adicional a los
generales antes enunciados), dando con ello lugar a que la Superintendencia
de Notariado y Registro, mediante el acto administrativo acusado -Resolución
5886 del 26 de mayo de 2014- la haya removido del cargo de registradora de
instrumentos públicos de San Vicente del Caguán al cargo de técnico
administrativo de la planta global de la Superintendencia de Notariado y
Registro, código 3124, grado 14, en interinidad; cargo este último del cual
tomó posesión el 11 de julio de 2014.
(…)

Aunque el régimen de ingreso y permanencia para la actora en calidad de
registradora de instrumentos públicos fue regido inicialmente por el Decreto
960 de 1970, que en la parte pertinente -artículo 149- estipulaba: “Los
interinos que reúnan los requisitos legales exigidos para el cargo, tienen
derecho de permanencia mientras subsista la causa de la interinidad y no se
provea el cargo en propiedad”; con la derogatoria que sufrió dicha
normatividad como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 1579 de
2012, la permanencia de la demandante en el cargo dependía,
indubitablemente, de cumplir con el requisito obligatorio de ser ABOGADA
TITULADA, el cual no cumplía.

Y es que, en principio, podría pensarse que su permanencia en el cargo sólo
dependía de si cumplía o no con los requisitos exigidos para el momento en
que tomó posesión del mismo por primera vez -año 200713-, en tanto no se
exigía de manera obligatoria ser ABOGADA; pero lo cierto es que no se
trataba de una servidora pública como la generalidad de los servidores a
quienes sí se les da ese tratamiento, pues de todo el marco legal que enmarca
el régimen jurídico aplicable a los registradores de instrumentos públicos -
expuesto en acápite anterior-, la Sala colige que este tipo de servidores, de
manera específica y especial, deben conservar para su permanencia en el
cargo los requisitos de ley; los cuales -como quedó visto- fueron cambiados a
partir del año 2012. Y el hecho de que la norma hable no solo de ingreso sino
también de PERMANENCIA hace que el cumplimiento de las exigencias
legales deba observarse en todo momento a fin de poder mantenerse en el
tiempo en dicho empleo, siempre que -segunda condición- subsista la causa
de la interinidad -como lo sería el no existir derechos de carrera sobre el
mismo-.

En consecuencia, no basta con predicar -como lo entendió la iudex a quo- que
la actora solo podía ser removida o desplazada del cargo cuando llegara
alguien con derechos de carrera. Primero, porque una cosa son los requisitos
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para el ingreso -los que sí cumplió en el año 2007- y otra muy distinta es la
verificación de los requisitos para la PERMANENCIA en el cargo, los que ya
no cumplía a partir del año 2012, dado el cambio legislativo en el hecho de
profesionalizar el cargo de registrador de instrumentos públicos, dada la
responsabilidad y la importancia en las funciones que el cargo mismo impone,
siendo esta la primera de las exigencias, previo a establecer en, segundo
lugar, si podía o no seguir ocupando el cargo en interinidad o provisionalidad
al no existir aún alguien con mejor derecho para proveerlo. Por ende, no podía
afirmarse que los requisitos de permanencia en el cargo debían ser los
mismos que los de ingreso.

Nótese que una cosa son los requisitos para el ingreso a un empleo y otra
muy distinta para permanecer en él, exigencia esta –la de la permanencia-
que, incluso, data del mismo Decreto 960 de 1970, régimen jurídico con el
que inició a laborar la actora; por lo que ni siquiera podría hablarse de un
cambio en las reglas del juego, porque ello no aconteció.

De ahí que la decisión que tomó la entidad demandada de haber removido a
la demandante del cargo de registradora de instrumentos públicos y asignarla
a uno donde sí cumplía con el perfil académico y experiencia, se encuentra
ajustado a derecho.

En punto de la protección a la estabilidad laboral, la providencia censurada se apoyó
en lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia a T-883 de 2000, en la que
se explicó el concepto de estabilidad restringida que supone el ejercicio del cargo
de registrador interino, señalando que, en estos casos, este principio cede por
motivos de interés general.

En este caso, como se dijo en precedencia, resulta de interés general que la función
notarial sea ejercida por un servidor que cumpla los requisitos exigidos por la
normativa vigente para la permanencia en el cargo, por la naturaleza misma de las
competencias que tiene asignadas. Así lo explicó la accionada:

Luego, entonces, revisados los motivos que condujeron a la remoción de la
actora del cargo de registradora de instrumentos públicos a uno de nivel
técnico, se encuentra que la observancia en el cumplimiento del requisito
general de poseer el título de abogada, como bien lo trajo la Ley 1579 de
2012, artículo 76, al derogar el Decreto - Ley 960 de 1970, no sólo guarda
correspondencia con el principio de legalidad sino también supone la
prevalencia de un interés general, en tanto la actividad registral, como sistema
especial de origen constitucional que es, reviste de gran importancia por los
efectos de servicio público como lo estipula el artículo 131 Superior. De ahí la
exigencia de profesionalizar el cargo de registrador de instrumentos públicos.

Así las cosas, para la Sala es claro que la actuación administrativa adelantada
de desvinculación de la demandante del referido cargo, precisamente al no
poder ya ocuparlo, deviene de la prevalencia del interés general, pues no
tendría sentido haber hecho la reforma a nivel legal, al imponerse que los
registradores necesariamente tienen que acreditar el título de abogado, para
atender o dar prelación a situaciones particulares de quienes venían
ocupando el cargo; recordándose que la prevalencia del interés general es
uno de los principios fundantes del Estado Social del Derecho conforme al
artículo 1° Constitucional.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Así entonces, si la señora Peña Cuéllar no satisface la exigencia para permanecer
en el cargo, prevista en la Ley 1579 de 2012, no le asiste derecho a conservar la
interinidad en el empleo de registrador de Instrumentos Públicos, hasta tanto, se
provea el mismo con una persona que supere el concurso de méritos, como lo alegó,
dado que, su continuidad en el ejercicio es contraria a la norma especial que regula
su situación jurídica y, en consecuencia, el acto administrativo que la separó del
cargo, se ajusta a derecho, tal y como lo determinó la sentencia objeto de reproche.

Frente al segundo argumento expuesto por la parte actora, según el cual, la
sentencia cuestionada desconoce el principio de favorabilidad y aplica
retroactivamente la ley, la Sala coincide con lo señalado por el a quo, en tanto que,
en este caso, no coexisten dos normas aplicables para resolver la situación jurídica
de la servidora y, por lo tanto, lo procedente es aplicar la Ley 1579 de 2012, que
introdujo una regulación especial, y determinó como requisito para permanecer en
el cargo de registrador de Instrumentos Públicos el título de abogado, como bien lo
explicó la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada.

Por último, en relación con el desconocimiento de la condición de madre cabeza de
familia invocada por la accionante tanto en la demanda ordinaria como en la tutela
de referencia, la Sala advierte que el Tribunal accionado no se pronunció sobre el
particular, puesto que su competencia se encontraba limitada a las alegaciones
expresadas por la entidad recurrente, sin que dicha condición haya sido objeto de
discusión en segunda instancia.

Aunado a ello, la Sala no avizora que al plenario se haya aportado prueba alguna
de la condición invocada, y en todo caso, no encuentra que se haya desconocido,
antes bien, fue considerada por la autoridad nominadora al momento de proferir el
acto demandado (Resolución 5886 de 26 de mayo de 2014), dado que, en esa
oportunidad no solo removió a la accionante del cargo de registrador de
Instrumentos Públicos, sino que, en aras de no desprotegerla, la designó en
interinidad para ocupar el empleo de técnico administrativo código 3124, grado 14,
de la planta global de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Las consideraciones que sirvieron de fundamento a la decisión censurada, en
criterio de la Sala, resultan razonables y no merecen reproche alguno desde el punto
de vista constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02440-01
Demandante: Stella Victoria Peña Cuéllar
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En suma, más allá de la inconformidad natural de la parte actora cuyos argumentos
no tienen vocación de prosperidad, resulta claro que la providencia cuestionada no
es constitutiva de un yerro o falencia interpretativa o de aplicación normativa que
obstaculice el ejercicio de prerrogativas iusfundamentales. En consecuencia, se
confirmará la decisión impugnada que negó el amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 13 de junio de 2024, dictada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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