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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02443-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02443-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02443-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02443-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA, PERO POR LAS
RAZONES AQUÍ EXPUESTAS. LA ENTIDAD ACCIONADA NO VULNERÓ
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR. DE LOS
FUNDAMENTOS DEL ESCRITO DE TUTELA NO SE ADVIERTE
TRANSGRESIÓN ALGUNA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO, AL MÍNIMO VITAL Y
MÓVIL Y A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 6 de junio de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó el amparo solicitado.

1
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02443-01
Actor: JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO, a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y móvil, a la

estabilidad laboral reforzada y a los principios de buena fe y confianza

legítima, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES -

INDERSANTANDER2 al no nombrarlo en el cargo de profesional

universitario jurídico, código 219, grado 13, creado mediante el

Acuerdo 07 de 2024 y solicitado a través de derecho de petición de

18 de abril de 2024.

I.2.- Hechos

Indicó que mediante la Resolución núm. 298 de 11 de diciembre de

2023 fue nombrado en provisionalidad en el cargo de profesional

universitario jurídico, código 219, grado 13 en INDERSANTANDER,

2
En adelante INDERSANTANDER.

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3

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Actor: JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO

lo cual generó el vínculo laboral con la entidad.

Adujo que su nombramiento fue demandado a través del medio de

control de nulidad electoral por INDERSANTANDER, cuyo

expediente con radicación 68001-23-33-000-2024-00131-003 cursa

en el Tribunal Administrativo de Santander que, en providencia de 4

de marzo de 2024, accedió a la suspensión provisional de los efectos

del acto administrativo antes mencionado, por presunta inexistencia

del cargo.

Puso de presente que INDERSANTANDER mediante Acuerdo núm.

007 de 2024 creó nuevamente el cargo de profesional universitario

jurídico, código 219, grado 13, el cual se encontraba vacante, por lo

que mediante petición de 18 de abril de 2024 solicitó ante la entidad

que fuera nombrado en dicho cargo.

Destacó que la anterior petición fue denegada por

INDERSANTANDER el 2 de mayo de 2024, bajo el argumento de

que “[…] el asunto en comento se halla en sede judicial, es necesario

enmarcar que su “reintegro” al ejercicio de funciones debe ser

3
En sentencia de única instancia de 27 de junio de 2024 y estando en trámite la acción de tutela de la
referencia, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la Resolución núm. 298 de
2023.

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definido y ordenado por la jurisdicción competente en la

correspondiente sentencia o a través del levantamiento de la medida

cautelar de suspensión […]”.

Refirió que su petición no está dirigida a que lo nombren en el cargo

creado mediante el Acuerdo 006 de 2023, el cual se encuentra siendo

debatido ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo que

erradamente se indicó en la respuesta por parte de

INDERSANTANDER, sino a ser nombrado en el nuevo cargo creado

por el Acuerdo 007 de 2024, el cual tiene exactamente los mismos

rasgos y condiciones del que fuera retirado.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que existen condiciones particulares que lo asisten desde el

punto de vista emocional y económico que lo dejan en una condición

de especial protección constitucional, comoquiera que en el año 2023

fue diagnosticado con trastorno de ansiedad y depresión por un

médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico San Camilo, así como

también problemas de hipertensión, sumado al hecho de que su hija

es estudiante universitaria y depende económicamente de él.

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Por último, aseveró que el no regresar a laborar al nuevo cargo de

profesional universitario jurídico, código 219, grado 13, creado

mediante Acuerdo 007 de 2024, le ha imposibilitado devengar los

ingresos necesarios para solventar las necesidades básicas de su

subsistencia y la de su familia, que depende económicamente de él.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDA: Ordenar a la entidad accionada, que en virtud de la
vulneración de mis cánones fundamentales proceda a nombrarme en
el “nuevo cargo” creado mediante Acuerdo de Junta Directiva
No 007 de 2024, el cual corresponde a las mismas funciones y
denominación en el cual fui nombrado en 2023, PROFESIONAL
UNIVERSITARIO JURIDICA CODIGO 219 GRADO 13, el cual se
encuentra vacante en la actualidad […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- INDERSANTANDER advirtió que la acción de tutela se dirige

en su contra, pero de forma equivocada, pues en realidad lo que en

el fondo se cuestiona es la decisión del Tribunal Administrativo de

Santander por medio de la cual se decretó la medida cautelar de

suspensión provisional del acto administrativo demandado.

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Así las cosas, manifestó que se está en presencia de una acción de

tutela contra providencia judicial, sin que se cumplan los requisitos

de procedibilidad, toda vez que el proceso judicial se encuentra en

trámite, el actor dispone de recursos ordinarios al interior del mismo

para la defensa de sus derechos fundamentales y no se determinó la

causal específica en el asunto, por lo que la solicitud de amparo debe

ser declarada improcedente.

Sostuvo que la acción de tutela de la referencia busca pretermitir un

proceso ordinario en curso y revivir oportunidades procesales

vencidas en aquel trámite, en desmedro de los principios de

subsidiariedad y competencia.

Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo

al no acreditarse los requisitos generales de procedibilidad.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 6 de junio de 2024,

denegó la solicitud de amparo al concluir que el accionado no

trasgredió los derechos fundamentales del actor, pues la respuesta

dada a su petición se dio dentro del término y, además, se explicó

de manera clara y congruente por qué no había lugar a acceder a su

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solicitud de nombrarlo en el nuevo cargo.

Adujo que, pese a que el accionante efectivamente tiene diagnóstico

de hipertensión arterial, trastorno de ansiedad, entre otros, no era

dable predicar que ello hubiese ocasionado un deterioro significativo

en su salud que impida al actor de manera considerable en el

desempeño de sus funciones del cargo que desempeñaba.

Añadió que, si bien no desconoce que la pérdida del empleo causa

serias preocupaciones a quien lo padece y que ello puede exacerbar

los síntomas asociados al trastorno del actor, dichos elementos no

permitían estructurar una condición de debilidad manifiesta que

propicie el fuero de estabilidad laboral reforzada, que haga

procedente la acción de tutela.

Destacó que tampoco se evidenciaba la trasgresión de los derechos

fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al

mínimo vital y móvil, por el hecho de que no se nombre en el cargo

solicitado, comoquiera que el actor no tiene derechos de carrera

administrativa y el hecho de que cumpla los requisitos para el cargo

no le otorga un derecho adquirido y no obliga al accionado a

vincularlo.

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Finalmente, afirmó que al no existir obligación por parte de la entidad

accionada, no le asiste competencia al juez constitucional para

ordenar el nombramiento del actor, pues INDERSANTANDER es la

encargada de administrar la planta de personal en atención a las

necesidades del servicio y con fundamento en la normativa vigente.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia señalando

que, contrario a lo concluido por el a quo, en ningún momento expuso

como vulnerado su derecho de petición en la acción de tutela de la

referencia, de tal forma que ello no era el centro de la solicitud de

amparo, lo que da a entender una perspectiva diferente de lo que en

realidad pretende.

Manifestó que el a quo expuso información de su historia clínica,

convirtiendo en público conocimiento su intimidad, derecho protegido

constitucionalmente, lo que resulta mezquino y poco solidario,

comoquiera que como consecuencia de ello ha sufrido de acoso y

señalamientos, pese a que tales afecciones ya fueron superadas con

tratamiento médico.

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Señaló que, contrario a lo advertido por el juez de primera instancia,

las patologías de hipertensión arterial y trastorno mixto de ansiedad

y depresión requieren una especial protección, ya que, al ser

interrumpido o negado su tratamiento, puede causarle la pérdida del

derecho fundamental y más importante como es la vida, lo cual se

evidencia de las pruebas allegadas al expediente.

Adujo que no comparte lo mencionado por el a quo, pues las

apreciaciones hechas en cuanto a la pérdida de empleo le restan

valor a los derechos fundamentales invocados, comoquiera que las

patologías que padece requieren de un tratamiento de alto costo.

Puso de presente que, aun cuando INDERSANTANDER es el

encargado de manejar su planta de personal, no es 100% autónomo,

pues tiene una serie de controles legales que impiden actuaciones

contrarias a la ley, como en el caso bajo examen, en el cual

personalmente y de buena fe puso a disposición su hoja de vida, que

fue seleccionada por cumplir con todos los requisitos del cargo y que

desempeñó a cabalidad.

Destacó que no comparte la decisión del a quo, comoquiera que se

encuentran acreditadas las condiciones para solicitar el amparo por

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estabilidad laboral reforzada, pues está enfrentando altos costos y la

continuidad de tratamientos médicos para preservar una vida digna.

Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión del juez de primera

instancia y se amparen los derechos fundamentales invocados,

máxime cuando se está en presencia de un perjuicio irremediable en

el asunto.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Generalidades de la acción de tutela

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor pretende obtener el amparo de sus

derechos fundamentales al trabajo, a la protección laboral reforzada,

al mínimo vital y móvil y a los principios de buena fe y confianza

legítima, los cuales considera vulnerados por INDERSANTANDER al

no nombrarlo en el cargo de profesional universitario jurídico, código

219, grado 13, creado mediante el Acuerdo 07 de 2024.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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SECCIÓN SEGUNDA que, a través de providencia de 6 de junio de

2024, denegó la solicitud de amparo al considerar que

INDERSANTANDER no trasgredió el derecho de petición del actor,

pues dio respuesta a la solicitud dentro del término correspondiente,

de manera clara y congruente; además, que tampoco se evidenciaba

transgresión de los derechos fundamentales al trabajo, a la

estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital y móvil por el hecho

de que no se hubiese nombrado en el cargo pretendido, toda vez que

el actor no tiene derecho de carrera administrativa y el hecho de que

cumpla con los requisitos del cargo no le otorga un derecho adquirido

y no obliga a su vinculación.

La decisión proferida en primera instancia fue impugnada por el

actor alegando que en ningún momento expuso como vulnerado su

derecho de petición en la acción de tutela de la referencia, de tal

forma que dicho análisis no era el centro de su solicitud de amparo.

Sumado a ello, reiteró que las patologías que padece si lo hacen

sujeto de especial protección constitucional, por lo que se debe

acceder al amparo solicitado con el cual pretende ser nombrado en

el cargo de profesional universitario jurídico, código 219, grado 13,

creado mediante el Acuerdo 07 de 2024.

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Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la

acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de

procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que

INDERSANTANDER denegara el nombramiento en provisionalidad

del actor en el cargo de profesional universitario jurídico, código 219,

grado 13, creado mediante el Acuerdo 07 de 2024, vulnera sus

derechos fundamentales invocados.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se

originó con ocasión a la respuesta dada por INDERSANTANDER el

2 de mayo de 2024, a través de la cual la entidad denegó la solicitud

de nombramiento en el cargo, mientras que la acción de tutela fue

radicada el 16 de mayo de 2024.

Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala

también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que el

objeto de la acción de tutela es lograr la protección de los derechos

fundamentales al trabajo, al mínimo vital y móvil y a la protección

laboral reforzada, los cuales considera vulnerados con ocasión de la

negatoria a ser nombrado en el cargo en provisionalidad de

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profesional universitario jurídico, código 219, grado 13, creado

mediante el Acuerdo 07 de 2024, para lo cual no se cuenta con otro

medio de defensa.

Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de

procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del

asunto.

Del derecho al trabajo y la estabilidad laboral reforzada

Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución

Política establece:

“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.

De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional 5, el

derecho al trabajo consiste en la “realización de una actividad

libremente escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo

intelectual o material, sin que puedan impedírselo los particulares ni

5
Sentencia C-107 de 2002. M.P Clara Inés Vargas Hernández.

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el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas y

medidas tendientes a su protección y garantía”, de tal forma que el

ejercicio de este derecho se lleve a cabo en condiciones dignas y

justas, por lo que se debe permitir su desarrollo en condiciones

equitativas para el trabajador.

Ahora, aun cuando la jurisprudencia constitucional ha considerado

que la acción de tutela es susceptible para la prosperidad de la acción

en el campo laboral, su prosperidad depende de que los derechos

que se pretenden tutelar consagrados en la Constitución a favor de

los trabajadores hayan sido desarrollados por la ley o los tratados

internacionales, que permitan precisar su contenido y delimitar sus

alcances.

De otra parte, en cuanto a la estabilidad laboral reforzada, la cual

“busca asegurar que el empleado goce de una certeza mínima en el

sentido de que el vínculo laboral contraído no se romperá de manera

abrupta y sorpresiva, de manera que no esté expuesto en forma

permanente a perder su trabajo y con él los ingresos que permiten

su propio sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del

patrono”6, no reviste un carácter absoluto, sino relativo.

6
Sentencia C-016 de 1998

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La jurisprudencia constitucional7 se ha ocupado en múltiples

ocasiones de precisar el alcance de la estabilidad laboral reforzada,

por lo que en sentencia SU-049 de 2017 concluyó que para

determinar si una persona es beneficiaria o no de esta garantía

constitucional, debe determinarse: i) el trabajador realmente se

encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte

significativamente el normal y adecuado desempeño de sus

actividades, ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida

por el empleador en un momento previo al despido y iii) que no exista

una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea

claro que la misma tiene origen en una discriminación.

De tal forma que la comprobación de dichos escenarios activa la

garantía de estabilidad laboral reforzada para demostrar que la

disminución en la capacidad de laborar del trabajador impacta

directamente en el oficio para el cual fue vinculado.

Del derecho al mínimo vital y móvil

El derecho al mínimo vital y móvil se fundamenta en los principios

del Estado Social de Derecho, la dignidad humana y la solidaridad,

7
Sentencia SU-087 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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en conexidad con los derechos fundamentales a la vida, a la

integridad personal y a la igualdad, de tal forma que es una garantía

que tiene toda persona de gozar de condiciones dignas, así como la

salvaguarda de condiciones básicas de subsistencia.

Ahora, la Corte Constitucional ha sido enfática en mencionar que,

aun cuando todas las personas son titulares del derecho al mínimo

vital y móvil “existen determinados sectores de la población que, por

su vulnerabilidad, pueden ver reducido este derecho, por lo que, en

aplicación de la dimensión positiva del mismo, el Estado debe

respaldarlas con el fin de que puedan desarrollarse, de manera

autónoma, en la sociedad”8, de ahí la obligación del Estado de evitar

una situación que comprometa las prestaciones necesarias e

indispensables de sobrevivir dignamente.

De otra parte, es importante resaltar que aun cuando el modelo del

Estado Social de Derecho tiene como aspiración que todas las

personas gocen de manera efectiva del derecho al mínimo vital y a

la igualdad material, la jurisprudencia constitucional ha reconocido

que los recursos públicos son escasos, para lo cual se hacen

necesarias políticas que aseguren a todas las personas la posibilidad

8
Sentencia T-716 de 2017, en reiteración de las sentencias T-458 de 1997 y T-164 de 2006.

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de competir en igualdad de condiciones.

En el caso bajo examen el actor estima vulnerados sus derechos

fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al

mínimo vital y móvil por INDERSANTANDER al no nombrarlo en el

cargo de profesional universitario jurídico, código 219, grado 13,

creado mediante el Acuerdo 07 de 2024.

No obstante, para la Sala tal inconformidad no tiene vocación de

prosperidad, en la medida en que de la sustentación expuesta en la

acción de tutela no se desprende vulneración alguna de los derechos

fundamentales invocados por el actor.

Revisados los argumentos expuestos en el escrito de tutela, es dable

afirmar que lo pretendido con esta solicitud de amparo es que se le

nombre en un cargo en provisionalidad en la entidad accionada, lo

cual no resulta viable a través de esta acción constitucional, máxime

cuando no se observa de qué manera INDERSANTANDER vulneró

sus derechos fundamentales invocados.

En efecto, de las pruebas obrantes en el expediente es posible

concluir que el actor no goza de derechos de carrera, por lo que la

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sola negativa en la solicitud de vinculación para el cargo al que

aspira, no comporta violación alguna de las garantías

constitucionales, aun cuando el accionante cumpla con los requisitos

para el cargo.

Asimismo, pese a que la Sala no desconoce los padecimientos que le

han sido diagnosticados al actor, ello no resulta suficiente para que

se configure la transgresión alegada y se ordene la vinculación al

señor JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO al cargo que

solicita, máxime cuando cuenta con 51 años y aun puede ejercer su

profesión en el mercado laboral.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que de los

argumentos planteados en la presente acción de tutela no se advierte

vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor por parte

de la entidad accionada, razón por la que se confirmará la sentencia

impugnada que denegó el amparo solicitado, pero por las razones

expuestas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, pero por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02443-01
Actor: JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO

SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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