Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02443-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02443-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02443-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02443-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA, PERO POR LAS
RAZONES AQUÍ EXPUESTAS. LA ENTIDAD ACCIONADA NO VULNERÓ
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR. DE LOS
FUNDAMENTOS DEL ESCRITO DE TUTELA NO SE ADVIERTE
TRANSGRESIÓN ALGUNA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO, AL MÍNIMO VITAL Y
MÓVIL Y A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 6 de junio de 2024, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó el amparo solicitado.
1
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
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Actor: JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO, a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y móvil, a la
estabilidad laboral reforzada y a los principios de buena fe y confianza
legítima, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES -
INDERSANTANDER2 al no nombrarlo en el cargo de profesional
universitario jurídico, código 219, grado 13, creado mediante el
Acuerdo 07 de 2024 y solicitado a través de derecho de petición de
18 de abril de 2024.
I.2.- Hechos
Indicó que mediante la Resolución núm. 298 de 11 de diciembre de
2023 fue nombrado en provisionalidad en el cargo de profesional
universitario jurídico, código 219, grado 13 en INDERSANTANDER,
2
En adelante INDERSANTANDER.
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Actor: JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO
lo cual generó el vínculo laboral con la entidad.
Adujo que su nombramiento fue demandado a través del medio de
control de nulidad electoral por INDERSANTANDER, cuyo
expediente con radicación 68001-23-33-000-2024-00131-003 cursa
en el Tribunal Administrativo de Santander que, en providencia de 4
de marzo de 2024, accedió a la suspensión provisional de los efectos
del acto administrativo antes mencionado, por presunta inexistencia
del cargo.
Puso de presente que INDERSANTANDER mediante Acuerdo núm.
007 de 2024 creó nuevamente el cargo de profesional universitario
jurídico, código 219, grado 13, el cual se encontraba vacante, por lo
que mediante petición de 18 de abril de 2024 solicitó ante la entidad
que fuera nombrado en dicho cargo.
Destacó que la anterior petición fue denegada por
INDERSANTANDER el 2 de mayo de 2024, bajo el argumento de
que “[…] el asunto en comento se halla en sede judicial, es necesario
enmarcar que su “reintegro” al ejercicio de funciones debe ser
3
En sentencia de única instancia de 27 de junio de 2024 y estando en trámite la acción de tutela de la
referencia, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la Resolución núm. 298 de
2023.
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definido y ordenado por la jurisdicción competente en la
correspondiente sentencia o a través del levantamiento de la medida
cautelar de suspensión […]”.
Refirió que su petición no está dirigida a que lo nombren en el cargo
creado mediante el Acuerdo 006 de 2023, el cual se encuentra siendo
debatido ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo que
erradamente se indicó en la respuesta por parte de
INDERSANTANDER, sino a ser nombrado en el nuevo cargo creado
por el Acuerdo 007 de 2024, el cual tiene exactamente los mismos
rasgos y condiciones del que fuera retirado.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que existen condiciones particulares que lo asisten desde el
punto de vista emocional y económico que lo dejan en una condición
de especial protección constitucional, comoquiera que en el año 2023
fue diagnosticado con trastorno de ansiedad y depresión por un
médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico San Camilo, así como
también problemas de hipertensión, sumado al hecho de que su hija
es estudiante universitaria y depende económicamente de él.
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Por último, aseveró que el no regresar a laborar al nuevo cargo de
profesional universitario jurídico, código 219, grado 13, creado
mediante Acuerdo 007 de 2024, le ha imposibilitado devengar los
ingresos necesarios para solventar las necesidades básicas de su
subsistencia y la de su familia, que depende económicamente de él.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDA: Ordenar a la entidad accionada, que en virtud de la
vulneración de mis cánones fundamentales proceda a nombrarme en
el “nuevo cargo” creado mediante Acuerdo de Junta Directiva
No 007 de 2024, el cual corresponde a las mismas funciones y
denominación en el cual fui nombrado en 2023, PROFESIONAL
UNIVERSITARIO JURIDICA CODIGO 219 GRADO 13, el cual se
encuentra vacante en la actualidad […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- INDERSANTANDER advirtió que la acción de tutela se dirige
en su contra, pero de forma equivocada, pues en realidad lo que en
el fondo se cuestiona es la decisión del Tribunal Administrativo de
Santander por medio de la cual se decretó la medida cautelar de
suspensión provisional del acto administrativo demandado.
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Así las cosas, manifestó que se está en presencia de una acción de
tutela contra providencia judicial, sin que se cumplan los requisitos
de procedibilidad, toda vez que el proceso judicial se encuentra en
trámite, el actor dispone de recursos ordinarios al interior del mismo
para la defensa de sus derechos fundamentales y no se determinó la
causal específica en el asunto, por lo que la solicitud de amparo debe
ser declarada improcedente.
Sostuvo que la acción de tutela de la referencia busca pretermitir un
proceso ordinario en curso y revivir oportunidades procesales
vencidas en aquel trámite, en desmedro de los principios de
subsidiariedad y competencia.
Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo
al no acreditarse los requisitos generales de procedibilidad.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 6 de junio de 2024,
denegó la solicitud de amparo al concluir que el accionado no
trasgredió los derechos fundamentales del actor, pues la respuesta
dada a su petición se dio dentro del término y, además, se explicó
de manera clara y congruente por qué no había lugar a acceder a su
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solicitud de nombrarlo en el nuevo cargo.
Adujo que, pese a que el accionante efectivamente tiene diagnóstico
de hipertensión arterial, trastorno de ansiedad, entre otros, no era
dable predicar que ello hubiese ocasionado un deterioro significativo
en su salud que impida al actor de manera considerable en el
desempeño de sus funciones del cargo que desempeñaba.
Añadió que, si bien no desconoce que la pérdida del empleo causa
serias preocupaciones a quien lo padece y que ello puede exacerbar
los síntomas asociados al trastorno del actor, dichos elementos no
permitían estructurar una condición de debilidad manifiesta que
propicie el fuero de estabilidad laboral reforzada, que haga
procedente la acción de tutela.
Destacó que tampoco se evidenciaba la trasgresión de los derechos
fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al
mínimo vital y móvil, por el hecho de que no se nombre en el cargo
solicitado, comoquiera que el actor no tiene derechos de carrera
administrativa y el hecho de que cumpla los requisitos para el cargo
no le otorga un derecho adquirido y no obliga al accionado a
vincularlo.
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Finalmente, afirmó que al no existir obligación por parte de la entidad
accionada, no le asiste competencia al juez constitucional para
ordenar el nombramiento del actor, pues INDERSANTANDER es la
encargada de administrar la planta de personal en atención a las
necesidades del servicio y con fundamento en la normativa vigente.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia señalando
que, contrario a lo concluido por el a quo, en ningún momento expuso
como vulnerado su derecho de petición en la acción de tutela de la
referencia, de tal forma que ello no era el centro de la solicitud de
amparo, lo que da a entender una perspectiva diferente de lo que en
realidad pretende.
Manifestó que el a quo expuso información de su historia clínica,
convirtiendo en público conocimiento su intimidad, derecho protegido
constitucionalmente, lo que resulta mezquino y poco solidario,
comoquiera que como consecuencia de ello ha sufrido de acoso y
señalamientos, pese a que tales afecciones ya fueron superadas con
tratamiento médico.
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Señaló que, contrario a lo advertido por el juez de primera instancia,
las patologías de hipertensión arterial y trastorno mixto de ansiedad
y depresión requieren una especial protección, ya que, al ser
interrumpido o negado su tratamiento, puede causarle la pérdida del
derecho fundamental y más importante como es la vida, lo cual se
evidencia de las pruebas allegadas al expediente.
Adujo que no comparte lo mencionado por el a quo, pues las
apreciaciones hechas en cuanto a la pérdida de empleo le restan
valor a los derechos fundamentales invocados, comoquiera que las
patologías que padece requieren de un tratamiento de alto costo.
Puso de presente que, aun cuando INDERSANTANDER es el
encargado de manejar su planta de personal, no es 100% autónomo,
pues tiene una serie de controles legales que impiden actuaciones
contrarias a la ley, como en el caso bajo examen, en el cual
personalmente y de buena fe puso a disposición su hoja de vida, que
fue seleccionada por cumplir con todos los requisitos del cargo y que
desempeñó a cabalidad.
Destacó que no comparte la decisión del a quo, comoquiera que se
encuentran acreditadas las condiciones para solicitar el amparo por
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estabilidad laboral reforzada, pues está enfrentando altos costos y la
continuidad de tratamientos médicos para preservar una vida digna.
Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión del juez de primera
instancia y se amparen los derechos fundamentales invocados,
máxime cuando se está en presencia de un perjuicio irremediable en
el asunto.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
Generalidades de la acción de tutela
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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor pretende obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al trabajo, a la protección laboral reforzada,
al mínimo vital y móvil y a los principios de buena fe y confianza
legítima, los cuales considera vulnerados por INDERSANTANDER al
no nombrarlo en el cargo de profesional universitario jurídico, código
219, grado 13, creado mediante el Acuerdo 07 de 2024.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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SECCIÓN SEGUNDA que, a través de providencia de 6 de junio de
2024, denegó la solicitud de amparo al considerar que
INDERSANTANDER no trasgredió el derecho de petición del actor,
pues dio respuesta a la solicitud dentro del término correspondiente,
de manera clara y congruente; además, que tampoco se evidenciaba
transgresión de los derechos fundamentales al trabajo, a la
estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital y móvil por el hecho
de que no se hubiese nombrado en el cargo pretendido, toda vez que
el actor no tiene derecho de carrera administrativa y el hecho de que
cumpla con los requisitos del cargo no le otorga un derecho adquirido
y no obliga a su vinculación.
La decisión proferida en primera instancia fue impugnada por el
actor alegando que en ningún momento expuso como vulnerado su
derecho de petición en la acción de tutela de la referencia, de tal
forma que dicho análisis no era el centro de su solicitud de amparo.
Sumado a ello, reiteró que las patologías que padece si lo hacen
sujeto de especial protección constitucional, por lo que se debe
acceder al amparo solicitado con el cual pretende ser nombrado en
el cargo de profesional universitario jurídico, código 219, grado 13,
creado mediante el Acuerdo 07 de 2024.
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Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de
procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que
INDERSANTANDER denegara el nombramiento en provisionalidad
del actor en el cargo de profesional universitario jurídico, código 219,
grado 13, creado mediante el Acuerdo 07 de 2024, vulnera sus
derechos fundamentales invocados.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se
originó con ocasión a la respuesta dada por INDERSANTANDER el
2 de mayo de 2024, a través de la cual la entidad denegó la solicitud
de nombramiento en el cargo, mientras que la acción de tutela fue
radicada el 16 de mayo de 2024.
Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala
también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que el
objeto de la acción de tutela es lograr la protección de los derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital y móvil y a la protección
laboral reforzada, los cuales considera vulnerados con ocasión de la
negatoria a ser nombrado en el cargo en provisionalidad de
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profesional universitario jurídico, código 219, grado 13, creado
mediante el Acuerdo 07 de 2024, para lo cual no se cuenta con otro
medio de defensa.
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del
asunto.
Del derecho al trabajo y la estabilidad laboral reforzada
Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución
Política establece:
“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.
De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional 5, el
derecho al trabajo consiste en la “realización de una actividad
libremente escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo
intelectual o material, sin que puedan impedírselo los particulares ni
5
Sentencia C-107 de 2002. M.P Clara Inés Vargas Hernández.
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el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas y
medidas tendientes a su protección y garantía”, de tal forma que el
ejercicio de este derecho se lleve a cabo en condiciones dignas y
justas, por lo que se debe permitir su desarrollo en condiciones
equitativas para el trabajador.
Ahora, aun cuando la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la acción de tutela es susceptible para la prosperidad de la acción
en el campo laboral, su prosperidad depende de que los derechos
que se pretenden tutelar consagrados en la Constitución a favor de
los trabajadores hayan sido desarrollados por la ley o los tratados
internacionales, que permitan precisar su contenido y delimitar sus
alcances.
De otra parte, en cuanto a la estabilidad laboral reforzada, la cual
“busca asegurar que el empleado goce de una certeza mínima en el
sentido de que el vínculo laboral contraído no se romperá de manera
abrupta y sorpresiva, de manera que no esté expuesto en forma
permanente a perder su trabajo y con él los ingresos que permiten
su propio sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del
patrono”6, no reviste un carácter absoluto, sino relativo.
6
Sentencia C-016 de 1998
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La jurisprudencia constitucional7 se ha ocupado en múltiples
ocasiones de precisar el alcance de la estabilidad laboral reforzada,
por lo que en sentencia SU-049 de 2017 concluyó que para
determinar si una persona es beneficiaria o no de esta garantía
constitucional, debe determinarse: i) el trabajador realmente se
encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte
significativamente el normal y adecuado desempeño de sus
actividades, ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida
por el empleador en un momento previo al despido y iii) que no exista
una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea
claro que la misma tiene origen en una discriminación.
De tal forma que la comprobación de dichos escenarios activa la
garantía de estabilidad laboral reforzada para demostrar que la
disminución en la capacidad de laborar del trabajador impacta
directamente en el oficio para el cual fue vinculado.
Del derecho al mínimo vital y móvil
El derecho al mínimo vital y móvil se fundamenta en los principios
del Estado Social de Derecho, la dignidad humana y la solidaridad,
7
Sentencia SU-087 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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en conexidad con los derechos fundamentales a la vida, a la
integridad personal y a la igualdad, de tal forma que es una garantía
que tiene toda persona de gozar de condiciones dignas, así como la
salvaguarda de condiciones básicas de subsistencia.
Ahora, la Corte Constitucional ha sido enfática en mencionar que,
aun cuando todas las personas son titulares del derecho al mínimo
vital y móvil “existen determinados sectores de la población que, por
su vulnerabilidad, pueden ver reducido este derecho, por lo que, en
aplicación de la dimensión positiva del mismo, el Estado debe
respaldarlas con el fin de que puedan desarrollarse, de manera
autónoma, en la sociedad”8, de ahí la obligación del Estado de evitar
una situación que comprometa las prestaciones necesarias e
indispensables de sobrevivir dignamente.
De otra parte, es importante resaltar que aun cuando el modelo del
Estado Social de Derecho tiene como aspiración que todas las
personas gocen de manera efectiva del derecho al mínimo vital y a
la igualdad material, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que los recursos públicos son escasos, para lo cual se hacen
necesarias políticas que aseguren a todas las personas la posibilidad
8
Sentencia T-716 de 2017, en reiteración de las sentencias T-458 de 1997 y T-164 de 2006.
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de competir en igualdad de condiciones.
En el caso bajo examen el actor estima vulnerados sus derechos
fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al
mínimo vital y móvil por INDERSANTANDER al no nombrarlo en el
cargo de profesional universitario jurídico, código 219, grado 13,
creado mediante el Acuerdo 07 de 2024.
No obstante, para la Sala tal inconformidad no tiene vocación de
prosperidad, en la medida en que de la sustentación expuesta en la
acción de tutela no se desprende vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por el actor.
Revisados los argumentos expuestos en el escrito de tutela, es dable
afirmar que lo pretendido con esta solicitud de amparo es que se le
nombre en un cargo en provisionalidad en la entidad accionada, lo
cual no resulta viable a través de esta acción constitucional, máxime
cuando no se observa de qué manera INDERSANTANDER vulneró
sus derechos fundamentales invocados.
En efecto, de las pruebas obrantes en el expediente es posible
concluir que el actor no goza de derechos de carrera, por lo que la
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sola negativa en la solicitud de vinculación para el cargo al que
aspira, no comporta violación alguna de las garantías
constitucionales, aun cuando el accionante cumpla con los requisitos
para el cargo.
Asimismo, pese a que la Sala no desconoce los padecimientos que le
han sido diagnosticados al actor, ello no resulta suficiente para que
se configure la transgresión alegada y se ordene la vinculación al
señor JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO al cargo que
solicita, máxime cuando cuenta con 51 años y aun puede ejercer su
profesión en el mercado laboral.
Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que de los
argumentos planteados en la presente acción de tutela no se advierte
vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor por parte
de la entidad accionada, razón por la que se confirmará la sentencia
impugnada que denegó el amparo solicitado, pero por las razones
expuestas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
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Actor: JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO
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