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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02463-00

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02463-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la tutela solicitada, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02463-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de junio de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 2 46 3- 0 0

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., seis (06) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02463-00
Accionante: Álvaro Luis Resarte Palomino
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

Temas: Acción de tutela contra providencia dictada en medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Prima de antigüedad.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Álvaro Luis Resarte
Palomino, mediante apoderado judicial, en contra del Juzgado Segundo
Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar.

ANTECEDENTES

El señor Héctor Guillermo Hernández Aparicio promovió acción de tutela para que
se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva y trabajo en condiciones dignas, los
cuales considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, con la expedición
de la providencia de 9 de noviembre de 2023, emitida dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-002-2022-
00295-00 [01].

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HECHOS

Se narra en la demanda que el señor Álvaro Luis Resarte Palomino el 5 de octubre
de 2021 solicitó ante la Nación-Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento
y pago de la prima de antigüedad, emolumento que venía recibiendo periódicamente
y cuyo pago le fue suspendido sin acto administrativo que así lo dispusiera.

Que dicha petición le fue resuelta negativamente a través de OFICIO N° 2021-EE-
366227 del 5 de noviembre de 2021.

Que por lo anterior interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Valledupar,
al cual correspondió el N° 20001333300220220029501 en el Juzgado 2
Administrativo de Valledupar, quien mediante sentencia del 1 de octubre de 2019,
negó las pretensiones de la demanda.

Que en segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar, quien
mediante sentencia del 9 de noviembre de 2023, notificada a través de correo
electrónico el día 14 de noviembre de la misma anualidad, confirmó la decisión.

Considera el actor que las providencias incurrieron en defecto fáctico,
desconocimiento del precedente y defecto sustantivo, al valorar en forma
defectuosa los comprobantes de nómina anteriores a 2017, en los que se refleja el
pago de la prima de antigüedad, con lo que se demostró que la situación del
demandante es de derechos adquiridos y que así lo dijo el Tribunal Administrativo
del Cesar, en sentencia del 14 de marzo de 2013, radicado N°
20001233100420110029000: “Las primas de antigüedad que hayan sido
reconocidas con anterioridad a la declaratoria de nulidad que se efectúa por medio
de esta providencia, deberán seguirse cancelando a sus beneficiarios.

Reprocha que el Tribunal decidiera que la jurisdicción de lo contencioso
Administrativo no se ha instituido para someter a ella mediante juicio de legalidad
aquellas actuaciones de una autoridad pública que se abstiene de cumplir lo
dispuesto en una decisión judicial y que no había lugar a volver a someter al trámite
procesal del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el citado
reconocimiento.

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Afirma que la motivación fue insuficiente, no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable y se hizo una aplicación inaceptable de la norma al
“interpretarla de forma contra legem, claramente perjudicial para los intereses
legítimos del demandante”

PRETENSIONES

Solicita que se garanticen sus derechos fundamentales violados, dejando sin
efectos la sentencia del día 9 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar en el proceso radicado N° 20001333300220220029501 y,
en consecuencia, que se ordene, “dictar una nueva providencia, constitucional,
legal, congruente con los hechos y las pruebas, en la que se acceda a las
pretensiones de la demanda.”

ACTUACIÓN PROCESAL

La demanda fue admitida el 20 de mayo de 2024, mediante proveído en el que se
ordenó notificar a las autoridades accionadas y al Ministerio Educación como tercero
interesado en el proceso; a quienes se les se les corrió el traslado correspondiente
para el ejercicio del derecho de defensa.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Tribunal Administrativo del Cesar, debidamente notificado Guardó silencio.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar dio respuesta a
la acción de tutela, afirmando que no se configura alguna causal de procedibilidad
de la tutela, por cuanto el proceso se ciñó a las ritualidades procesales,
garantizando los derechos de las partes a la defensa y debido proceso.

El Ministerio de Educación por conducto del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica,
allegó memorial de intervención en le que se refirió a la negativa de reconocimiento

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de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías en aplicación de la
Ley 50 de 1990; asunto muy diferente al que aquí es objeto de discusión.

El Municipio de Valledupar, mediante apoderado judicial, presentó intervención en
el asunto; solicitando se excluya a la entidad territorial de cualquier responsabilidad,
considerando, en primer lugar, no tener legitimación en la causa, por no ser la
obligada frente a los derechos reclamados por el actor y no haber vulnerado los
derechos fundamentales invocados por el actor.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos

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casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

Mediante la presente tutela, el accionante pretende que se dejen sin efectos las
providencias de primera y segunda instancia, del Juzgado Segundo Administrativo
de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar; mediante las cuales se
negaron las pretensiones dentro del proceso con radicado No. 20001-33-33-002-
2022-00295-00 [01].

Al respecto, advierte esta Sala que solo se examinará la sentencia de segunda
instancia, por ser la que puso fin al proceso. Para ello, lo primero es verificar los
requisitos generales de procedencia de la tutela, para cuestionar la sentencia de 9
de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del
proceso antes mencionado.

La Sala encuentra superados los siguientes requisitos generales de procedibilidad
1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en
que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los
derechos fundamentales reclamados por la presunta incursión en defecto fáctico
por errónea valoración de las pruebas y defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial y; 2) el accionante no cuenta con otros mecanismos de defensa
judiciales idóneos y eficaces para discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se presentó
dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de aquella; 4) no se alegó una
irregularidad procesal; 5) el solicitante identificó claramente los hechos generadores
de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de
tutela.

El accionante sustenta los errores que endilga a la providencia en el señalamiento

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de que no se valoraron adecuadamente los documentos que probaban que con
anterioridad al año 2017 ya venía recibiendo periódicamente el emolumento
denominado prima de antigüedad. Señala que obvió el Tribunal que 1) la Secretaría
de Educación Municipal de Valledupar, le reconoció y pagó al señor Álvaro Luis
Resarte Palomino, la Prima de Antigüedad a Empleados Municipales 2) sin que
mediara acto administrativo alguno, la entidad dejó de pagar la prima de antigüedad
al demandante, 3) la situación jurídica del demandante ya está consolidada y se le
debe continuar pagando en aplicación del principio de favorabilidad y como un
derecho adquirido.

Al revisar la providencia del Tribunal Administrativo del Cesar, no se observa el error
fáctico indicado por el actor, pues contrario a lo dicho por este, el Tribunal valoró la
documentación adosada al expediente y expresó:

“Verdaderamente en el expediente obran copias de los comprobantes de nómina
anteriores a diciembre de 2017 en los que se refleja el pago de la prima de
antigüedad, de manera que no había lugar a volver a someter al trámite procesal del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el citado
reconocimiento.”

Es claro que el Tribunal accionado no negó las pretensiones por no encontrar
acreditado el hecho de que con anterioridad al año 2017 el accionante viniera
recibiendo la prestación, sino que no encontró fundados los cargos contra los actos
administrativos que negaron dicho reconocimiento posterior.

El defecto de desconocimiento del precedente y defecto sustantivo, lo sustentó
invocando la sentencia del 14 de marzo de 2013, radicado N°
20001233100420110029000 del mismo Tribunal que dijo que “Las primas de
antigüedad que hayan sido reconocidas con anterioridad a la declaratoria de nulidad
que se efectúa por medio de esta providencia, deberán seguirse cancelando a sus
beneficiarios.”

Al respecto se observa lo siguiente:

En la sentencia invocada se decidió la nulidad simple del acuerdo municipal No. 013
del 14 de abril de 1983 y en el caso que aquí se discute, la parte demandante
pretendió:

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1) La nulidad del oficio No. 2021-EE-366227 del 5 de noviembre del año 2021, en
cuanto niega el traslado de los recursos del Sistema General de Participaciones al
Municipio de Valledupar, y en consecuencia niega el reconocimiento y pago de la
prima de antigüedad creada mediante acuerdo municipal No. 013 del 14 de Abril de
1983, expedido por el Concejo Municipal de Valledupar, como lo ordenó el Tribunal
Administrativo del Cesar, en la sentencia dictada el 14 de marzo de 2013 dentro del
expediente radicado No. 20001233100420110029000. 2) La nulidad del Acto
Administrativo presunto, configurado el día 21 de diciembre de 2021 por la falta de
respuesta del Municipio de Valledupar, con respecto a la petición radicada el día 21
de septiembre de 2021, en el cual se niega el reconocimiento y pago de la prima de
antigüedad anterior. 3) Se ordene al Ministerio accionado que gire los recursos para
el pago de la prima de servicios solicitada y al municipio, que produzca el pago de
la misma.

El Tribunal accionado al estudiar el problema jurídico, se refirió a la naturaleza de la
prima de antigüedad, a su creación y, con base en la normativa y la Jurisprudencia
vigentes, concluyó, que los derechos adquiridos son aquellos que se generan
conforme al ordenamiento jurídico.

Para ello, citó al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso - Administrativo Sección
Segunda Subsección B, Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter Bogotá, D.
C., del siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022); en la que se refirió a los efectos
de las decisiones de nulidad de actos administrativos y, con base en otras
decisiones de esta misma Corporación, en relación con el reconocimiento de primas
extralegales señaló que “concederla a quienes la han solicitado o su derecho está
en disputa (en sedes administrativa o judicial), no solo por carecer de justo título
para su acceso, sino porque, como ya se explicó, atenta contra el deber y obligación
de todos los ciudadanos de defender el patrimonio estatal, el cual exige «[…] que
los recursos públicos sean administrados de manera eficiente, oportuna y
responsable, de acuerdo con las normas presupuestales, con lo cual se evita el
detrimento patrimonial […], es preciso resaltar que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha reconocido que el derecho a la defensa del patrimonio público ostenta
doble finalidad: “la primera, el mantenimiento de la integridad de su contenido, es
decir prevenir y combatir su detrimento; y la segunda, que sus elementos sean
eficiente y responsablemente administrados; todo ello, obviamente, conforme lo
dispone la normatividad respectiva”

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Agregó que, si en gracia de discusión se aceptara que le asiste razón al apelante,
en cuanto que con los recursos del sistema general de participaciones se deben
cancelar salarios y prestaciones del personal destinado al servicio educativo oficial,
de dichos razonamientos no se deduce que el oficio demandado deba ser declarado
nulo, o que la prima de antigüedad creada por el Concejo Municipal de Valledupar
se torne en una prestación salarial legal que deba reconocer el Ministerio.

A la anterior conclusión arribó, luego de señalar que “el oficio demandado responde
al solicitante que el Ministerio de Educación Nacional no tiene competencia para
reconocer factores Salariales de empleados del Municipio de Valledupar, aspecto
que el Tribunal no encuentra contrario a ninguna de las normas citadas como
violadas, en tanto resulta cierto que en virtud de la autonomía de las entidades
territoriales, los municipios tienen el deber legal de administrar su propia planta de
personal y gestionar y reconocer dentro del marco jurídico aplicable, los
emolumentos inherentes a la relación legal y reglamentaria que une a los servidores
con la administración.”

De las consideraciones expresadas por el Tribunal accionado en la providencia
cuestionada, es claro que dicha autoridad judicial sí se refirió a la sentencia
invocada, sin embargo, no la consideró aplicable al caso en estudio, debido a que
precisamente en este, se está discutiendo el derecho del actor y la abundante
jurisprudencia del órgano de cierre ha considerado inviable el pago de esas primas
extralegales.

Dentro de la abundante jurisprudencia citada por el Tribunal, destacó: “En suma, la
garantía del derecho adquirido de no ser desconocido depende, entre otras
exigencias, de que se hubiese alcanzado con respaldo en el marco legal, «[…] lo
cual quiere decir que debe existir un justo título por lo que «solo pueden tener la
entidad suficiente para ofrecer la garantía que se comenta, los actos que respetan
el ordenamiento jurídico»»3.

En ese sentido, indicó que si el accionante consideraba que esa sentencia le
otorgaba el derecho, no era necesario traer nuevamente el asunto a la jurisdicción.

3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, fallo de 9 de julio de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-00499-01 (3558-17).

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Significa que la autoridad judicial accionada examinó uno a uno los cargos contra
los actos administrativos demandados y los encontró no fundados, y que por el
contrario, el reconocimiento de ese tipo de emolumentos carece de fundamento
legal y constitucional; análisis que debe ser respetado, conforme al principio de
autonomía informa la actividad judicial; al no encontrarse arbitrariedad en la
decisión.

Conforme a los razonamientos anteriores, esta Sala de subsección no encuentra
configurados los defectos señalados contra la providencia del Tribunal
Administrativo del Cesar proferida el 9 de noviembre de 2023.

En este orden de ideas, al no encontrarse configurados los defectos alegados, se
negará la tutela solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la tutela solicitada, de conformidad con lo expresado en la parte
considerativa de esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Ausente en comisión

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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