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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02464-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02464-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de julio de 2024, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia la solicitud de amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02464-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02464-01
Demandante: Amelia Rosa Picón Javela
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., tres [3] de octubre de dos mil veinticuatro [2024]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02464-01
Demandante: AMELIA ROSA PICÓN JAVELA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN
C Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial - Confirma decisión que
declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el
requisito de inmediatez1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia de 16 de julio de 2024, por medio de la cual la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la
acción constitucional, porque no se superó el requisito de inmediatez.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 16 de mayo de 2024, la señora Amelia Rosa Picón Javela, a través de
apoderada, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera Subsección C y el Tribunal Administrativo del Magdalena con el fin de que
se le amparen sus derecho fundamentales «a la dignidad humana, artículo 1 C.P.;
el Precedente Jurisprudencial; el Parágrafo del Artículo 125 C.P.; el Debido
Proceso, artículo 29 C.P., el Acceso a la Administración de Justicia, y demás
garantías procesales que le son adscritas (Art. 29 C. Pol.)».

Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con ocasión de las
providencias de 18 de agosto de 2021 y 11 de octubre de 2023, proferidas al
interior del medio de control de reparación directa identificado con el radicado
47001-23-33-000-2020-00535-01 [67.824] que interpuso la tutelante y otros2
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

1 Ver al respecto, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, fallo de 12 de mayo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01726-00; 6 de octubre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04855-00; 9 de febrero de 2023, expediente 11001-03-
15-000-2022-05795-01; 3 de agosto de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-01729-01, 5 de
octubre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-04653-00, 25 de abril de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01351-00, y de 11 de julio de 2024, 11001-03-15-000-2024-02688-00 M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
2José Francisco Picón Herrera, Auris Esther Picón Javela, José de los Santos Javela y Rosanna

Aicardi Palacio.

1
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02464-01
Demandante: Amelia Rosa Picón Javela
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C y otro

1.2. Hechos

Del expediente de tutela se destacan los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia.

 El 29 de julio de 2020, la señora Amelia Rosa Picón Javela y otros3 presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional, por la presunta ejecución extrajudicial del señor Israel Picón
Javela4.

 El conocimiento de ese asunto le correspondió al Tribunal Administrativo del
Magdalena que, en sentencia anticipada de 13 de febrero de 2020, declaró la
caducidad del medio de control, al considerar que la parte demandante tuvo
conocimiento de la «injerencia o participación del Estado» desde el 27 de mayo de
2006, cuando el padre de la víctima, José Francisco Picón Herrera, presentó la
denuncia por el fallecimiento de su hijo.

 La parte desfavorecida interpuso recurso de apelación, oportunidad en la que
alegó que la caducidad se debía computar desde el 16 de abril de 2018, cuando
se condenó a los militares que participaron en el homicidio. Además, resaltó que,
por tratarse el asunto bajo estudio de una grave violación a los derechos
humanos, se debía ponderar el principio pro actione, y ser más laxo en la
aplicación del término preclusivo.

 En segundo grado, el 11 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Tercera Subsección C confirmó la decisión que había declarado la caducidad,
pero al exponer que el término perentorio se debía computar desde que los
demandantes otorgaron poder a un abogado para que los representara como
parte civil dentro del proceso penal seguido en contra de los agentes estatales por
el fallecimiento del señor Picón Javela, esto es, a partir del 23 de junio de 2009.

 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 20 de octubre de 2023 y la
acción constitucional de la referencia se radicó el 16 de mayo de 2024.

1.3. Fundamentos de la solicitud

La demandante consideró que la autoridad judicial accionada trasgredió sus
derechos fundamentales al incurrir en los defectos de desconocimiento del
precedente, «SUSTANTIVO, PROCEDIMENTAL y FÁCTICO».

En primer lugar, advirtió que se desatendió el precedente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos contenido en la sentencia de 29 de
noviembre de 2018, proferida en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, el cual
resulta vinculante por tratarse de la interpretación autorizada de la Convención
Americana de Derechos Humanos, la cual hace parte del bloque de
constitucionalidad

3 Relacionados en la referencia 2 de esta providencia.
4 «las solicitudes de conciliación extrajudicial se presentaron, una el 25 de septiembre de 2012

(hecho probado 7.1.4) y otra el 29 de noviembre de 2019».

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Por su parte, la tutelante afirmó que se configuraban los defectos sustantivo,
procedimental y fáctico, comoquiera que las autoridades judiciales debieron tener
en cuenta, para computar la caducidad, la ejecutoria del fallo penal que definió la
responsabilidad de los militares que participaron en la muerte de su familiar.

1.4. Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela fueron las siguientes:

4.1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de nuestra
Carta Política, respetuosamente solicitamos a esa Honorable
Corporación Judicial, se ordene como mecanismo de protección
fundamental e inmediata, de los derechos constitucionales
fundamentales relativos al debido proceso, acceso a la justicia, garantía
de una tutela judicial efectiva para mis derechos, (arts. 29 y siguientes
de la C.Pol.), que hacen parte de nuestros roles como ciudadanos, los
cuales están siendo amenazados, desconocidos y conculcados por las
entidades accionadas.

4.2. - Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos jurídicos la
sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA de
fecha18 de agosto de 2021, y la sentencia de segunda instancia
expedida por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C en el fallo del 11 de octubre de 2023, EN CONSECUENCIA:
Se dé plena aplicación por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
MAGDALENA y al CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C a la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera,
subsección B, CP. RAMIRO POZOS GUERRERO, de fecha 30 de abril
de 2021, en la cual realiza una exposición respecto a la aplicación de la
sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 2021, en lo referido al
juzgamiento de la responsabilidad del Estado por hechos constitutivos
de crímenes o por la comisión de delitos de lesa humanidad sí estaba
sometido a un término de caducidad, sin tener en cuenta el momento en
que la controversia fue planteada ante el juez natural de la causa.

4.3. - De manera subsidiaria y de conformidad con lo establecido en el
artículo 8o del Decreto 2591 de 19916, se solicita el amparo transitorio
de los bienes ius fundamentales, invocados con el fin de evitar la
configuración de un perjuicio irremediable5.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 21 de mayo de 2024, el magistrado ponente de la primera
instancia admitió la acción y ordenó notificar, como autoridades judiciales
demandadas, al Tribunal Administrativo del Magdalena y al Consejo de Estado,
Sección Tercera Subsección C. Asimismo, como terceros con interés en las
resultas del proceso, vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional- y a los señores José Francisco Picón Herrera, Auris Esther
Picón Javela, José de los Santos Javela y Rosana Aircardi Palacio.

5 Transcrito del texto original con posibles errores ortográficos.

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1.6. Intervenciones

Surtidas las notificaciones correspondientes, se allegaron los siguientes informes.

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C por intermedio del
magistrado a cargo del despacho sustanciador de la providencia controvertida,
solicitó declarar la improcedencia del mecanismo, o en su defecto negarlo,
comoquiera que no se acreditaron los requisitos de relevancia constitucional y el
de inmediatez.

1.6.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena también requirió negar las
pretensiones del tutelante, porque no se puede usar la tutela como una tercera
instancia, máxime cuando la decisión controvertida se profirió de forma razonada.

1.6.2. El Ministerio de Defensa Nacional pidió negar la tutela, porque «no se
reúnen los requisitos para la procedencia de la acción de tutela, así como tampoco
se observa que los hechos narrados fueron demostrativos de la presunta
vulneración a los derechos fundamentales invocados».

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 16 de julio de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo, al considerar que no se superó el requisito de inmediatez.

Lo anterior, al exponer que la demandante acudió al juez constitucional después
de haber transcurrido más de seis meses luego de encontrarse ejecutoriada la
providencia que considera vulneradora de sus derechos fundamentales.

1.8. Impugnación6

La parte accionante se limitó exponer que «[l]a tutela no fue presentada dentro del
plazo de lo seis (6) meses debido a que la accionante presenta dificultades
económicas extremas».

Por lo anterior, solicitó revocar el fallo de tutela impugnado y en su lugar estudiar
de fondo el mecanismo constitucional de la referencia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Amelia Rosa Picón Javela, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991,
el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico
6 El fallo se notificó 13 de agosto de 2024 y la impugnación se presentó el 16 siguiente.

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C y otro

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 16 de julio de 2024 Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la tutela de la
referencia.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las
generalidades de los defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 7
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema8.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar los reparos contra las
providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas.

2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad adjetiva

2.4.1. La Sala considera, al igual que el a quo constitucional, que la presente
solicitud de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez, por las
razones que a continuación se explican:

7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02464-01
Demandante: Amelia Rosa Picón Javela
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C y otro

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable11, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues
de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo12.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección13 ha considerado como plazo prudencial
el de seis [6] meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es
la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la solicitud
de protección y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este
límite es que se declara su improcedencia.

En el caso objeto de estudio, como la accionante en su solicitud de tutela pretende
que se deje sin efectos la sentencia de 11 de octubre de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, este requisito debe
estudiarse a la luz de la ejecutoria de la providencia que puso fin al proceso, esto
es, de la proferida por el juez de segunda instancia.

Al respecto, la Sala encontró que:

 La sentencia de 11 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, se envió mediante correo electrónico el 20
siguiente, por lo que se entiende notificada el 24 de octubre.
 La ejecutoria de la mencionada providencia operó el 27 de octubre de
202314.
 La solicitud de tutela se radicó el 16 de mayo de 2024.

Así las cosas, como la acción constitucional se presentó el 16 de mayo de 2024, la
Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la respectiva
providencia, un término superior a 6 meses, lo cual desatiende el plazo que
tanto la Corte Constitucional como esta Sala han considerado como prudencial
para presentar la solicitud de amparo constitucional.

11 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de
fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre
del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
13 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
14 Si se tiene en cuenta que la notificación se realizó el 20 de octubre de 2023, los 3 días de

ejecutoria que contempla el artículo 302 de la Ley 1564 de 2012 y los 2 días que dispone el inciso
tercero del artículo 8. º del Decreto 806 de 2020, cuya vigencia se estableció de manera
permanente mediante la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 y el numeral 2.º del artículo 205 de la
Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2011, los cuales se establecen
desde cuándo se entiende realizada la notificación cuando se efectúa por medios electrónicos.

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En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican
el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia
T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente:

[C]uando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y
la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]”15.

En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del
derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a
quienes se les ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por no superar
el lapso en mención.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 16, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200517,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis [6] meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

De igual manera se precisa que, a juicio de este juez colegiado, controvertir una
providencia judicial, supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y
seguridad jurídica, lo cual impone al interesado que se haga en un plazo
pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar y
demostrar a la parte accionante y que en este asunto no se hizo, ya que la edad
por sí sola no es una causal que exime del cumplimiento de este requisito.

En este orden de ideas, también resulta pertinente destacar que la accionante
advirtió que «[l]a tutela no fue presentada dentro del plazo de lo seis (6) meses
debido a que la accionante presenta dificultades económicas extremas», sin
embargo, tal condición no se probó.

Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las
tutelas contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la

15 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

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decisión que se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea
conocida en razón de la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para que
la persona acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.

Por lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto la parte accionante no
probó la imposibilidad de acceder o conocer la decisión que hoy se controvierte en
sede de tutela o la incapacidad de acudir a los medios digitales para presentar su
caso ante el juez constitucional, donde cabe advertir que la sola afirmación de
dificultades económicas, no habilita que este requisito sea más flexible.

Solo en casos excepcionales y debidamente acreditados es posible ponderar el
principio de la seguridad jurídica con el derecho de acceso a la administración de
justicia, pero como ya se expuso, ello no corresponde los supuestos fácticos aquí
analizados, porque no se aportó ninguna prueba que respalde lo dicho en la
impugnación.

2.5. Conclusión

En consecuencia, como en el presente asunto no se advierte ninguna explicación
válida para el ejercicio de la acción constitucional por fuera del tiempo proporcional
y razonable adoptado por esta Corporación y la Corte Constitucional; se
confirmará el fallo de 16 de julio de 2024, por medio del cual la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia la solicitud de
amparo.
3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de julio de 2024, por medio de la cual
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la
improcedencia la solicitud de amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02464-01
Demandante: Amelia Rosa Picón Javela
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C y otro

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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