Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02467-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Tutela frente a derecho de petición: la acción de tutela es improcedente para
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02467-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02467-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02467-00
Demandante: CARMENZA LEÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
TUTELA FRENTE A DERECHO DE PETICIÓN – La acción de tutela es improcedente para
discutir la respuesta negativa de una autoridad a una petición de acceso a información por
razones de reserva / ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL / HECHO SUPERADO
– En el trámite de la tutela, y sin que mediera orden judicial, se satisfizo la pretensión
constitucional de la parte actora, de suerte que se configura un hecho superado.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Carmenza León contra
el Tribunal Administrativo del Cauca y la Universidad del Cauca.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 17 de mayo de la presente anualidad1, la señora Carmenza León interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca y la Universidad del Cauca, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso,
atribuido (i) a la respuesta negativa a la petición elevada a la institución universitaria,
y (ii) a la falta de decisión del recurso de insistencia con radicado 19001-23-33-000-
2024-00088-00, a cargo de la autoridad judicial. Formuló las siguientes pretensiones
(se transcriben textualmente):
_Ruego se amparen mis derechos fundamentales de petición y debido proceso
y, como consecuencia se ordene a las accionadas:
1
Se advierte que, el 31 de mayo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02467-00
Demandante: Carmenza León
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Sentencia de tutela de primera instancia
1. A la universidad del cauca, entregar la información solicitada, debido a que
no existe reserva legal y no se requiere el consentimiento de la señora
ALEJANDRA ABASOLO GOMEZ.
2. Al Tribunal Administrativo del Cauca, que acate los términos legales para la
resolución de las acciones o recursos que allí se radican.
1.2. Hechos
Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
El 2 de abril de 2024, la señora Carmenza León elevó una petición a la Universidad
del Cauca, con el fin de obtener información académica sobre la señora Alejandra
Gabriela Abasolo Gómez, entre otros puntos, de si esta era egresada del programa
de Ciencias Políticas de la referida Universidad. Dicha petición fue negada por la
Universidad del Cauca con fundamento en que se trataba de información reservada.
El 9 de abril siguiente, la señora Carmenza León interpuso recurso de insistencia
cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Cauca, autoridad
que, según se afirma en la tutela, a la fecha de acudir a este mecanismo, no había
notificado una decisión de fondo, pese a que el 26 de abril de 2024, se solicitó
información al respecto.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora sostuvo que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales de petición y al debido proceso así:
1.3.1. Vulneración del derecho de petición por parte de la Universidad del Cauca,
toda vez que negó el acceso a la información sobre las fechas de egreso y de grado
de la señora Alejandra Abasolo Gómez, a pesar de que no es información
reservada.
Alegó que, con dicha decisión, la Universidad desconoció el concepto 14741 de
2022 en el que el Departamento Administrativo de la Función Pública señaló que en
el marco de la Ley 1712 de 2014, el derecho a la información debe interpretarse con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, de allí que la información académica
que reposa en las hojas de vida no se encuentra sujeta a reserva.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02467-00
Demandante: Carmenza León
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Sentencia de tutela de primera instancia
1.3.2. Violación del debido proceso a instancia del Tribunal Administrativo del
cauca, por cuanto la Ley 1437 de 2011 establece un término de diez (10) días para
resolver el recurso de insistencia y, en este caso, el término se encuentra vencido
sin que a la fecha de presentación de la tutela se le hubiese notificado decisión
alguna.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 22 de mayo de 2024, el Despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca y la Universidad del
Cauca, como parte demandada. Asimismo, dispuso notificar a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El magistrado a cargo de la ponencia del recurso de insistencia señaló que
dicho proceso ya cuenta con decisión de fondo, por lo que se configura el fenómeno
del hecho superado.
Precisó que si lo que se cuestiona son aspectos de la decisión que fueron
desfavorables a la parte, se deben cumplir con los requisitos para la procedencia de
la tutela establecidos por la jurisprudencia constitucional.
Explicó que la sentencia que decidió el recurso de insistencia no contiene una
decisión arbitraria, dado que contiene un «análisis sistemático e íntegro de todas
las pieza procesales entregadas al plenario frente a las subreglas jurisprudencia
aplicables», según las cuales podía concluirse que la parte actora no estaba
habilitada para acceder a la información de la señora Alejandra Gabriela Abasolo
Gómez, por falta de autorización expresa de su titular, y porque no expuso una
razón suficiente que justificara el levantamiento de la reserva.
2.3. La Universidad del Cauca señaló que, en efecto, ante la respuesta negativa a
la petición de la señora León, esta interpuso recurso de insistencia en el que se
decidió declarar bien denegada la petición respecto de unos puntos, y se ordenó
dar respuesta de otros.
Así, expuso que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal, el 28 de mayo de
2024, dio respuesta a los puntos ordenados en favor de la demandante.
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Demandante: Carmenza León
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Por lo anterior, solicitó «declarar la improcedencia de la acción ante la no
vulneración de derecho fundamental alguno» por parte de la Universidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala deberá determinar si la acción de tutela es procedente para
acceder a información negada por una entidad pública por motivos de reserva. De
darse una respuesta afirmativa, se analizará si la Universidad del Cauca vulneró el
derecho de petición de la señora Carmenza León al negar la información solicitada
mediante petición del 2 de abril de 2024.
En segundo lugar, se examinará si el Tribunal Administrativo del Cauca vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la señora Carmenza León, como
consecuencia de la falta de decisión y de notificación del recurso de insistencia con
radicado 1900123-33-000-2024-00088-00 o si, como alega la accionada se
configura una carencia de objeto por hecho superado.
2. Análisis de la Sala
2.1. Procedencia de la tutela para discutir la respuesta negativa de acceso a
información
Cuando una persona en ejercicio del derecho de petición pretende acceder a
información o documentos que han sido negados por el destinatario o que se proteja
alguno de los núcleos esenciales del derecho de petición, el ordenamiento jurídico
le ofrece dos herramientas o instrumentos, cuya elección no es libre ni arbitraria,
sino que obedece a la naturaleza jurídica del sujeto que negó el derecho de acceder
a lo pretendido o de la pretensión y protección concreta reclamada.
Si se persigue acceder a documentos o información reservada a cargo de una
autoridad, entendiendo por tal aquella que se ajuste a la definición del inciso primero
del artículo 2 2 de la Ley 1437 de 2011, el mecanismo idóneo es el recurso de
2 ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas de esta Parte Primera del Código se
aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los
particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de
autoridades.
4
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insistencia consagrado en los artículos 25 y 263 ejusdem. Si se trata de acceder a
información a cargo de un particular llano, o la protección de otros de los elementos
del derecho de petición como es la ausencia de respuesta, la vía judicial idónea es
la acción de tutela.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional señala:
En cuanto a la idoneidad de este mecanismo [del recurso de insistencia], la Corte
advierte que en la Sentencia T-466 de 2010, se pronunció en los siguientes
términos:
“La jurisprudencia constitucional ha distinguido dos hipótesis de
desconocimiento del derecho fundamental de acceso a los documentos
públicos que cuentan con dos mecanismos de defensa judicial
diferentes. En efecto, la primera consiste en que la administración emita
una respuesta negativa a la solicitud, aduciendo su carácter reservado
e invocando las disposiciones constitucionales o legales pertinentes. En este
evento, la Corte no ha dudado en afirmar que el recurso de insistencia es el
mecanismo judicial de defensa procedente, en tanto aquel constituye un
instrumento específico, breve y eficaz para determinar la validez de la
restricción a los derechos fundamentales en cuestión. La segunda hipótesis
consiste en la vulneración por falta de respuesta material o respuesta
diversa al carácter reservado de la información. En este supuesto, la
jurisprudencia constitucional ha enfatizado que es la acción de tutela el
mecanismo idóneo para obtener la protección de tal derecho fundamental.”4
En la misma sentencia la Corte Constitucional resaltó:
Conforme a lo indicado en precedencia, las relaciones entre particulares se
desarrollan bajo el postulado de libertad y autonomía de la voluntad privada y, por
tanto, no deben existir desequilibrios ni cargas adicionales para las personas. En
consecuencia, no es factible trasladar de lleno la regulación del derecho de petición
ante las autoridades al derecho de petición ante los particulares.
De allí que la expresión “estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en
el Capítulo I de este título” será declarada exequible bajo el entendido de que al
derecho de petición ante organizaciones privadas se aplicarán, en lo pertinente,
3
ARTÍCULO 25. RECHAZO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN POR MOTIVO DE
RESERVA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Toda decisión que rechace
la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las
disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá
notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos
por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación
que no estén cubiertas por ella.
ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Si la persona interesada insistiere en su petición de
información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si
se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta,
total o parcialmente la petición formulada.
(…)
4
Corte Constitucional, sentencia C-951 DE 2014. M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez
5
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aquellas disposiciones del Capítulo I que sean compatibles con la naturaleza de las
funciones que ejercen los particulares.
Un aspecto adicional que no escapa al control de la Corte, está dado porque al
remitirse únicamente al Capítulo I del derecho de petición ante autoridades, torna
evidente que fue voluntad del legislador que al derecho de petición ante
particulares no le aplicaran las reglas de la insistencia en caso de reserva
documental, en la medida en que este recurso es conocido por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y no se estableció un procedimiento para
ello, por cuanto ello hace parte de otras leyes que de manera especial regulan la
materia.
Por otra parte, con relación a la expresión “Salvo norma legal especial” contenida
en el inciso 2 del artículo 32, dado el carácter estatutario del artículo en estudio, se
debe entender que toda norma que se expida con base en esta previsión normativa
debe tener rango estatutario.
Con relación al inciso tercero que de manera especial regula la reserva de peticiones
ante particulares, la Corte no encuentra reproche alguno, ya que su redacción
reproduce el tenor literal del artículo 74 de la Constitución. No obstante, la Corte
resalta que esta norma debe analizarse en conjunto con el inciso segundo del
artículo bajo estudio que dispone “Salvo norma legal especial, el trámite y resolución
de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el
Capítulo I de este título.”, con lo cual se entiende que el artículo 24 relativo a las
reservas que se encuentran en el Capítulo II, se encuentra excluido del derecho de
petición ante particulares. Frente a esta cuestión, también cabe señalar que los
particulares están habilitados para invocar las reservas contempladas en otras leyes
que de manera especial regulan la materia, como en efecto, lo son la Ley Estatutaria
de Habeas Data 1266 de 2008, la Ley de Protección de Datos 1581 de 2012, entre
otras normas.
En igual sentido, el inciso cuarto establece una remisión especial para que las
empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter
financiero, crediticito, comercial, de servicios, así como las provenientes de terceros
países se rijan por la Ley Estatutaria de Habeas Data. Remisión esta que la Corte
encuentra plenamente compatible con los artículos 15, 20 y 74 de la Constitución.
De manera complementaria, la Corte Constitucional, en sentencia T-487 de 20175
concluyó de manera categórica con que:
En aquellos casos en los que la solicitud de información o de documentos es negada
bajo el argumento de la reserva documental o de información, se tienen dos
posibilidades, dependiendo de quien haya dado la respuesta, es decir, si se trata de
una autoridad pública o de un particular.
En aquellos eventos en los que la negativa proviene de una autoridad pública, la ley
estatutaria sobre derecho de petición tiene previsto el ejercicio del mecanismo de
insistencia, como lo dispone el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 al señalar que “Si
la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante
la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez
administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única
instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada”.
5
M.P. Alberto Rojas Ríos.
6
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En sentido contrario la ley estatutaria no prevé un mecanismo administrativo o
judicial que pueda o deba ser agotado, por aquellos peticionarios a los que un
particular les ha negado la entrega de información o de documentos alegando la
reserva de los mismos. Dentro de esta comprensión, y ante la inexistencia de otro
medio de defensa, procede el ejercicio de la acción de tutela.
Así pues, como se deprende del contenido normativo de las Leyes 1712 y 1755 de
2015, el recurso de insistencia únicamente protege el derecho de acceso a la
información o documentos públicos que han sido negados al peticionario por
razones de reserva por una autoridad, de suerte que los debates sobre la falta, la
incongruencia y otros elementos de la respuesta distintos a la discusión sobre si la
información es reservada no se cuestionan por esta vía, sino por otros mecanismos
que protegen en sentido amplio el núcleo esencial del derecho de petición, como es
la acción de tutela, excepto si el que niega la información no es una autoridad. Así
lo ha dicho insistentemente la Corte Constitucional:
[L]a acción de tutela es el único mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz
para la protección del derecho fundamental invocado6. Tal y como
insistentemente lo ha señalado esta Corporación, en el ordenamiento
colombiano no existe otra alternativa judicial para garantizar la protección del
derecho fundamental de petición7, salvo cuando se trate de solicitudes
encaminadas a obtener el acceso a información reservada en poder de
autoridades públicas, para lo cual el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015
contempla el recurso de insistencia8.
6
Cita original de la providencia. Sobre el particular ver las sentencias T-084 de 2015, M.P. María
Victoria Calle Correa; y T-206 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Cita original de la providencia. Sentencia T-077 de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo: “(…) esta
Corte ha estimado que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa
judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la
vulneración de este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza
judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución
a su derecho de petición no ocurrió, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir
directamente a la acción de amparo constitucional. // En la Sentencia C- 951 de 2014, mediante la
cual la Sala Plena de esta Corporación estudió la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria
No. 65 del 2012 Senado, – 227 de 2013 Cámara “Por medio del cual se regula el derecho
fundamental de petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”, señaló que el derecho de petición se aplica a todo el procedimiento
administrativo, trámite que incluye los recursos ordinarios y extraordinarios, de manera que su no
resolución oportuna o adecuada también es susceptible de corregirse a través de la acción de tutela.
De esta manera, la acción de tutela es el único mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la
protección del derecho fundamental de petición, del cual hacen parte los recursos administrativos
ante las autoridades.” Véanse, entre otras, las sentencias T-149 de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; T-084 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa; T-138 de 2017, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; y T-206 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8
Cita original de la providencia. La norma en cita dispone lo siguiente: “(…)Si la persona interesada
insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva,
corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los
documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá,
o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia
si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada. (…) Para ello, el funcionario
respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual
decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:
(…) 1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre
cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual
las reciba oficialmente. (…) 2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que
7
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Sentencia de tutela de primera instancia
Cabe recalcar que la Arquidiócesis de Medellín no es una autoridad pública
sino una organización privada y, por ello, no procedería contra ella el recurso
de insistencia del que trata la Ley 1755 de 20159, contrario a lo sostenido por
la Arquidiócesis demandada en el escrito de contestación al traslado de las
pruebas en sede de revisión10. Adicionalmente, ni la Constitución ni ninguna
otra normativa prevén otro mecanismo judicial principal para que el accionante
pueda obtener la protección de su derecho fundamental de petición de
información, presuntamente vulnerado por la autoridad eclesiástica
accionada.11
En este caso, como se pretende que el juez constitucional le ordene a la Universidad
del Cauca acceder a la petición elevada por la señora Carmenza León, la tutela
deviene improcedente dado que la solicitud de información sobre los aspectos
académicos de la señora Alejandra Gabriela Abasolo Gómez fueron negados
porque, a juicio de la Universidad, se trata de información reservada.
De allí que, dado que la Universidad del Cauca12 es un ente autónomo universitario
de régimen especial, al tenor del artículo 69 13 de la Constitución, y de carácter
nacional como se reconoce en la Ley 65 de 196414, es claro que se trata de una
autoridad, luego, el mecanismo idóneo para discutir la respuesta que negó el acceso
a información calificada como reservada es el recurso de insistencia como, en
efecto, fue interpuesto por la demandante. Por tanto, la tutela no puede ser una vía
el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con
el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o
decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado
administrativo (…). PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y
sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella”.
9
Cita original de la providencia. “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”. El artículo 26 de esta ley consagra la posibilidad de que un particular pueda exigir
judicialmente el acceso a información que le fue denegada por una autoridad bajo el amparo de la
existencia de una reserva legal.
10
Cita original de la providencia. Expediente electrónico T-8.412.216. Carpeta “7 Respuesta a
traslado - respuesta a OPT-A-172-2022.zip”. Subcarpeta Rta. Arquidiócesis de Medellín (después
del traslado).zip. Archivo “Descorre traslado informe Auto del 17 de marzo de 2022.pdf”.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-161 de 2022. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo 0105 de 1993, expedido por el Consejo Superior de
la Universidad del Cauca, dicha institución «es un ente Universitario autónomo del orden nacional
vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, con Personería Jurídica,
autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente, creada por el Decreto
de 24 de abril de 1827 dictado por el Presidente de la República General Francisco de Paula
Santander, en desarrollo de la Ley del 18 de mayo de 1826 e instalada el 11 de noviembre de 1827.
Su nacionalización fue ratificada por la Ley 65 de 1964 y su decreto reglamentario 1979 de 1965.»
13
ARTICULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
14
Artículo 1º. La Universidad del Cauca, histórica y jurídicamente ha sido y es un Instituto docente
de carácter nacional. Por consiguiente, en lo sucesivo, será sostenida con fondos nacionales que
deberán apropiarse cada año en el respectivo Presupuesto, sin perjuicio de que ella pueda seguir
disfrutando de los bienes, rentas, auxilios, subvenciones y demás ingresos de que actualmente goza
o que puedan asignársele en el futuro.
8
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paralela para cuestionar una situación que fue presentada ante el respectivo juez y
a través del procedimiento establecido por legislador.
De hecho, el recurso ya fue definido por el Tribunal Administrativo del Cauca, en
providencia del 9 de mayo de 2024, notificada el 27 de mayo siguiente, es decir, con
posterioridad al inicio de la tutela.
Consecuente con lo anterior, y sin consideraciones adicionales la Sala declarará
improcedente la acción de tutela frente a la Universidad del Cauca.
2.2. Violación del debido proceso por mora judicial
Sería del caso determinar si el Tribunal Administrativo del Cauca vulneró o no el
derecho fundamental al debido proceso de la señora Carmenza León por falta de
definición del recurso de insistencia, sin embargo, la Sala advierte que actualmente
la tutela carece de objeto frente a esa pretensión, toda vez que, mediante
providencia del 9 de mayo de 2024, notificada el 27 de mayo siguiente, la autoridad
judicial accionada resolvió el recurso de insistencia respecto del cual se discutía la
violación del plazo legal para su resolución.
La Sala no desconoce que, aunque la providencia está fechada del 9 de mayo de
2024, tan solo fue registrada en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI el 23 de
mayo, fue enviada a la Secretaría de dicha Corporación al día siguiente (24), y
notificada a las partes el 27 del mismo mes y año, es decir, la publicidad se gestó
con posteridad a la interposición y notificación de la admisión de la tutela. En todo
caso, lo cierto es que ya se superó la situación que dio origen a la pretensión en
contra del Tribunal.
Así, tenemos pues que, el fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza
principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se
torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie
de fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En
reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren
consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado15.
15
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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Sin embargo, la Corte también ha dicho que «es posible que la carencia actual de
objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado
sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la
juez/a (sic) de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto»16.
El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial. En el presente caso se configuró el hecho superado, dado que el
Tribunal Administrativo del Cauca profirió la decisión reclamada por la parte actora
en la acción de tutela.
De manera que si se encuentra conjurado el motivo que dio origen a la interposición
de la acción de tutela, no tiene objeto que la Sala se adentre en un examen de la
causa, precisamente porque se satisfizo la pretensión constitucional en que se
sustentó el interés de la entidad accionante. Es por ello que se impone declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Para la Sala, es claro que la discusión de la parte actora frente a la autoridad judicial
giraba en torno a la ausencia de decisión del recurso de insistencia y no al contenido
de la sentencia que lo resolvió porque, incluso, cuando se acudió al mecanismo de
amparo la misma no se encontraba registrada en el SAMAI ni mucho menos
notificada, de allí que esta Subsección no pueda matricularse en un examen de la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, pues ello desnaturalizaría la
pretensión de la demanda y el objeto del juez constitucional, en un caso que no
existe ninguna justificación para emitir un fallo extra o ultra petita.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Carmenza León contra la Universidad del Cauca.
SEGUNDO. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en lo
atinente a las pretensiones contra el Tribunal Administrativo del Cauca.
16
Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Demandante: Carmenza León
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Sentencia de tutela de primera instancia
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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